“Cuando tienes un río imparable y le pones un muro, busca salida por otro sitio”, explica José María Pedreño, presidente de la Federación de Foros por la Memoria Histórica. El río de la memoria lleva un caudal cada vez más ancho.

El próximo 1 de febrero, frente a sedes judiciales de toda España y el Tribunal Supremo de Madrid, cientos de personas se concentrarán portando la fotografía de un familiar asesinado por el franquismo bajo el lema “Verdad, Justicia, Reparación”, que son los tres principios de la ONU en materia de desapariciones forzadas. La imagen, que evoca las movilizaciones surgidas en Argentina o Chile, es inédita en España y se repetirá, en otros emplazamientos y fechas, a lo largo del próximo año con la misma carga reivindicativa: que no se entierre la memoria de las víctimas. Su voz saldrá por primera vez a la calle en 2009.

Las víctimas protestarán ante los juzgados el próximo 1 de febreroLa iniciativa coincide con un aniversario. En 2009 se cumplen 70 años del fin de la Guerra Civil. Un epílogo que Franco firmó en Burgos el 1 de abril de 1939: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”. La batalla es ahora social y jurídica.

El frente parlamentario está tranquilo, a excepción de la batería de preguntas que disparará al Gobierno el diputado de IU Gaspar Llamazares. El trabajo del Ejecutivo discurre lento, según aseguran los colectivos memorialistas. “Hay un intento de liquidar esto en el tiempo”, denuncia Pedreño. Fuentes del Gobierno han rehusado la invitación de Público para concretar qué prepara el Ejecutivo en 2009 en relación con la recuperación de la Memoria.

Está pendiente, sin plazo de ejecución, la elaboración de un mapa de fosas que unifique las indicaciones parciales de distintas administraciones. En 2009 seguirá el envío de archivos al Centro Documental para la Memoria de Salamanca y se abrirá la recién creada Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, dependiente de Justicia. “No sabemos qué tiene dentro; está por ver de qué se va a encargar”, denuncia Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

El 1 de abril, el Congresopodría aprobar una condena a la dictadura
Condena del Parlamento
Este colectivo iniciará en 2009 una movilización que pretende forzar al Congreso a condenar la dictadura franquista el 1 de abril. “Queremos que lo hagan todos, los 350 diputados”, explica Silva. Su objetivo es que sea el Pleno de la Cámara, y no una de sus comisiones, el órgano que verbalice la condena.

De forma paralela al desarrollo de la ley, 2009 va a ser el año de la Memoria ciudadana. Cada vez son más. “El movimiento es memorialista, democrático, republicano… cada vez recoge más adjetivos”, explica Pedreño. “Empieza a haber un espacio republicano, y eso tiene que ver con los movimientos sociales”, concreta Silva.

Las exhumaciones seguirán. El trabajo judicial, también. “Hay recorrido más allá de Garzón” señala un abogado del grupo de Silva. Se continuará cargando contra los rescoldos de simbología franquista presentes en muchos callejeros. Varios ayuntamientos tienen previsto revocar los reconocimientos concedidos a Franco y la última estatua urbana del dictador, que sigue en pie en Melilla, caerá del pedestal el próximo año si se cumple la promesa del Gobierno de la ciudad autónoma. El río de la memoria anegará uno de los símbolos supervivientes de la nostalgia franquista.

COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
La Coordinadora de Víctimas del Franquismo, ante el primer aniversario de la publicación de la Ley 52/2007

El próximo 27 de diciembre se cumple un año de la publicación en el BOE de la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Su entrada en vigor debía producirse el día 28 de diciembre. No obstante, el necesario desarrollo reglamentario de la ley no ha tenido lugar hasta los primeros días del mes de noviembre último.

La Ley 52/2007 se aprobó in extremis, con la legislatura del primer Gobierno Zapatero prácticamente agotada y después de un largo proceso, que se había iniciado en el verano de 2004, con la creación de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, presidida al más alto nivel por la Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega. Parecía que por fin, treinta años después de la muerte del dictador, la sociedad española iba a afrontar la desmemoria colectiva que los golpistas de 1936 habían gravado en su alma a sangre y fuego.

Sin embargo, dos años después, en el verano de 2006, la Comisión presentó un proyecto de ley que sumió en la perplejidad a los colectivos de víctimas del Franquismo. No solo se daba la espalda al Derecho Internacional, sino que, en un reprobable ejercicio de equidistancia, se equiparaba al Gobierno legítimo de la República con una banda armada, y se equiparaba, así mismo, las sentencias emanadas de los Tribunales constitutivos del Poder Judicial de la República española, con las ejecuciones llevadas a cabo por aplicación del bando de guerra de los insurgentes y con las sentencias emitidas por consejos de guerra sumarísimos, por el Tribunal de Responsabilidades Políticas o por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, todos ellos conformadores del orden jurídico establecido por el golpismo triunfante.

Ante el rechazo causado por el texto elaborado por la Comisión Interministerial, se inició un proceso de negociación con otros grupos políticos del Congreso que desembocó en la Ley 52/2007. Ésta, con un lenguaje algo más cuidadoso, presenta un articulado igualmente ajeno a los principios de Justicia, Verdad y Reparación consagrados en el Derecho Internacional de Gentes. El Estado español nos brindó un 28 de diciembre, un ejercicio de compensación a la española, una chapucilla mediante la cual ninguna persona ni institución asumiera responsabilidad alguna, pero que sirviera para dar carpetazo al molesto asunto de una memoria que pretendía ir más allá de lo puramente familiar. La responsabilidad del Estado español en el ámbito de la protección de los Derechos Humanos de sus propios ciudadanos, ha quedado reducida a la expedición de un certificado de víctima. Con el agravante añadido por el Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, de que la tramitación del peculiar certificado corresponderá, si procede, a la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, departamento del Ministerio de Justicia que tiene asignada la función de preparación de los asuntos relativos al ejercicio del derecho de gracia así como la de los títulos nobiliarios y grandezas de España. En otras palabras, que, setenta años después de que Franco y sus secuaces derribaran con violencia la legalidad vigente, el Estado democrático, que se ha negado a decretar la nulidad de los actos de represión contrarios a derecho de la dictadura, concede el perdón a sus víctimas.

Por si esto no fuera suficiente, el Estado tampoco ha querido asumir su responsabilidad en el ámbito de los desaparecidos y, por eso, ha delegado en las familias la búsqueda, localización y exhumación de las víctimas de desapariciones forzadas, escondiendo su irresponsabilidad detrás de una subvención.

Atravesando transversalmente este despropósito, distintos colectivos de víctimas del Franquismo habían presentado en diciembre de 2006 y julio de 2007, ante la Audiencia Nacional, una serie de denuncias por crímenes de lesa humanidad. Las denuncias habían recaído por turno de reparto en su Juzgado de Instrucción nº 5. Al cabo de un año sin que éste efectuara ningún acto de procedimiento, los denunciantes presentaron escritos de queja ante el Consejo General del Poder Judicial.

En julio de 2008, seis meses después de la publicación de la Ley 52/2007 y año y medio después de presentadas las denuncias, da comienzo una puesta en escena, a cargo de un selecto cuadro de intérpretes institucionales, que ha dado al traste definitivamente con las esperanzas de obtención de justicia, en España, por parte de las víctimas del Franquismo.

El Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, sin pronunciarse sobre la admisión a trámite de las denuncias presentadas, ordena la práctica de una gran cantidad de diligencias que le iban a permitir confeccionar un primer censo de la represión franquista y dictar, en el mes de octubre, un Auto en el que se declaraba competente para llevar a cabo la instrucción.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tiene por misión, en su ámbito competencial, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, y que ejerce su función conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, se opone con vehemencia a la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Franquismo, aunque sin establecer cual sería el órgano jurisdiccional competente. Y, no contenta con esto, plantea un incidente extraordinario de competencia ante la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional.

El Juez Instructor, antes de que se resuelva el incidente por la Sala, dicta un nuevo Auto en el que, a pesar de ofrecer nueva motivación para lo contrario, decide inhibirse de la competencia que había asumido un mes antes con el argumento de que Franco está muerto. Y decide también remitir las actuaciones a los Juzgados territoriales, en cuya jurisdicción existan fosas comunes sobre las que se hayan presentado informes y solicitudes de exhumación, juzgados territoriales que desde hace años vienen haciendo oídos sordos a las denuncias presentadas ante ellos, alegando falta de competencia o carencia de medios.

La Sala de lo Penal resuelve, por 14 votos frente a 3, que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar los crímenes cometidos por el Franquismo porque Franco está “premuerto”.

Franco está muerto y enterrado, pero para los familiares de los desparecidos la espera y la tortura continúa.

Con la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y con la publicación de las normas de desarrollo de la Ley 52/2007, cae el telón y finaliza la representación. Los colectivos de víctimas del Franquismo volvemos a situarnos en el punto del que, a pesar de las apariencias, nunca nos hemos movido. El Poder Judicial nos niega el amparo, el Poder Legislativo nos ningunea, y el Poder Ejecutivo, ése sí, nos abre una ventanilla. Los cientos de miles de hombres y mujeres que fueron asesinados, encarcelados, depurados u obligados a vivir lejos de su patria, por una banda terrorista convertida en Estado ilegal, ya pueden solicitar su certificado de víctima ante la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos del Ministerio de Justicia del Gobierno de España.

Diciembre de 2008.
Francisca Maqueda Fernández, D.N.I. nº 28576785K (Sevilla) / movil 657858257

COORDINADORA DE COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.Constituida por: Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Asociación Memoria Histórica de Cataluña, Asociación Mèmoria de Mallorca, AREMEHISA (Asociación Recuperación Memoria Histórica Aguilar de la Frontera), Asociación Recuperación Memoria Histórica de Aragón, Asociación Recuperación Memoria Histórica Valladolid, Confederación General del Trabajo y Forum per la Mèmoria del País Valenciá.

Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica recurrieron hoy la decisión adoptada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de declarar incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo.

Estas asociaciones, cuya querella posibilitó la investigación iniciada por Garzón, presentaron hoy un recurso de súplica ante la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pero advirtieron de que, de no prosperar, recurrirán directamente ante el Tribunal Supremo.

Los demandantes consideran que la decisión de declarar incompetente a Garzón para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la Dictadura de Franco, adoptada el pasado 28 de noviembre, vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso público y con todas la garantías y que careció de “ausencia de actos de comunicación procesal”.

En el escrito presentado hoy ante la Audiencia Nacional, señalan que el recurso, tanto el de súplica como el del Tribunal Supremo, son posibles al amparo de la Constitución y del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, en contra de lo sostenido por la propia Sala de lo Penal.

Además del recurso de súplica, las asociaciones comunicaron a la Audiencia Nacional que, subsidiariamente, tenga por preparado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción de precepto constitucional, por infracción de ley y por quebrantamiento de forma.

Por otro lado, los demandates solicitaron la nulidad del auto por el que la Sala de lo Penal ordenó la paralización de forma cautelar las exhumaciones acordadas por Garzón, dictado el pasado 2 de noviembre.

Los demandantes consideran que esta decisión “causó indefensión a muchas de las partes”, fue una “evidente incongruencia procesal” y que la Sala de lo Penal no era “el órgano jerárquicamente superior para resolver la cuestión de competencia”.

El Gobierno ha elaborado ya un protocolo para regular las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil, tal y como prometía el artículo 12.1 de la ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. De momento es sólo un borrador. Moncloa ha enviado el texto, de 11 páginas, a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, para que le dé su opinión. No les ha gustado.
“Esto es urgente. Los hijos se están muriendo”, dicen allegados de víctimas
El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, describe paso a paso qué hay que hacer para abrir una fosa de la Guerra Civil y quién debe hacerlo. En el aspecto técnico, el protocolo es muy similar a otros ya existentes, incluido el que ha utilizado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para exhumar más de 4.000 cuerpos en los últimos años.

Aquel protocolo lo elaboró Francisco Etxeberria, médico forense, perito en la comisión que investiga los crímenes de la dictadura de Pinochet y uno de los expertos que iba a asesorar al juez Garzón en su causa contra el franquismo. Ambos documentos coinciden, por ejemplo, en la importancia de contar con un equipo multidisciplinar de expertos (forenses, antropólogos, historiadores…) a lo largo de todo el proceso.

Pero también tiene una dimensión política. Según el borrador, la intención del Gobierno es seguir prestando “colaboración” a los familiares de las víctimas y a las asociaciones que los representan, que llevarán a cabo las exhumaciones “con sus propios medios o con los que se aporten mediante la suscripción de los correspondientes convenios o contratos”. El documento establece que los trabajos de recuperación de cadáveres se realizarán previa solicitud de los descendientes directos de las víctimas o de entidades interesadas y que “será necesaria la autorización por la Comunidad Autónoma correspondiente y por los órganos de gobierno de la entidad local donde se ubiquen los restos”. Es decir, que la apertura o no de una fosa de la Guerra Civil dependerá, no ya del criterio de uno u otro juez, si no de una u otra administración autonómica.

La apertura de una fosa necesitará, además, un permiso por escrito de los familiares o representantes legales de los fallecidos. Si fuera necesario, añade el texto, la entidad local o la comunidad autónoma donde se ubiquen los restos “deberán realizar publicaciones en tablones municipales, boletines provinciales o autonómicos o diarios de mayor difusión” para encontrar a las familias.

En caso de conflicto entre familiares o asociaciones, “la exhumación deberá ser ponderada por la comunidad autónoma”, que, “tras dar audiencia a los interesados, decidirá la realización total, parcial o la no realización de los trabajos”. Es decir, si este protocolo estuviera ya en vigor, sería el Gobierno de Andalucía, presidido por Manuel Chaves (PSOE), quien decidiera si se abre o no la fosa donde se cree están enterrados el maestro granadino Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí (cuyos familiares quieren recuperar los restos), junto al poeta Federico García Lorca (cuyos herederos desean que se queden donde están).

A la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no le gusta el texto. Su presidente, Emilio Silva, lamenta que el Gobierno vuelva a dejar “en manos de voluntarios las exhumaciones, es decir, las consecuencias de un asesinato”, que no haya aprovechado la oportunidad del protocolo “para crear una oficina estatal de atención a las víctimas que centralice las peticiones y lleve a cabo los trámites necesarios”. La asociación lamenta que se “convierta en una decisión política de una comunidad autónoma u otra el derecho de los familiares a desenterrar a sus muertos y darles una sepultura digna”. A la asociación le preocupa que “esta maraña burocrática” acabe alargando un proceso para el que no hay apenas tiempo. “Esto es urgente. Porque sus familiares se están muriendo. Los hijos de las víctimas son muy mayores. ¿Por qué una mujer de 80 años ha de esperar a que una comunidad autónoma decida si tiene derecho o no a sacar a su padre de una cuneta?”, denuncia Silva. “El derecho es positivo. No se lo puede quitar alguien que no quiera ejercerlo. Si yo no voy a votar, ¿significa que se suspenden las elecciones?”.

Hasta ahora, para iniciar los trabajos de exhumación, las asociaciones pedían autorización al propietario del terreno donde se hallase la fosa, solicitaban un permiso sanitario al ayuntamiento correspondiente y enviaban un escrito al juez de instrucción de la zona, que generalmente, no solía responder.

El borrador del protocolo prevé que, en caso de no obtener la autorización del dueño de los terrenos donde se encuentre la fosa, la administración competente iniciará “los trámites para la ocupación temporal de los terrenos”, de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre expropiación forzosa.

Localizados los restos, se dará parte al juzgado de instrucción competente, a la policía y a la Guardia Civil y se llevarán a un laboratorio forense que tratará de identificar a las víctimas y averiguar las causas y circunstancias de su muerte. Si son identificados, serán entregados a las familias; en caso contrario, se inhumarán en el cementerio de la población donde se haya encontrado la fosa.

El protocolo
– Cómo exhumar cuerpos de la Guerra Civil, según propone el Gobierno:

1. Investigación preliminar. Recogida y grabación de testimonios, elaboración de la ficha ante mortem de la víctima y consulta de archivos.

2. Proyecto de intervención arqueológica. Informe sobre la ubicación y características de la fosa, estimación de medios necesarios, del coste y del tiempo de ejecución.

3. Autorización. Permiso por escrito de los familiares de las víctimas y autorización de la comunidad autónoma y los órganos de gobierno local del municipio donde se ubiquen los restos.

4. Excavación. Elaboración de un diario de trabajo y documentación de las tareas realizadas. Establecimiento de un perímetro de seguridad para evitar el expolio de los restos. Comunicación al juzgado de instrucción, a la Policía o Guardia Civil y a la comunidad autónoma de los restos encontrados. Inventario de los hallazgos.

5. Investigación forense. Identificación de la víctima, diagnóstico de la muerte, fecha y circunstancias del fallecimiento.

CóRDOBA: ARCHIVAN LA DENUNCIA CONTRA AGUILAR POR OBSTRUIR LA APERTURA DE LA FOSA.

Archivan la denuncia contra Aguilar por obstruir la apertura de la fosa

ABC. DAVINIA DELGADO / 11-12-08

Antonio Gutiérrez, nieto del diputado malagueño del PSOE fusilado en 1936 Luis Dorado, se le están acabando los frentes judiciales para lograr la exhumación del cuerpo de su abuelo. La denuncia que interpuso contra la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, por prevaricación, desobediencia y denegación de auxilio, ha sido archivada al considerar el magistrado instructor que carece de contenido penal.

En el aire

Gutiérrez demandó a la regidora, así como al presidente de la empresa Cementerios de Córdoba Sociedad Anónima Municipal (Cecosam), Alfonso Igualada, y al gerente de esta misma compañía, José Cabrera, después de que el Ayuntamiento paralizase los trabajos para localizar, identificar y desenterrar los restos de Dorado, que se encuentran en una fosa común del cementerio de La Salud.

En el texto de la denuncia, el nieto del parlamentario socialista manifestaba que su familia había obtenido una subvención del Ministerio de la Presidencia para tal cometido, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Para el desarrollo de esas tareas, «se contaba con los debidos permisos municipales, por tratarse de un terreno público», proseguía la denuncia.

Sin embargo, y según Gutiérrez, el Consistorio frenó los trabajos a la espera de una orden judicial, «pese a que ya habían sido autorizados», dijo el nieto del diputado.

Este giro en los acontecimientos lo desencadenó la paralización del auto abordado por el juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, y que, según el Consistorio, afectaba de lleno al caso de Dorado.

Desde entonces, las tareas están en «stand-by» y, según avanzó ayer Igualada, «no haremos nada hasta que un juez lo determine». En lo que respecta a la vía administrativa, el presidente de Cecosam señaló que «todavía no se ha aprobado el reglamento de la Ley de la Memoria Histórica que determine el protocolo a seguir y quién asume el coste».

Gutiérrez, por su parte, se mostró «más que sorprendido» por la noticia del archivo de la denuncia: «Nos están cerrando todas las puertas. Ya no me quedará más remedio que llevar el asunto a Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a principios de año».

El abogado de la familia, Felipe Navarro, señaló que «en principio, no vamos a recurrir el fallo judicial; tendremos que analizar qué caminos podemos tomar».

Las vías que aún siguen abiertas son la contencioso-administrativa o interponer de nuevo otra denuncia en los juzgados por la vía penal, «aludiendo a partes del hecho no afectadas por la cosa juzgada», dijo Navarro.

Además, el letrado ha solicitado el amparo del Ayuntamiento de Málaga, municipio de la familia de Dorado, «para que se dirija al Consistorio cordobés y le haga cambiar de opinión sobre la exhumación», dijo Navarro.

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COMENTARIO:

¿Que dice IU sobre esta actitud de Rosa Aguilar?. Decir que IU ha estado, en este caso y desde el principio, perfectamente informada por la familia de Dorado Luque.

Recordar que dos alcaldes del PSOE han hecho posible, tras oir -directamente- a las familias de las víctimas, las recientes exhumaciones de las fosas de Calañas (Huelva) y Moraleda de Zafayona (Granada). Su decidida colaboración -sin ningún tipo de problema con el poder judicial- lo han hecho posible, además de aplicar la “legislación vigente” que ha hecho posible la exhumación de centenares de fosas comunes -por toda España- desde 1977.

¿Que es eso de esperar los Protocolos -antes decían que el Reglamento- que surjan como consecuencia del desarrollo de la Ley, y que se los ordene un juez?.

La alcaldesa de Córdoba se está pasando por el arco del triunfo, no solo la Ley de la “Memoria Histórica”, sino también -aunque eso es más fácil- los acuerdos de la organización que la elevó al sillón.

Más pronto que tarde verá como ciudadanos de Córdoba y familiares de las víctimas -de toda la provincia- les enseñarán las fotos de los fusilados en la puerta del Ayuntamiento.

Cecilio Gordillo, Coord. “RMHSA” de CGT.A

TERCERA CONCENTRACIÓN DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Sábado, 13/12/2008: 12 h. Plaza de la Gavidia (Sevilla).

3ª Concentración de familiares de víctimas del franquismo.POR LA EXHUMACION DE LAS FOSAS COMUNES EN ANDALUCIAConvoca: Coordinadora Asociaciones Memoria Histórica de Andalucía (CAMHA).(AMHyJA, DIME, AREMEHISA, AMHyJA-Almonte, Familiares de la Puebla de Cazalla, Guillena, …..). Apoya: “RMHSA” de CGT.A

GENTE CON MEMORIA

diciembre 6, 2008

Paqui comía ese día en la casa de su madre, Manuela. Tenían la tele encendida. De repente aparece Emilio Silva. Al ver al fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Paqui se acordó de que tenía que decirle algo a su madre:

“Murieron por la libertad”
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
“Ya no soy creyente. No puedo serlo de esta Iglesia- institución”

“El crimen franquista persiste. Alguien debería sentarse en el banquillo”
-Este verano nos vamos Gracia y yo a desenterrar muertos del franquismo.

Manuela respondió:

-¿Por qué no buscáis tu hermana y tú el cadáver de mi abuelo?

Paqui se quedó de piedra. ¿Qué abuelo, qué cadáver? Manuela explicó a su hija lo que hasta entonces había sido cuidadosamente silenciado: su abuelo, Juan Rodríguez Tirado, fue fusilado en su pueblo, Carmona, pocos meses después del inicio de la Guerra Civil. No fue el único familiar represaliado. A uno de sus hijos, Pascual, le aplicaron la ley de fugas y le metieron siete tiros por la espalda en La Carolina. Otros dos hijos, Enrique y Juan, fueron encarcelados tras la guerra. La casa familiar de Carmona les fue incautada.

Juan, único superviviente con 87 años, y Manuela han actuado como “donantes de memoria”. Gracias a ellos, Paqui ha reconstruido la trágica historia familiar. Una familia curiosa. Muy humilde y muy peleona.

Natural de Carmona, los Maqueda emigraron del campo a la ciudad acuciados por la necesidad. Era 1970. Paqui tenía seis años. El padre faenaba en el campo. Le salió un trabajo en Tussam, la empresa de transporte público sevillana. Les concedieron una vivienda protegida en el Polígono Sur, donde surgían barriadas para acoger a los desahuciados de las chabolas que salpicaban el centro de la capital. Paqui, sus padres y tres hermanos -luego llegaría el quinto hijo- recalaron en Las Letanías, al lado de Las Tres Mil Viviendas.

-Fue un choque muy grande. Dejábamos atrás la casa con patio de Carmona, las paredes blancas, las puertas abiertas, la familia, los vecinos.

A los seis años, Paqui se encuentra perdida en un barrio de aluvión del extrarradio de Sevilla. Sin colegios, sin servicios. El único foco de luz era la parroquia de San Pío X. Los curas que la dirigen entroncan con la Iglesia de los Pobres. Los chavales se suman a las Juventudes Obreras Católicas (JOC).

-Aquel movimiento fue la semilla que hizo crecer en mí la conciencia social de lucha. Nos dio las herramientas para concienciarnos sobre la realidad del barrio.

Unas herramientas que le iban a servir para construir su futuro: trabajadora social. Hacinados en un piso de 70 metros, los cinco hijos de la familia Maqueda lograron terminar estudios universitarios. Con becas y “limpiando casas”, recuerda Paqui. A los 22 años, tenía el diploma en la mano. Otros colegas del barrio no tuvieron la misma suerte, recuerda con tristeza: algunos murieron por la droga o el sida.

Paqui no huyó del barrio. Se casó con un joven maestro y se instalaron en un piso de Las Tres Mil Viviendas que les costó 4.800 euros. Los dos trabajaban en la barriada. Un año después, el Ayuntamiento buscaba trabajadores sociales y Paqui fue contratada.

Curiosamente, es en el centro de trabajo donde observa una mayor diferencia con sus compañeros, algo que no había sentido en la universidad. “La gente priorizaba otras cosas: ahorrar para casarse, comprar una buena casa, un buen coche, pedir un aumento de sueldo. A mí todo aquello me venía muy grande”.

Le parecía grande hasta el sueldo: pasó de ganar 60.000 pesetas en Las Tres Mil a 150.000 en el Ayuntamiento (de 360 a 900 euros). El primer destino como trabajadora social es el asentamiento chabolista de San Diego. Tiene 23 años, mide 1,54 metros y pesa 44 kilos. En su cara de niña destacan como dos aguamarinas sus intensos ojos azules, herencia de la familia. Le han dado una carpeta con un listado de las chabolas y una orden: actualiza el censo. ¿Sintió miedo?

-No, miedo no. ¡Yo venía de Las Tres Mil! Era temor a lo desconocido. No sabía qué me iba a encontrar.

Se encontró 30 familias. Unas 200 personas. Casi todas del tronco de los Fernández. “Gente muy fiel a su cultura, muy trabajadora, que se levantaba al alba y se iba a vender ropa y fruta por los mercadillos”. La recibieron bien. Ella se volcó: escolarizó a los niños, los vacunó, arregló la cartilla médica de los mayores, las pensiones no contributivas de los ancianos. Total: siete años en tres asentamientos distintos, San Diego, El Vacie y Los Perdigones. Tres joyas de la marginación y el desamparo.

Ella pudo haber elegido otros destinos, pues sacó el número 1 en las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento. Pero se había enamorado de su trabajo. Hoy, cuando la reconocen en algún mercadillo: “Me agarran y me tiran por los aires. Son muy cariñosos”. La invitan a sus bodas, a sus bautizos.

De los barrios chabolistas pasó a ocuparse de las prostitutas de la Alameda. Otro submundo de marginación en el que trabajó durante cuatro años. “Un ambiente difícil, de viejas prostitutas y jóvenes drogadictas, que tienen muy difícil salida. Porque lo único que les queda es fregar suelos”.

De la Alameda, a una Unidad de Trabajos Sociales en Los Bermejales, otra barriada que se quitó de encima a los chabolistas a golpe de talón. Allí se enfrenta al drama de los mayores dependientes y de los familiares que los cuidan.

En este duro recorrido por la vida, ha perdido la fe. “Ya no soy creyente. No puedo serlo de esta Iglesia-institución”. Se mueve por una razón más profunda que la propia religión. Una causa que le empuja a no malgastar sus vacaciones. Las utiliza para viajar a países centroamericanos. Lleva libros y juguetes a niños que están aún más desvalidos que los que pueblan las barriadas marginales sevillanas.

Y por si fuera poco, se buscó otra nueva ocupación: desenterrar cadáveres arrojados a fosas y cunetas por los asesinos franquistas. En Lerma, en Zalamea la Real, en Puebla de Cazalla.

A la caída de la tarde, tiene un rato de relax viendo jugar al fútbol a su hijo Julio, de nueve años. Aunque cuando llega a casa no enciende la tele-tonta. Toma un libro en sus manos y lee. Por ejemplo, La Guerra Civil española, de Antony Beevor.

Seis jueces dicen que parar las exhumaciones ha creado una situación absurda

Madrid, 4 dic (EFE).- Seis magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional consideran que la decisión de este órgano de paralizar las exhumaciones de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ordenadas por el juez Baltasar Garzón “ha creado una situación de difícil explicación, rayana en el absurdo”.

En un voto particular discrepante con el auto en el que la sala rechaza el recurso contra esa decisión de una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín, los jueces que en el pleno del pasado 7 de noviembre se opusieron a paralizar la apertura de fosas recuerdan que, en la práctica, siguen las exhumaciones en toda España, salvo precisamente las acordadas por Garzón.

“En España, desde hace dieciocho años, las víctimas y las asociaciones que protegen sus intereses vienen abriendo fosas comunes, exhumando restos de desaparecidos (todavía indignamente enterrados) e identificándolos con la ayuda de profesionales de la medicina legal, la antropología forense, la biología y la historia”, señalan estos magistrados.

El voto particular recuerda que tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica “esa actividad se realiza con financiación pública” y que después de que la Audiencia Nacional ordenara paralizar las exhumaciones “se siguen abriendo fosas y exhumando restos en varios lugares, excepto en aquellas localizaciones que el juez central (Garzón) había judicializado”.

Los magistrados añaden, además, que la apertura de esas fosas ha sido paralizada “sine die”, ya que la decisión del pleno de la sala de lo penal del pasado 18 de noviembre de declarar la incompetencia de Garzón para investigar los hechos “difiere el levantamiento de la orden sin fecha”.

Los seis jueces -Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez- dicen también que, en contra de lo que alegó la mayoría de la sala para justificar su decisión, no había peligro alguno de que las actuaciones ordenadas por Garzón devinieran “nulas” en caso de que, como así pasó luego, fuera declarado incompetente.

“Sin riesgo procesal -la nulidad no había sido pedida por el Fiscal- nunca puede adoptarse una cautela”, subrayan los magistrados, que agregan que “la inexistencia de peligro al que atender ha creado una situación de difícil explicación, rayana en el absurdo”.

Mientras tanto, el auto en el que la sala rechaza el recurso de la nieta de Negrín insiste en que haber paralizado las exhumaciones “preserva el derecho de las víctimas al proceso, evitando la pérdida de fuentes de prueba o de vestigios y piezas de convicción que pudiera derivarse de la nulidad de los actos procesales realizados por quien pudiera resultar no tener competencia”. EFE jav/jmi

Garzón: “Lo importante no es quién sea el juez, sino que las cosas se hagan”

El juez Baltasar Garzón señaló hoy que “lo importante no es quién sea el juez” que esté a cargo en la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, sino “que las cosas se hagan”.En declaraciones a los medios de comunicación, esta tarde en Santiago de Compostela, antes de presentar su libro, Garzón insistió en que la investigación tendrá que realizarse “en los límites establecidos por la propia resolución del juzgado y por la sala de la penal y la Audiencia Nacional”.El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó la pasada semana que Baltasar Garzón carece de competencias para investigar este caso, por lo que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales.La mayoría consideró que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos, porque el delito que Garzón imputaba a los responsables del régimen franquista (delito contra altos organismos de la nación) no existía en el momento en que se produjeron las desapariciones.Garzón se mostró prudente y afirmó no poder opinar todavía sobre ese asunto, y, aunque remarcó que la Audiencia Nacional “ha decidido, no se ha publicado aún una resolución en esa materia”, por lo que está pendiente de “conocer los argumentos”.
La Ley de Amnistía
El juez aclaró, además, que lo que recogía su auto “no afectaba precisamente a la Ley de Amnistía de 1977”, sino que hacía “mención” al Comité de Derechos Humanos, en los que se hace una alusión a la recomendación de derogar esa normativa.Ante la pregunta de si eso sería factible, matizó que “lo es desde el momento en que se establece la posibilidad de que haya una acción judicial en cada uno de los juzgados competentes” en la materia, siendo cada uno de ellos el que tenga que decidir.Además, lanzó un mensaje de tranquilidad a las víctimas de la represión y sus familiares, de los que dijo que “tienen que estar tranquilos”, porque, en todo caso, “recibirán la respuesta de la Justicia en cada uno de los puntos donde corresponda”.En relación con la recogida de firmas en apoyo a su actuación, manifestó su agradecimiento a los apoyos, si bien puntualizó que “los jueces hacemos lo que debemos, con nuestra obligación y responsabilidad”.Considera Garzón que las resoluciones son fundamentadas y dan respuesta a lo que se ha pedido y, a partir de ahí, “lo más importante no es el juez que lleve esa investigación, sino que la investigación se desarrolle”.Por otra parte, el magistrado respondió a preguntas de los periodistas sobre su postura sobre la investigación del paso por España de vuelos de la CIA con destino a Guantánamo (Cuba), cuya existencia dijo desconocer ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.”No es que sea partidario o no -dijo- es que ese asunto ya está investigándose en el Juzgado central de Instrucción número 2″ y, a este respecto, manifestó que le parece “muy adecuado” que esa investigación se esté desarrollando y se esclarezca, desde el punto de vista judicial, todo lo que haya sucedido, “porque así debe ser”.”Si hay algún indicio o responsabilidad penal, tendrá que ser el juez el que lo establezca, más allá de las responsabilidades políticas, si es que las hay”, apuntó Garzón, quien hizo un llamamiento para que se respeten los tiempos judiciales y los que establezcan, tanto el Ministerio Fiscal como el magistrado encargado de la investigación.

El Supremo no juzgará a los represores

El Tribunal Supremo ha rechazado investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo al considerar que ninguno de los responsables es enjuiciable.

AGENCIAS

El Tribunal Supremo ha rechazado asumir la competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo porque ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano.

La sala de lo penal del Alto Tribunal desestima con este argumento la cuestión de competencia planteada por Carmen Negrín, nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín (1937-1945), que pretendía que el Supremo asumiera la investigación de los crímenes del franquismo.

El tribunal concluye que del relato de hechos planteado por Negrín “no resulta que alguna persona que pudiera haber intervenido o participado en los hechos, desempeñe en la actualidad alguno de los cargos” que le convierten en aforado, como son los de miembro del Gobierno, diputado o senador, juez o consejero del Tribunal de Cuentas, entre otros muchos.

El Supremo añade que tampoco “alguna de las personas que actualmente desempeñan estos cargos en los diferentes ámbitos del Estado interviniera o participara en los hechos”.

Por ello, el tribunal considera que no hay “ninguna razón ni fundamento legal que justifique el conocimiento por la sala de lo penal” de la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, por lo que desestima el recurso de Carmen Negrín y ordena su archivo.

La nieta del presidente del Gobierno republicano había instado a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional a no pronunciarse sobre si el juez Baltasar Garzón era o no competente para investigar los hechos hasta que el Supremo tomara una decisión sobre el asunto.