EL GOBIERNO ABRRE EL “MAPA DE FOSAS”

mayo 5, 2011

El Gobierno abre el “mapa de las fosas” y asume el caos en el Valle de los Caídos

JUEVES, 5 MAYO 2011

Exhumación, por miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de una fosa de represaliados de la Guerra Civil en Tejedo del Sil (León). / FCPB (Wikimedia Commons)
Si no se produce alguna avería técnica, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, abrirá este jueves en Internet la página dedicada a la Memoria Histórica con el “mapa provisional de las fosas de la Guerra Civil”. Así lo anunció el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba en su comparecencia ante la Comisión Constitucional para dar cuenta del cumplimiento de la ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. Rubalcaba matizó que el mapa “no es exhaustivo ni está terminado”. Por tanto, se trata de “un instrumento en evolución que experimentará una continua actualización” a medida que vayan avanzando las investigaciones.

El mapa con los restos humanos de los fusilados republicanos tras la sublevación militar nazifascista del 18 de julio de 1936, ha sido elaborado por la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil (Ministerio de Justicia) con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de noventa asociaciones de familiares y estudiosos. Ellas fueron las que removieron cielo y tierra para encontrar los restos de sus seres queridos ante la pasividad del Estado democrático, incluida la inhibición de los jueces. Como se sabe, el Tribunal Supremo suspendió al único juez que dio amparo a los familiares de las víctimas: el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

A esas asociaciones, largamente ignoradas, agradeció Rubalcaba “su colaboración”, no sin olvidar que desde la vicepresidencia primera en los tiempos de María Teresa Fernández de la Vega se les prestó ayuda. Desde 2006 a 2010 se ha subvencionado 642 proyectos de investigación y recuperación de restos con cerca de 20 millones de euros, según informó el vicepresidente antes de afirmar que “ningún ser humano debe permanecer enterrado en ninguna cuneta” y de reivindicar el derecho a la “dignidad” de las víctimas.

El vicepresidente adelantó que el “mapa de víctimas ha permitido integrar la documentación del Valle de los Caídos, con el numero de personas allí enterradas”. El mausoleo construido por los presos republicanos en la dura roca del Guadarrama contiene huesos de 33.847 víctimas de la Guerra Civil. Pero, según los datos del Patrimonio del Estado, 12.410 no están identificados. La mayoría eran demócratas republicanos.

La historia ya es conocida. El dictador quería que el mausoleo fuera para los de su bando, comenzando por el falangista José Antonio Primo de Rivera, y ordenó que se trasladara de todos los pueblos de España a los “caídos en la cruzada”. Algunos alcaldes protestaron porque no querían quedarse con los restos de los republicanos en sus cementerios, y Camilo Alonso Vega, que era ministro de Gobernación y no quería líos, les dijo que los empaquetaran también para Madrid. Corría el año 1959. En muchos pueblos desenterraron y facturaron los huesos en bolsas colectivas, sin informar a las familias. Ladrones de tumbas, aquellos franquistas.

Hoy Jáuregui, además de inaugurar la web con el mapa y otros datos, se reunirá con los familiares de 11 republicanos que fueron trasladados al Valle de los Caídos para decirles que, como avanzó Cuartopoder, “será imposible exhumar” y devolverles los restos de sus seres queridos. Así lo confirmó Rubalcaba, quien creará una comisión de expertos para que estudie qué hacer con el megamausoleo.

Sobre las demás previsiones de la ley, Rubalcaba informó de la retirada de 715 símbolos franquistas en los lugares y edificios de la Administración General del Estado, lo que no quita para que en su Cantabria natal pervivan calles con nombres de generales sublevados, como denunció Joan Ridao, de ERC. El vicepresidente también dijo que 321.623 descendientes de exiliados han solicitado la nacionalidad, se han aprobado 187.076 y se han expedido 125.609 pasaportes. Asimismo, se están abonado 6.900 euros de pensión anual a unos 3.000 supervivientes de los 31.000 niños que fueron evacuados tras la guerra civil y que residen en 34 países.

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