“El exilio produce una profunda sensación de desamparo …” Juan Gelman

El V premio a la Memoria Histórica “José ´María León”, que concede AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba), ha recaído a título póstumo en esta ya su quinta edición en la persona de JOSE MARIA (Amor) CABEZAS ARANA, exiliado aguilarense en Francia y deportado al campo de concentración alemán de Buchenbach.
Con la entrega de este galardón a José María Cabezas, AREMEHISA, ha querido este año rendir homenaje a todas aquellas personas que tuvieron que abandonarlo todo para poder salvar la vida. A aquellas personas que les toco seguir siendo la otra España más allá de nuestras fronteras tras su migración política.
La entrega del premio se celebrará en el próximo mes de agosto, y a la recogida del mismo acudirán descendientes de José María Cabezas Arana residentes en Francia.

“ La experiencia de los campos de acogida franceses fue terrible. Ni Francia estaba preparada para recibir aquella riada humana ni su ciudadanía estaba dispuesta a aceptar su integración. Los piojos, el frío y las enfermedades acompañaron a aquellas gentes que habían tenido que dejar todo atrás. Con el inicio de la II Guerra Mundial los huidos se encontraron inmersos en un nuevo conflicto del que formaban parte por su filiación ideológica.
En Francia, la mayoría de los que allí se quedaron correspondían a miembros de clases humildes, con un bajo nivel de educación. Los profesionales de clases medias, con mayor capacidad económica, buscaron rehacer sus vidas en el continente americano.

Tras la ocupación nazi unos optaron por incorporarse a la resistencia y otros por los trabajos comunitarios. Los campos de batalla y los de concentración fueron para muchos el fin. Los que consiguieron salir vivos de aquellos terribles años se enfrentaron a la postguerra con la ilusión de ver caer el Régimen de Franco y poder volver a sus hogares y reencontrarse con los suyos. Sin embargo, el sueño no se hizo realidad… “
El exilio de los republicanos españoles (Geneviève Dreyfus-Armand )

Hace ya casi 75 años, el día 25 de agosto de 1936, serían asesinados en la localidad cordobesa de Cabra (Córdoba) FRANCISCO GÓMEZ BARRANCO, de 59 años de edad y su hijo MIGUEL GÓMEZ ROJAS, de 25 años, junto a otras quince personas más, como consecuencia de la sin razón y la barbarie que las nuevas autoridades surgidas del cruento golpe de estado ocurrido el 18 de julio de ese mismo año, desataron en todas las poblaciones caídas bajo su mando.

Fueron otro padre y otro hijo mas de los cientos de miles de familias masacradas y exterminadas física y documentalmente en unos hechos que hoy todavía después del tiempo transcurrido nos siguen produciendo dolor y vergüenza. Las detenciones ilegales, las violaciones de los derechos humanos, las torturas, los asesinatos y las desapariciones fueron la practica utilizada para imponer en todos y cada uno de los pueblos de España la …. nueva justicia nacional.

Durante la guerra civil y la posterior dictadura, simplemente la nueva justicia nacional y el código penal no fueron sino instrumentos al servicio de la ideología dominante y agentes necesarios para la imposición de un determinado orden moral y social. Y una pieza más en el gigantesco mecanismo de la represión. Una represión negada por muchos y desconocida por casi todos. Que ha sido el más claro exponente y denominador común de cómo el franquismo logró amordazar a una buena parte de la sociedad de este país.

Una nueva justicia nacional que impuso oficialmente el mielo y el olvido a los familiares de las víctimas, de las personas que habían sido asesinadas y hechas desaparecer. Un miedo y un olvido “ oficial” que impidió que casi nadie pudiese acercarse a los juzgados, solicitando información del paradero de sus seres queridos “desaparecidos“, o que se les permitiese incluso inscribir su muerte en el registro civil. La justicia, (simplemente) su justicia, durante muchos años en este país siguió brillando por su ausencia.

Personas “desaparecidas” y “asesinadas” ( no lo olvidemos). Personas omitidas por la historia y el paso del tiempo y que hoy a través de su retomada presencia y su recuerdo nos imponen la memoria. Personas hechas desaparecer física y documentalmente. Como si nunca hubiesen existido. Personas con nombres y apellidos. Nombres que en muchos casos comienzan a aparecen ahora por primera vez impresos en un papel después de décadas de desapariciones forzadas. Unos nombres que aluden a víctimas concretas, con ideas y sentimientos, revividos en sus familiares, y que reclaman con su solo recuerdo, con su ya inexistente presencia que se haga de una vez por todas JUSTICIA.

Personas “ desaparecidas”, con todos los términos de la ley. Alguien que ha nacido pero que a efectos oficiales aún no ha muerto. Personas olvidades que aún hoy continúan siendo objeto del desamparo legal más absoluto en nuestro país, en un estado de derecho que constantemente ha vivido de espaldas a sus responsabilidades, durante mucho tiempo desatendiendo las peticiones de justicia de los familiares de víctimas de la dictadura y la represión franquista, un estado que continua dejándolos también hoy en la mas cruel de las indefensiones, al no permitir que después de 75 años de angustia y dolor, sus familiares no puedan registrar el asesinato de Francisco y de Miguel.

Una indefensión que se ha convertido ya en oficial y que ha llevado y continua llevando dolor, sufrimiento, crueldad y un trato inhumano a estas familias, victimas de la barbarie.

Una situación, que también ha sido como digo prolongada en el tiempo. Pues ha pasado de generación en generación, de padres a hijos y que pesa como una losa cada vez mas grande sobre nuestras espaldas.

Ha sido la tercera generación, la que tomó el relevo de su padre en la lucha por reclamar justicia. Ha sido el nieto de Francisco, Jorge Gómez Sáenz, (sobrino también de Miguel) el que solicito a finales del pasado año 2010 la inscripción fuera de plazo legal de las muertes de su abuelo y su tío Miguel.

Un derecho que hoy por hoy todavía de forma incomprensiblemente la justicia le niega. Y al negarsele de forma sistemática la inscripción de sus desaparecidos en los correspondientes registros civiles se perpetua y se pone en tela de juicio la credibilidad de las instituciones democráticas y la mas que probable parcialidad del poder judicial en nuestro país.

A mi juicio, mientras esta situación continúe así España no será nunca un país normal, no será nunca un país justo y por el contrario seguirá siendo un país como el de hace 74 años, un país sin justicia. Una justicia que tarda demasiado tiempo en llegar.

Aremehisa, continua con la labor de recogida de muestras a los familiares para la identificación por ADN.
Telefono de atención a los familiares.
680634633

El Gobierno abre el “mapa de las fosas” y asume el caos en el Valle de los Caídos

JUEVES, 5 MAYO 2011

Exhumación, por miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de una fosa de represaliados de la Guerra Civil en Tejedo del Sil (León). / FCPB (Wikimedia Commons)
Si no se produce alguna avería técnica, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, abrirá este jueves en Internet la página dedicada a la Memoria Histórica con el “mapa provisional de las fosas de la Guerra Civil”. Así lo anunció el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba en su comparecencia ante la Comisión Constitucional para dar cuenta del cumplimiento de la ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. Rubalcaba matizó que el mapa “no es exhaustivo ni está terminado”. Por tanto, se trata de “un instrumento en evolución que experimentará una continua actualización” a medida que vayan avanzando las investigaciones.

El mapa con los restos humanos de los fusilados republicanos tras la sublevación militar nazifascista del 18 de julio de 1936, ha sido elaborado por la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil (Ministerio de Justicia) con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de noventa asociaciones de familiares y estudiosos. Ellas fueron las que removieron cielo y tierra para encontrar los restos de sus seres queridos ante la pasividad del Estado democrático, incluida la inhibición de los jueces. Como se sabe, el Tribunal Supremo suspendió al único juez que dio amparo a los familiares de las víctimas: el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

A esas asociaciones, largamente ignoradas, agradeció Rubalcaba “su colaboración”, no sin olvidar que desde la vicepresidencia primera en los tiempos de María Teresa Fernández de la Vega se les prestó ayuda. Desde 2006 a 2010 se ha subvencionado 642 proyectos de investigación y recuperación de restos con cerca de 20 millones de euros, según informó el vicepresidente antes de afirmar que “ningún ser humano debe permanecer enterrado en ninguna cuneta” y de reivindicar el derecho a la “dignidad” de las víctimas.

El vicepresidente adelantó que el “mapa de víctimas ha permitido integrar la documentación del Valle de los Caídos, con el numero de personas allí enterradas”. El mausoleo construido por los presos republicanos en la dura roca del Guadarrama contiene huesos de 33.847 víctimas de la Guerra Civil. Pero, según los datos del Patrimonio del Estado, 12.410 no están identificados. La mayoría eran demócratas republicanos.

La historia ya es conocida. El dictador quería que el mausoleo fuera para los de su bando, comenzando por el falangista José Antonio Primo de Rivera, y ordenó que se trasladara de todos los pueblos de España a los “caídos en la cruzada”. Algunos alcaldes protestaron porque no querían quedarse con los restos de los republicanos en sus cementerios, y Camilo Alonso Vega, que era ministro de Gobernación y no quería líos, les dijo que los empaquetaran también para Madrid. Corría el año 1959. En muchos pueblos desenterraron y facturaron los huesos en bolsas colectivas, sin informar a las familias. Ladrones de tumbas, aquellos franquistas.

Hoy Jáuregui, además de inaugurar la web con el mapa y otros datos, se reunirá con los familiares de 11 republicanos que fueron trasladados al Valle de los Caídos para decirles que, como avanzó Cuartopoder, “será imposible exhumar” y devolverles los restos de sus seres queridos. Así lo confirmó Rubalcaba, quien creará una comisión de expertos para que estudie qué hacer con el megamausoleo.

Sobre las demás previsiones de la ley, Rubalcaba informó de la retirada de 715 símbolos franquistas en los lugares y edificios de la Administración General del Estado, lo que no quita para que en su Cantabria natal pervivan calles con nombres de generales sublevados, como denunció Joan Ridao, de ERC. El vicepresidente también dijo que 321.623 descendientes de exiliados han solicitado la nacionalidad, se han aprobado 187.076 y se han expedido 125.609 pasaportes. Asimismo, se están abonado 6.900 euros de pensión anual a unos 3.000 supervivientes de los 31.000 niños que fueron evacuados tras la guerra civil y que residen en 34 países.