LAS ASOCIACIONES DE VICTIMAS QUE PRESENTAMOS DENUNCIAS ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL Y TAMBIEN DEMANDAS ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

CONCLUIMOS:
Que al día de hoy el Estado español, pese a la Recomendación nº 1736 recibida desde la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en fecha 17 de Marzo de 2006, no ha cumplido con sus obligaciones, ni para con sus ciudadanos ni para los países con los que comparte valores políticos y compromisos supranacionales.
La llamada Ley de Memoria Histórica, la 52/2007, no ha llegado a adoptar casi ninguna de las medidas que instó el Consejo de Europa ni -lo que para nosotros resulta más importante- a resolver prácticamente ninguna de las reivindicaciones de las víctimas, mediante la voz de sus familias y de todas las asociaciones memorialistas. Tal ley ha relegado la acción reparatoria al ámbito estrictamente administrativo que dan, de forma descoordinada y arbitraria y tan solo en algunas ocasiones, una pobre y triste solución a los casos de desapariciones forzadas, a la nulidad de los juicios sumarios, a la búsqueda del secuestro de niños, a la retirada de los símbolos fascistas, etc. …
Tal realidad pone de manifiesto, una y otra vez, que en España el proceso político para la Democracia no se ha aplicado de forma satisfactoria respecto de las víctimas del Franquismo y de la Dictadura, existiendo -más allá de los debates y las visiones pretendidamente equidistantes sobre los hechos nacidos del llamado Alzamiento Nacional-, una contrastable falta de proporcionalidad entre las reparaciones que la propia Dictadura aplicó a los que consideró de su bando y la evidente ausencia de verdad y reparación para las víctimas de quienes se adhirieron, sirvieron o defendieron la II República Española, régimen legal y democrático destruido por el golpe militar y su terror.
Correlativamente, la justicia que pedimos las víctimas, sus descendientes y sus asociaciones exige indeclinablemente que se investiguen y se establezca la verdad de los crímenes de la Dictadura, las reparaciones para las víctimas y responsabilidades para los victimarios.
La imputación de posibles delitos de prevaricación dirigida contra funcionarios públicos que puedan responder a estas demandas ciudadanas de justicia -tal como es el caso del juez Garzón-, si algo demuestra es lo imperfecto e inacabado del procedimiento transicional aquí aplicado, pues pone de relieve el fracaso de una de sus principales metas: la completa superación de un conflicto civil y la construcción de unas instituciones verdaderamente justas y democráticas.

Por la Verdad, la Justicia y la Memoria
(Aff NAVARRA, AMyJA, AREMEHISA, A.R.M.M., Armh ARAGÓN, Armh CATALUNYA, Armh GRANADA, Armh VALLADOLID, Asociación SORIANA, Héroes REPUBLICA, Memoria ARUCAS, Memòria CASTELLÓ, Memoria CHICLANA, Memòria D’ELX, Memoria MALAGA, Memòria MALLORCA, Memoria36 PONTEAREAS, N. Memoria TOLEDO, SALAMANCA Memoria y Justicia)

A los 75 años de sucedidos los hechos, se inscriben en el Registro Civil las muertes de cuatro hermanos que fueron fusilados durante la Guerra Civil

Rafael Osuna Luque

El día 19 de julio de 1936 comenzó la represión franquista en Carcabuey, un municipio que no alcanza los 3.000 habitantes y que está situado en el sureste de la provincia de Córdoba. Ese día, el sargento Bracero decidió la detención de las personas que se habían significado por sus ideas socialistas o comunistas. El simple hecho de haber sido incluido en una candidatura, ejercer de interventor en unas elecciones o proclamar su simpatía por las ideas políticas izquierdistas fueron motivos para ser detenido.

  Todos los apresados fueron trasladados a la cárcel de Priego de Córdoba y allí permanecieron hasta primeros de agosto, que fue cuando la situación cambió porque llegó destinado a esa plaza el teniente de la Guardia Civil, Francisco Roldán Écija. A partir de ese momento, se comenzó a aplicar el Bando de Guerra, que es un eufemismo para decir que los presos comenzaron a ser fusilados sin ser enjuiciados ni escuchados. En la madrugada del día 13 de agosto, el grupo de presos de Carcabuey fue trasladado hasta las proximidades de Monturque y, en el lugar conocido como Haza de los Muertos, fueron fusilados y enterrados.

Entre las personas fusiladas había tres hermanos: Ricardo, Pablo y Benito Garrido Luque.  Ricardo había nacido en el año 1905, estaba casado y tenía un hijo; Pablo nació en el año 1908 y estaba casado. Benito había nacido en el año 1919 y estaba soltero,  él no estaba en la cárcel de Priego pero, cuando el camión de los presos pasó por Carcabuey, se enfrentó a quienes los custodiaban y defendió la inocencia de sus hermanos, por lo que acabó acompañándolos y compartiendo su trágico destino. Los tres eran hijos del líder obrero local, Julián Garrido Bonilla, militante de la UGT desde el año 1922, responsable e instigador de varias huelgas y Presidente del Centro Obrero Socialista. Él no fue detenido, quizás, porque alguien consideró que se le hacía más daño si eran sus hijos los “castigados”.

Julián Garrido era un hombre trabajador, bueno y respetado que sufrió como pocos las injusticias de la guerra civil. En el año 1936 perdió a tres de sus hijos y aún tuvo que sufrir la muerte de otros dos hijos más. El día 1 de agosto de 1937, en las proximidades del cortijo de El Valle, fue asesinado su hijo Guillermo, y un poco más tarde, murió de una infección su hijo Francisco, por cruzar las aguas frías de un río en uno de los episodios de aquel enfrentamiento entre españoles. Por tanto, el matrimonio formado por Julián Garrido y Amparo Luque perdió durante la guerra un total de cinco hijos.

  Ninguna de las cinco muertes estaban registradas ni constaban en documento alguno y, por esta razón, en el mes de enero de 2010, se presentó una solicitud en el Juzgado de Paz de Carcabuey para que se inscribieran en el Libro de Defunciones del Registro Civil a cuatro hermanos de la familia Garrido Luque. No se solicitó la inscripción de Francisco Garrido Luque porque se desconoce el lugar de su fallecimiento.

La petición fue iniciada por María Garrido Luque, hermana de los fallecidos, Ricardo Garrido Fernández, hijo de Ricardo y sobrino de los otros fallecidos, y Rafael Osuna Luque, Cronista Oficial de Carcabuey.

El Juzgado de Paz de Carcabuey remitió la petición al Juzgado de Primera Instancia de Priego que, a su vez, trasladó el expediente gubernativo 27/2010 a los Juzgados de Aguilar de la Frontera y Baena, ya que, según la Ley del Registro Civil de 08/06/1957, las defunciones deben inscribirse en el Registro Municipal del lugar en que acaecen. Como los hechos referidos tuvieron lugar en los términos municipales de Monturque y Luque la instrucción de los respectivos expedientes debía realizarse en los Juzgados de Aguilar y Baena, respectivamente.

  En el proceso de instrucción testificaron Fernando Chumilla Luque y Manuel Benítez Rodríguez, que conocieron a los hermanos Garrido Luque y que corroboraron la veracidad de los hechos. El Ministerio Fiscal informó favorablemente la pretensión de los solicitantes y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 343 del vigente Reglamento del Registro Civil y con lo que establece el art. 376, finalmente, los titulares de los Juzgados de Aguilar de la Frontera y Baena acordaron que se practicaran las inscripciones “fuera de plazo” de los hermanos Garrido Luque en los Registros Civiles de Monturque y Luque.
 
Quienes, en su momento, deberían haber realizado estas inscripciones se ofrecieron a cumplir su obligación si a cambio la familia consentía en falsear las verdaderas causas de las muertes. Evidentemente, la familia no aceptó esta humillación y, por ello, nunca se inscribieron en el Registro Civil.  Ahora, después de 75 años, por fin, se logra hacer un poco de justicia a la familia Garrido Luque. Resulta increíble que para conseguir algo tan justo y tan obvio haya tenido que transcurrir tanto tiempo.
 

CARTA A LA JUSTICIA ESPAÑOLA

José Sag Ortega, 76 años, y sus hermanas, vieron có…mo arrancaron de su lado la vida de su padre para siempre, sin dejar más rastro que es el recuerdo. Ricos propietarios afectos al golpe, falangistas, guardia civil, algunos militares, policias y una larga lista de sicarios, chivatos junto a una cuerda de asesinos, de gente que mataba por el placer de matar, se entregó con entusiasmo a la abyecta tarea de hacer desaparecer a sus paisanos.
75 años después y sin que nadie hay movido un dedo por los desparecidos de este país, son ellos los que menos entienden que persigan al Juez Garzón por investigar todos esos asesinatos. Este es su testimonio:
Señores de la Justicia Española:
Después de haber visto que una aplastante mayoría (84 % según las encuestas) considera que el Juez Garzón no debe ser juzgado por haber ordenado las escuchas de la trama Gürtel ni por haber investigado los crímenes del franquismo, no tengo más remedio que adherirme a dicha encuesta y protestar con todas mi fuerza.
El Juez Garzón ha podido tener alguna laguna, pero no puede ser, con la verdad por delante, creer al “sindicato” Manos Limpias antes que a él. Ya les gustaría a ellos tener las manos limpias.
Los que tenemos muchos años y fuimos perseguidos, humillados y aplastados, y que en ningún momento tuvimos a nadie que nos defendiera, nos cuesta mucho creer que hoy, después de 31 años de democracia, haya personas que todavía defiendan a aquellos que proporcionaron tanto desorden y tanto dolor para más de media España.
Hoy después de tanto tiempo en este país no quedan ni listos ni torpes (en esos torpes me incluyo yo) que no crean que estos juicios son un montaje político en toda regla.
Al Sr. Garzón no se le puede juzgar por haber investigado a los corruptos y a los criminales. Espero que la justicia un día recobre la credibilidad hoy perdida y que sepa buscar ese equilibrio en la balanza hoy inclinada totalmente a un lado.

José Sag Ortega

Acude el domingo 29 de enero, 12h. Concentración en la Plaza de la Constitución (frente a la Subdelegación del Gobierno)

Apoyan
CCOO
UGT
SOS Bebés robados
AREMEHISA
Asociación Germinal de Bujalance
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Nueva Carteya ‘Disipar tinieblas’
Foro por la Memoria de Córdoba
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Castro del Río (Córdoba)
Y muchos ciudadanos y ciudadanas.

Plataforma Cordobesa por una Justicia Democrática