Andalucía blinda sus 630 fosas

octubre 28, 2008

 

 

Serán declaradas bienes de interés cultural. Gozarán de una protección similar a la de cualquier monumento y quien las dañe se enfrentará a penas de cárcel

 

Las 630 fosas de la represión franquista localizadas hasta ahora en Andalucía serán declaradas bienes de interés cultural –patrimonio histórico– a partir del año que viene. Quedarán blindadas y gozarán de un grado de protección similar al de cualquier monumento. Nadie podrá dañarlas ni, por supuesto, construir encima, salvo que quiera enfrentarse a una condena de hasta tres años de cárcel o una multa de entre 100.000 y un millón de euros.

El Gobierno autonómico y lo

Las 630 fosas de la represión franquista localizadas hasta ahora en Andalucía serán declaradas bienes de interés cultural –patrimonio histórico– a partir del año que viene. Quedarán blindadas y gozarán de un grado de protección similar al de cualquier monumento. Nadie podrá dañarlas ni, por supuesto, construir encima, salvo que quiera enfrentarse a una condena de hasta tres años de cárcel o una multa de entre 100.000 y un millón de euros.

El Gobierno autonómico y los ayuntamientos podrán expropiar la zona donde se encuentre la fosa en el caso de que el propietario de los terrenos no cumpla con su deber de protección. Es una medida recogida en el primer plan “estratégico” de recuperación de la memoria histórica de Andalucía, ya en proceso de redacción, según confirmó a Público la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo.

La previsión del Ejecutivo andaluz es que las fosas tengan la consideración legal de sitio histórico: cualquier “lugar vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado […] que posean un relevante valor histórico”. “Con esto, mañana no puede venir un alcalde y construir una urbanización encima [de una fosa], y si lo hace, tendrá que protegerla”, resume Naranjo.

Cuando se apruebe, la normativa resolverá entre otras la situación de la fosa de la Palma del Condado (Huelva), amenazada por un parque y donde se calcula que están enterrados entre 100 y 200 cadáveres de represaliados. Extremadura también ha iniciado los trámites para proteger de manera parecida el campo de concentración de Castuera (Badajoz), donde fueron represaliados más de 15.000 personas entre 1939 y 1940. Se había intentado usar como cebadero de cerdos, primero, y planta fotovoltaica, después.

Hasta 124 homenajes

Un total de 124 fosas de represaliados en la guerra civil y la posguerra ya tienen levantado un monumento de homenaje a los allí enterrados. “Queremos también homogeneizar el adecentamiento, para que todos los lugares de memoria se identifiquen claramente. Que quien pase por allí, sepa de inmediato que ahí debajo hay lo que hay”, afirma Naranjo. ¿Qué serán? ¿Placas con lista de nombres, con una descripción de lo que allí sucedió?  No se sabe aún. “Quizás hagamos un concurso de ideas”, baraja.

No es la única medida. Naranjo pretende convertir la sede en la que ahora trabajan –fue capitanía de la II región militar en la República, luego ocupada como base por el golpista Queipo de Llano– en un centro de documentación de la memoria. Contendrá museo, archivo con fotografías, películas, el proyecto todoslosnombres.org y estará abierto a que la gente entregue la memoria de sus familias. “Ahora está todo desperdigado. Queremos tener un verdadero centro neurálgico”, afirma Naranjo. También se elaborará un censo de edificios construidos por presos políticos.

Por otro lado, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, recibió de la Cruz Roja en Salamanca casi 300.000 documentos digitalizados, con información sobre españoles que estuvieron en campos de concentración en Francia y en los de exterminio nazis, informa Justino Sanchón.

s ayuntamientos podrán expropiar la zona donde se encuentre la fosa en el caso de que el propietario de los terrenos no cumpla con su deber de protección. Es una medida recogida en el primer plan “estratégico” de recuperación de la memoria histórica de Andalucía, ya en proceso de redacción, según confirmó a Público la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo.

La previsión del Ejecutivo andaluz es que las fosas tengan la consideración legal de sitio histórico: cualquier “lugar vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado […] que posean un relevante valor histórico”. “Con esto, mañana no puede venir un alcalde y construir una urbanización encima [de una fosa], y si lo hace, tendrá que protegerla”, resume Naranjo.

Cuando se apruebe, la normativa resolverá entre otras la situación de la fosa de la Palma del Condado (Huelva), amenazada por un parque y donde se calcula que están enterrados entre 100 y 200 cadáveres de represaliados. Extremadura también ha iniciado los trámites para proteger de manera parecida el campo de concentración de Castuera (Badajoz), donde fueron represaliados más de 15.000 personas entre 1939 y 1940. Se había intentado usar como cebadero de cerdos, primero, y planta fotovoltaica, después.

Hasta 124 homenajes

Un total de 124 fosas de represaliados en la guerra civil y la posguerra ya tienen levantado un monumento de homenaje a los allí enterrados. “Queremos también homogeneizar el adecentamiento, para que todos los lugares de memoria se identifiquen claramente. Que quien pase por allí, sepa de inmediato que ahí debajo hay lo que hay”, afirma Naranjo. ¿Qué serán? ¿Placas con lista de nombres, con una descripción de lo que allí sucedió?  No se sabe aún. “Quizás hagamos un concurso de ideas”, baraja.

No es la única medida. Naranjo pretende convertir la sede en la que ahora trabajan –fue capitanía de la II región militar en la República, luego ocupada como base por el golpista Queipo de Llano– en un centro de documentación de la memoria. Contendrá museo, archivo con fotografías, películas, el proyecto todoslosnombres.org y estará abierto a que la gente entregue la memoria de sus familias. “Ahora está todo desperdigado. Queremos tener un verdadero centro neurálgico”, afirma Naranjo. También se elaborará un censo de edificios construidos por presos políticos.

Por otro lado, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, recibió de la Cruz Roja en Salamanca casi 300.000 documentos digitalizados, con información sobre españoles que estuvieron en campos de concentración en Francia y en los de exterminio nazis, informa Justino Sanchón.

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