La ARMH buscará los cuerpos de cuatro vecinos de la localidad valdornesa bajo tutela judicial
Una jueza autoriza exhumar los restos de «paseados» de Destriana
Se trata del primer auto judicial sobre fosas comunes desde que Garzón abandonase el caso

28/05/2009 A. Domingo

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La ARMH espera la misma resolución para el cementerio de Maire de Castroponce, en una foto de archiv
J.A.G.

la bañeza

Víctimas de la barbarie desatada durante la Guerra Civil Española de Destriana y La Bañeza vuelven a hacer historia 73 años después de su muerte violenta, ya que las fosas en las que, al parecer, se encuentran enterrados han sido objeto del primer auto judicial después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejase en manos de los magistrados de los partidos judiciales las autorizaciones para exhumar fosas comunes.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente, Tania María Chico, tutelará la apertura de la fosas de Santa Marta de Tera y Maire de Castroponce, según confirmó ayer el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías, que señaló que los trabajos en Santa Marta de Tera podrían comenzar el 8 de junio. «La semana que estará concretada la fecha», añadió. Macías confía en que la decisión del juzgado benaventano «sirva de ejemplo, de hoja de ruta, para otros lugares».

Macías afirmó que personal del juzgado de Benavente supervisará la excavación. «Quizá esté la jueza y el forense del partido judicial, aunque no tenemos certeza porque se trata de la primera vez que se da el caso», señaló.

Se piensa que en Santa Marta de Tera se encuentran enterrados cuatro vecinos de Destriana, de edades comprendidas entre los 28 y 49 años, presuntamente asesinados el 22 de agosto de 1936. Junto a los cuerpos de éstos, se encuentran los de otras cuatro personas, originarias de Benavente.

El último alcalde democrático

La ARMH espera que la jueza se pronuncie en breve sobre la fosa del Maire de Castroponce, en las que se supone podrían encontrarse los restos del sindicalista bañezano Toribio Santos Santos y del último concejal democrático de la ciudad, el socialista Ángel González González. Ante la posibilidad de que las reformas del cementerio de esta localidad zamorana hagan imposible dar con los restos Macías señaló que antes de proceder a la exhumación se debe realizar una investigación exhaustiva «y la jueza puede consultar los libros de enterramientos y el registro civil, a los que nosotros no tenemos accesos», indicó.

30 de Mayo: VII CONCENTRACION CONTRA LA
POLITICA DEL GOBIERNO ANDALUZ EN MATERIA DE
FOSAS COMUNES DEL FRANQUISMO.
Por séptima vez se concentrarán en
Sevilla familiares, amigos y asociaciones
memorialistas de Andalucía (sábado 30 a
partir de las 12 en la Plaza de la
Gavidea) frente a la Consejería de Justicia y
AA.PP., pidiendo coherencia política y ética
personal, para intervenir -exhumando- en las
fosas comunes de la dictadura. La justicia –
parece ser que corresponde hacerla al Poder
Judicial- y visto como está el patio en la
Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Juzgados territoriales, mejor no darle más
cancha mediática. A ese Poder del Estado mejor no darle “na”, que se queda con ello
y, si lo solicitas, lo mismo te procesan.
La concentración, como todas las anteriores, está convocada por
la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Histórica de
Andalucía (CAMHA).
LA JUNTA EN CONTRA DE LAS EXHUMACIONES.
Bueno, esto no es nada nuevo, ha sido la práctica cotidiana del Gobierno Andaluz
desde los primeros meses de 2004, solo alterada -en los casos concretos de Málaga, y
La Puebla de Cazalla- por la presión social, y en
muchos casos ha intentado “quitarse de en medio”
acogiéndose a argumentos peregrinos cuando no
mintiendo descaradamente a los familiares y entidades
interesadas en esta materia (muchas menos de las que
se cree, aunque lleven el apellido de “Memoria
Histórica”).
Foto: Ángel del Río: Campaña de envíos de tarjetas (2005) a Gaspar Zarrias (Consejero de la Presidencia de la Junta).
En este sentido es importante destacar que al menos han asumido públicamente
(¡¡¡ofú ¡!!, que trabajo nos ha costado) algunas cuestiones como que para exhumar
una fosa del franquismo (más de 25 años) ¡¡¡¡ NO HACE FALTA LA AUTORIZACION
DE NINGUN JUEZ !!!! Aunque una vez iniciada, o al final, se comunique y se
entregue en los juzgados el informe correspondiente.
http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/webcjap/web/guest/inicio/ciuda
dania/memoria_historica/preg_frec
De conformidad con el Decreto 95/2001, de 3 de abril, que aprueba el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria de Andalucía, la exhumación y conducción de restos cadavéricos, podrá
autorizarse por el órgano competente del cementerio en que se encuentre, de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales y el Reglamento de Régimen Interno del Municipio correspondiente.
Si la localización del lugar de enterramiento no se diese dentro de cementerio, seria
conveniente la participación del Juzgado de Instrucción correspondiente, que debiera ventilar la
cuestión sobre si existen indicios de delito en el fallecimiento de aquella persona. No siendo así
habría que contar con el consentimiento del titular del terreno y las licencias municipales
oportunas. La ley de Memoria Histórica declara la utilidad publica e interés social para la
ocupación de terrenos en estos casos.
El escándalo ha saltado cuando el gobierno de España ha preguntado a las CCAA
quienes estaban dispuestos a poner sobre la mesa los Euros necesarios para las
exhumaciones y la respuesta ha sido contundente. Solo los gobiernos de Canarias y el
País Vasco han respondido positivamente. Andalucía aportará el mapa de fosas y un
plan estratégico (desconocido para el movimiento asociativo) de actuaciones en
materia de Memoria Histórica. La política de “los manolitos” ha tocado a su fin.
ALGUNOS AYUNTAMIENTOS ESTAN “…HACIENDO CAMINO”.
En estas últimas semana tres ayuntamientos andaluces (2 PSOE y 1 PP); Grazalema
(Cádiz), Calañas y Cerro del Andevalo (Huelva) y una Diputación, la de Cádiz, han
marcado el camino de la coherencia. El
primero de ellos realizando -de oficio- las
investigaciones y posterior exhumación así
como las ceremonias civiles e institucionales
(luto oficial, banderas de Andalucía y de
España con lazo negro, capilla ardiente en la
Casa de la Cultura, entierro, monumento,
etc..) dignas de mención y aplauso. De
similares características han sido los actos
realizados en Calañas y Cerro del Andevalo.
Foto: Ángel del Río (Cerro del Andevalo) 23.05.2009.
REITERAMOS: EXCEPCIONES Y SILENCIOS CLAMOROSOS.
No ha bastado con demostrarles -al Gobierno Andaluz- que cuando se quiere, se
puede -con mayor o menor suerte- buscar, localizar y exhumar, antes, durante y
después de las nefastas intervenciones de Poder Judicial, como lo demuestran los
casos del último año en Alanís (Sevilla), Grazalema (Cádiz), Calañas (Huelva),
Moraleda de Zafayona y Diezma (Granada), así como en Sorihuela del
Guadalimar (Jaén), donde ha sido -en la mayoría de los casos- el Gobierno de
España, y en todos ellos los Ayuntamientos (PSOE y PP) quienes han apoyado a los
familiares, por el contrario los “responsables” políticos de la Junta no han aparecido
ni para interesarse, de igual manera que los compromisos adquiridos por anteriores
Comisarios, han quedado en “nada”; (Aguilar de la Frontera y Córdoba capital,
Marchena (Sevilla), El Marrufo (Cádiz) y La
Palma del Condado (Huelva). También debe de
llamar la atención que no haya ninguna
intervención en ayuntamientos gobernados por
IU.CA. después de la “nefasta” experiencia en
Córdoba capital y Zalamea la Real (Huelva), y no
es porque no haya solicitudes de intervención, que
las hay.

UN DOLOROSO RECUERDO

mayo 20, 2009

UN DOLOROSO RECUERDO

La presentación de un libro sobre la guerra sirve para que la familia de un fusilado en Monturque muestre las pertenencias que éste llevaba en el momento de su muerte.

Diario de Córdoba/José Sierra/20-05-2009

El Ayuntamiento de Monturque acaba de editar un libro en el que su autor, el cronista Francisco Luque, recoge todo lo sucedido en la localidad durante la Guerra Civil. En el mismo se incluyen numerosas fotografías y testimonios de personas que vivieron en este periodo.

Raimundo García, nieto de un fusilado, abrió sobre la mesa su humilde maleta y, uno a uno, fue mostrando los objetos personales de su abuelo Miguel Moreno Antequera, que traía envueltos en una gran bandera republicana. Apenas si podía percibirse la respiración de los allí presentes mientras mostraba la chaqueta y la camisa agujereadas por el fuego del disparo, su pañuelo, su paquete de tabaco, sus gafas destrozadas, algunos documentos y otros efectos personales que la familia ha guardado como un amargo tesoro durante los últimos 72 años.

Miguel Moreno fue fusilado el 24 de agosto de 1936 junto a otros 17 vecinos de Cabra en el pago de la Casilla de Cubero. Tras escapar herido se refugió en casa de unos amigos y allí se cambió de ropa para evitar que la sangre lo delatara. Al intentar salir de Monturque fue denunciado por un conocido al que se acercó para pedirle auxilio. Ese mismo día fue rematado por los golpistas en el mismo lugar en el que aún yacían los cuerpos de los vecinos que lo acompañaban pocas horas antes. Con esta emotiva e improvisada anécdota concluía la presentación del libro Monturque durante la Guerra Civil (1936-1939) , del cronista Francisco Luque Jiménez.

Diego Igeño, autor del prólogo, fue el encargado de trazar una semblanza de su autor y de poner de relieve algunas ideas claves en las que enmarcar estos dramáticos acontecimientos de la Guerra Civil: “Todo lo que ocurrió tras la II República –un estado de derecho avalado por una Constitución y por unas Cortes– se debió a un grupo de militares que asumió el rol de salvadores de la patria”.

El libro, editado por el Ayuntamiento de Monturque, es fruto de las investigaciones realizadas por su autor durante los últimos años de los numerosos testimonios que ha recogido de supervivientes de la época. A través de 17 capítulos el autor cuenta con todo detalle lo acontecido en esta localidad durante este periodo: las elecciones y la conflictividad social en los primeros meses de 1936, el Ayuntamiento del Frente Popular, el inicio del golpe de estado, las primeras detenciones, la nueva Comisión Gestora Municipal, los fusilamientos del 24 de agosto, los castigos físicos, las depuraciones de funcionarios o las incautaciones. El libro cuenta además con planos y cerca de un centenar de fotografías.

CUATRO CCAA RECHAZAN COLABORAR EN UN MAPA SOBRE FOSAS Y LAS 17 RECHAZAN FINANCIAR LAS EXHUMACIONES.
Cuatro CCAA rechazan colaborar en un mapa sobre fosas y las 17 rechazan financiar las exhumaciones.

Sólo País Vasco y Canarias se muestran conformes con el protocolo ante las inhumaciones, remitido hace más de cinco meses a las CCAA

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) –

Las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla y León, La Rioja y Murcia, todas ellas gobernadas por el PP, ha manifestado su disconformidad ante un Convenio remitido el pasado octubre por el Ministerio de la Presidencia para la elaboración de un mapa geográfico de fosas comunes en el marco de la Ley de Memoria Histórica, según indica un informe presentado hoy por el titular de Justicia, Francisco
Caamaño, ante el Consejo de Ministros sobre el cumplimiento de la Ley, aprobada por el Congreso en diciembre de 2007.

Además, Justicia, en colaboración con los Departamentos de Interior, Cultura y Administraciones Públicas, también elaboró un Protocolo de actuación sobre exhumaciones, que fue remitido por Presidencia el 3 de diciembre, a todas las comunidades autónomas, Asociaciones de memoria
Histórica de ámbito nacional y a la FEMP.

Según este plan, son las comunidades autónomas las que, en la medida de sus posibilidades, deben aplicar y promover las actuaciones. A partir de ahí, el informe presentado hoy por Caamaño indica que, más de cinco meses después, tan sólo han manifestado su conformidad a este plan el País Vasco y Canarias.

Asimismo, este documento añade cómo todas las Comunidades Autónomas han reaccionado a esta propuesta apuntando a la necesidad de que sea el Estado quien financie el ‘Protocolo de actuación científica multidisciplinar, para la realización de las exhumaciones’, que fija un procedimiento y los requisitos técnicos materiales y humanos para proceder de manera uniforme a las exhumaciones.

Según precisa el Ministerio de Justicia, en los casos de las
comunidades que no han colaborado en la elaboración del mapa sobre fosas comunes, el Gobierno ha recurrido a la información aportada por las Asociaciones de Familiares de Fusilados y Desaparecidos.

Ante las dificultades surgidas, la oficina de Víctimas adscrita al Ministerio de Justicia trabaja en el análisis y examen de otras fuentes de información para la elaboración del mapa, como son los archivos del Valle de los Caídos, de los Gobiernos civiles (1958/59), trabajos de las CC.AA y publicaciones especializadas. Una vez realizada la
redacción total del mapa de fosas se remitirá a las CC.AA para su conformidad.

5.389 CONSULTAS

En el citado informe han colaborado también los Ministerios de la Presidencia; de Asuntos Exteriores y Cooperación; de Defensa; de Economía y Hacienda; de Interior; de Cultura y de Administraciones Públicas. En él se indica además que desde la puesta en marcha de la Oficina Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura se ha recibido un total de 5.389 consultas, (1.579 en 2008 y 3.810 en 2009).

También se ha centralizado la información procedente de los archivos adscritos fundamentalmente a los Ministerios de Cultura, Interior y Defensa, y se ha recibido y suministrado información proveniente de los Registros Consulares en materia de nacionalidad.

En cuanto a la declaración de reparación y reconocimiento personal, el Ministerio de Justicia ha recibido un total de 574 solicitudes, de las que 464 han acreditado el cumplimiento de los requisitos. Asimismo, en relación a las actuaciones realizadas en el Registro Civil, para la adquisición de la nacionalidad española, según los datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, se han presentado 39.134 solicitudes (37.085 en Iberoamérica y 2.049 en otros países).

Por otra parte, se han concedido a 14 personas la nacionalidad española por ser miembros de las Brigadas Internacionales dentro de las 15 solicitudes presentadas (uno fallecido).

NUEVE MILLONES DE EUROS

En el capítulo de subvenciones a proyectos a través del Ministerio de la Presidencia, el informe indica que durante los años 2006, 2007 y 2008 las asociaciones, fundaciones, sindicatos y agrupaciones de personas civiles han presentado un total de 302 solicitudes (70 en 2006, 100 en 2007 y 132 en 2008), presupuesto para el que se ha
destinado un presupuesto de 9.924.984,69 euros.

En cuanto a l ejecución de proyectos, durante los años 2006, 2007 y 2008, un total de 139 entidades han puesto en ejecución 304 proyectos relacionados con exhumaciones, búsqueda y catalogación archivos, recuperación de testimonios orales y escritos, instalación de monumentos y celebración de cursos y jornadas, entre otros.

Concretamente, sobre los proyectos en trámite en el presente año 2009, se han presentado 197 solicitudes para la realización de 203 proyectos, para lo que se cuenta con un presupuesto de 3.870.000 euros.

Por último, en el capítulo de las 77 solicitudes por fallecimiento, se han resuelto 59, de las que 12 han resultado favorables. Por lesiones incapacitantes se han recibido siete solicitudes, de las que se hanrechazado seis, encontrándose una en tramitación. Para el reconocimiento de indemnizaciones a “ex presos sociales”, de las 68 solicitudes recibidas, han resultado 14 favorables.

LOS 30.000 MENORES ROBADOS DEL FRANQUISMO

DESAPARICIONES | LA ASOCIACIÓN DERECHO A SABER DA CUENTA DE MÁS CASOS.
El robo de niños fue sistemático en cárceles, hospicios y maternidades. 70 años después no se saben todos los datos. Los tiene la Iglesia en sus archivos y ninguna ley le obliga a abrirlos.

Periódico Diagonal/María José Esteso Poves / Madrid/07-05-2009

“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba el niño, y que si estaba malo, que si no estaba. No lo volví a ver”. Éste es el testimonio de Emilia Girón, que dio a luz en el hospital de la cárcel de Salamanca en 1941. Su delito, ser hermana de un guerrillero. Este caso y otros están recogidos en el auto de Garzón tras la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En el auto se dice que los niños perdidos son víctimas del Franquismo y que había un plan de desapariciones para eliminar oponentes. La Fiscalía declaró a Garzón no competente.

El caso de Emilia Girón no es único, se calculan más de 30.000 los niños robados a familias “no afectas”. 70 años después poco se sabe de aquel episodio aberrante de la dictadura. Irredentas (2002) de Ricard Vinyes recompone el puzzle. Vinyes basó parte de su investigación en testimonios de presas recogidos por Tomasa Cuevas, también presa.

Después de la guerra, la represión fue brutal. Miles de personas fueron encarceladas e incluso se habilitaron conventos como prisiones. A ellas fueron a parar muchas mujeres.

La cárcel de Ventas, concebida como un edificio moderno por Victoria Kent, se convirtió en un lugar infame. Tomasa Cuevas lo describe como un gigantesco almacén de mujeres. Antonia García dice: “Sólo recuerdo la locura de mi primer día en la sala de prisión: un sitio para 500 personas albergaba a 11.000. Las mujeres se tiraban al suelo a la vez, no había más sitio”.

Las presas vivían hacinadas con sus hijos y, pronto, la masificación supuso un problema, no humanitario, sino económico y administrativo. Mirta Núñez Balart, historiadora, calcula que en 1939 había 280.000 presos. Hoy con el doble de población son unos 60.000.

Las embarazadas con pena de muerte eran fusiladas nada más dar a luz, como relata Carlos Fonseca en Trece rosas rojas. Trinidad Gallego, matrona, fue encarcelada y ayudó a parir a sus compañeras de prisión. A sus 95 años recuerda para DIAGONAL que “allí los niños los disfrutaba la Topete [la directora María Topete]. Las madres estaban separadas de sus hijos, si devolvían, ellas no podían cuidarlos. Sarna, piojos, sin apenas comida ni agua. Morían muchos. Con tres años se los llevaban, si tenían familia, pero entonces todos estaban en la cárcel e iban a parar a los hospicios o no se sabe”.

En los ‘40 se abrió una prisión para madres lactantes en Madrid. Las presas pensaron que las condiciones mejorarían. Mercedes Núñez, presa política, dice en Mujeres caídas de Mirta Núñez: “Ninguna madre podía cuidar de su hijo. Los niños vivían separados en un patio aparte y ellas trabajaban en talleres más de diez horas diarias”. En Santurrán (País Vasco) las monjas mandaron salir a las presas al patio. Cuando volvieron, sus hijos habían desaparecido. Ya no existían, no habían sido inscritos en el registro de entrada.

Teorías de inspiración nazi

El rapto se convirtió en ‘legal’ por la Orden de 30 de marzo de 1940 que da la patria potestad al Estado. El general y médico Vallejo Nájera, formado en Alemania e ideólogo del régimen, afirmaba que era necesario “extirpar el gen marxista” y recomendaba el traslado de los niños a hospicios para “la eliminación de los factores ambientales que conducen a la degeneración”. Para ello, aplicó descargas eléctricas a los presos y otros experimentos.

La Iglesia regía todos los órdenes de la vida, los internados moldeaban a los niños, mientras el régimen los presentaba como “sacados de la miseria material y moral”. Victoriano Ceruelo, de 65 años, estuvo en Zamora: “Desde los cinco años, todos los días nos levantaban a las 5h. de la mañana para ir a misa. Los domingos venían familias y las monjas nos ponían en fila. Y decían ‘me gusta ése’, y se lo llevaban. Un día me tocó a mí, pero él le daba mala vida a mi madre y ella se suicidó”. Hasta hace poco iba cada año a preguntarle a la superiora quiénes eran sus padres. Ella le decía: “No tienes derecho a remover”.

El 4 de diciembre de 1941 una ley autorizó cambiar los apellidos “si no se pudiera averiguar el Registro Civil en que figuren inscritos los nacimientos de los niños que los rojos obligaron a salir de España y que sean repatriados [23.000 volvieron]. Igual inscripción se hará a los niños cuyos padres y demás familiares murieron o desaparecieron durante el Glorioso Movimiento Nacional”.

Fernando Magán, abogado de la ARMH, señala que “eso es la transposición de un decreto nazi a España. Lo que subyace es el exterminio de una clase social, los rojos. La eliminación de las ideas por la vía del exterminio de las personas. Hubo un momento –continúa Magán– en el que se instruyó a la policía judicial para abrir los archivos parroquiales. Pero la sala de lo penal, la misma que condenó a Scilingo, cerró sumario”.

También el orden moral impuesto repudiaba a las mujeres si su unión no era bendecida. En el programa de Paco Lobatón (TVE) ¿Quién sabe dónde? afloraron miles de casos. Sensibilizado, Lobatón fundó Derecho a Saber (ANDAS), junto a varias afectadas. A partir de ahí, el programa fue incómodo.

El caso de María Fe Fernández (Pamplona) se resolvió en la tele. La suya fue madre soltera: “Si se quedaban embarazadas iban a parar al convento hasta que daban a luz, luego a la maternidad, allí el capellán hacía las gestiones. Las engañaban y los hijos iban para militares, ricos o familias humildes (a cargo de curas)”. Dice que hay casos en Argentina, Italia, Alemania o Austria.

Avanzada la dictadura el secuestro de bebés continúa. Ahora, Mar Soriano busca a su hermana. Su madre falleció hace unos días. “Mi hermana nació en 1964 en la Maternidad de O’Donnell (Madrid), parecía sana, pero la metieron en la incubadora y un día le dijeron a mis padres que había muerto y que ya la habían enterrado. Ellos estaban aturdidos, eran gente humilde y no sabían qué hacer. Les dieron la partida de defunción y decía que un general mandó enterrarla. A mí me contaron que mi hermana murió. Por mi trabajo doy conferencias en el extranjero para personas sordas. Y en 1997, en Austria, se me acercó alguien que me dijo que conocía a mi familia en Klangerfür, que si el padre era alemán, su hija era igual a mí, mi misma cara, pelo… Dije que no. Hace unos meses empecé a atar cabos”. También desconocía el caso de una madre que ha localizado en Austria a su bebé robado en Madrid. La Iglesia tiene los archivos, pero ninguna ley obliga a abrirlos.