FAMILIARES DE VíCTIMAS DE FRANCO SE MANIFESTARáN CONTRA EL GOBIERNO
Denuncian el plan del Ejecutivo de dejar en manos de las comunidades autónomas la apertura de fosas

El País/ NATALIA JUNQUERA – Madrid – 29/04/2009

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) prepara una manifestación de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura contra “la falta de sensibilidad humanitaria del Gobierno” que, según el protocolo de exhumaciones que prepara, pretende dejar en manos de las comunidades autónomas, es decir, convertir en una decisión política, la apertura o no de las fosas comunes. El colectivo ha conseguido rescatar los cuerpos de 1.800 víctimas en los últimos nueve años sin apenas ayuda institucional y gracias al apoyo de decenas de arqueólogos, forenses, psicólogos e historiadores que han trabajado de manera altruista.

“El derecho a la identidad, a una sepultura digna, a la verdad, a la justicia y a la reparación está reconocido por numerosa legislación internacional”, asegura la ARMH en un comunicado, y “el Gobierno está incumpliendo un deber asumido por el propio Ejecutivo, por ejemplo, cuando votó favorablemente la resolución contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1992”.

La asociación denuncia que en los últimos cinco años, desde que el Ejecutivo socialista anunciara la creación de una comisión interministerial para las víctimas de la dictadura, “han muerto miles de personas” esperando que el Gobierno busque a sus desaparecidos. “El vacío y la irresponsabilidad de las instituciones”, añaden, ha propiciado la aparición de empresas especializadas en vender información a los familiares que llevan 70 años buscando a los suyos.

“Para nosotros es difícil entender la frialdad del presidente José Luis Rodríguez Zapatero”, añade el comunicado, que recuerda que el jefe del ejecutivo se comprometió hace cuatro meses en una entrevista en Cuatro, a reunirse con los familiares de los desaparecidos, lo que generó “muchas expectativas” en el colectivo. Desde entonces, nadie se ha puesto en contacto con ellos para cerrar una fecha.

Por todo esto, la asociación espera sacar a la calle próximamente a cientos de familiares portando las fotografías de sus desaparecidos para exigir al Gobierno que ponga los medios necesarios para “resolver un problema de una dimensión humana estremecedora”.

MARCHENA (SEVILLA): IV JORNADAS DE DIGNIFICACIóN Y RECUPERACIóN DE MEMORIA HISTóRICA ‘LUCHA CONTRA EL OLVIDO’
1 de Mayo:

13:00: Lectura- Manifiesto Público por la Revocación de condecoraciones, medallas y títulos municipales a personajes golpistas, en aplicación de la Ley de MH.

13:30: Recital: Homenaje Flamenco con Memoria y Dignidad.
Al cante: Juan Ramírez y Ana Ramírez “Yiya”
Al Toque: Fernando Rodríguez
Presenta: Juan Diego

Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Marchena

IV JORNADAS: CICLO DE PONENCIAS

4 de Mayo: La Historia y sus protagonitas

19:30: Presentación de las jornadas.

20:00: Ciudadanas víctimas del tsunami represivo en Marchea durante el verano de 1936. Por Javier Gavira Gil, historiador y coordinador de las jornadas.
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Marchena.

5 de Mayo

19:30: Presentación de las Actas de las III Jornadas DIME.

20:00: La represión sobre la mujer en Andalucía (1936-1958) por Pura Sánchez. Profesora del IES Velázquez de Sevilla.

Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Marchena.

21:00: Presentación del disco-libro DIME QUE CANTE de Francisco Narváez

6 de Mayo: Desenterrando la Memoria

20:00: Informe sobre prospección de fosas en el cementerio de Marchena. Por Luis Avial Bell. Técnico de Geo-radar

21:00: El Movimiento de Recuperación de la Memoria Histórica ante la Audiencia Nacional: un antes y un después. Por Paqui Maqueda, Secretaria general de PVDF, Luis Ocaña, abogado memorialista.

Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Marchena.

Coordinador de las Jornadas: Javier Gavira Gil.
La organización expedirá certificados y entregará Actas a los asistentes de las III Jornadas.
Entrada libre hasta completar aforo

Organiza:
Asociación Dignidad y Memoria. DIME
Colabora:
Excmo. Ayuntamiento de Marchena (Comisión Municipal de Recuperación de la Memoria Histórica)
Consejería de Justicia y Administración Pública

El Pleno del Congreso aprobó esta noche una moción de IU-ICV en la que se insta al Gobierno a poner en marcha, en un plazo de seis meses, todas las medidas que permitan dar cumplimiento a todos los preceptos de la conocida como Ley de Memoria Histórica.

Este mandato salió adelante con los votos de PSOE, CiU, ERC y PNV y el rechazo del PP. Sin embargo, socialistas y ‘populares’ unieron sus votos para tumbar otros planteamientos de máximos relativos a este asunto que IU e ICV habían incluido en su iniciativa.

En concreto, el texto al que se dio luz verde obliga al Ejecutivo a aprobar antes del verano todas las disposiciones necesarias para la aplicación global de una ley que lleva 15 meses en vigor. El objetivo es que, a más tardar el próximo mes de octubre, esté listo el catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura para poder “acelerar” la retirada de los símbolos franquistas.

SI HAY SÍMBOLOS NO HAY SUBVENCIONES

En este punto, el Congreso también da un plazo de seis meses para la aprobación de las medidas destinadas a retirar las subvenciones a las instituciones o propietarios privados que mantengan símbolos de exaltación de la dictadura. La intención de IU e ICV es que, si es necesario, esta previsión legal se aplique también a la Iglesia.

Asimismo, el Gobierno tendrá que hacer efectivas a lo largo del año la modificación de los estatutos de la Fundación Gestora del Valle de los Caídos para que incluya entre sus objetivos “honrar y rehabilitar la memoria” de todas las personas fallecidas a consecuencia de la contienda civil y la represión posterior.

Además, según el mandato de la Cámara, el Gobierno tendrá que dotar de recursos suficientes a la recién creada Oficina de Víctimas del Guerra Civil y la dictadura, y agrupar en el Centro de la Memoria de Salamanca con originales o copias fidedignas los fondos documentales que ahora están en manos de instituciones u organizaciones como la Fundación Francisco Franco.

MAPA DE FOSAS

También salieron adelante varios puntos relativos a las fosas comunes, como que se dé prioridad en las próximas convocatorias de subvenciones a los proyectos de identificación y localización de desaparecidos y que en seis meses esté listo un protocolo de científico para las exhumaciones y un mapa nacional de fosas.

El texto aprobado también busca que el Ejecutivo garantice que las administraciones públicas faciliten a sus descendientes la localización y exhumación de los desaparecidos. Sin embargo, PSOE y PP rechazaron que el Estado sufrague los gastos de las exhumaciones si no los asumen otras administraciones.

La misma suerte corrieron otras propuestas incluidas por IU e ICV en su iniciativa, como la creación una Fiscalía y un Alto Comisionado especializado en víctimas de la guerra y la dictadura, la ampliación de las indemnizaciones previstas para este colectivo, el impulso de políticas públicas para el fomento de la memoria democrática o la elaboración de un mapa censo de obras y edificaciones fruto de trabajos forzados.

SEPARATISMO A LA CARTA

Durante el debate, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, se congratuló del apoyo del PSOE a varios puntos de la moción, pero lamentó que se haya negado a avalar una “interpretación más abierta” de la ley. “Es un paso en la aplicación de la ley que seguimos concibiendo como un punto de partida”, resumió, anunciando que presentarán más iniciativas porque no renuncian por ejemplo a la anulación de los juicios del franquismo.

En nombre del PSOE, Daniel Fernández, recalcó que su partido está “orgulloso” de la Ley de Memoria y dejó claro que no iban a respaldar peticiones que superen el consenso que se alcanzó en torno a la misma. Además, aprovechó para arremeter contra las comunidades o ayuntamientos que, según denunció, “miran para otro lado y ponen palos en las ruedas”, para no asumir la ley aplicando una especie de “separatismo a la carta”.

Desde el PP, Jorge Fernández Díaz, defendió la enmienda planteada por su formación para que las administraciones públicas pudieran facilitar su trabajo a todas las entidades que trabajen por la localización de desaparecidos y no sólo a las creadas antes de junio de 2004, como prevé la ley. Además, volvió a acusar a IU de pretender “reescribir” la Historia y a proclamar que, para el PP, “la mejor ley, departida y de llegada, es la Constitución Española”.

Y FRANCO SIGUE EN EL EJÉRCITO DEL AIRE

Por su parte, Aitor Esteban, del PNV, aprovechó su turno para denunciar que la placa de Franco que hay en la sede del Ejército del Aire no vaya a ser retirada, según argumenta el Gobierno, porque está sujeta al actual Plan de Ordenación Urbana de Madrid. También recriminó al Ejecutivo que haya tardado casi un año en aprobar los decretos que permiten desarrollar gran parte de la Ley de Memoria.

En representación de CiU, Jordi Xuclà, demandó, igual que hacía en su enmienda que tampoco se votó, fijar un plazo de tres meses para que el Gobierno remitiera al Congreso un plan de desarrollo de la ley con un calendario concreto. También insistió en la conveniencia de que el Ejecutivo dé instrucciones a la Fiscalía para que actúe en favor de la anulación de los juicios políticos del franquismo.

abril 20, 2009

SEVILLA: SáBADO 25 DE ABRIL, NUEVA CONCENTRACIóN ANTE LA JUNTA DE ANDALUCíA, POR LA EXHUMACIóN DE LAS FOSAS COMUNES.
Sevilla: Sábado 25 de Abril, nueva concentración ante la Junta de Andalucía, por la exhumación de las fosas comunes.

Para http://www.todoslosnombres.org/CGG

El próximo sábado 25 de Abril a las 12 de la mañana en la Plaza de la Gavidea de Sevilla (puerta de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y antiguo cuartel desde donde Queipo de Llano animaba el asesinato a sus correligionarios a través de la radio) se volverán a concentrar las familias y amigos de los “desaparecidos” por el franquismo, convocados por la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Histórica de Andalucía (CAMHA) para volver a reiterar una intervención más decidida de la administración autónoma en todo lo relacionado con las fosas comunes.

En España este tipo de actos -concentraciones frente a sedes de gobiernos- solo se están realizando en Andalucía.

¿UN AÑO PERDIDO MÁS?
Esta vez es más importante si cabe tras “descabezarse” el Gobierno Andaluz por la ida del presidente Chavez a Madrid y, como se dice, la posible reestructuración del Gobierno con el nombramiento de un nuevo Presidente (Griñan), sobre todo por que la elaboración “interminable” del famoso Plan Estratégico sobre la Memoria Histórica que estaba haciendo la Consejería desde el otoño del año pasado y donde lo poco que ha trascendido “protocolo de exhumaciones” y “declaración de protección de las fosas” arrojan más dudas que otra cosa. Hay que decir que la decisión de elaborar ese “plan estratégico” fue tomada tras las últimas elecciones (Hace más de un año) y de la reestructuración dentro del Gobierno de esta materia por la cual se trasladaron todas las competencias a la Consejería de Justicia (anteriormente compartida con Presidencia, de la que dependía el Comisario de la Memoria Histórica, y que le daba un margen de maniobra –económica y política- ahora inexistente).

EXCEPCIONES Y SILENCIOS CLAMOROSOS.

Con las excepciones de; 1.- la continuación de la intervención en el cementerio de San Rafael (Málaga), renovando el Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento, Gobierno de España, Universidad y Asociación para seguir con los trabajos de exhumación de los más de 4.000 asesinados en esa ciudad, y 2.- reiniciar, donde se dejó, la búsqueda y exhumación –cerca de un año paralizada- en la Puebla de Cazalla (Sevilla) –en los primeros días de Mayo-. Desconocemos cualquier otra intervención todo ello a pesar de contar, desde hace meses, con toda la información procedente de los “mapas de fosas” elaborados por cuatro asociaciones de las ocho provincias andaluzas, en los últimos dos años y medio, así como la información suministrada directamente –en algún caso- por las propias familias.

No ha bastado con demostrarles –al Gobierno Andaluz- que cuando se quiere, se puede –con mayor o menor suerte- buscar, localizar y exhumar, antes, durante y después de las nefastas intervenciones judiciales (Audiencia Nacional), como lo demuestran los casos del último año en Alanís (Sevilla), Grazalema (Cádiz), Calañas (Huelva), Moraleda de Zafayona y Diezma (Granada), así como en Sorihuela del Guadalimar (Jaén), donde ha sido el Gobierno de España o los Ayuntamientos (PSOE y PP) quienes, en todo momento han apoyado a los familiares, por el contrario los “responsables” políticos de la Junta no han aparecido ni para interesarse, de igual manera que los compromisos adquiridos por el anterior Comisario, Fernando Soto, han quedado en “nada” (Aguilar de la Frontera y Córdoba capital , Marchena (Sevilla), El Marrufo (Cádiz) y La Palma del Condado (Huelva) y, además, sin ningún tipo de explicación.

“Y cuando el olivo de la paz florezca…¡volved!”:
¿Para cuándo la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo?.

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Nuestro país es el único Estado de Derecho de la Unión Europea en el que continúan existiendo entre 136.000 y 152.000 desaparecidos en varios cientos de fosas comunes, clandestinas, diseminadas a lo ancho y largo todo su territorio; y ello sin contabilizar, todavía, el caso de los niños robados por el franquismo de los que ni siquiera existen cifras aproximativas fiables.

A diferencia de los casos de los desaparecidos en Guatemala, Perú, Salvador, Chile, Argentina o Colombia, entre otros ejemplos, ningún tipo de Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos, o de Comisión de la Verdad, ha sido puesta en marcha por parte de nuestras autoridades; por mucho que las cifras de los desaparecidos del franquismo en España supere ampliamente a la suma de los desaparecidos de todos esos países juntos. No se trata tan sólo de reconocer que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta encomiable, sí, pero que, “lamentablemente”, no nos resulta jurídicamente vinculante a los europeos; al parecer eso tampoco importa mucho en realidad: a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos – que sí que nos vincula como Estado miembro del Consejo de Europa – tampoco le hacemos caso alguno; ni parece que se lo vayamos a hacer, ni siquiera después de que jueces y fiscales de toda Europa agrupados en torno a Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) – entre ellos las españolas, emblemáticas, Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales – le acaben de decir a nuestro Gobierno que nuestra ley “de la memoria” viola los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Me ahorraré aquí, en beneficio de la paciencia del lector, toda la larga – a estas alturas ya casi consabida – letanía de dictámenes de órganos internacionales en materia de derechos humanos, de tratados internacionales ratificados por España, de instrumentos aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales y en materia de desapariciones forzadas, pero también de costumbres y obligaciones jurídicas erga omnes, que vinculan a todo miembro de la comunidad internacional.

No hay ambigüedad: hoy en día constituye una reconocible obligación del Estado, de todo Estado de Derecho, el organizar su aparato a modo de poder abordar una “investigación oficial efectiva e independiente” de todos los casos de desaparecidos de los que se tenga noticia; y dicho deber se ve reforzado de existir – como en el caso español – indicios de algún tipo de participación o aquiescencia por parte de las autoridades estatales del momento de los hechos, o de alcanzar las masacres una especial masividad. En modo alguno resulta posible abandonar, sin más, toda la pesada carga del impulso de las actuaciones jurídicas – menos aún la carga de las tareas de localización, exhumación e identificación de los restos mortales de los ejecutados – sobre los familiares o asociaciones, como, precisamente, han acabado haciendo nuestras propias autoridades nacionales.

A partir de ahí poco importa ya todo lo demás; que las subvenciones no terminen de llegar porque a la ley “de la memoria” le cueste despegar del papel, que surjan otro tipo de complejidades en la coordinación de todo ello con las distintas comunidades autónomas, etc. Nuestro “original” modelo, autóctono, de memoria sin derecho, memoria sin verdad, sin justicia y sin reparación para los desaparecidos y sus familias, no sirve, no cumple con los derechos humanos ni con lo que se le ha venido exigiendo a todos los demás Estados democráticos dentro y fuera de Europa. Y nuestro Gobierno lo sabe, o debería saberlo y, sin duda alguna, sus asesores jurídicos lo saben. Como también lo saben, y lo han hecho saber con claridad, en sus distintos comunicados y posicionamientos públicos de denuncia, organizaciones internacionales de derechos humanos de la talla de Amnistía Internacional o el Equipo Nizkor.

Y, a decir verdad, la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo sería tan sólo el primero de los varios instrumentos debidos – ausentes en nuestro panorama nacional hasta en su mismo debate público –; nosotros que hemos ido dando lecciones a toda Hispanoamérica, y a medio mundo más, sobre como combatir la impunidad de sus crímenes internacionales, y que nos resistimos a calificar como tales los existentes en nuestra propia casa… Hablar de una complementaria Base Nacional de Datos Genéticos, de las indemnizaciones aún pendientes a sus allegados, o de la proclamación, en sede parlamentaria, de un Día Nacional de Homenaje y Recuerdo a los Desaparecidos del Franquismo y a sus familias – o incorporar también el relato de estos “crímenes contra la humanidad”, con todas las letras y en todos los niveles de la enseñanza, como requiere Naciones Unidas a las sociedades escenario de tales atrocidades – debieran ser varias de esas otras medidas aún por llegar, y de las que, aún, nada se sabe.

De modo que el actual panorama no podría resultar más impactante: cuando no hay un sólo instrumento normativo que ampare lo que se está haciendo con los desaparecidos en España – excepción hecha, claro está, de la Orden de Franco de Mayo de 1940 cuyo modelo se les ocurrió copiar al redactar la actual ley, buen amparo es ese –; cuando la situación de todas estas víctimas en sus fosas clandestinas avergüenza a las piedras y es contraria al derecho internacional y a la misma decencia humana tal y como se concibe desde la Antígona de Sófocles, entonces, hay que empezar a preguntarse también algunas otras cosas: comenzando por el ineludible conflicto de conciencia en el que un tal desentendimiento arbitrario de la legalidad internacional en materia de derechos humanos ha de colocar, en primer lugar, a la propia base política y social del partido que sustenta a nuestros gobernantes, el PSOE.

Simplemente cuesta trabajo entender, cada vez más, que el mismo sistema internacional de Naciones Unidas que había que defender en Irak ante la arbitrariedad del Gobierno Aznar pueda ser ahora tan completamente desatendido en materia de derechos humanos por el Gobierno de Rodríguez Zapatero a muchos menos kilómetros de distancia, en nuestro propio país, en el silencio cotidiano de nuestras propias cunetas y campos: tantas y tantas decenas de miles de desaparecidos son demasiados. Los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos desatendidos a estas alturas por nuestras autoridades en su huida hacia adelante, también lo son. Y más allá de dicha base política y social, el mismo “voto útil” resulta demasiado inútil sin derechos humanos. Nada de toda esta situación tiene sentido.

Y, por eso mismo, se hace ya necesario dar también un paso más allá de lo jurídico y decir públicamente que “no” a esta política, explicar lo mejor que podamos las razones de ello, y pedir la simple y llana observancia de la legalidad internacional de los derechos humanos también para España; también para nuestros propios desaparecidos, que se dejaron el alma defendiendo los valores de libertad y democracia que hoy todos los demás tenemos a nuestro alcance, en una cruenta y desigual contienda que fue perdida palmo a palmo; porque, por encima de todo, cualquiera de tales argumentos jurídicos, políticos, sociales, quedan empequeñecidos, y en un segundo plano, ante la inmensidad del dolor y la larga soledad de estas familias, ante la inmensidad del drama humano del que estamos hablando. Nada de lo que se pueda decir aquí a tal respecto podrá ser suficiente.

En una de las alocuciones más conmovedoras que se puedan recordar Dolores Ibarrurí, Pasionaria, despedía en Barcelona a los brigadistas internacionales, compañeros de armas de muchos de nuestros propios desaparecidos en la defensa de nuestras instituciones democráticas. Era el 1 de noviembre de 1938, la batalla del Ebro se sabía prácticamente perdida y, con ella, la suerte de aquella Segunda República, nacida en otro 14 de abril, como hoy, quedaba definitivamente sellada: “!Madres!…!Mujeres!…Cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando; cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfumen en un presente de libertad, de paz y de bienestar; cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles, habladles a vuestros hijos…No os olvidaremos; y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, ¡volved!”.

Y reestablecida, por fin, la democracia y las libertades en nuestro país, integrados en Europa, comprometidos con la defensa internacional de los derechos humanos, “nuestros” brigadistas volvieron finalmente, en octubre del año 2006, recibidos por nuestro propio Parlamento.

¿Cuándo podrán volver también a casa, a los seres queridos que aún les esperan, todos esos miles de defensores de nuestra República, y sus pequeños, que continúan desaparecidos?, ¿para cuándo la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo?.