AGUILAR DE LA FRONTERA, 1932.

febrero 13, 2013

AGUILAR DE LA FRONTERA, 1932.

Autor: Rafael Espino Navarro

El drama del hambre que se padece es tan grande, una vez terminada la recolección de la aceituna, que solo queda como ultimo recurso acudir a los comedores de caridad y las cocinas económicas. El aspecto de los pueblos es dantesco, miles de padres de familia, sin trabajo, haciendo cola para mitigar su hambre y el de su familia ,es la estampa que ofrecen los barrios obreros de un problema arrastrado ya durante muchos años, en un país que se niega, que dificulta el acceso a la riqueza social, de los más pobres. Unos pobres a los que de forma sistemática se les dificulta el trabajo y se les mantiene vivos a base de “limosnas y caridad cristiana“.

Ante la denuncia, la protesta y la disconformidad con la aplicación de este viejo sistema caritativo, son muchos los sindicatos y centros obreros que intransigen con las autoridades, y reclaman trabajo honrado y justo, en un intento indiscutible de derecho a la vida en una situación que cada vez se hace más lamentable y desoladora. Se piden nuevas formulas de salir de la crisis de trabajo, nuevos ideas, nuevas alternativas a las que se les contesta casi siempre de la misma forma.

Gil Robles, el dirigente de Acción Nacional , pronunciara un mitin en Córdoba en la plaza de toros el día 8 de febrero de 1932, y en el transcurso del mismo hizo un balance de los diez meses de gobierno de izquierdas.

“… dejamos vía libre para que gobernaran las izquierdas que tenían remedio para todo. Véase ahora su balance. En diez meses la peseta ha perdido la cuarta parte de su valor y la propiedad esta despreciada; el presupuesto del estado, que estaba nivelado, se saldará con un déficit de cerca de mil millones, los valores morales, postergados por la política materialista; atropella a los derechos de la familia y llega al campo las guerras fraticidas. El trabajo abundante antaño se ha trocada en una ingente masa de obreros parados”.

“… este es el régimen de libertad que prometieron los que llegaron al poder para soltar la cadena de la dictadura para traernos algo peor: la tiranía de los peores.”

“ respecto a la ley de labores de la tierra, en la mayoría de los casos es un medio de venganza para hundir a los propietarios.”

“… la ley de reforma agraria intenta que no haya propietarios y se quiere por el partido socialista conquistar las masas perdidas y que esa ley sirva de instrumento para su caciquismo y hacer de los obreros doblemente esclavos por los sindicatos y por los hombres que han arruinado el país.”

“ … ahora la revolución ataca al altar … y después irá a los senos de las familias y el que cobardemente te quede en casa, irá la revolución a sacarlo de ella y morir en la calle …”

La política, que el partido socialista comienza a realizar en Aguilar de la Frontera, desde su llegada a la alcaldía, estará encaminada a la materialización de una política social que sea capaz de incrementar el numero de escuelas existentes en la localidad, así como el acceso a las mismas a las familias más desfavorecidas económicamente; la mejora de la sanidad que solo alcanza en forma de beneficencia a los más desfavorecidos y la solución al problema del paro existente. Esta política se verá muy seriamente limitada básicamente por dos componente o variables. El primero de ellos, será la negativa de las clases acomodadas y la oligarquía local (los grandes terratenientes) a facilitar el acceso al trabajo. No aceptaran de ninguna forma que las mismas personas que antes se encontraban en los tajos trabajando para sus casas y fincas, sean los que ahora por mayoría popular dirigen las riendas de la política local. Pondrán toda clase de trabas e impedimentos para hacer que la recientemente estrenada Republica fracase en todos sus intentos de hacer mas accesible el trabajo a todas las clases sociales. En este sentido, se negaran a cultivar y recolectar sus fincas, no colaboraran de ninguna forma en la contratación de trabajadores en paro y conspiraran desde el primer momento para derribar lo que para ellos supone una amenaza a “la propiedad privada”. A ello habrá de sumarse la campaña de desgaste y acoso a la que se les somete por parte de sus antiguos correlegíonarios republicanos – resentidos por la perdida del poder municipal – que los culparan de todos los males habidos y por haber, emprendiendo contra ellos públicamente actos de protesta en los distintos medios de comunicación existentes.

Se denunciará desde este sector político el enchufismo, existente en la actual corporación socialista, que se verá obligada a incorporar a funcionarios y empleados municipales para poder prestar los servicios requeridos al ayuntamiento. Esta incorporación se hará forzada por un condicionante político. En ningún momento se procede a cesar a ningún funcionario o empleado y los que se incorporan (para garantizar que no se boicotea la legalidad vigente) estarán muy próximos a la agrupación socialista. Por ello muy pronto, se verán actuando recaudadores de arbitrios, funcionarios municipales, guardas rurales y guardias municipales afiliados al partido socialista. Es la única forma de garantizar que el boicot a la gestión municipal no se produzca desde dentro.

La negociación de las bases de trabajo de ese año sería también conflictiva, los patronos se negaron a firmarlas en Aguilar, impugnándolas. La Comisión que negocio su acuerdo estuvo compuesta por delegados de la Cámara Agrícola de Córdoba, de las Hermandades de Labradores y la Federación Provincial de Asociaciones y Sindicatos Agrícolas y la Confederación Nacional del Trabajo, la Unión General de Trabajadores , Sindicados autónomos y la Sociedad de Arrendatarios y Pequeños Propietarios. No llegaron a coincidir casi en ninguno de los puntos de discusión. Solo la sociedad de Obreros Agrícolas “La Razón”(perteneciente a la UGT) firmaría contratos de trabajo durante ese año, no lo haría sin embargo la de Muleros, arrieros y similares “La Constancia”, perteneciente a la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra).

Los patronos consideraron, que firmar las bases les traería su total y absoluta ruina, e ellos y a la economía del país, pues los salarios eran muy elevados y no se aseguraba que con ellos los obreros fuesen a rendir más en sus trabajos.

En Aguilar la crisis de trabajo de ese año hará que el propio gobierno de la republica dicte las disposiciones necesarias para que la misma se aminore en la localidad.

En el ámbito religioso, el nuevo Gobierno, afrontará la cuestión religiosa con una serie de medida políticas entre las que destacan : el decreto de disolución de la Compañía de Jesús ( los jesuitas) de 24 de enero de 1932, el decreto de la secularización de cementerios ( 30 de enero de 1932), la Ley de divorcio ( 2 de febrero de 1932) y la Ley de confesiones y congregaciones Religiosas ( 2 de junio de 1933). La secularización de cementerios supuso la unificación de cementerios civiles y religiosos, la administración de la necrópolis por los ayuntamientos y la regularización de los entierros católicos por parte de las autoridades, que podían prohibirlos o gravarlos con impuestos. En Aguilar, será a finales del mes de marzo, cuando Antonio Cabello Almeda (segundo teniente de alcalde) seguido de un numeroso grupo de miembros de la Agrupación Socialista local y de la banda de música municipal, se dirigirán en manifestación al cementerio municipal y procederán a derribar la pared que separa el cementerio civil del católico.

Cementerio municipal, aún hoy en día son visibles parte de la cimentación del muro

En la parte católica, el clero enterraba en “santidad” a todos los que morían en “gracia de dios” y en la parte civil a los miembros de otras religiones, suicidas, niños sin bautizar, etc. Era la distinción social de clases incluso ante la muerte.

Ese mismo día, tuvo lugar por la tarde un mitin socialista, celebrado en Llano de López, en plena calle y al mismo asistieron como oradores los diputados Gabriel Morón y Cañizares. Varios meses más tarde con motivo de la discusión del proyecto de aprobación del estatuto de autonomía catalán presentado por la Generalidad de Cataluña en Mayo de 1932, y con las denuncias por parte del partido socialista contra el gobernador civil de Córdoba:

“… el señor Valera, tiene sometidos a los pueblos de la provincia de Córdoba a la esclavitud, pues en ellos solo imperan el comandante de puesto de la guardia civil y los enemigos de la republica.”

el Casino de Labradores, Industria y Comercio de Aguilar de la Frontera, presidido por Rafael Aguilera, enviara al jefe del gobierno un telegrama en el que le manifiesta …” mas enérgica protesta por la aprobación del Estatuto, que atenta contra la unidad de España”

A.B.C. 15 de mayo de 1932

En este clima de tensión e incertidumbre, convocado por la Federación Provincial de Agrupaciones Socialistas de Córdoba, celebran los alcaldes y concejales socialistas de la provincia un Congreso de Municipios Socialistas en la casa del pueblo de Córdoba, para acordar de forma conjunta soluciones al paro forzoso de los pueblos que gobiernan. A este congreso acudirá, José María León Jiménez como alcalde y el resto de concejales socialistas del ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. El orden del día consta de varios puntos a tratar:

– La creación de escuelas.
– El problema sanitario que padecen los ayuntamientos.
– Haciendas locales.
El problema del paro.

Para la resolución de todos estos problemas se habían creado comisiones que presentaran dictámenes de resolución de los mismos. Rafael Aparicio de Arcos será el autor de las conclusiones que hace llegar a la Asamblea el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (El socialismo aguilarense, jugará en esta ocasión, como en tantas otras, una baza muy importante dentro del papel provincial, tanto a nivel de agrupación como en la calidad individual de las personas que componen la misma) . Estas conclusiones comprendían :

En primer lugar activar los decretos de laboreo forzoso ( los del 7 de mayo de 1931), con la salvedad de dotar a la Policía Rural de autoridad para por el procedimiento de apremio pueda hacer efectivas las cantidades devengadas por los jornales invertidos en los predios de laboreo forzoso y además para poder hacer efectiva la labor de este laboreo forzoso, la Policía Rural, pueda determinar el numero de obreros necesarios para la realización del mismo en función de la extensión de la finca y del cultivo que en dichas labores hayan de emplearse.

Segundo, que el gobierno active los trabajos de obras públicas en proyecto para darle inversión a la mayor cantidad de obreros en paro forzoso. A este fin debe de intensificarse la creación de la Bolsa de Trabajo, en todos los municipios, para de ellas extraer el número de trabajadores que en porcentaje corresponda a cada localidad para el total de los que se han de invertir en dichas obras públicas del Estado o de la Diputación. Por el ministro del ramo debe tenerse en cuenta que en todo proyecto de obras a realizar por cuenta del Estado, ya sea por medio de contratistas o de administración, se fije un salario y la obligatoriedad de utilizar mínimo para cada clase de obra de trabajadores parados en todas aquellas obras que se efectuaren dentro de cada provincia, sin perjuicio de que si en esta no hubiera obreros parados suficientes se obtengan de las provincias colindantes, teniendo en cuenta la necesidad de cada una de ellas. Que cuando se confeccionen las nuevas bases del trabajo rural de la provincia se tenga en cuanta que los patronos rurales saquen a los obreros de la bolsa de trabajo, por riguroso turno, de los parados que estén en la bolsa, con preferencia los cabezas de familia.

Tercero. Entendemos que se debe proceder a periódicas revisiones catastrales hechas en justicia, para que desaparezcan esas anomalías que permiten estas tributando como tierra de tercera a las de superior calidad. A tal efecto, los ayuntamientos están obligados a hacer las denuncias en los casos de ocultación, tanto en extensión como en calidad.

Cuarto. Que habiendo en la provincia de Córdoba muchas minas tanto de huya como de metal y de mostrando que a pesar de la crisis existente en diversas industrias de nuestro país, la producción de las primeros no es suficiente para atender las necesidades interiores y visto que el actual sistema de explotación y régimen de la propiedad minera constituye un estado de privilegio para determinadas empresas, se impone: que por los compañeros diputados recaben del Gobierno información sobre las minas paradas y que estas se pongan de nuevo en explotación.

Ultima. Por los Jurados Mixtos del Trabajo Rural, se obligue a los propietarios de fincas rústicas, que tengan edificios en sus propiedades rurales, los pongan estos en las debidas condiciones de capacidad y habitabilidad para los obreros de las mismas, y a tal efecto sí estos Jurados no tienen hoy facultad para hacerlo debe de recabarse del ministerio correspondiente la debida autorización.(56)

Otra de las preocupaciones constantes de las agrupaciones de obreros será la de incrementar la seguridad en el trabajo, y en las nuevas bases de trabajo y tarifa de jornales para las operaciones agrícolas, que se publicaran en el Boletín Oficial de la Provincia el viernes 13 de mayo de 1932, se recogen ya muchas de estas conclusiones, a las que han de atenerse a partir de ahora los patronos y obreros. (57) Pero a pesar de que la legislación regula las relaciones labores y establece para cada uno unas reglas del juego, estas son transgredidas y traspasadas cada vez con mas frecuencia. Las unas por las autoridades que han de hacerlas cumplir (gobernadores civiles, etc.) y las otras por los que han de cumplirlas y acatarlas (en este caso los patronos).

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