El Ayuntamiento esperará una orden judicial para

abrir la fosa

 

Recuperar los restos del diputado malagueño Luis Dorado no va a ser nada fácil. A pesar de que el Ayuntamiento ya cuenta con un informe técnico en el que se detalla la ubicación exacta de la fosa del cementerio de Nuestra Señora de la Salud -en la que se presupone que está enterrado el socialista-, las tareas de exhumación no se van a realizar de un día para otro. El propio presidente de la empresa municipal de cementerios (Cecosam), Alfonso Igualada, aclaró ayer que “se trata de un proceso complejo” que tiene que pasar por la supervisión de un juez. “Nosotros no vamos a hacer nada hasta que haya una orden judicial que nos diga cómo y cuándo tenemos que iniciar las exhumaciones y quién las va a pagar”, detalló. Aún así mostró la colaboración del Gobierno municipal en toda esta tarea que inició el nieto del diputado malagueño, Antonio Gutiérrez, quien cuenta con una subvención del Ministerio de la Presidencia para poder desarrollar la exhumación.

Según las manifestaciones de Igualada, parece que el deseo de la familia de Luis Dorado -que esperaba iniciar los trabajos en unos 15 días- no se va a cumplir, al menos por el momento. Además de la orden judicial -es cierto que todo este proceso tiene que estar supervisado por un juez- se tiene que delimitar qué pasos se van a seguir con las sepulturas que hay sobre la fosa común, y sobre las que hay que excavar para llegar a los cadáveres.

El equipo de georradar que a principios de mes exploró parte del cementerio ha localizado la fosa en la zona del cuadro de San Plácido, en el cementerio de la Salud. Según el informe emitido, se trata de un espacio de poca profundidad pero muy amplio, de unos 500 metros cuadrados, que albergaría centenares de cadáveres. La familia del diputado pide al Consistorio “que haga sus funciones” para terminar cuanto antes con todo este proceso

Evangelina Naranjo Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucia

Evangelina Naranjo Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

La titular de Justicia de Andalucía explica que, antes de pensar en exhumaciones, es necesario que llegue el protocolo a tal efecto que prepara el Gobierno. Y precisa que habrá fosas que no se podrán exhumar, por su ubicación.

 

La titular de Justicia de Andalucía explica que, antes de pensar en exhumaciones, es necesario que llegue el protocolo a tal efecto que prepara el Gobierno. Y precisa que habrá fosas que no se podrán exhumar, por su ubicación. “Hay muchos camposantos donde hay ya nichos arriba. Vamos a ver cuáles se pueden exhumar. Y luego veremos, porque habrá familiares que no quieran”. No todas las exhumaciones, pues, serán posibles.

Las asociaciones y familiares reclaman ayudas públicas para exhumar…

La exhumación de una fosa no es un: “Que ahí está mi padre, deme usted dinero”. Están protegidas judicialmente. Eso no es “yo meto la pala y saco un cofre”. Hay que hacerlo con cuidado, requiere una técnica. De momento, las entidades con las que he hablado reconocen que no tienen capacidad administrativa ni organizativa para hacerse cargo de una exhumación.

Claro, pero con apoyo público, sí podrían…

No. Ni siquiera con dinero.

Bueno, depende de cuánto dinero, ¿no?

Claro, tienen que intervenir equipos forenses, arqueólogos; y algunas exhumaciones vendrán de la mano de la autoridad judicial. Entonces, ¿qué pasa? Lo que queremos es programar una vez que llegue el protocolo del Gobierno, el dónde, el cuándo, el cómo y el quién de la exhumación de fosas.

¿Va a existir un impulso de la Junta de Andalucía o se va a esperar a que sean los familiares quienes soliciten y luego el Gobierno decida?

Esto será a demanda de los familiares y habrá algunas que no se puedan cumplir.

¿Habrá un fondo para exhumaciones?

Un fondo tendrá que haber, porque si llega un juez y nos dice hay que abrir, tenemos que hacerlo. Pero el impulso de decir “vamos a abrir” nunca va a ser del Gobierno. El Gobierno regula y pone un dinero para indemnizaciones. Ya veremos como Gobierno si corresponde en función de la norma. El Gobierno no va a poner un plan que diga: vamos a abrir las 600 fosas. No somos los dueños del sentimiento. Hay familiares que no quieren abrir.

¿Y la apertura de la fosa de Lorca, qué le parece?

Con Lorca hay muchísimas incógnitas. No se sabe si está, si no está, si se lo llevaron…

Eso se puede saber abriendo.

Es un proceso sub iudice.

 

 

Serán declaradas bienes de interés cultural. Gozarán de una protección similar a la de cualquier monumento y quien las dañe se enfrentará a penas de cárcel

 

Las 630 fosas de la represión franquista localizadas hasta ahora en Andalucía serán declaradas bienes de interés cultural –patrimonio histórico– a partir del año que viene. Quedarán blindadas y gozarán de un grado de protección similar al de cualquier monumento. Nadie podrá dañarlas ni, por supuesto, construir encima, salvo que quiera enfrentarse a una condena de hasta tres años de cárcel o una multa de entre 100.000 y un millón de euros.

El Gobierno autonómico y lo

Las 630 fosas de la represión franquista localizadas hasta ahora en Andalucía serán declaradas bienes de interés cultural –patrimonio histórico– a partir del año que viene. Quedarán blindadas y gozarán de un grado de protección similar al de cualquier monumento. Nadie podrá dañarlas ni, por supuesto, construir encima, salvo que quiera enfrentarse a una condena de hasta tres años de cárcel o una multa de entre 100.000 y un millón de euros.

El Gobierno autonómico y los ayuntamientos podrán expropiar la zona donde se encuentre la fosa en el caso de que el propietario de los terrenos no cumpla con su deber de protección. Es una medida recogida en el primer plan “estratégico” de recuperación de la memoria histórica de Andalucía, ya en proceso de redacción, según confirmó a Público la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo.

La previsión del Ejecutivo andaluz es que las fosas tengan la consideración legal de sitio histórico: cualquier “lugar vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado […] que posean un relevante valor histórico”. “Con esto, mañana no puede venir un alcalde y construir una urbanización encima [de una fosa], y si lo hace, tendrá que protegerla”, resume Naranjo.

Cuando se apruebe, la normativa resolverá entre otras la situación de la fosa de la Palma del Condado (Huelva), amenazada por un parque y donde se calcula que están enterrados entre 100 y 200 cadáveres de represaliados. Extremadura también ha iniciado los trámites para proteger de manera parecida el campo de concentración de Castuera (Badajoz), donde fueron represaliados más de 15.000 personas entre 1939 y 1940. Se había intentado usar como cebadero de cerdos, primero, y planta fotovoltaica, después.

Hasta 124 homenajes

Un total de 124 fosas de represaliados en la guerra civil y la posguerra ya tienen levantado un monumento de homenaje a los allí enterrados. “Queremos también homogeneizar el adecentamiento, para que todos los lugares de memoria se identifiquen claramente. Que quien pase por allí, sepa de inmediato que ahí debajo hay lo que hay”, afirma Naranjo. ¿Qué serán? ¿Placas con lista de nombres, con una descripción de lo que allí sucedió?  No se sabe aún. “Quizás hagamos un concurso de ideas”, baraja.

No es la única medida. Naranjo pretende convertir la sede en la que ahora trabajan –fue capitanía de la II región militar en la República, luego ocupada como base por el golpista Queipo de Llano– en un centro de documentación de la memoria. Contendrá museo, archivo con fotografías, películas, el proyecto todoslosnombres.org y estará abierto a que la gente entregue la memoria de sus familias. “Ahora está todo desperdigado. Queremos tener un verdadero centro neurálgico”, afirma Naranjo. También se elaborará un censo de edificios construidos por presos políticos.

Por otro lado, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, recibió de la Cruz Roja en Salamanca casi 300.000 documentos digitalizados, con información sobre españoles que estuvieron en campos de concentración en Francia y en los de exterminio nazis, informa Justino Sanchón.

s ayuntamientos podrán expropiar la zona donde se encuentre la fosa en el caso de que el propietario de los terrenos no cumpla con su deber de protección. Es una medida recogida en el primer plan “estratégico” de recuperación de la memoria histórica de Andalucía, ya en proceso de redacción, según confirmó a Público la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo.

La previsión del Ejecutivo andaluz es que las fosas tengan la consideración legal de sitio histórico: cualquier “lugar vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado […] que posean un relevante valor histórico”. “Con esto, mañana no puede venir un alcalde y construir una urbanización encima [de una fosa], y si lo hace, tendrá que protegerla”, resume Naranjo.

Cuando se apruebe, la normativa resolverá entre otras la situación de la fosa de la Palma del Condado (Huelva), amenazada por un parque y donde se calcula que están enterrados entre 100 y 200 cadáveres de represaliados. Extremadura también ha iniciado los trámites para proteger de manera parecida el campo de concentración de Castuera (Badajoz), donde fueron represaliados más de 15.000 personas entre 1939 y 1940. Se había intentado usar como cebadero de cerdos, primero, y planta fotovoltaica, después.

Hasta 124 homenajes

Un total de 124 fosas de represaliados en la guerra civil y la posguerra ya tienen levantado un monumento de homenaje a los allí enterrados. “Queremos también homogeneizar el adecentamiento, para que todos los lugares de memoria se identifiquen claramente. Que quien pase por allí, sepa de inmediato que ahí debajo hay lo que hay”, afirma Naranjo. ¿Qué serán? ¿Placas con lista de nombres, con una descripción de lo que allí sucedió?  No se sabe aún. “Quizás hagamos un concurso de ideas”, baraja.

No es la única medida. Naranjo pretende convertir la sede en la que ahora trabajan –fue capitanía de la II región militar en la República, luego ocupada como base por el golpista Queipo de Llano– en un centro de documentación de la memoria. Contendrá museo, archivo con fotografías, películas, el proyecto todoslosnombres.org y estará abierto a que la gente entregue la memoria de sus familias. “Ahora está todo desperdigado. Queremos tener un verdadero centro neurálgico”, afirma Naranjo. También se elaborará un censo de edificios construidos por presos políticos.

Por otro lado, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, recibió de la Cruz Roja en Salamanca casi 300.000 documentos digitalizados, con información sobre españoles que estuvieron en campos de concentración en Francia y en los de exterminio nazis, informa Justino Sanchón.

Aremehisa extiende la búsqueda

de fusilados a Puente Genil y La

Rambla

 

El colectivo ya tiene el apoyo de ambos ayuntamientos para iniciar los trabajos en unos meses · El presidente de la asociación adelanta que hay fosas comunes en los cementerios de las dos localidades

M. Ángeles Costa | Actualizado 26.10.2008 – 05:01

 
 

Miembros de la asociación buscan restos con georradar en el cementerio de Aguilar de la Frontera.

a Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha confirmado que ampliará su radio de acción en la comarca. El colectivo comenzará también en unos meses trabajos de búsqueda y localización de fosas comunes de fusilados de la Guerra Civil en otros municipios de la Campiña Sur como son Puente Genil y La Rambla. Así lo subrayó a El Día el propio presidente del colectivo, Rafael Espino, quien señaló que esta iniciativa “es un mandato de nuestros estatutos” que se debe llevar a cabo “siempre y cuando nuestros socios nos lo reclamen”.

La iniciativa surge después de que asociados de Aremehisa de estas localidades hayan demandado que se inicien estos trabajos de localización. Y es que la asociación, a pesar de estar promovida desde Aguilar, cuenta, según asegura el presidente, con integrantes de otros pueblos de la comarca así como de otros lugares de la geografía nacional y de fuera de ella, “debido a la emigración de los años 60 y 70”, explicó Espino.

De hecho, desde Aremehisa ya se han comenzado a hacer gestiones para poder llevar a cabo las labores de búsqueda de fosas en ambas localidades. Así, uno de los primeros pasos ha consistido en mantener sendas reuniones con los alcaldes de los dos municipios: Manuel Baena -de Puente Genil- y Manuel Fernández -de la Rambla-. Según Espino, de ambos regidores “hemos obtenido el compromiso de colaboración del Ayuntamiento así como su completo apoyo tanto personal como corporativo”.

Según le consta al presidente de Aremehisa, en Puente Genil “las fosas” están ubicadas en el interior del cementerio, aunque hasta que no se realicen las prospecciones con georradar no se averiguará el número existente. Además, en el camino de Las Vigas, en el límite geográfico entre Aguilar y Puente Genil, también podrían localizarse enterramientos. Con respecto a La Rambla, parece que las zanjas con cadáveres se emplazarían en el antiguo cementerio y en algunos otros puntos del extrarradio del término municipal rambleño.

En Aguilar, Aremehisa ya tiene localizadas en el interior del camposanto hasta tres fosas comunes en las que se prevé que se encuentren entre 100 y 150 fusilados en total. En esta localidad, los esfuerzos de la asociación se centran ahora en conseguir los recursos económicos necesarios para excavar los enterramientos y exhumar los cadáveres para poder darles una digna sepultura por parte de los familiares descendientes. Precisamente, este colectivo, como integrante de la Coordinadora de Asociaciones Andaluzas para la Recuperación de la Memoria Histórica ha participado este fin de semana en un acto de protesta en Sevilla ante las puertas de la Consejería de Justicia para reclamar los fondos prometidos por la administración andaluza para llevar a cabo las exhumaciones. Aremehisa obtuvo el compromiso del dimisionario comisario de Memoria Histórica de la Junta, Fernando Soto, de obtener ayuda económica para la exhumación de las fosas aguilarenses.

Según Espino, es urgente que se puedan extraer los cuerpos de las fosas ya que entre los asociados hay personas de avanzada edad y, algunas de ellas, que “llevaban toda la vida esperando este proyecto”, ya han fallecido este año “sin ver cumplido su

 

 

sevilla. La Coordinadora de Asociaciones de Memoria Histórica de Andalucía (Camha) se manifestó ayer frente a la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevillla para reivindicar la exhumación de los cadáveres enterrados en fosas comunes y denunciar “la pasividad” del Gobierno andaluz en este tema.

El coordinador del grupo de trabajo de CGT, Cecilio Gordillo, denunció que el Gobierno andaluz hace “caso omiso” a la reivindicación de las familias a pesar de que tiene “los recursos humanos y económicos” necesarios para ello.

Gordillo afirmó que se “está decepcionando” a la parte de la sociedad que tiene familiares desaparecidos o enterrados en alguna fosa común, como es el caso de muchos miles de personas. Asimismo, apuntó que “sólo en Andalucía hay más de 50.000 desaparecidos documentados, lo que tendría que hacer reflexionar a la Junta de Andalucía”. Además, estas asociaciones denunciaron que esta pasividad ha causado la paralización de las exhumaciones de una fosa común en La Puebla de Cazalla (Sevilla) con 200 muertos.

El de ayer, según el coordinador de CGT, fue el primer acto de reivindicación por la exhumación de cadáveres y a él asistieron medio centenar de manifestantes que reclamaban que se avance en esta medida, en la que “ya hay un compromiso verbal”, y se protejan los enterramientos.

A este respecto, Gordillo recalcó que actualmente en Andalucía la actividad de exhumación de las fosas comunes se encuentra “paralizada desde hace más de un año a pesar de que éstas están incluidas en el auto del juez Garzón”.

Además, resaltó que desde la asociación Camha se pide que se protejan los enterramientos, ya que estén o no dentro de los cementerios no se encuentran “delimitados” y corren el riesgo tanto de expoliación como de destrucción.

Por último, el portavoz adelantó que pedirán a los partidos políticos la modificación de la ley de Registros Civiles, ya que una vez que se reforme se podrán contabilizar con exactitud el número de desaparecidos. >e.p.

 

COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCIA 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

CAMHA,

NOTA DE PRENSA 

 

CAMHA,

desea hacer llegar a la opinión pública, la situación y la problemática existente actualmente en la comunidad autónoma de Andalucía, en relación a la búsqueda, localización y exhumación de las personas “desaparecidas” y asesinadas, como consecuencia del golpe de estado del año 1936.

 

Problemática esta derivada totalmente de la completa e inexistente falta de voluntad y compromiso político de la Junta de Andalucía, para asumir la responsabilidad que le adjudica la reciente Ley de Memoria Histórica en su apartado 13. Artículo 2:

 

“Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las victimas referidas en el apartado1 del articulo 11, o las entidades que actúen en su nombre, pedan recuperar los restos enterrados en las fosas comunes correspondientes, para su identificación y eventual traslado a otro lugar”.Este posicionamiento, incomprensible para una comunidad, que comenzó jactándose de ser pionera en nuestro país en la adopción de medidas tendentes a devolver la dignidad , la reparación y la justicia a las victimas del franquismo, no ha hecho hasta el momento actual otra cosa sino ralentizar y paralizar los proyectos, eso sí, “pendientes” y “apalabrados” de exhumación, con el compromiso de su intervención, desde hace ya demasiado tiempo.

 

 

 

Ante esta situación nos encontramos con que esa voluntad de participación e intervención no llega ha hacerse realidad dilatando en el tiempo propuestas inexistentes de puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces en el marco de la Ley, que complementen la reparación, devuelvan la dignidad y hagan justicia de una vez por todas con las victimas de la Guerra Civil y del franquismo en nuestra comunidad autonómica.

 

La administración, la Junta de Andalucía, entendemos, tiene que asumir la responsabilidad de la búsqueda de las personas desaparecidas y asesinadas, así como la exhumación de las fosas comunes donde yacen los cuerpos de miles de personas fusiladas por el franquismo. Es responsabilidad, del Estado español, de su gobierno, de la Junta, la cual a nuestro juicio entendemos debe de asumir plenamente cuanto se derive de esta tarea.

 

A pesar de todo, es un hecho constatado, que la administración andaluza sigue sin querer saber nada de nuestras reivindicaciones y tan es así, que analizando detenidamente lo realizado en los últimos años, podemos rotundamente afirmar que prácticamente la totalidad de los proyectos de localización, señalización y exhumación de fosas se han visto dilatados, en el tiempo e inconclusos. Eso sí, seguimos cosechando de la administración un elevado cúmulo de buenas intenciones a pesar de las cuales nuestros proyectos siguen sin ejecutarse, esperando y esperando una solución burocrática que no llega.

 

En Andalucía hay 610 fosas comunes y La Junta alerta de la complejidad y del coste de las exhumaciones y nos pide tiempo.

 

A estas alturas, a nadie escapa que el problema para la Junta de Andalucía, solo es un problema económico y también político.

 

Nos piden tiempo. Mas tiempo a personas que llevan toda la vida esperando. Nos piden paciencia. Paciencia a personas que han sido todo un ejemplo de tolerancia y respeto.

 

Y a pesar de todo ese tiempo trascurrido y esa paciencia dolorosamente ofrecida, no hemos andado casi nada del camino. Un camino donde se han quedado las esperanzas de muchas familias de andaluces y andaluzas de poder por fin saber donde se encuentran sus seres queridos, de recuperar sus cuerpos y de hacer justicia ante la impunidad de tantos crímenes contra la humanidad cometidos durante tanto … tiempo.

 

 

Sevilla, Octubre 2008

 

 

Asociaciones y colectivos que componen CAMHA:

 

AMHyJA (Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía).

 

– AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Córdoba.)

 

– DIME (Asociación Dignidad y Memoria de Marchena, Sevilla)

 

– AMHyJA (Asociación Memoria Histórica y Justicia de Amonte, Huelva.)

 

– Todos los Nombres CGT, Sevilla.

 

– Colectivo de familiares de la Puebla de Cazalla, Sevilla.

 

 

 

 

CAMHA (COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA)

 

 

Esta Coordinadora, ante la ausencia de voluntad y el compromiso político inexistente de la Junta de Andalucía, para asumir la responsabilidad que le adjudica la Ley de Memoria Histórica en su apartado 13. Artículo 2:

 

“Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las victimas referidas en el apartado1 del articulo 11, o las entidades que actúen en su nombre, pedan recuperar los restos enterrados en las fosas comunes correspondientes, para su identificación y eventual traslado a otro lugar”.

 

Y ya que esta actitud manifiesta de la Junta de Andalucía, no ha hecho hasta el momento actual otra cosa sino ralentizar y paralizar los proyectos “pendientes” y “apalabrados” de exhumación, con el compromiso de su intervención, desde hace ya demasiado tiempo sin que esa voluntad de participación se haga realidad y ante la inexistente puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces en el marco de la Ley, que complementen la reparación, devuelvan la dignidad y hagan justicia de una vez por todas con las victimas de la Guerra Civil y del franquismo en nuestra comunidad autonómica.

 

Ha resuelto, convocar a una Manifestación de protesta para el próximo día (sábado) 25 de Octubre a las 12:00 horas de la mañana en la Plaza de la Gavidia (Sevilla).-

 

Solicitan al juez Garzón la apertura de una fosa en Aguilar

Asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil piden además otras tres exhumaciones

Efe | Actualizado 20.10.2008 – 13:57

zoom

Trabajos de prospección con georadar en una zanja del cementerio aguilarense. / Costa.

Las veintidós asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista que han denunciado estos hechos han pedido hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la apertura de cuatro nuevas fosas en distintas localidades de Córdoba, Cáceres y Baleares.

Según ha explicado el abogado que representa a estas asociaciones y a los particulares que han interpuesto denuncias, Fernando Magán, las exhumaciones solicitadas ahora son en fosas localizadas en Aguilar de la Frontera (Córdoba) así como en Villanueva de la Vera (Cáceres) y en otras dos en Calviá y otra localidad limítrofe (Baleares).

Respecto a la designación ordenada por Garzón de las cinco personas que deben integrar, junto a otras dos elegidas por el Juzgado, el comité de expertos que colaborará en las exhumaciones, Magán ha señalado que ya tienen elegidos tres nombres: Francisco Etxeberría, Francisco Espinosa y Julián Casanova.

Etxeberría es un médico forense, miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (que ha desarrollado varias de las exhumaciones realizadas hasta el momento), que, según ha dicho Magán, desde el inicio ha trabajado con las asociaciones y tiene “inventariadas” las fosas en las que estiman que se encuentran restos de desaparecidos durante esas fechas, y el número de personas que hay en cada una.

Las otras dos personas son historiadores que han investigado sobre este asunto, y sobre Espinosa ha apuntado que además es el autor del informe pericial que las asociaciones adjuntaron con sus denuncias ante el juez Baltasar Garzón.

Casanova ha investigado las desapariciones en la zona de Aragón y es coautor de un libro sobre víctimas de la Guerra Civil, ha subrayado el abogado, que ha añadido que otra de las personas que están barajando para formar parte del comité de expertos pertenece al movimiento asociativo.

El magistrado ha dado un plazo de diez días a las asociaciones para que designen a los expertos.

Las 14 Asociaciones constitutivas de la PLATAFORMA DE ASOCIACIONES DE VICTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS POR EL FRANQUISMO, habiendo tenido conocimiento del Auto del 16 de octubre pasado por virtud del cual el Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional decidió, entre otros extremos y en lo que concierne a las DILIGENCIAS PREVIAS POR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 399/2006 V, proclamar su “competencia para la tramitación de la presente causa, que se llevará por los trámites de las Diligencias Previas, por los presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la Humanidad”, desean hacer público el siguiente COMUNICADO DE PRENSA, al objeto de manifestar lo siguiente: PRIMERO. Que nos felicitamos del Auto anteriormente mencionado por cuanto tiene indudable carácter histórico ya que es la primera vez que un órgano judicial español proclama su competencia para investigar gravísimas violaciones de los derechos humanos perpetradas de forma sistemática y generalizada en todo el territorio español, constitutivas de detenciones ilegales cometidas en el contexto de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, no susceptibles de amnistía y que hasta ahora no han sido investigados. SEGUNDO. Que hacemos un llamamiento a todas las Instituciones y poderes públicos, en particular a la Fiscalía General del Estado, para que consideren detenidamente la extrema seriedad y gravedad de las violaciones y crímenes contra la humanidad cometidos en el trágico pasado histórico de nuestro país y para que asimismo muestren la debida sensibilidad democrática ante el dolor, sufrimiento y olvido infligidos a los familiares y sus legítimas demandas para obtener verdad, justicia y reparación por tales crímenes. En consecuencia, las Asociaciones que suscriben este comunicado de prensa ruegan a la Fiscalía General del Estado que se abstenga de formular recurso contra ese histórico Auto del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional española. TERCERO. Que, en cualquier caso, expresamos nuestra inquebrantable voluntad de unidad para continuar trabajando por la recuperación y preservación de la Memoria histórica de nuestro país en todos los ámbitos posibles a nivel nacional (judicial, político, legislativo, social, educativo y cultural), así como ante las instancias internacionales competentes. FINALMENTE, damos todo nuestro apoyo y expresamos nuestro reconocimiento y gratitud al Magistrado-Juez señor Baltasar Garzón por atender nuestras peticiones y dar una respuesta a todas las familias a las que después de tantos años (más de 70) de silencio y olvido, por fin se les ofrece una esperanza en sus legítimas demandas de saber y conocer el destino final de sus familiares.

Los nombres propuestos y aprobados por la Plataforma son:

2 – Paco Echevarria (antropólogo forense)

    – Francisco Espinosa (historiador)

    – Hernando Valencia (jurista, miembro AEDIDH)

    – Manuel Escarda (médico especializado en exhumaciones)

    – Manuel Perona (portavoz de la Plataforma)

 En Madrid, el 18 de octubre de 2008.

 Teléfono de contacto Portavoz de la Plataforma 692 244 104

 

 

Las asociaciones se reunirán el sábado para elegir a sus cinco representantes en el grupo de expertos
 
 
Redacción / EP
Las 22 asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica firmantes de las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional se reunirán en Madrid el próximo sábado para iniciar el proceso de elección de los cinco representantes de los que dispondrán en el grupo de expertos que se creará, por orden del juez Baltasar Garzón, para localizar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

El juez ordenó hoy –en el auto en el que se declara competente para investigar estos crímenes– la creación de un grupo de expertos que deberán “estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas”.

Garzón ha solicitado a las asociaciones que designen de común acuerdo el nombre de cinco personas, a las que se unirán otras dos nombradas por su Juzgado. La comisión tendrá que presentar al magistrado un informe único que incluya el número total de personas que perdieron la vida entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951.

Según indicó en declaraciones a Europa Press el abogado de las agrupaciones, Fernando Magán, la designación de este grupo constituye “la prioridad” para los denunciantes. “A través de ella se canalizará la investigación y se fijarán bien los hechos”, indicó Magán.

EXHUMACIÓN EN 19 FOSAS
En cuanto a las labores de exhumación de los restos mortales distribuidos en fosas comunes, Magán puso de manifiesto que los trabajos en las tumbas colectivas localizadas en La Serna (Madrid), Parrillas (Toledo) y Viznar y Alfacar (Granada) comenzarán “de inmediato”.

Además anunció que en los próximos días las asociaciones podrían presentar al magistrado solicitudes para la autorización de apertura de nuevas fosas comunes, localizadas recientemente.

Garzón autorizó hoy la exhumación de los restos mortales que se hallan en 19 fosas comunes, entre las que se encuentra la del barranco de Viznar, en Granada, en la que se cree que puedan encontrarse los restos mortales del poeta Federico García Lorca.

Las otras son las situadas en Parrillas (Toledo), Adrada de Aza, Valdenoceda y San Juan del Monte (Burgos), La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo (León), Córdoba, Alfacar (Granada), La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte San Cristobal (Navarra) y La Serna (Madrid).

Magán anticipó también que las asociaciones denunciantes pedirán a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que la decisión sobre el recurso de Fiscalía contra la admisión a trámite sea estudiado por el Pleno y no por una única Sección.

Fuentes fiscales indicaron hoy que el Ministerio Público recurrirá la próxima semana a Sala de lo Penal el auto dictado hoy por el juez Garzón al considerar que estos delitos prescribieron en 1977 con la aprobación de la Ley de Amnistía.