COMUNICADO DE LAS ASOCIACIONES DE VICTIMAS

enero 30, 2012

LAS ASOCIACIONES DE VICTIMAS QUE PRESENTAMOS DENUNCIAS ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL Y TAMBIEN DEMANDAS ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

CONCLUIMOS:
Que al día de hoy el Estado español, pese a la Recomendación nº 1736 recibida desde la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en fecha 17 de Marzo de 2006, no ha cumplido con sus obligaciones, ni para con sus ciudadanos ni para los países con los que comparte valores políticos y compromisos supranacionales.
La llamada Ley de Memoria Histórica, la 52/2007, no ha llegado a adoptar casi ninguna de las medidas que instó el Consejo de Europa ni -lo que para nosotros resulta más importante- a resolver prácticamente ninguna de las reivindicaciones de las víctimas, mediante la voz de sus familias y de todas las asociaciones memorialistas. Tal ley ha relegado la acción reparatoria al ámbito estrictamente administrativo que dan, de forma descoordinada y arbitraria y tan solo en algunas ocasiones, una pobre y triste solución a los casos de desapariciones forzadas, a la nulidad de los juicios sumarios, a la búsqueda del secuestro de niños, a la retirada de los símbolos fascistas, etc. …
Tal realidad pone de manifiesto, una y otra vez, que en España el proceso político para la Democracia no se ha aplicado de forma satisfactoria respecto de las víctimas del Franquismo y de la Dictadura, existiendo -más allá de los debates y las visiones pretendidamente equidistantes sobre los hechos nacidos del llamado Alzamiento Nacional-, una contrastable falta de proporcionalidad entre las reparaciones que la propia Dictadura aplicó a los que consideró de su bando y la evidente ausencia de verdad y reparación para las víctimas de quienes se adhirieron, sirvieron o defendieron la II República Española, régimen legal y democrático destruido por el golpe militar y su terror.
Correlativamente, la justicia que pedimos las víctimas, sus descendientes y sus asociaciones exige indeclinablemente que se investiguen y se establezca la verdad de los crímenes de la Dictadura, las reparaciones para las víctimas y responsabilidades para los victimarios.
La imputación de posibles delitos de prevaricación dirigida contra funcionarios públicos que puedan responder a estas demandas ciudadanas de justicia -tal como es el caso del juez Garzón-, si algo demuestra es lo imperfecto e inacabado del procedimiento transicional aquí aplicado, pues pone de relieve el fracaso de una de sus principales metas: la completa superación de un conflicto civil y la construcción de unas instituciones verdaderamente justas y democráticas.

Por la Verdad, la Justicia y la Memoria
(Aff NAVARRA, AMyJA, AREMEHISA, A.R.M.M., Armh ARAGÓN, Armh CATALUNYA, Armh GRANADA, Armh VALLADOLID, Asociación SORIANA, Héroes REPUBLICA, Memoria ARUCAS, Memòria CASTELLÓ, Memoria CHICLANA, Memòria D’ELX, Memoria MALAGA, Memòria MALLORCA, Memoria36 PONTEAREAS, N. Memoria TOLEDO, SALAMANCA Memoria y Justicia)

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