MOCION DE APOYO AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FR LA FRONTERA (CÓRDOBA) AL JUEZ BALTASAR GARZÓN

febrero 3, 2012

MOCIÓN DE APOYO AL JUEZ BALTASAR GARZÓN REAL
AREMEHISA, (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la
Frontera) (Córdoba) quiere presentar la siguiente moción de apoyo al juez Baltasar Garzón Real,
para que la misma sea sometida en el próximo Pleno Municipal al concenso de los grupos
politicos muncipales.
ANTECEDENTES Y MOTIVOS
Ante el descontento y el desamparo legal y jurídico en el que se encuentran los familiares de
las victimas de las “desapariciones forzadas” del franquismo por la situación creada en este país al
procederse`próximamente a iniciar el juicio contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de
los crimenes del franquismo, una vez mas de forma manifiesta y reiterada, la justicia de este país
asesta un terrible golpe a las esperanzas de cientos de familias, a su dolor y dignidad, depositadas
en el único juez que ha tenido la valentía de intentar hacer justicia y exigir responsabilidades en
este país, el único juez que nos ha tratado como personas ante un tribunal de justicia.
Una historia de impunidad ya convertida en paradigma por que con acciones como esta se
ataca de nuevo a las victimas en lugar de defenderlas ante la vergüenza y la indiferencia del estado
de derecho.
Desde AREMEHISA, hemos mantenido siempre que “pedir justicia, no es reclamar
venganza”. Y esa petición de justicia hoy más que nunca ha de ser “… debe ser y es, ya una
exigencia “ por que desgraciadamente en este país esa petición durante mucho tiempo no pudo ni
tan siquiera ser planteada o ejercida por las victimas.
Victimas a las que de forma sistemática en este país se les ha negado a lo largo de muchos
años, una y otra vez el derecho a conocer la verdad. Un derecho intrínsicamente unido a la
obligación del Estado de investigar y facilitar precisamente “… ese derecho “, en cumplimiento
de sus obligaciones prescritas por el derecho internacional de los Derechos Humanos. Y de alguna
forma todos somos responsables cuando permitimos que esto suceda.
El estado Español no ha cumplido con la obligación de investigar los crímenes contra el
derecho internacional perpetrados durante la guerra civil española y el régimen franquista, ni ha
tutelado judicialmente los derechos de las víctimas ni antes, ni durante ni después de la transición.
Durante la guerra civil y la dictadura, simplemente la justicia y el código penal no fueron
sino instrumentos al servicio de la ideología dominante y agentes necesarios para la imposición de
un determinado orden moral y social. Y una pieza más en el gigantesco mecanismo de la
represión. Una represión negada por muchos. El más claro exponente y denominador común de
cómo el franquismo logró amordazar a una buena parte de la sociedad de este país, que sentía y
que aún hoy siente miedo.
A causa precisamente de ese miedo, ha sido un hecho casi inexistente el que los familiares de
las víctimas, de las personas que habían sido asesinadas y hechas desaparecer pudiesen acercarse a
los juzgados, solicitando información del paradero de sus seres queridos “desaparecidos“, o que
se les permitiese incluso inscribir su muerte en el registro civil. La justicia, (simplemente) ,
durante muchos años en este país siguió brillando por su ausencia.
Personas “desaparecidas” y “asesinadas” ( no lo olvidemos). Personas omitidas por la historia
y el paso del tiempo y que hoy a través de su retomada presencia y su recuerdo nos imponen la
memoria. Personas hechas desaparecer física y documentalmente. Como si nunca hubiesen
existido. Personas con nombres y apellidos. Nombres que en muchos casos comienzan a aparecen
ahora por primera vez impresos en un papel después de décadas de desapariciones forzadas. Unos
nombres que aluden a víctimas concretas, con ideas y sentimientos, revividos en sus familiares, y
que reclaman con su solo recuerdo, con su ya inexistente presencia que se haga de una vez por
todas JUSTICIA.
Personas “ desaparecidas” que aún hoy continúan siendo objeto del desamparo legal más
absoluto en nuestro país, en un estado de derecho que constantemente ha vivido de espaldas a sus
responsabilidades, durante mucho tiempo desatendiendo las peticiones de justicia de los familiares
de víctimas de la dictadura y la represión franquista, un estado que continua dejándolos también hoy
en la mas cruel de las indefensiones.
Una indefensión que se ha convertido ya en oficial y que ha llevado y continua llevando
dolor, sufrimiento, crueldad y un trato inhumano a nuestras familias. Una situación, que también ha
sido como digo prolongada en el tiempo. Pues ha pasado de generación en generación, de padres a
hijos y que pesa como una losa cada vez mas grande sobre nuestras espaldas. Pero aún así nosotros,
los familiares, estaremos siempre ahí, denunciando,exigiendo y recordando que la dignidad debe de
alzarse de forma permanente y con la fuerza de la razón, por que no podemos jamás construir un
futuro olvidando el pasado.
El estado permite y prolonga de forma consciente la impunidad de los verdugos, desoyendo
de esta forma los mandatos de las Naciones Unidas y los Convenios y Protocolos de Ginebra, a
pesar de haber sido España un referente mundial en la aplicación de esos mismos convenios para
investigar crímenes de lesa humanidad en otros países.
Y hace pues oídos sordos a un incontable número de voces y organizaciones nacionales e
internacionales que constantemente han advertido y recordado la obligación de perseguir y
condenar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en su territorio.
Esto, no hace sido poner en tela de juicio la credibilidad de las instituciones
democráticas y la mas que probable parcialidad del poder judicial en nuestro país, al negarse de
forma sistemática a aplicar las leyes que regulan estas intervenciones humillando aún más a toda la
sociedad democrática de este país.
La Justicia española abandona de nuevo a las victimas y mira para otro lado. La justicia
vuelve a perpetúar la impunidad, la impunidad de un total de 114.266 casos de personas
desaparecidas forzadamente entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, y de las que más
de 12000 personas corresponden a nuestra provincia.
Dejando en total indefensión a los familiares de estas personas. Que han de repararse por
sus propios medios y lo que es peor habiendo perdido la única oportunidad que la justicia española
ha brindado desde que se cometieran las asesinatos. Y en modo alguno restituye la justicia buscada
durante más de 75 años, pues solo vuelve a poner de manifiesto la impunidad que la transición
impuso en este país.
El poder se apoya en el olvido y la ausencia de memoria para hacer recaer en las propias
victimas la responsabilidad de esta situación.
Solo el juez Garzón, ha tenido la determinación y el coraje, de aplicar la ley en este
país. Siendo el único juez en España que se ha atrevido a lo largo de 75 años a iniciar la
investigación sobre la responsabilidad del régimen dictatorial franquista, poniendo en marcha para
ello los mecanismos del estado en la búsqueda oficial de todos nuestros familiares .
Mientras tanto los restos de 152.000 personas aún permanecen en cunetas, descampados y
cementerios, sin que nadie mueva ni un solo dedo para deshacer esta vergonzosa situación, que nos
sitúa a la cabeza mundial de los países donde las desapariciones forzadas permanecen impunes y lo
que es peor aún amparadas por el estado. Y las víctimas vamos a ver cómo se va a juzgar al único
juez que las ha escuchado y atendido.
Con ello el deber de conocer la verdad y el derecho a la reparación de los crímenes
cometidos por la dictadura, seguirá quedando impune y las victimas, las asociaciones de familiares
que han aventado este problema y denunciado las desapariciones, tendrán que volver a esperar una
vez más a pesar de que el Estado tiene la obligación y el derecho interno e internacional que le
obliga a investigar hasta sus últimas consecuencias las denuncias de violaciones de los derechos
fundamentales y los crímenes de lesa humanidad, facilitando todas y cada una de las medidas
necesarias, para que las victimas en el ejercicio de sus derechos puedan conseguir que en este país
de una vez por todas se haga justicia por que no sólo la integridad de la legislación española está en
juego, sino también el concepto mismo de justicia democrática en España.
Solo pedimos conocer un pasado que nos concierne a todos; y que paralelamente a esto
se de una repuesta de justicia democrática a las miles de familias que continúan esperando poder
recuperar y enterrar a sus seres queridos, consolidar definitivamente la democracia en España y
asentar una cultura democrática que algunos se empeñan en ignorar y despreciar.
No queremos volver al pasado, sino de asumirlo de una vez por todas.. No se trata de
vengar nada, sino de reparar daños y heridas. No se trata de enfrentar a nadie, sino de, en el
reconocimiento de unas vergüenzas pasadas, llegar al consenso de que esas vergüenzas han sido
reconocidas, redimidas y superadas en vista a un futuro democrático común y plural.
En cualquier caso será finalmente la mirada objetiva de la historia la que terminará por
darnos la razón algún día y la que también juzgará a esa justicia española que sienta en el banquillo
a Garzón.
Por todo lo anteriormente expuesto AREMEHISA (Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba), solicita a todos los grupos políticos
con representación municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1/ Mostrar una vez mas la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón, ante la
campaña de persecución, acoso y derribo a que esta siendo, sumándonos de esta forma a la
defensa de una justicia democrática, tal y como están haciendo numerosos ayuntamientos,
diputaciones, organizaciones y colectivos y personalidades nacionales e internacionales, en
defensa de la verdad y la justicia universal.
2/ Exigir a la justicia española que actué con absoluta y total imparcialidad en
el proceso abierto contra el Juez Baltasar Garzón llamado de “La Memoria Histórica” ,
garantizando con ello el derecho y la protección de las victimas del franquismo.
3/ Remitir el presente acuerdo a AREMEHISA, al juez Baltasar Garzón Real,
a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, al Consejo General del Poder Judicial, al
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno y al Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía.-
Aguilar de la Frontera, a 18 de enero del 2012
Fdo. Rafael Espino Navarro.-
Presidente de AREMEHISA

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