A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO

                             

                         A Dios rogando y con el mazo dando.

Por Antonio Gutiérrez Dorado.

 

A Dios rogando y con el mazo dando es lo que hemos padecido desde la muerte del Caudillo hasta hoy que, por fin parece, hay luz verde del Ayuntamiento de Córdoba para la exhumación de la fosa del cementerio de la Salud, donde se encuentran inhumados los cuerpos de Antonio Acuña, Antonio Bujalance, Bautista Garcés, Joaquín García- Hidalgo y mi abuelo Luis Dorado, todos ellos diputados de la Republica, a los que desgraciadamente el destino los junto, en el cuartel de artillería de san Rafael de Córdoba, en espera de la Bestia criminal y guerrera que la madrugada del 18 de Julio del 36 despertó con furia y saña asesina en nuestra tierra Andaluza hasta alcanzar toda la tierra española ahogándola en sangre inocente del pueblo que, con su sola fuerza, intento resistirse.

 

Setenta y dos años después de este crimen impune ,me dispongo a exhumar la fosa e identificar el cadáver de mi abuelo. De hecho hasta la muerte del General Franco vivíamos en estado de Guerra y en la Transición se  proclamo una Amnistía y otras leyes compensatorias que en cierta medida estaban destinadas a rehabilitar y compensar a las victimas republicanas y a sus familiares pero en la mejor tradición española las Leyes se respetan pero no se cumplen .

 

Tengo viva en mi memoria, el día  que recibí la partida de defunción de mi abuelo que el registro civil de Córdoba expedía a petición mía en 1978, mi estupor al observar en el recuadro de anotación: Varón Desconocido; también cuando, me presente en el registro civil de Antequera en 1993, con la sentencia del juzgado de instrucción nº 11 de Málaga, ordenando se anotara en la partida de nacimiento de mi Abuelo la nota de declaración voluntaria de fallecimiento que el juez acaba de promulgar, la negativa de la funcionaria que me atendió a cumplir la ordenes del Juez.

 

En ese año culminaban todos mis esfuerzos por el reconocimiento de la viudedad de mi abuela a los que el Estado español me obligo sin atender nuestros requerimientos de que se nos aplicara la ley de Amnistía y la de 1979 destinada a compensación médico–farmacéutica para las viudas y huérfanos.

 

Pensar en exhumar por esas fechas tempranas de la transición era una locura pues el miedo todavía paralizaba a los familiares de las victimas y ellas mismas eran victimas de la represión brutal del fallecido genocida y sus secuaces que intentaban un apaño para continuar en el mando. Una vez que se declaro fallecido a mi Abuelo sentimos como un mazo las intenciones del Estado de cerrar cualquier intento de verdad, recuperación y reparación. Mi amada y admirada Abuela, que tanta ignominia y sufrimiento sufrió, me tranquilizo diciéndome: “no sufras por esta nueva humillación, Felipe González esta atado y no puede hacer otra cosa”. En 1996 murió mi abuela a la edad de 97 años sin poder alcanzar justicia.

 

Pero la fuerza que radica en la dignidad de las personas es contagiosa: la lealtad, la entrega, la fidelidad y el sacrificio a la memoria de su esposo, arrebatado y vilmente asesinado, prendieron en mi para recoger el testigo y darle la satisfacción de realizar lo que hace unas décadas no pudimos hacer; este esfuerzo y persistencia que he realizado son para ella y mi madre, su única hija viva,  y el resto de la familia en la diáspora del exilio.

 

Llegar a alcanzar lo logrado no ha sido fácil, tengo que agradecerle a muchas personas su apoyo e inestimable ayuda. A la CGT, a los investigadores que desinteresadamente me han aportado las informaciones pertinentes para que al día de hoy tenga presentada mi Madre denuncia documentada sobre estos hechos en el juzgado nº5 de la AN cuyo titular es el juez Baltasar Garzón.

 

Al Ayuntamiento de Córdoba que en todo momento me ofreció su colaboración pero que a la hora de la Verdad, cuando he recibido la subvención para la prospección, exhumación e identificación de mi abuelo, otorgada por el Ministerio de la Presidencia, parece que le ha entrado el pánico escénico y a puesto objeciones  para autorizar la exhumación hasta que por fin parece que la Señora Alcaldesa Rosa Aguilar se decide no sólo a respetar la ley de la Memoria sino también a cumplirla.

 

Ahora sólo nos queda que el señor juez Baltasar Garzón admita a trámite nuestra denuncia para esclareces estos hechos y alcanzar justicia y que el Congreso de los Diputados se reivindique así mismo en la memoria de sus mártires.

 

MICROBIOGRAFIA DE JUAN SAG TRIPIANA

                  Juan Sag Tripiana , nació en San Sebastián de los Ballesteros, en la provincia de Córdoba, el día uno de Enero del año 1901, hijo de José Sag y de Francisca Tripiana, en esta localidad de la campiña cordobesa José paso su niñez y adolescencia.

 

            De profesión jornalero del campo desde muy temprana edad  José aprendió a leer y escribir , algo inusual en la época, pues el analfabetismo alcanzaba el 80 por ciento de la población campesina, que no sabia leer ni escribir. Esta afición se convirtió rápidamente en verdadera pasión por la lectura y el aprendizaje, sintiéndose especialmente atraído por el estudio.

 

            Incorporado al servicio militar el día 30 de Enero de 1923, fue destinado al 4º Regimiento de Artilleria ligera, donde permaneció hasta  su licencia.

 

            Tras esta contrajo matrimonio el día uno de noviembre de 1926, con Maria Nicasia Ortega Pavón, del cual nacieron cuatro hijos llamados Francisca, Maria, Concepción y José.

             Los  años de  juventud, sin  ningún lugar a dudas se vieron marcados por los vientos de agitaciones, reformas y revolución campesina en el que se vio envuelto el proletariado rural.

 

               Este tiempo convulso teñido de años marcados por  las calamidades, la explotación, la injusticia social y el hambre, unidos  a los salarios de miseria, marcan su carácter y personalidad, y lo llevaran a ingresar en el Partido Republicano Federal.

 

                Junto a esta militancia, Juan compagina su cargo de empleado municipal en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros actuando algunas ocasiones como recaudador municipal de arbitrios y como tallador en el reclutamiento de los mozos de reemplazo.

 

                También regentaba la taberna de la casa del Pueblo o centro Obrero de San Sebastián, un lugar donde se daban cita simpatizantes de los partidos de izquierda y del movimiento obrero tan transcendentales e importantes durante los años de vida de la II Republica.  

 

                Tras los acontecimientos ocurridos con el golpe de estado del 18 de julio de 1936 la guardia civil de San Sebastián de los Ballesteros, proclamó el bando de guerra, el día 19 de julio de 1936, tras recibir la orden desde Córdoba Capital.

 

                La noche del día 18 de julio se sucedieron algunos sucesos violentos en la localidad. Tras la proclamación del bando de guerra, la guardia civil, recibió orden de concentrarse en la localidad próxima de La Rambla, para recibir instrucciones ( algo muy común en esos primeros días, las concentraciones en otros pueblos, desde donde partían todos juntos para tomar los que no se habían sometido aún). Al marchar a la concentración de la Rambla, dejaron al cuidado de la casa cuartel de la guardia civil, a si como de sus familias que vivían en ella, a un persona del pueblo, falangista y de profesión era chofer, se llamaba Juan José Camer Cuesta.

 

               Esa misma noche, un grupo de campesinos ( unos cincuenta) indignados por la proclamación del bando de guerra y por el devenir de los acontecimientos, asaltaron la casa cuartel, sacando al falangista a la calle, donde lo mataron a tiros y a puñaladas. Juan José Camer, que disponía de una pistola, hizo varios disparos que mataron a dos o tres campesinos e hirió a otros dos.

 

                Cuando la guardia civil de San Sebastián regresó de la concentración, comenzó la represión de todos los campesinos, dirigentes obreros, dirigentes políticos y funcionarios municipales, que habían tenido algo que ver en los acontecimientos ocurridos o que simplemente estaban en defensa del régimen republicano.

 

                La gran mayoría de la población masculina de dispersó de forma general, huyendo a través de los campos a esconderse en casillas, cortijos, etc., o simplemente a dirigirse a poblaciones que aún no habían sido tomadas por los golpistas , Puente Genil, Espejo, Bujalance, Castro del Río, etc…

               Los que fueron detenidos en la huida fueron inmediatamente ejecutados.

 

                Juan, sin haber tomado parte alguna en los acontecimientos descritos, no temió por su suerte, pues nada tenia que temer. Fue detenido en  su casa, por la Guardia Civil, ante el asombro y el miedo de su esposa e hijos, que no podían dar crédito a lo que estaba sucediendo.

 

               Detenido y posteriormente encarcelado en los calabozos de San Sebastián de los Ballesteros, donde permaneció hasta el día catorce de septiembre de mil novecientos treinta y seis.

 

                Durante todo este tiempo, casi dos meses de prisión, José sufrió continuamente malos tratos,  vejaciones y palizas.

 

                 “… perdió gran cantidad de peso, y llego incluso a orinar sangre, debido a las palizas que soportó. Durante algún tiempo lo pudieron ver salir de los calabozos esposado, en dirección al ayuntamiento de San Sebastián. Lo llevaban allí según nos pudo manifestar en una de esas salidas para “ajustar cuentas”.

 

                  Sus verdugos, se sirvieron de sus servicios hasta que aclaró los datos económicos municipales, que por su posición  de cobrador de arbitrios tenia encomendados. Cuando hubo realizado este trabajo decidieron “deshacerse de él”.

 

                    Un día antes de ya no tener noticias suyas, ni saber de su posterior paradero, llegó a decirle a su esposa María Ortega, que intercediera por él ante el nuevo alcalde nombrado por el “Movimiento” en la localidad, para intentar que lo dejarán en libertad.

 

                      El nuevo alcalde en cuestión, ante las suplicas de su esposa, que llegó a entrevistarse con el, y haciendo uso de una crueldad extrema, le manifestó, su acuerdo de que Juan saliese de la cárcel …

 

                     “… pero no para ser libre, se lo llevaran próximamente en un camión, pero para matarlo”.   

 

                       El día catorce de septiembre, María y su madre Francisca, acudieron, como cada día lo hacían durante los dos meses anteriores a verlo a los calabozos y llevarle la comida, y efectivamente se lo habían llevado, ya no se encontraba allí.

 

                       Desde ese día, hasta el día de su asesinato transcurren ocho días, en los cuales presumiblemente José permaneció en la prisión de la localidad vecina de La Rambla, a donde fue llevado para asesinarle.

 

                         Juan Sag Tripiana, fue trasladado a los calabozos de La Rambla, junto a Alfonso Arroyo Fernández, alcalde de San Sebastián de los Ballesteros y a Domingo Verdú García, secretario de ese Ayuntamiento.

 

                            Alfonso Arroyo de 38 años, fue nuevamente,  trasladado a la localidad de Fernán Nuñez, donde lo asesinaron.

 

                            A Juan y a Domingo Verdú, los asesinaron en las dependencias policiales de la localidad de La Rambla, en el anonimato de las frías paredes que fueron testigos mudos de sus últimos días.

 

                              Posteriormente, sus cuerpos sin vida fueron trasladados, según confirmaron los sepultureros en aquellos días al antigua cementerio local, donde los ocultaron  a ambos juntos en una de las fosas comunes practicadas durante esos días para ocultar los cuerpos de las personas asesinadas vilmente.

 

                              Su muerte como otras tantas, se inscribió fuera de plazo legal. La fecha de la misma data del día treinta de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro. “… a consecuencia de haberle sido aplicado el bando de guerra”.

 

                               No contentas las nuevas autoridades del Régimen con haberle quitado la vida, y dejar viuda y cuatro hijos.  Amparandose en la Ley de Responsabilidades políticas de la época intentaron en el año mil novecientos cuarenta y cinco, expropiarle su casa…

 

                                  “… Vista la certificación que antecede y de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Estatuto de Recaudación, requiérase en forma a D. Juan Sag Tripiana, fiador de Alfonso Arroyo Fernandez para que en el plazo de cuarenta y ocho horas haga efectivo en las arcas del Pósito Local, el descubierto que al margen se detalle, apercibiéndole de que, en caso contrario, se procederá al embardo y venta de sus bienes hasta la completa realización de aquél”.

 

                                Su viuda fue multada en aquella época con la cantidad de dos mil nueve pesetas con treinta y un centimos.

 

                               Juan Sag Tripiana, fue asesinado, sin juicio legal, sin causa ni sentencia. Su vida  constituyó un ejemplo de honestidad y fidelidad a una causa y unas ideas. Durante toda su vida mantuvo un firme compromiso trabajando por la mejora económica y social de las clases más desfavorecidas, reivindicando para ellos la igualdad y la libertad.

 

                                  Con su asesinato desapareció una persona insustituible, un compañero excepcional, un hombre integro en sus ideales, que murió y vivió, luchando por crear un mundo más libre y mas justo.

 

 

    Autor: Rafael Espino Navarro.-

72 AÑOS DE DOLOR Y LUTO

 

 

 

 

 

 

 

72 AÑOS DE DOLOR Y LUTO

 

 

“ Todo “desaparecido” proporciona, caso de ser hallado sus restos (la inmensa mayoría fueron asesinados), la resolución criminal de su caso: quién le mató, cómo, cuándo. Las cuencas vacías de sus ojos parecen contener la mirada postrera en la que quedó impresionada la imagen de su matador o matadores. Sus bocas descarnadas no pueden ya acusar, pero acusan, a poco que se emplee para ello la investigación histórica y la ciencia. Su sola y larga existencia de desaparecido, de despojo sin nombre que aparece de súbito, abole de raíz las falsificaciones que sobre el origen, el curso y el después de la guerra proclamaron insistentemente los vencedores para justificar el horror de lo que provocaron, de lo que hicieron y cómo lo hicieron”.

Rafael Torres (Desaparecidos)

 

 

El enorme rompecabezas en que se convirtió la población cordobesa de Aguilar de la Frontera tras los acontecimientos ocurridos a raíz del golpe de estado perpetrado contra el gobierno constitucional de la II República, estalló en mil pedazos a partir del día 18 de julio de mil novecientos treinta y seis.

 

Una porción demasiado grande de la población de este pueblo desapareció sin dejar rastro al comenzar una guerra cruel y devastadora, que comenzó la represión ese mismo día dejando un reguero de dolor y sangre tras la publicación de los bandos del 17 y 18 de julio, que declaraban el estado de guerra y asumiendo todos los poderes la autoridad militar e incitando en los mismos a que comenzaran las matanzas indiscriminadas de las primeras semanas, los primeros meses.

 

Esta represión no se detuvo en las personas, alcanzó también a todas las organizaciones, partidos políticos y agrupaciones obreras que hubieran formado parte del Frente Popular.

 

Queipo de Llano decía en la radio “… el ochenta por ciento de las familias andaluzas están de luto y no vacilaremos en recurrir a medidas más rigurosas”.

 

El Movimiento, desde su comienzo preveía una durísima represión, la máxima violencia, para la consecución de sus fines, la destrucción del orden vigente y la apropiación del Estado.

 

En esta ciudad, de poco más de trece mil habitantes, sin frente de guerra, sin resistencia, sin conflictos armados contra las fuerzas del “nuevo orden”, se desató una escalofriante carnicería. Fueron pasados por las armas en pocos días casi doscientos civiles. Tal fue la masacre, que se fusilaron a 174 personas en apenas dos meses.

 

Los cuerpos de las víctimas, apilados en montones, fueron rociados con gasolina y quemados en el cementerio municipal, para hacer imposible su identificación y olvidar el registro de su asesinato y quedar “desaparecidas” legalmente para siempre.

 

“…

yo estaba con mi abuelo y sentí, todo el tiroteo, yo me crei, ya te he dicho,… había muchos muertos, y los estaban fusilando … . Luego nos enteramos que los estaban matando, y luego les echaron gasolina, se formo una humareda negra que llegaba … a mi , una humareda …”

 

Los asesinatos arbitrarios y los fusilamientos, sin sujeción a ningún tipo de proceso judicial, generaría en los meses siguientes muchos más desaparecidos.

 

“

 

… los traían al cementerio, los vimos como llegaban muertos en el camión y meterlos, tirarlos a las fosas …”

 

Este torbellino de locura atrapó en sus fauces a decenas de personas, en los tajos de trabajo, en sus casas, en los centros obreros, en el ayuntamiento, en los campos … y dejó a su paso destrucción y muerte.

 

“El adversario”, quedó exterminado, y sus muertes jamás se registraron, ni en los juzgados, ni en los cementerios. Sus cuerpos fueron ocultados, para ocultar la complicidad de sus asesinos, sin letreros, sin cruces, sobre la tierra que sepultó sus vidas.

 

“

 

al oír los disparos, el hijo menor, Francisco (de tan solo 18 años) acudió en ayuda de su familia, pero fue reducido, detenido y subido a un camión junto a otros hombres y mujeres, que corrieron su misma suerte. Nunca más nadie volvería a verlos con vida. Francisco, gritaba a su madre, mientras el camión se alejaba… Los cuerpos permanecieron varios días en el exterior de la casa, fueron arrojados junto a la corraleta de los cerdos, para que sirvieran de escarmiento a todo el que pudiera verlos. Así lo dejaban bien claro y todos sabían lo que les esperaba si no estaban con el nuevo régimen que surgiría del golpe de estado a la república. Nadie supo, jamás donde fueron escondidos sus cuerpos. Nadie, se ocupó de registrar nunca sus asesinatos. Hoy todos ellos aún siguen vivos a efectos oficiales. Ninguna partida de defunción pone fin a sus vidas legalmente.”

 

Nunca, podremos saber con exactitud el alcance de los asesinatos cometidos. Su cuantificación, su cómputo. Su número quedó también oculto y sellado en las fosas comunes donde fueron arrojados.

 

“Desaparecidos”.

 

Hoy, transcurridos más de setenta y dos años de aquellos acontecimientos, aún a nuestro pesar, para vergüenza de toda la sociedad española, aun siguen siguiendo “desaparecidos”.

 

Familias enteras, masacradas …

 

“

 

Al buscar a Rafael y no encontrarlo, las represalias se dirigieron a su familia. Tras el registro de la huerta sin encontrar a Rafael, volvieron al molino. Preguntada la familia por el paradero del hijo, y no obteniendo respuesta alguna, ordenaron a Carmela que se pusiera el delantal en la cara, cubriéndose, para no ver lo que estaba a punto de suceder. Carmela se negó rotundamente y pudo contemplar como mataban allí mismo al padre de Rafael (su suegro) de un tiro en la cabeza. Después le tocó el turno a ella.”

 

…

hicieron que ese recuerdo terrorífico permaneciera grabado en la memoria de los familiares de por vida.

 

“ …

 

ella sabe muy bien que tras aquella amenaza imborrable unida al recuerdo de todo lo que se ha visto en la vida, hace que el recuerdo permanezca vivo en la memoria y que todo lo que hacemos en la vida se convierta en un puro acto reflejo de supervivencia. Sin embargo a media que el tiempo trascurre, con el devenir de los años esos recuerdos reaparecen volviéndose perturbadores y angustiosos, compañeros fieles, como un tormento obsesivo de la tremenda y marcadora visión de la que nuestros ojos fueron testigos, para poder dominar nuestra conciencia sin poder jamás dejar caer en el olvido el testimonio de unos hechos que marcaron para siempre nuestra vida. Manuela ha visto mucho sufrimiento a su alrededor, en su familia, en sus amigos, en las gentes de su pueblo, toda su vida. Por eso no comprende que hoy por hoy haya que llevar el luto y el dolor todavía a escondidas y de forma clandestina. El tiempo de silencio ha terminado. Y para combatir el olvido y el silencio no hay mejor forma que comenzar a hablar.”

 

 

Comenzar a hablar, para que se conozcan los hechos, para que todos sepamos que de forma sistemática y fríamente calculada y planificada, en esta localidad se asesinaron a cientos de personas de edades comprendidas entre los 17 y los 72 años. Que la represión desatada dejó huérfanos de padre a mas de 700 niños pequeños. Que de forma indiscriminada al no encontrar a los hombres se asesinaron también a 5 mujeres ….

 

Por que los familiares tienen todo el derecho a conocer lo que le sucedió a los “desaparecidos“, a saber donde se encuentran sus cuerpos. Por que aún a regañadientes algunos todavía no han reconocido y aceptado por completo la muerte de sus seres queridos “desaparecidos”. Por que ninguno ha olvidado todavía el intenso olor a muerte desatado, las penas, las angustias, el dolor padecido y todo lo demás.

 

“ … más que juzgar a los responsables, lo que deseamos de veras es que al menos se reconozca lo que ocurrió y que todo el mundo sepa quienes fueron los que causaron esta masacre …”

 

“ … no se puede consentir, que para la juventud y mucha más gente, la versión oficial, sea la de que “aquí no pasó nada” .

 

 

 

De justicia, sin olvido, sin perdón, pero sin revancha. Sin sentimiento de odio.

De devolver la dignidad y la reparación moral a las víctimas, desaparecidos y asesinados por defender los valores democráticos y reconocer el derecho de los familiares y herederos a recuperar sus restos, su nombre y dignidad, exhumando las fosas comunes que contienen el dolor y el luto acumulado durante demasiados años.

 

“… pasaba largas temporadas en nuestra casa. Nos hacíamos mutua compañía. Era pequeña y de un moreno … adquirido por el sol y el trabajo duro en el campo, totalmente arrugadita y muy delgada; parecía que no había nada debajo de su bata, de lo delgada que era. Lo que debió de sufrir la pobre, con el recuerdo del espanto y el dolor de perder a sus seres queridos … y esos gritos de su hijo pequeño llamándola y no pudiendo ella hacer nada. En nuestra casa se decía: “Manolita, ha sufrido tanto, la pobre.” 

 

Rafael Espino Navarro.-

 

 

 

 

Garzón recibe más de 140.000 denuncias sobre desaparecidos

Garzón recibe más de 140.000

denuncias sobre desaparecidos en la

Guerra Civil y el franquismo

 

La lista presentada al juez incluye 3.338 desaparecidos en Catalunya

22/9/2008 | 

Madrid. (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recibido una lista con los nombres de 143.353 desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura, entregada por la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, que presentó denuncias en su juzgado por estos hechos.

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Así lo han anunciado representantes de la plataforma -integrada por once asociaciones de familiares de desaparecidos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y particulares-, en una rueda de prensa en la que su secretaria, Paqui Maqueda, ha advertido de que «faltan tantos que no nos atrevemos a dar una cifra exacta».

Según la plataforma, los desaparecidos durante la guerra y la posterior dictadura franquista ascienden a 42.131 en Andalucía, 14.660 en Castilla-León, 8.851 en Castilla-La Mancha, 3.424 en Madrid, 6.000 en Asturias, 29.034 en la Comunidad Valenciana, mil en Murcia, 9.538 en Aragón y 7.000 en Galicia. Además, la lista incluye 2.535 desaparecidos en Cantabria, 1.900 en el País Vasco, 3.920 en Navarra, 2.070 en La Rioja, 2.211 en las Islas Canarias, 768 en Ceuta y Melilla, 1.486 en las Islas Baleares, 3.338 en Catalunya y 9.486 en Extremadura, lo que suma un total de 143.353 casos documentados. En el listado también figuran los nombres de asesinados o desaparecidos fuera de España.

La presidenta del Forum per la Memoria del País Valenciá, Empar Salvador, ha insistido en que la cifra es «orientativa» y ha subrayado que «no hay que perder de vista que cada uno de esos números era una persona, con todo su entorno familiar».

Cecilio Gordillo, de la CGT, ha destacado que Garzón es «el único ciudadano de este país que ahora tiene un listado de desaparecidos, a pesar de que la mayoría de la documentación ha salido de las tripas del Estado, de todo tipo de archivos». No obstante, Gordillo ha asegurado que «hay muchas otras investigaciones realizadas a las que no se ha podido tener acceso» a pesar de que «muchas de ellas han sido financiadas con dinero público».

«Cuando el juez Garzón decidió dirigirse solamente a cinco ayuntamientos, la inmensa mayoría del resto de las corporaciones evadieron la responsabilidad de suministrar esos datos», ha aseverado el representante de la CGT.

Gordillo ha citado el caso de Andalucía, que «lleva financiando proyectos de investigación relacionados con esto desde 2003» y que «no ha aportado ni un solo dato producto de esas investigaciones, la mayoría de ellas incluso publicadas».

Al margen de los requeridos por el juez, «que sepamos, sólo Galicia y Cataluña han entregado documentación», ha afirmado Gordillo, que ha advertido de que, «al no haber hecho el Estado su asignatura, habrá muchos nombres que estén duplicados e incluso triplicados» en la lista, «al ser originarios de una comunidad y víctima en otra».

El representante de la CGT ha reconocido su preocupación por este fenómeno, que «puede dar pólvora a algunos, que pueden empezar a argumentar que estamos inflando las cifras».

Maqueda ha explicado que con la entrega del listado -que se produce tras las denuncias presentadas en diciembre de 2006 y en julio de 2007 y que aún no han sido admitidas a trámite por Garzón- se pretende «reparar el nombre y la vida de las personas, con todos los medios legales». «No es el primer objetivo de nuestras asociaciones que se siente en el banquillo a los verdugos que aún viven», ha declarado Maqueda, que no obstante ha añadido: «Si debe haber consecuencias penales, bienvenidas sean».

También ha opinado que el «retraso» del Gobierno en la elaboración de un mapa de fosas, tal y como exige la Ley de Memoria Histórica, se debe a «una ausencia total de voluntad política», para apostillar: «El trabajo lo estamos haciendo familiares y asociaciones». Además, Maqueda ha destacado «el rechazo del 95 por ciento de las asociaciones» a la citada ley, ha criticado la falta de colaboración de los ayuntamientos «independientemente de su signo político», ha solicitado la creación de oficinas de información en las corporaciones locales, y ha subrayado la dificultad de aportar datos sobre los desaparecidos que no fueron inscritos en ningún registro.

La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo está integrada por las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Aragón, Cataluña, Mallorca, Valladolid, Sierra de Gredos y Toledo, Arucas, Ponteareas, Aguilar de la Frontera, Navarra y Valencia, además de la CGT.

AREMEHISA DENUNCIA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL LAS DESAPARICIONES FORZADAS OCURRIDAS EN AGUILAR DE LA FRONTERA

                                    

                                 AREMEHISA

 

(Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba), ha llevado a la Audiencia Nacional los casos de 174 personas desaparecidas en esta localidad cordobesa durante la Guerra Civil y la posguerra. También ha facilitado un listado con 4889 personas desaparecidas en Córdoba capital y provincia durante los años 1936 a 1939.

De igual forma ha presentado también escritos de denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz, el Defensor del Pueblo Español, el Defensor del Pueblo Europeo , el Parlamento Europeo y ante los organismos Internacionales de Desaparecidos de las Naciones Unidas.
Con este paso, AREMEHISA, pretenden que las personas que murieron durante el conflicto español sean equiparadas a víctimas de conflictos internacionales y de este modo hacer participe a las citadas instituciones en la búsqueda y entrega de los restos a los familiares para que por fin puedan exhumarlos y darles digna sepultura.

Si la reclamaciones interpuestas se admiten a tramite y se resuelven favorablemente, se deberán adoptar las medidas encaminadas a solucionar el problema de las personas desaparecidas en España como consecuencia de las represalias políticas ocurridas con motivo del golpe de estado de julio de 1936.

AREMEHISA comparte plenamente la alegría y el optimismo ante la iniciativa tomada por el Juez Baltasar Garzón pero hace un llamamiento a la cautela y la prudencia .

Alegría y optimismo lógico por que esta media significa sin duda alguna se da un paso muy importante en el reconocimiento y aplicación del derecho internacional de no prescripción de los crímenes y asesinatos cometidos durante la guerra civil y la posguerra, así como del trabajo y sacrificio de tantas y tantas familias de desaparecidos, víctimas y entidades que han trabajado y seguirán sin duda alguna trabajando por la Verdad, la Justicia y la Reparación.

Y cautela y prudencia por que aunque este movimiento sea calificado desde nuestro punto de vista de muy importante, este paso aún no significa que las denuncias se hayan admitido a trámite.

Denuncia que AREMEHISA ha presentado para poder conocer por fin de una vez por todas el paradero de todos nuestros familiares “desaparecidos”, solicitando en las mismas la responsabilidad que el Estado español tiene en aclarar lo sucedido con ellos, localizar sus restos, proceder a su exhumación e identificación e informar a los familiares del paradero de miles de victimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo.

En este sentido AREMEHISA cree que la medida del juez Garzón supone, de un lado, el reconocimiento al sacrificio y trabajo de familiares y entidades memorialistas en pos de la Verdad, la Justicia y la Reparación y de otro lado supone la descalificación democrática del «modelo de impunidad español» que fue la pieza fundamental de la «transición» española.

Los posicionamientos, pronunciamientos y opiniones de instituciones de la derecha , solo tratan, precisamente, de salvaguardar la «transición “ y ese modelo de impunidad ya caduco y obsoleto.

El estado tiene que asumir de una vez por todas la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas. Es un deber que no puede delegar en los particulares ni en los familiares de los desaparecidos, como se viene haciendo hasta ahora en toda España.

AREMEHISA no pretende reabrir las heridas del pasado, sino muy al contrario, cerrarlas, recomponer historias familiares y personales rotas en el tiempo y en el contexto del enorme rompecabezas en el cual se convirtió España a partir del 18 de julio del año 1936

Creemos que los hechos que se investigan son constitutivos de delitos , de conformidad con el Derecho internacional y el código penal vigente en su momento, y que estos crímenes y asesinatos se cometieron de forma masiva, sistemática y fríamente calculada y planificada.

 

 

 

La reciente Ley de Memoria Histórica de diciembre del 2007, ignoraba a decenas de miles de victimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, en la ley de Memoria Histórica, ni se les nombraba, ni se aborda siquiera la responsabilidad que el Estado tiene con estas victimas, en relación a su búsqueda, exhumación e identificación.

Concluir manifestando que esta actuación en solo un pequeño paso en el proceso iniciado. Pero en cualquier caso podemos ya calificar esta iniciativa como un hecho insólito además de histórico para el movimiento en defensa de la memoria en nuestro país.

 

 

 

ESPAÑA TIENE LA OBLIGACIÓN DE INDAGAR EN EL PASADO

El juez Baltasar Garzón quiere que se establezca un registro de las víctimas del franquismo. Esta iniciativa no va a tener mucho éxito, opina el historiador Walther L. Bernecker.

El ex catedrático de la Universidad de Berna considera que es la obligación del Estado español fomentar el trabajo de rememoración del pasado franquista. Entrevista.

Bernecker es un experto de la Historia Contemporánea de España y un conocedor erudito de la época franquista y de la Transición a la democracia. Publicó numerosas contribuciones periódicas y monográficas sobre el tema.

swissinfo: El 1 de septiembre, el juez Baltasar Garzón decretó que se estableciera un registro de las víctimas del régimen franquista. ¿Qué opina de esta iniciativa?

Walther L. Bernecker: La iniciativa no va a tener probablemente demasiado éxito. Lo que Garzón quiere es un censo de todas las víctimas del franquismo, y se refiere por supuesto a las víctimas que todavía están esparcidas por todo el suelo español, sin que se conozca realmente su paradero ni cómo fueron ejecutadas.

De la inmensa mayoría de los ajusticiados ya se tiene conocimiento, pero averiguar dónde se encuentran los restantes será muy difícil. Es una labor que en los próximos años tendrán que llevar a cabo historiadores, forenses, hijos y nietos de las víctimas.

Walther L. Bernecker, historiador.   (swissinfo)

swissinfo: A pesar de varios intentos de recopilación de datos, aún no existen cifras oficiales de las víctimas del régimen. ¿Por qué?

W. L. B.: Actualmente hay cifras bastante fidedignas sobre aproximadamente la mitad del territorio nacional. Los trabajos de exhumación se han realizado sólo en unas 25 o 26 provincias.

swissinfo: Garzón solicitó a distintos entes públicos la elaboración del registro. ¿Cree que la Justicia es el órgano indicado para esclarecer el pasado franquista?

W. L. B.: En el fondo no. La Justicia sólo puede ser una medida adicional. Aquí tienen que trabajar, en primer lugar, los forenses e historiadores. Lo único que la Justicia puede hacer, es preparar la base jurídica sobre la cual se podrá seguir investigando.

Lo que Garzón pretende es intensificar la labor que realizan desde hace años las diferentes asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. Quiere concienciar a las instituciones estatales para que ayuden, porque hasta este momento no han hecho nada en absoluto.

« Si hace algunos años el remover de una estatua ecuestre de Franco era un escándalo público, ahora ya no lo es. »

Walther L. Bernecker

swissinfo: Las iniciativas de la sociedad civil tienen por objetivo dilucidar la historia de la represión franquista. ¿Qué importancia les concede?

W. L. B.: Su labor es esencial, porque si no hubiera sido por estas iniciativas, no habría pasado nada hasta hoy. Sin el trabajo iniciado por Emilio Silva [presidente de la ARMH, ver cuadro] en 1999, estaríamos hoy probablemente en la misma situación como hace diez años.

En cierto modo es una situación bastante bochornosa para España, ya que no debería haber sido una institución de la sociedad civil, un nieto de uno de los fusilados, que empezara con esta labor, puesto que se trata de una obligación del Estado.

swissinfo: Las posturas de los principales partidos políticos españoles son diferentes. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero apoya la iniciativa, mientras destacados dirigentes de la oposición, como Mariano Rajoy y Manuel Fraga, la rechazan. ¿Existen razones históricas para estas posiciones?

W. L. B.: Es incomprensible que un gran partido como el Partido Popular (PP) pueda decir que hay que dejar el pasado y no seguir investigando. Todas las sociedades tienen no solamente el derecho sino la obligación de indagar en el pasado. No habrá paz hasta que estas preguntas no estén definitivamente resueltas.

Resulta muy difícil entender por qué un gran partido no apoya este tipo de iniciativas, aunque sabemos que antes tampoco las apoyaba el Partido Socialista. En cierta manera, España juega un papel algo dilatado en la Historia Europea porque empieza muy tarde con este tipo de labor.

El PSOE se ha hecho eco al menos de estas iniciativas, y es de suponer y esperar que el PP cambie de opinión. Algunas declaraciones del PP ya indican en esa dirección.

swissinfo: En los últimos años se han multiplicado las iniciativas para el restablecimiento de la memoria histórica. Se han retirado estatuas ecuestres de Franco y otras insignias del régimen. ¿En qué punto se encuentra España en su enfrentamiento crítico con el pasado?

W. L. B.: Actualmente hay una conciencia generalizada. Si hace algunos años el remover de una estatua ecuestre de Franco era un escándalo público, ahora ya no lo es. La última que se removió en Salamanca, no provocó ningún tipo de disturbios.

Aún queda mucho por hacer —como en el tema de las fosas comunes—, pero yo diría que España va por buen camino. La Ley de la Memoria Histórica ha sido de gran importancia simbólica para el país; ha sido un paso adelante. Aunque tarde, España por fin se ha hecho cargo de un tema que es absolutamente imprescindible para cada sociedad democrática.

« La Ley de Amnistía no dice en ningún sitio que no se pueden buscar los restos mortales de las personas que fueron enterradas en las cunetas y en los campos. »

Walther L. Bernecker

swissinfo: Varios expertos dudan del éxito de la iniciativa. Y la Fiscalía estima que contradice la Ley de Amnistía de 1977. ¿Bajo estas circunstancias se podrá mantener el denominado ‘pacto del silencio’?

W. L. B.: Seguir indagando en el asunto de las fosas comunes no contradice en absoluto la Ley de Amnistía. Una cosa no tiene que ver con la otra. La Ley de Amnistía dice que no habrá consecuencias penales para lo que pasó durante la Guerra Civil y la dictadura.

En ningún sitio dice que no se pueden buscar los restos mortales de las personas que fueron enterradas en las cunetas y en los campos esparcidos por todo el territorio nacional. A mi entender, la Fiscalía está en contra de la investigación porque estima que no es competencia del juez meterse en estos asuntos. Éste es al menos el argumento oficial.

Yo creo, sin embargo, que está en contra por motivos políticos, porque cada muerto que se encuentra es uno más que ensancha la lista negra del régimen franquista.

swissinfo: ¿Cree que algún día se llegará a hacer justicia a las víctimas republicanas?

W. L. B.: Justicia en el sentido histórico ya se está haciendo, por parte de los historiadores y de la sociedad en general. Justicia en el sentido económico o de rehabilitación política será muy difícil de conseguir. En primer lugar, porque las víctimas han muerto. Lo que sí podemos hacer es recuperar la memoria de esas personas y restituir su dignidad histórica.

swissinfo: Esencial para el enfrentamiento crítico con el pasado es lo que puede aportar la ciencia histórica. ¿Cree que los historiadores han hecho sus deberes?

W. L. B.: Queda indudablemente mucho trabajo por hacer, pero la investigación histórica está haciendo sus deberes. Es cierto que empezó muy tarde a dedicarse al tema de la represión franquista, varias décadas después de la muerte de Franco.

En la época de la Transición no se quería remover demasiado el tema. Fue veinte años después, cuando se empezó a trabajar realmente en ello, pero desde entonces se puede decir que se está haciendo con una enorme intensidad. Los resultados obtenidos en los últimos diez años son muy alentadores y se sigue avanzando mucho.

Entrevista swissinfo: Antonio Suárez Varela

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NO NOS DEJABAN NI LLORAR…

 

 

 

 

 

 

 

Juan Sag Tripiana

 

“Si encontrara los restos de

mi padre me arrodillaría ante

su tumba”

 

 

 

Gracias al empuje e iniciativa de su hijo, José Sag Ortiz, 30, el transportista jubilado de la Creu de Barberà y oriundo de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba), José Sag Ortega, 72, ha iniciado gestiones con AREMEHISA ( Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Córdoba), para exhumar los restos de su padre, concejal republicano fusilado por «las fuerzas nacionales» en septiembre de 1936 en la localidad cordobesa de La Rambla.

 

 

 

—¿Cuál es la historia de su padre?

 

—Era concejal en el ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros y el 19 de julio, un día después de la sublevación, fue arrestado y encarcelado por las fuerzas rebeldes.
—¿Sólo él?

 

—El y los otros tres miembros del Consistorio, es decir el alcalde, el secretario y el urbano municipal. Por cierto, hasta 21 familiares directos de esos cuatro vinieron a Sabadell como yo.
—¿Su padre era especialmente de izquierdas?

 

—Seguramente militó en el Partido Republicano Federal, pero no era líder izquierdista. Tampoco había que serlo para que te mataran.

—¿Cuándo murió?—El 22 de septiembre. Lo tuvieron detenido casi dos meses, lo pegaron mucho para que denunciara a otros y no lo mataron hasta que les explicó todas las cuentas del Ayuntamiento.
—¿Cómo murió?—Se lo llevaron al pueblo cercano de La Rambla, lo pusieron contra un eucalipto, le pegaron dos tiros y lo enterraron allí mismo, en el cementerio de La Rambla.

 

 
—¿Cómo se enteró la familia?—Porque mi madre le llevaba cada día la comida a la cárcel y ese día ya no lo encontró.

 

 

—¿Qué hicieron?

 

—Mi madre y mi tío fueron a indagar a La Rambla y el sepulturero les confirmó que, efectivamente, le habían matado y enterrado allí.
—¿Cómo lo vivieron ustedes?

 

—No es cómo vivimos esa muerte entonces. Es cómo hemos vivido toda la vida por culpa de eso. Nunca hemos tenido derecho a nada.
—¿A qué se refiere?—Quisieron quitarnos hasta nuestra casa como hicieron con mi tío. Suerte que la cambiamos de nombre.

 
—¿Más represalias?—De joven me presenté para ser guardia civil y cuando supieron de quien era hijo no me aceptaron.
—Eso mucho tiempo después, supongo.—Exactamente el año de los 25 años de Paz. Imagínese qué paz. Veinticinco años después y aún nadie quería darnos trabajo. Por eso vinimos todos a Sabadell.

 

 

—¿Como salió adelante su madre al quedarse viuda?

 

—Con cuatro hijos y yo de meses, se fue a vivir con mi abuelo porque los pobres, cuando nos falta, no tenemos ni qué comer.
—¿Él les ayudó?—No pudo porque los rebeldes le arrebataron a mi abuelo el oro que le quedaba y, cuando descubrieron que se había guardado dos monedas, también le encarcelaron por antipatriota.

 
—¿Por qué ahora, 70 años después, quiere recuperar los restos de su padre?—No es revanchismo. Es una restauración imprescindible del honor de mi padre. El y muchos otros fueron acusados de bandoleros y asesinos ¿Por qué no tiene él derecho a una sepultura digna, con su lápida?

 
—Porque perdieron la guerra.—Claro y por eso no somos ni españoles. Somos los antipatria y nos lo han hecho sufrir toda la vida.

 
—¿Qué gestiones está haciendo?—Esta semana entra en la Audiencia Nacional la denuncia de mi padre y otras 200 personas más.

 

—¿Espera algo del juez Garzón?

 

—Todo. Su lucha no hará justicia porque ha pasado ya demasiado tiempo, pero puede ayudar a pagar las exhumaciones, que cuestan mucho dinero.
—¿Sabe usted exactamente donde está enterrado su padre?—Exactamente no porque el cementerio ha sido trasladado, pero la fosa común ha quedado bajo una zona ajardinada.

 
—¿Investiga también quién mató a su padre?—No. El gatillo lo apretaría un tonto pobre. Lo importante es saber qué señorito lo ordenó.

 
—¿Quienes están hoy en contra de la exhumación de cadáveres es porque tiene algo que ocultar?—Exactamente. Por eso están casi todos en la derecha. Temen que si se remueve el tema, empezará a salir que el padre de ese diputado y el abuelo de aquel alcalde fue el que apretó el gatillo en tal pueblo o el que ordenó el asesinato de alguien por motivos personales, que eso pasó mucho.

 
—Dicen que eso reabre heridas.—¿Cómo va a reabrirlas si nunca se han cerrado?

 

 

 

 

—¿En Sabadell sólo usted pide la exhumación de su padre?

 

—Yo animo a todo el mundo a que denuncie. Cómo mínimo hemos de saber donde están.
—¿Qué diría a su padre si le encontrara?

 

—Me arrodillaría ante su tumba y le diría papá aunque no te conocí por fin estamos prácticamente juntos.

 

 

 

NO NOS DEJABAN NI LLORAR ….

Si te veían por la calle llorando la muerte de tu padre te pegaban por antipatriota», dice José Sag. «No nos dejaban llorar. Nadie puede imaginarse lo brutal que fue aquella represión».
Por ese miedo ni José Sag ni sus familiares jamás fueron al cementerio de La Rambla a llorar a su padre. Según el nieto (foto) «Ni mi padre ni mis tíos hablan nunca de estas cosas».
Por eso hoy, arrancada la máscara de la vergüenza, desean llorar a su padre sin culpa.

LA MEMORIA DE NUESTROS «DESAPARECIDOS»

 

LA MEMORIA DE NUESTROS DESAPARECIDOS 

 

 

 

 

 

 

“Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros; que si lo hicieseis así, quedareis exentos de toda responsabilidad”.

 

Como dijo Azaña soy consciente de que a mi me toca recoger la antorcha, que va pasando de mano en mano, esa antorcha que da paso al recuerdo de los hombres, de sus vidas y acciones pasadas, y hoy siento mas que nunca que ha caído en mis manos.

 

Hace setenta y dos años, y algunos meses mi abuelo Antonio Espino Jiménez, y mis tíos-abuelos Manuel Espino Jiménez, Manuel Jiménez Espino, José Maria León Jiménez, Francisco Navarro Navarro y Antonio Navarro Navarro, desaparecieron sin dejar rastro ninguno de los seis.

 

 

Desaparecieron en el mas absoluto olvido oficial, enterrados en fosas comunes, asesinados por sus ideas y victimas de la miseria material y moral del franquismo.

 

Todos ellos fueron ejecutados, aquí en Aguilar y en Puente Genil, sin juicio; posiblemente apaleados y torturados. Personas conocidas, jornaleros del campo, vecinos de este lugar, con sentencias de muerte no legales, no explicadas jamás por nadie, ni documentadas nunca.

 

Perdedores de un sueño de libertad e igualdad, que sufrieron la represión y la exclusión impuesta por el régimen franquista, que perdieron la vida por ese ideal.

 

Desaparecidos, legalmente «a consecuencia de la represión de que fueron objeto los elementos rojos que se opusieron al glorioso movimiento nacional».

 

Jamás supimos donde buscarlos, jamás supimos donde encontrarlos, jamás supimos donde llorarlos. Los verdugos hicieron bien su trabajo, se aseguraron de que desaparecieran. y de que lo hacían para siempre, Se ocultaron sus cuerpos, se silencio su asesinato, se olvidaron sus nombres, se olvidaron sus vidas.

 

Pero otras vidas rotas, de madres sin esposos, de hijos sin padres, de nietos sin abuelos, se ocuparon de que eso no fuese así, y llevaron siempre muy presente esos momentos y esos nombres, se ocuparon en no olvidar el dolor, el sufrimiento, la angustia, la injusticia, la represión, y el asesinato, después de tantos años.

 

Tras la llegada de la democracia, la llamada transición democrática, se les volvió a olvidar, echando más tierra encima de sus tumbas, con el pacto tácito del olvido y la concordia nacional.

 

Hoy, estas familias, piden que la historia enterrada renazca, y cuestionan la impunidad de los verdugos asesinos, pidiendo que se conozca la verdad, pidiendo que se haga justicia, en nosotros jamás se instalo el síndrome de Korsakoff (el olvido).

 

Los desaparecidos afectos a los sublevados y victoriosos, reaparecieron en su inmensa mayoría, fueron recuperados sus restos, recuperaron su identidad y fueron conducidos a las sepulturas familiares, a panteones heroicos o incluso al Valle de los Caídos. Sus nombres, figuraron en las fachadas de los templos de nuestros pueblos (en este también), como caídos por Dios y por España.

 

 

Sobre los restos de nuestros familiares, innominados y vencidos, cayo el desprecio y el olvido, y los centenares o miles de fosas comunes donde se pudrían quedaron selladas para siempre.

 

Fueron asesinados sin mas en las cunetas o en las tapias de los cementerios, en los barrancos, en los olivares, a la vera de los caminos… Se les arrojaba cal sobre los cuerpos, (algunos vivos todavía) para acelerar su descarnamiento y otras veces bombas de mano y escombro para rematar a los moribundos y sepultar a las victimas de modo que ya nunca pudiesen ser reconocidas ni exhumadas.

 

No, no podemos ni queremos olvidar, por que estos delitos no prescriben, ní el derecho a la memoria, ni el derecho a conocer la verdad.

 

¿Que fue de mi marido? ¿Donde esta enterrado mi padre?…

 

Deambulamos de registro en registro, de pueblo en pueblo, comprobando una vez mas la naturaleza y la envergadura de esta vergüenza nacional.

 

¿Sentencias? ¿Documentos?. No. no existe ninguna certificación firmada de un genocidio de estas características, todo quedo sellado por la espesa capa de silencio y olvido que amasaron con su pacto de sangre los verdugos.

 

Desearía encontrar el rastro de mi abuelo y mis tíos abuelos, para poder así hilvanar la historia de una estirpe quebrada. Ojala lo logre algún día, buscando en este desierto de amnesia a nuestros desaparecidos. Ojala, las siete décadas trascurridas desde su muerte no minen nunca el animo ni el anhelo de alguien que aun les sigue buscando, les espera, piensa en ellos y sueña con su regreso.

 

Mientras tanto, solo nos queda el recuerdo de sus vidas y los nombres de unos hombres excepcionales. Esos nombres que Vd., incomprensiblemente para mí se niega a colocar al lado de su tumba. La que Vd., mismo inauguro, en el lugar donde muchos de ellos se encuentran.

 

Su postura refuerza la de las instituciones del estado, no mover ni un solo dedo para recomponer la rotura que amputo un miembro a millares de familias españolas.

 

Creemos que hemos de hacer de la memoria un factor de identidad social, reafirmando los valores y convicciones que deben y tienen que sustentar una sociedad democrática y generar un proceso social de memoria frente al olvido, en particular el que afecta a las personas que, como consecuencia de la represión deben ser objeto de reparación ética y reconocimiento público.

 

Esta Asociación que presido, se ha marcado como fines la prestación de asistencia a los familiares de las victimas de la represión franquista, en todas sus necesidades especificas, informar a los mismos sobre la suerte que han corrido sus seres queridos, y de ser posible determinar la ubicación y exhumación de sus restos.

 

Intentaremos en la medida de lo posible, preservar del olvido la memoria colectiva, mediante la recuperación y divulgación de la memoria histórica de este pueblo.

Instaremos a los poderes públicos a apoyar, en el ámbito de sus competencias, esta labor.

 

Aguilar de la Frontera, Septiembre del 2008

 

 

Rafael Espino Navarro.-

Presidente AREMEHISA

 

 

PARA QUE LA MUERTE NO TENGA NUNCA LA ULTIMA PALABRA

 

ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE AGUILAR DE LA FRONTERA (CORDOBA).

 

 

 

“¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mi que yo se lo pegare”. Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre?. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen

(…)

 

“Ya conocerán mi sistema: Por cada uno de orden que caiga , yo matare a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se libraran con ello; les sacare de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré a matar”.

Queipo de Llano (Julio 1936)

 

 

DESAPARECIDOS, ¿HASTA CUANDO?

DESAPARECIDOS», ¿HASTA CUANDO?

Las providencias dictadas por el juez Baltasar Garzón en relación a los desaparecidos en España con motivo de la Guerra Civil han causado un gran revuelo. Las diligencias, a pesar de su carácter procesal ordinario, parecen suscitar incredulidad en cuanto a su alcance jurídico y preocupación política por lo que se viene a llamar «reabrir heridas». Sirva este artículo para aclarar el porqué y el para qué de las denuncias, elaboradas por un equipo de juristas comprometidos con el movimiento para la recuperación de la memoria histórica. El País/MARGALIDA CAPELLÀ I ROIG 13/09/2008 La denuncia gira en torno a tres ejes básicos. El primero es la detención ilegal de miles de personas en «zona nacional» entre 1936 y 1950 y su posterior «desaparición», sin que a día de hoy sus familiares conozcan las circunstancias de su detención ilegal ni las autoridades competentes les hayan facilitado información sobre su suerte o paradero. Estas detenciones eran constitutivas de delito en el momento de su comisión, tanto en el Código Penal vigente de 1932 como en el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en aquel momento y en la actualidad. Además, tales «desapariciones» fueron coetáneas a crímenes de lesa humanidad perpetrados en Alemania antes de la II Guerra Mundial pero en relación con ella, en concreto la desaparición de ciudadanos judíos, crímenes perseguidos por el Tribunal Militar Internacional de Núremberg en 1945. Estos crímenes, por el contexto en que se cometieron (masividad y sistematicidad) y por su carácter internacional, continuado e imprescriptible, deberían ser investigados y perseguidos hasta esclarecer el paradero y la suerte de las personas desaparecidas, pero en España no se ha hecho nada al respecto. El segundo eje de la denuncia se basa en los derechos de los familiares de los desaparecidos, como víctimas de desaparición forzada e incluso de tortura, de acuerdo con la jurisprudencia (recuérdese el caso Pinochet y la aplicación del Convenio contra la tortura para incluir casos de desaparecidos) y la normativa internacional. En el caso español, la desaparición causó y causa aún graves sufrimientos a los familiares de los desaparecidos debido a la inactividad del Estado aún en 2008, mientras la ley de la memoria histórica delega en asociaciones e incluso en familiares de desaparecidos la localización y exhumación de sus cuerpos. Esta inactividad del Estado ha desembocado en una situación de impunidad absoluta (entendida como inexistencia de cualquier responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria) y una insostenible indefensión de los familiares de los desaparecidos como víctimas de violación de derechos humanos, en especial el derecho a ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria y el derecho a obtener una reparación efectiva ante la justicia. Tal reparación debería recoger los aspectos básicos de la Resolución 2005/35 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU: restitución (en este caso, la de los cuerpos si es posible), indemnización, rehabilitación (con la anulación de sentencias, por ejemplo), garantías de no repetición de los abusos (con la depuración de responsabilidades, en su caso), y satisfacción (con el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, principalmente). Estos últimos derechos son el tercer eje de la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional, pues precisamente lo que se solicita es la intervención judicial de este tribunal para localizar el destino final de las personas desaparecidas en España en relación con la guerra civil y la represión franquista, ante la inexistencia de mecanismos judiciales o administrativos para ello. Ésta es una tarea que incumbe al Estado, tanto por sus obligaciones contraídas internacionalmente como por las responsabilidades penales y civiles que se derivan de unos hechos que son constitutivos de delitos de carácter imprescriptible que no han sido investigados. Como víctimas de violación de derechos humanos, los familiares de los desaparecidos tienen derecho no sólo a la justicia sino también a conocer las circunstancias de la desaparición y a la reparación, y nada de ello puede ser objeto de amnistía, perdón o indulto. Pretender que la Ley de Amnistía de 1977 impide investigar las desapariciones revela un desconocimiento total del Derecho aplicable a crímenes de lesa humanidad y a violaciones de derechos humanos. Además, esta Ley sólo se aplicaría a delitos juzgados hasta 1977, que no es el caso, y contraviene, entre otros convenios, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España en 1976, seis meses antes de la adopción de la Ley de Amnistía. La denuncia no se dirige contra nadie y la falta de autoría sin duda dificultará el proceso penal. Pero, en cualquier caso, lo que se solicita es que la Audiencia Nacional califique las desapariciones como crímenes de lesa humanidad para reclamar así, a falta de otra vía, la actuación del Estado. Ya es hora de que nos preocupemos más por las víctimas que por los criminales. La recuperación de la memoria histórica no es sólo una cuestión de historia, sino de justicia y de derechos humanos: de esto va la denuncia. Firman este artículo Margalida Capellà i Roig, profesora de Derecho Internacional Público en la Universitat de les Illes Balears, y Fernando Magán, abogado. Ambos son los juristas portavoces de la plataforma de asociaciones denunciantes de desapariciones forzadas ante la Audiencia Nacional.

AMHYJA REMITE A GARZÓN UN LISTADO CON MÁS DE 20000 NOMBRES

Memoria.-La asociación andaluza remite al juez Garzón un listado con más de 20.000 nombres de fusilados en el franquismo

La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) junto con la Confederación General del Trabajo (CGT) remitirá en un plazo de 15 días al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un listado con un total de 21.951 nombres de fusilados por la represión franquista.

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) junto con la Confederación General del Trabajo (CGT) remitirá en un plazo de 15 días al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un listado con un total de 21.951 nombres de fusilados por la represión franquista.

La coordinadora de AMHyJA en Andalucía, Francisca Maqueda, explicó en rueda de prensa que la asociación remitirá al juez Garzón los datos y los documentos recabados tras la investigación «para que se sepa la verdad que se ha ocultado en el país sobre las víctimas de la represión franquista».

«Se trata de crímenes contra la humanidad por lo que no prescriben en el tiempo. Ya es hora de que la sociedad española encare de frente, con valor y con justicia este asunto porque son miles las víctimas olvidadas del régimen franquista», indicó Maqueda.

En este sentido, el abogado de AMHyJA, Luis Ocaña, reiteró que resulta «vergonzoso que el Ministerio Público quiera paralizar la investigación en un caso flagrante de vulneración de los derechos humanos».

«Es aberrante la negativa del Ministerio Fiscal. La investigación no puede ser archivada como pide el fiscal porque se trata de un tema relacionado con los derechos humanos, así que en el caso de que se paralice la investigación recurriríamos a Estrasburgo y a los órganos competentes», aseguró Ocaña.

Por su parte, el coordinador de CGT en Andalucía, Cecilio Gordillo, afirmó que con esta investigación se pretende «responder a la demanda de los familiares y recuperar la memoria y los nombres de las víctimas del régimen franquista», a lo que añadió que se ha procedido a hacer un listado de víctimas asesinadas «lo más concreto posible».

Así, apuntó que el listado consta de 36.298 nombres de represaliados de la dictadura procedentes de Andalucía, Badajoz, Ceuta y el norte de África. «De estos, 21.951 son victimas mortales asesinadas-fusiladas del franquismo», manifestó Gordillo.

Por provincias, en Cádiz se han investigado 116 fosas, de las que el 60 por ciento se encuentran en diversos cementerios, con un total aproximado de 3.054 víctimas. Por su parte, en Sevilla la cifra de fosas comunes franquistas asciende a 118, repartidas por el 80 por ciento de los cementerios, con cerca de 11.678 víctimas mortales. Mientras que en Huelva, con el mismo número de fosas descubiertas que en la capital hispalense, repartidas entre el 78 por ciento de los cementerios, el numero de víctimas desciende a 8.600.

Finalmente, una familiar de las víctimas del franquismo, Salud Ávalos, manifestó estar de acuerdo con las diligencias llevadas a cabo por el juez Baltasar Garzón y con las investigaciones de todas las asociaciones porque como dijo, al fin y al cabo «todas las víctimas son sus víctimas».