EL ULTIMO RECUERDO

marzo 31, 2009

EL ÚLTIMO RECUERDO

Es la madrugada del día 20 de agosto de 1936, y un calor sofocante presagia las altas temperaturas de un verano muy caluroso, como el que ya nadie recuerda. El ensordecedor motor de una camioneta, se detiene, el ruido deja paso al primer canto de los pájaros de la mañana. El sol comienza a apuntar en el horizonte. Un horizonte rojizo, deslumbrante, que presagia la tragedia venidera. Se oyen voces, risas … e insultos. A golpe de punta de pistola diez hombres bajan atropelladamente de la camioneta. Uno de estos hombres es FRANCISCO ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA, de apenas 33 años de edad, jornalero de profesión como su padre, ha sido hasta este mismo día el tesorero del Centro obrero “El porvenir en el Trabajo”, socialista hasta la medula y miembro de la Comisión Gestora Municipal del Frente Popular.
Los diez hombres han sido conducidos desde los calabozos del municipio cordobés de Monturque, donde todos ellos llevan varias semanas detenidos a las puertas del cementerio municipal de Aguilar de la Frontera. Apenas han sido 10 kilómetros los recorridos en el trayecto, interminable e incierto. Casi una hora de miedo, de recuerdos, de angustia, de ver pasar toda una vida a medida que trascurren los minutos. Con lágrimas en los ojos no han podido ninguno de ellos dejar que la emoción y el sentimiento les acerque por última vez a sus seres queridos.
Francisco Antonio, piensa en su esposa Maria Antonia y a sus tres hijos,( la mayor una niña de 6 años y el menor un varón que no ha cumplido todavía el año de vida), lleva demasiados días sin saber nada de ellos. Recuerda con nostalgia a su padre Antonio y a su madre Emilia. Un nudo en la garganta hace que los sentimientos a flor de piel se conserven muy adentro. El recuerdo … el último recuerdo.
Un fuerte culatazo de un fusil mauser le hace volver de nuevo a la realidad. Empujado y encañonado, es conducido junto a los demás a las tapias exteriores del campo santo, las de la zona sur. Al caminar junto a las mismas, puede observar el reguero de sangre existente en todo el trayecto y que se pierde al final de las mismas. ¡Vamos¡ ¡Vamos¡, de nuevo más empujones.
Al volver la esquina de la tapia frontal, donde la sangre apenas era perceptible, un fuerte escalofrío recorre toda su espina dorsal. La visión es dantesca, desoladora. Los cuerpos de seis hombres yacen sin vida en el suelo junto a las tapias agujereadas por el impacto de las balas. Cuatro camilleros se aferran en colocar los cuerpos sobre improvisadas carretillas, mientras un grupo de unos ocho a diez hombres permanecen sentados en el suelo, alejados y absortos en sus juegos. Beben algún licor, cantan y ríen entre gritos de ¡arriba España¡. Dos hombres, que visten camisas azules, con bordados de colores y boina se prestan al registro y saqueo de las pertenencias de los cuerpos sin vida. Todo les vale, un reloj, una cartera, una sortija … Despojan como aves carroñeras los cuerpos sin vida. Requisan pertenencias que puedan delatar y revelar la identidad de los asesinados. Se afanan en completar un trabajo bien hecho. El verdugo suele cobrar. El asesino pretende ocultar.
Maniatados a una cuerda, los diez hombres son conducidos delante de la tapia, donde momentos antes yacían los cuerpos sin vida. Son alineados sistemáticamente una al lado de otro. Sabedores de su suerte, de su fatal destino, comienzan a despedirse entre ellos.
¡Socialistas¡ ¿No queríais tierras? El grupo de hombres que permanecía sentado, comienza a incorporarse a la orden del que parece tener el mando. Ordena formación e instantes después ¡fuego¡ al que sigue una ráfaga de disparos.
Uno a uno los cuerpos de los diez vecinos de Monturque, caen al suelo. Silencio, lamento, quejidos. Diez disparos más. Esta vez de pistola. Diez tiros de gracia, sobre diez cuerpos sin vida. Es algo más de las ocho de la mañana. El sol ha salido por completo.
El motor, aún caliente de la camioneta, vuelve a ponerse en marcha. Se aleja lentamente a la par que se oyen canciones de guerra, risas y disparos al aire.
Francisco Antonio, es recogido, trasladado y arrojado a una fosa común existente en el interior del cementerio. Una de las tres que para este menester han sido cavadas hace algunos días. Cientos de cuerpos sin vida se apelmazan en su interior. En menos de un mes han llenado la primera de las fosas de más de dos metros de profundidad.
Huele a cuerpo humano, a cal, a miedo, a muerte a injusticia.

El sol abrasa y cae verticalmente sobre las calles desoladas. A pesar de ello, Josefa aviva el paso, sabe muy bien que el camino andado no puede volverse a andar. Es treinta de junio del 2008 y JOSEFA JIMÉNEZ RAMOS ha realizado el mismo trayecto que su padre Francisco Antonio Jiménez García realizó hace 72 años. Ha venido de Monturque a Aguilar de la Frontera. Esta vez ha sido al juzgado. Sus casi ochenta años dificultan su andar, su lento y pesado andar. Bajo el brazo porta unos documentos. En uno de ellos se puede leer:

(…) la que suscribe Josefa Jiménez Ramos, vecina de Monturque (Córdoba) con el debido respeto y consideración expone:
Que con motivo de la pasada guerra civil española, mi difunto padre, Francisco Antonio Jiménez García, fue fusilado el día 20 de agosto de 1936, en el cementerio de Aguilar de la Frontera, pero la defunción del mismo nunca llegó a inscribirse.
Teniendo conocimiento de que alguna de las personas que fusilaron en idénticas circunstancias que mi padre, posteriormente fue inscrita su defunción, es por lo que solicito a Vd., se sirva dar las ordenes oportunas para que se proceda a la inscripción de la muerte del mismo …

No es la primera vez que la familia acude al juzgado a realizar esta petición. Ella lo sabe muy bien. Su madre MARIA ANTONIA RAMOS CAPOTE, viuda de Francisco Antonio Jiménez García, lo hizo por vez primera en 1979 (cuarenta y tres años después de la desaparición de su esposo), con motivo de la recién estrenada Ley de Pensiones de Guerra aprobada en plena transición. A pesar del tiempo …, de todo el tiempo transcurrido incomprensiblemente le fue denegada a pesar del informe favorable de la Audiencia Provincial de Córdoba que instaba en el expediente que fue tramitado a que dicha inscripción se llevase a efecto.
Casi treinta años más tarde su hija vuelve a intentarlo. La viuda no pudo ver cumplido su deseo al fallecer en 1992. Es, ha sido una larga espera.
Lamentablemente este caso no es una excepción. Solo uno del grupo de los diez fusilados de Monturque de ese día, obtuvo la inscripción, fuera de plazo legal, en 1947 (once años más tarde) y después de distintos intentos y suplicas por parte de los familiares, no sin antes haber asistido a la humillación de ver denegada la inscripción otras tantas veces. ¿Puede caber más crueldad?
Vencer el miedo y el temer de presentarse de forma repetida y reiterada ante los funcionarios del Nuevo Estado, solicitando primero la búsqueda y después la inscripción o alguna noticia de un familiar “rojo” denota la valentía y el grado de compromiso, el arrojo y el coraje de estas gentes.
En cualquier caso, nada o casi nada pudieron averiguar con exactitud, pues la historia falsificada envolvió a las víctimas y los hizo desaparecer física y documentalmente de una forma planificada, meditada y calculada. Los crímenes cometidos alejaron las sombras y trajeron el olvido, silenciaron los nombres y sembraron la tierra de ignominia y vergüenza. Desaparecidos, sin poder nombrarlos. Sin poder inscribir su desaparición. Por siempre buscados y queridos. Desaparecidos …

El funcionario de correos, ha entregado hoy tres de septiembre del 2008 a Josefa una carta del Juzgado de Aguilar de la Frontera. Ha sido entregada en mano, por que en mano son entregadas las cosas importantes. Y esta para Josefa, sin duda lo es. Lee y devora con impaciencia, una impaciencia acumulada día tras día, año tras año. Por fin setenta y dos años y cuarenta y tres días después, su promesa de no desistir en el empeño, de recoger el testigo y seguir luchado y denunciando una injusticia demasiado tiempo prolongada llega a su fin y la democracia y el país por el que tanto lucho y defendió su padre a tenido “a bien” inscribir su asesinato en el Registro Civil, no sin antes tener que ofrecer pruebas documentales (72 años después) y testifícales para la comprobación del hecho y haber tenido que contar con el informe favorable del Ministerio Fiscal.
Francisco Antonio Jiménez García, recuperó su nombre, su muerte y dejó de ser un “desaparecido” documental, que no físico, algo que todavía incomprensiblemente no ha ocurrido con ANTONIO EXPOSITO CRUZ, JOSÉ JULIAN FLORES MOLINA, PABLO LÓPEZ LEÓN, CAMILO ENRIQUE ROJAS JIMÉNEZ, SEVERO ROJAS ROJAS, MANUEL SANCHEZ AGUILERA Y MANUEL SANCHEZ OSUNA y varios cientos de personas más que en esta localidad fueron pasadas por las armas en pocos días, republicanos, civiles, cuyos cuerpos sin vida fueron apilados en montones, rociados con gasolina y quemados en el cementerio municipal, obviándose su identificación y su registro y quedando en consecuencia legalmente “desaparecidos”, por que el derecho a la memoria, a su memoria, en este país no ha sido reconocido suficientemente todavía, si no se inscriben sus muertes lo seguirán siendo de forma permanente e indefinida.

Rafael Espino Navarro.
Presidente de AREMEHISA
¡TODAS LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO, EN LOS REGISTROS CIVILES !

Campaña para la modificación de la Ley de Registros Civiles

LOS MUERTOS HAN APRENDIDO A ESPERAR

TRIBUNA: José Antonio Martín Pallín

El País/José Antonio Martín Pallín 20/03/2009

Se ha cumplido el primer aniversario de la Ley de la Memoria Histórica, publicada casi 30 años después de la instauración de la democracia. Un manto de silencio ha caído sobre la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 5 que abrió diligencias penales para judicializar y esclarecer los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El juez Garzón plantea una cuestión clave: “Los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la justicia española por lo que, hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad”.

La Audiencia Nacional (AN), al resolver el Recurso del Fiscal, declara extinguida la responsabilidad penal, por fallecimiento, de los líderes golpistas y admite, dialécticamente, la existencia de delitos de detención ilegal con desa-parición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad, cometidos por personas fallecidas antes del inicio de la causa.

De forma incongruente se declara incompetente para conocer de estos crímenes, inhibiéndose en favor de los juzgados de instrucción, convirtiendo los hechos en delitos comunes. Para evitar malentendidos añade que esta resolución no afecta al “legítimo derecho de las víctimas de la Guerra Civil -todas- y la dictadura del general Franco de recuperar los restos de sus seres queridos dignificarlos y honrar su memoria”. Al mismo tiempo, declara expresamente excluidas de la resolución las cuestiones relativas a la prescripción o a la aplicación de la Ley de Amnistía. Resulta llamativa la afirmación tajante de que el delito de rebelión nunca ha sido competencia de la AN cuando expresamente se la atribuye la Ley Orgánica 4/1988.

Los argumentos del voto particular, manteniendo que nos encontramos ante un delito contra la forma de gobierno, son abrumadores. El propio fiscal acepta esta hipótesis, pero a continuación hace una finta, señalando que, en todo caso, sería competencia del Tribunal Supremo (TS), dada la condición de jefe de Estado y ministros de los imputados. Debe saber el fiscal que la competencia del TS se extiende solamente a los delitos cometidos por los aforados en el ejercicio de sus cargos. No sabíamos que un general golpista es un alto cargo y que además actúa en el ejercicio de sus funciones.

Si la AN conoce de los crímenes de derecho internacional sujetos a jurisdicción universal cometidos fuera del territorio nacional, resulta absurdo que esta competencia se diluya entre los juzgados de instrucción españoles cuando delitos de esta naturaleza se cometan en España. Siempre se ha dicho que el derecho tiene horror al vacío pero mucho más a la irracionalidad. Si la jurisdicción es universal, el territorio español no puede quedar fuera del universo. Es una contradicción en los términos, insalvable y absurda.

La situación actual es paradójica, insostenible e incluso puede devenir en delictiva. La AN se ha desprendido de su competencia y algunos juzgados de instrucción tampoco quieren saber nada de la investigación de hechos que tienen una incuestionable apariencia delictiva. Hace tiempo, EL PAÍS publicó la fotografía de una fosa común repleta de cadáveres con las manos atadas a la espalda y orificios de bala. Evidentemente, nos encontramos ante una muerte violenta o sospechosa de criminalidad que obliga al juez de instrucción a personarse en el lugar de los hechos, describirlo, identificar los cadáveres e incluso preguntar a los testigos que pudieran dar alguna luz sobre el hecho criminal. Esto ha sucedido en Málaga y ningún juzgado ni la fiscalía han solicitado que se abran unas diligencias penales.

Si alguna autoridad judicial o el ministerio fiscal tratan de justificar su escandalosa pasividad refugiándose en el texto de la Ley de la Memoria Histórica demuestra una preocupante ignorancia, al confundir la apertura de fosas con la persecución de delitos. La ley advierte que sus previsiones son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales establecidos en las leyes y en los tratados internacionales sucritos por España.

Los historiadores futuros comprobarán asombrados que hubo una Causa General contra los vencidos y ni un solo procedimiento penal contra los que recibieron el apoyo de Hitler y Mussolini.

Tampoco me parece solución abrir una oficina para facilitar la apertura de fosas como si se tratase de agilizar una licencia administrativa o de autorizar una excavación arqueológica. El Senado, en reciente decisión, ha privatizado la tragedia histórica, negando subvenciones para buscar la verdad.

Ésta es la paradójica situación actual. Miles de cadáveres a la búsqueda de un juez que les ampare. Los muertos están en las cunetas y fosas por crímenes contra sus personas y toda la humanidad. Los muertos saben esperar y conocen la verdad. Es posible que algún juzgado se considere incompetente por estimar que los hechos que está investigando son verdaderos crímenes contra la humanidad y devuelva la causa a la Audiencia Nacional. Habríamos perdido innecesariamente un tiempo que se dilata demasiado para la mayoría de las víctimas.

José Antonio Martín Pallín, magistrado, es comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

El Estado no asumirá las exhumaciones de las fosas franquistas

El pleno del Senado rechaza la toma en consideración de una proposición de ley para modificar tres artículos de la Ley de Memoria Histórica

D. BARCALA / L. CALVO – Madrid – 11/03/2009 14:38

El Gobierno no está dispuesto a organizar y costear de manera directa y rápida la búsqueda e identificación de los restos de las víctimas del franquismo que permanecen en fosas comunes. Tampoco está por la labor de compensar económicamente a las familias republicanas a las que Franco expolió sus ahorros. Los diputados y senadores del PSOE y el PP rechazaron ayer de forma conjunta sendas propuestas en el Congreso y el Senado destinadas a ampliar derechos de víctimas del franquismo.

PSOE, PP y CiU se aliaron en el Senado para rechazar una proposición de ley del senador del grupo mixto, Pere Sampol, que instaba al Ejecutivo a devolver a las víctimas los restos de sus antepasados fusilados, tarea que actualmente desempeñan las asociaciones gracias a los voluntarios.

El senador Sampol, del Bloc per Mallorca i Psm-Verds, apeló a la “compasión” de sus compañeros de cámara para explicar que la exhumación de los restos de los familiares es una tarea “urgente” porque afecta a personas ancianas “que mueren cada día”. “Les he pedido que se pongan en el lugar de un hijo que sabe en qué cuneta está enterrado su padre, pero no sabe a quién acudir para sacarlo de ahí, ni tiene medios para hacerlo”, dijo. Su propuesta recibió sólo 11 votos a favor, por 233 en contra.

“Muchos ancianos no pueden asumir la exhumación”, dice un senador

La senadora del PSOE Susana Sumelzo defendió su rechazo a la propuesta de modificar la Ley de Memoria Histórica por considerar que lo solicitado invade las competencias de las comunidades autónomas e ignora la labor de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, creada el pasado diciembre por el Ministerio de Justicia. Según la senadora, la propuesta de Sampol “hace desaparecer el papel que pudieran desempeñar los descendientes de las víctimas”. Sumelzo argumentó que los ayuntamientos y las autonomías son las que tienen competencias en “sanidad mortuoria” o en “cementerios y servicios funerarios”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) no ocultó su indignación ante los argumentos de los socialistas. “Esa oficina no existe. Que me digan dónde está físicamente, a qué teléfono pueden llamar las familias, qué dinero otorga…”, lamentó el presidente de la ARMH, Emilio Silva.

El PSOE señaló que la oficina ultima un mapa de localización de las fosas y un protocolo de arqueología forense para las exhumaciones. Además, destacaron que el Ministerio de Presidencia ha entregado casi diez millones de euros para “proyectos y actividades relacionados con las víctimas”. La ARMH es una de las beneficiadas por esas subvenciones, que alcanzan los dos millones de euros anuales. Sin embargo, los proyectos que subvencionan van desde exhumaciones a exposiciones culturales.

El PSOE alega que la “sanidad mortuoria” no depende del Estado

El senador Sampol destacó la contradicción del Gobierno al otorgar pequeñas subvenciones para abrir fosas mientras se niega a recogerlo en la Ley de la Memoria Histórica.

“Cuando hablamos de enterrar de manera digna a los familiares sepultados en cunetas para satisfacer el deseo de las víctimas, el dinero es una minucia”, denuncia Silva.

Reparación del expolio
PSOE y PP rechazaron también las reparaciones económicas que CiU propuso en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. El PSOE se apoyó en los conservadores para tumbar una iniciativa que pretendía devolver a miles de ciudadanos el dinero expoliado en época franquista. La prohibición de tener papel moneda “puesto en curso por el enemigo” obligó a muchas familias a depositar sus ahorros en los bancos. A cambio, sólo obtenían recibos que nunca pudieron cobrar. Desde entonces reivindican la devolución de sus bienes, que hoy, una vez actualizadas las cuentas, ascienden a unos 12 millones de euros.

“La oficina de atención a las víctimas no existe”, denuncia Silva

Lo curioso es que, durante la semana, desde el grupo socialista se había transmitido al proponente, el diputado de CiU Jordi Xuclá, la intención de apoyar su petición. El cambio de postura llegó minutos antes de la comisión. El parlamentario catalán defendió la iniciativa consciente de la derrota y no ocultó su indignación. Ante la negativa socialista, CiU había ofrecido al PSOE posponer el pago y limitar el mandato a la creación de un censo oficial de perjudicados. Pero esta sugerencia también fue rechazada.

La indignación catalana creció con los argumentos del PSOE para defender su decisión. El diputado socialista Jesús Quijano alegó que la propuesta podría iniciar una cadena sin fin” de agravios comparativos. Como ejemplo, Quijano recordó que no todos los damnificados guardaron los recibos del dinero que les fue decomisado. También hay afectados a los que no se les incautaron billetes, sino otro tipo de activos, como las acciones al portador.
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“Para las víctimas es frustrante”

Pere Sampol. Senador del Grupo Mixto

12/03/2009 02:01

Planteó la proposición tras el cierre del caso abierto por Garzón. ¿La presentó por su disconformidad?
El auto de la Audiencia Nacional es increíble. Dice que no es urgente abrir las fosas cuando los que serían reparados son gente anciana.

El PSOE alude a la Ley de la Memoria como límite ¿Qué opinión le merece esa ley?
Hay que desarrollarla a través de decretos. Parece que el PSOE ha sacado la ley y ahora quiere lavarse las manos. La aprobaron porque surgió un movimiento social muy fuerte que exigía justicia para las víctimas.

¿Estuvo en contacto con las asociaciones para plantear la proposición?
Yo mismo soy afectado. Mi abuelo era alcalde en un pueblo de Mallorca y lo fusilaron. Tenía cuatro hijas, la mayor de ocho años. Mi madre se las tuvo que arreglar sola. Dos de las fosas que le impidieron abrir a Garzón estaban en Mallorca. Allí las asociaciones son muy activas, pero no se ha abierto ni una zanja. Para las víctimas es muy frustrante no poder hacer nada.

En su defensa ha mencionado el “llanto de los ancianos” para buscar el apoyo del PSOE.
Mi madre y mis tías estaban encantadas con el PSOE por una ley que luego se ha quedado en nada. No se le puede pedir a gente de 80 años que busque a un historiador, a un antropólogo, a un arqueólogo…

El PSOE ha encomendado esa tarea a una oficina creada en diciembre.
Esa oficina no ha hecho nada. Los afectados no saben qué tienen que hacer. El Gobierno pretende reservar el papel de la Administración para un colaborador, como son las asociaciones de voluntarios.

Ningún senador ha querido defender al principio la postura contraria a su propuesta.
Algunos senadores me han dicho, después de votar en contra, que me entendían. Les he comentado que se pongan en el lugar de un familiar que no sabe a quién acudir para recuperar el cuerpo de su padre fusilado. El PSOE sólo trató de salir al paso con la ley que delega en las asociaciones. Y 15 meses después de aprobar la Ley de la Memoria, no ha hecho nada.
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El Senado libra al Gobierno de asumir las exhumaciones

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 12/03/2009

“El tiempo apremia. Cada día que pasa desaparece un descendiente de alguna víctima de la Guerra Civil. A los que siguen con vida debemos devolverles los restos de sus seres queridos para que puedan morir en paz”. El senador Pere Sampol (Bloc per Mallorca) arrancó su presentación de una propuesta de reforma de la Ley de Memoria para que el Estado asuma la exhumación de fosas franquistas, apelando a “la humanidad y la compasión” de sus colegas. Pretendía cambiar la ley, de diciembre de 2007, para que el Gobierno no se limite a “colaborar” con los familiares, sino a atender directamente sus demandas. El Senado tumbó ayer su proposición con 233 votos en contra, 11 a favor y 10 abstenciones.

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO

“¿Qué grado de crueldad hay que tener para negar a los familiares de gente inocente recuperar sus cuerpos?”, insistió Sampol, poco antes de bajar de la tribuna. Cuando parecía que nadie iba a subir a exponer un voto en contra, como es habitual, Sampol subió de nuevo para dirigirse sólo al PSOE: “No pueden dejar este trabajo a medias”. Sería como haber “hurgado en las heridas, hacerlas más profundas”, en lugar de cerrarlas.

“No debe manosearse”
“Las leyes necesitan tiempo”, contestó Isidre Molas, presidente del PSC. “Es muy pronto”. Y añadió: “Hay temas que no están hechos para ser reabiertos a cada momento. No deben manosearse”. La senadora Susana Sumelzo (PSOE) aseguró que la ley estaba “alcanzando sus objetivos” y citó como ejemplo los 9,9 millones que el Ministerio de la Presidencia había concedido en subvenciones a tareas relacionadas con la recuperación de la memoria. Sumelzo llegó a acusar a Sampol de “falta de sensibilidad” con las asociaciones y la labor que llevan a cabo.
Sin embargo, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, afirmó que apenas un 10% de esas subvenciones se han destinado a “recuperar cuerpos de las cunetas” y que, además, este año se han reducido (60.000 euros). “Es responsabilidad del Estado, me entristece la falta de sensibilidad de esas 233 personas”. Las asociaciones han recuperado más de 4.000 cuerpos desde 2000 gracias a arqueólogos, forenses, historiadores y psicólogos que han trabajado gratis.

El PP calificó la propuesta de “irrelevante e innecesaria, al igual que la ley”. Sólo el senador del PNV Joseba Zubia la apoyó con un “sí con mayúsculas” por considerar que la ley es “insuficiente” para lograr los objetivos que dice perseguir.

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D. BARCALA / L. CALVO – Madrid – 11/03/2009 14:38

El Gobierno no está dispuesto a organizar y costear de manera directa y rápida la búsqueda e identificación de los restos de las víctimas del franquismo que permanecen en fosas comunes. Tampoco está por la labor de compensar económicamente a las familias republicanas a las que Franco expolió sus ahorros. Los diputados y senadores del PSOE y el PP rechazaron ayer de forma conjunta sendas propuestas en el Congreso y el Senado destinadas a ampliar derechos de víctimas del franquismo.

PSOE, PP y CiU se aliaron en el Senado para rechazar una proposición de ley del senador del grupo mixto, Pere Sampol, que instaba al Ejecutivo a devolver a las víctimas los restos de sus antepasados fusilados, tarea que actualmente desempeñan las asociaciones gracias a los voluntarios.

El senador Sampol, del Bloc per Mallorca i Psm-Verds, apeló a la “compasión” de sus compañeros de cámara para explicar que la exhumación de los restos de los familiares es una tarea “urgente” porque afecta a personas ancianas “que mueren cada día”. “Les he pedido que se pongan en el lugar de un hijo que sabe en qué cuneta está enterrado su padre, pero no sabe a quién acudir para sacarlo de ahí, ni tiene medios para hacerlo”, dijo. Su propuesta recibió sólo 11 votos a favor, por 233 en contra.

“Muchos ancianos no pueden asumir la exhumación”, dice un senador

La senadora del PSOE Susana Sumelzo defendió su rechazo a la propuesta de modificar la Ley de Memoria Histórica por considerar que lo solicitado invade las competencias de las comunidades autónomas e ignora la labor de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, creada el pasado diciembre por el Ministerio de Justicia. Según la senadora, la propuesta de Sampol “hace desaparecer el papel que pudieran desempeñar los descendientes de las víctimas”. Sumelzo argumentó que los ayuntamientos y las autonomías son las que tienen competencias en “sanidad mortuoria” o en “cementerios y servicios funerarios”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) no ocultó su indignación ante los argumentos de los socialistas. “Esa oficina no existe. Que me digan dónde está físicamente, a qué teléfono pueden llamar las familias, qué dinero otorga…”, lamentó el presidente de la ARMH, Emilio Silva.

El PSOE señaló que la oficina ultima un mapa de localización de las fosas y un protocolo de arqueología forense para las exhumaciones. Además, destacaron que el Ministerio de Presidencia ha entregado casi diez millones de euros para “proyectos y actividades relacionados con las víctimas”. La ARMH es una de las beneficiadas por esas subvenciones, que alcanzan los dos millones de euros anuales. Sin embargo, los proyectos que subvencionan van desde exhumaciones a exposiciones culturales.

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“Cuando hablamos de enterrar de manera digna a los familiares sepultados en cunetas para satisfacer el deseo de las víctimas, el dinero es una minucia”, denuncia Silva.

Reparación del expolio
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Lo curioso es que, durante la semana, desde el grupo socialista se había transmitido al proponente, el diputado de CiU Jordi Xuclá, la intención de apoyar su petición. El cambio de postura llegó minutos antes de la comisión. El parlamentario catalán defendió la iniciativa consciente de la derrota y no ocultó su indignación. Ante la negativa socialista, CiU había ofrecido al PSOE posponer el pago y limitar el mandato a la creación de un censo oficial de perjudicados. Pero esta sugerencia también fue rechazada.

La indignación catalana creció con los argumentos del PSOE para defender su decisión. El diputado socialista Jesús Quijano alegó que la propuesta podría iniciar una cadena sin fin” de agravios comparativos. Como ejemplo, Quijano recordó que no todos los damnificados guardaron los recibos del dinero que les fue decomisado. También hay afectados a los que no se les incautaron billetes, sino otro tipo de activos, como las acciones al portador.
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“Para las víctimas es frustrante”

Pere Sampol. Senador del Grupo Mixto

12/03/2009 02:01

Planteó la proposición tras el cierre del caso abierto por Garzón. ¿La presentó por su disconformidad?
El auto de la Audiencia Nacional es increíble. Dice que no es urgente abrir las fosas cuando los que serían reparados son gente anciana.

El PSOE alude a la Ley de la Memoria como límite ¿Qué opinión le merece esa ley?
Hay que desarrollarla a través de decretos. Parece que el PSOE ha sacado la ley y ahora quiere lavarse las manos. La aprobaron porque surgió un movimiento social muy fuerte que exigía justicia para las víctimas.

¿Estuvo en contacto con las asociaciones para plantear la proposición?
Yo mismo soy afectado. Mi abuelo era alcalde en un pueblo de Mallorca y lo fusilaron. Tenía cuatro hijas, la mayor de ocho años. Mi madre se las tuvo que arreglar sola. Dos de las fosas que le impidieron abrir a Garzón estaban en Mallorca. Allí las asociaciones son muy activas, pero no se ha abierto ni una zanja. Para las víctimas es muy frustrante no poder hacer nada.

En su defensa ha mencionado el “llanto de los ancianos” para buscar el apoyo del PSOE.
Mi madre y mis tías estaban encantadas con el PSOE por una ley que luego se ha quedado en nada. No se le puede pedir a gente de 80 años que busque a un historiador, a un antropólogo, a un arqueólogo…

El PSOE ha encomendado esa tarea a una oficina creada en diciembre.
Esa oficina no ha hecho nada. Los afectados no saben qué tienen que hacer. El Gobierno pretende reservar el papel de la Administración para un colaborador, como son las asociaciones de voluntarios.

Ningún senador ha querido defender al principio la postura contraria a su propuesta.
Algunos senadores me han dicho, después de votar en contra, que me entendían. Les he comentado que se pongan en el lugar de un familiar que no sabe a quién acudir para recuperar el cuerpo de su padre fusilado. El PSOE sólo trató de salir al paso con la ley que delega en las asociaciones. Y 15 meses después de aprobar la Ley de la Memoria, no ha hecho nada.
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“El tiempo apremia. Cada día que pasa desaparece un descendiente de alguna víctima de la Guerra Civil. A los que siguen con vida debemos devolverles los restos de sus seres queridos para que puedan morir en paz”. El senador Pere Sampol (Bloc per Mallorca) arrancó su presentación de una propuesta de reforma de la Ley de Memoria para que el Estado asuma la exhumación de fosas franquistas, apelando a “la humanidad y la compasión” de sus colegas. Pretendía cambiar la ley, de diciembre de 2007, para que el Gobierno no se limite a “colaborar” con los familiares, sino a atender directamente sus demandas. El Senado tumbó ayer su proposición con 233 votos en contra, 11 a favor y 10 abstenciones.

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO

“¿Qué grado de crueldad hay que tener para negar a los familiares de gente inocente recuperar sus cuerpos?”, insistió Sampol, poco antes de bajar de la tribuna. Cuando parecía que nadie iba a subir a exponer un voto en contra, como es habitual, Sampol subió de nuevo para dirigirse sólo al PSOE: “No pueden dejar este trabajo a medias”. Sería como haber “hurgado en las heridas, hacerlas más profundas”, en lugar de cerrarlas.

“No debe manosearse”
“Las leyes necesitan tiempo”, contestó Isidre Molas, presidente del PSC. “Es muy pronto”. Y añadió: “Hay temas que no están hechos para ser reabiertos a cada momento. No deben manosearse”. La senadora Susana Sumelzo (PSOE) aseguró que la ley estaba “alcanzando sus objetivos” y citó como ejemplo los 9,9 millones que el Ministerio de la Presidencia había concedido en subvenciones a tareas relacionadas con la recuperación de la memoria. Sumelzo llegó a acusar a Sampol de “falta de sensibilidad” con las asociaciones y la labor que llevan a cabo.
Sin embargo, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, afirmó que apenas un 10% de esas subvenciones se han destinado a “recuperar cuerpos de las cunetas” y que, además, este año se han reducido (60.000 euros). “Es responsabilidad del Estado, me entristece la falta de sensibilidad de esas 233 personas”. Las asociaciones han recuperado más de 4.000 cuerpos desde 2000 gracias a arqueólogos, forenses, historiadores y psicólogos que han trabajado gratis.

El PP calificó la propuesta de “irrelevante e innecesaria, al igual que la ley”. Sólo el senador del PNV Joseba Zubia la apoyó con un “sí con mayúsculas” por considerar que la ley es “insuficiente” para lograr los objetivos que dice perseguir.

SENADO DEBATIRá QUE EL ESTADO ASUMA LAS EXHUMACIONES DE LA GUERRA CIVIL
Senado debatirá que el Estado asuma las exhumaciones de la Guerra Civil

EFE – 08/03/2009 12 : 30

Madrid, 8 mar (EFE).- El pleno del Senado debatirá esta semana la toma en consideración de una proposición de ley de modificación de la Ley de Memoria Histórica, presentada por el Grupo Mixto, para que sea el Estado quien indague sobre el paradero de las víctimas y asuma las exhumaciones de las fosas.

La proposición de ley la defenderá ante el pleno el senador del PSM-Entesa Pere Sampol, quien argumenta en su petición que “evidente que las administraciones públicas no pueden reducir su papel” en las exhumaciones “a meros colaboradores con los particulares para la localización e identificación de las víctimas”.

“Si el Estado fue responsable de los crímenes, corresponde al Estado su reparación, en la medida que esta sea posible”, añade la proposición de ley que modifica tres artículos de la Ley de Memoria Histórica (11,12 y 13).

En su argumentación, afirma que no se ha dotado a los familiares de las víctimas de instrumentos legales eficaces para hacer realidad “su principal anhelo”: encontrar sus restos y “darles una sepultura digna”.

“De todas las expectativas generadas” por la Ley de Memoria Histórica -añade la proposición- “ésta era la más significativa, la más deseada, la más digna de justicia y compasión”.

Explica además que la complejidad de la localización de las fosas comunes, la identificación de los restos y su posible exhumación, hace imposible su realización a cargo de los familiares, por lo que considera que las instituciones del Estado deben responsabilizarse y facilitar esta labor.

La proposición plantea cambiar la Ley para que el Gobierno elabore en el plazo de tres meses un “plan de trabajo, indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior”.

También estipula que el Ejecutivo ha de hacer, en el mismo plazo y en colaboración con todas las administraciones públicas, un “protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure, bajo su dirección, la colaboración institucional en la práctica de las exhumaciones”.

Otra modificación obligaría al Gobierno a emprender “las tareas de prospección encaminadas a la localización de los restos de las víctimas” de acuerdo con la normativa de patrimonio histórico y el protocolo de actuación previamente aprobado.

Esta prospección se deberá realizar en un plazo de seis meses, añade la proposición.

El Ejecutivo tendrá además que establecer “el procedimiento y las condiciones” para que los descendientes de las víctimas puedan recuperar los restos y, una vez identificados, sean trasladados a otro lugar.

Por último, el texto indica que en el caso de que los restos se encontraran en terrenos de titularidad privada, las administraciones competentes autorizarán la ocupación temporal de la zona, mientras que la ley actual estipula que se debe pedir permiso a los propietarios de los terrenos. EFE ra/pz