Sin Garzón, pero sigue
noviembre 29, 2008
El problema moral que plantean las fosas requiere una respuesta del Estado democrático
Si el asunto de las fosas comunes con restos todavía sin identificar de miles de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo se ha enredado jurídicamente y convertido en apasionado debate actual se debe a la pasividad del Estado en resolverlo. De haberse producido a tiempo la respuesta adecuada en un Estado de derecho, poniendo en marcha los procedimientos administrativos y judiciales ordinarios, el asunto no habría llegado a la Audiencia Nacional ni a las manos del juez Garzón, que es lo que más parece haber preocupado a algunos.
El caso queda fuera de la Audiencia Nacional pero sigue vivo. Más allá de su endeblez jurídica, la iniciativa de Garzón ha tenido el mérito de atender a los deudos de las víctimas y de situar en primera línea el problema moral que le plantea a la actual sociedad española tener todavía restos de miles de compatriotas asesinados en la Guerra Civil y en la dictadura enterrados sin identificar en los campos de España. La decisión judicial no paraliza las tareas de identificación y exhumación que puedan corresponder a los juzgados territoriales y que es de esperar que la fiscalía apoye con igual empeño que el desplegado contra la iniciativa de Garzón. Abrir esas fosas, identificar sus restos y entregarlos a sus familias para ser enterrados en lugar civil o sagrado, no es, como dicen algunos con una increíble falta de piedad, reabrir viejas heridas, sino cumplir un deber pendiente.
COMUNICADO DE PRENSA
noviembre 27, 2008
C0MUNICADO DE PREMSA
Victimas de Desapariciones Forzadas en España
El día 27 de Noviembre de 2008 una delegación conjunta formada por distintas
ONG –Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos en España, la Asociación Española para el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos-, asociaciones de familiares de
desaparecidos en representación de Arucas (Islas Canarias), Andalucía, Aragón,
Baleares, Cataluña, Valladolid y F. M. del País Valenciano, miembros de la
Plataforma de Victimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo se han
reunido con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de
las Naciones Unidas.
La finalidad de la reunión ha sido exponer la situación critica que se esta viviendo
en España entorno a las victimas de desapariciones forzadas de la guerra civil y el
franquismo. La actitud del Grupo de Trabajo ha sido muy positiva y han afirmado
que están siguiendo muy de cerca el caso de las familias españolas. El Presidente
del Grupo de Trabajo, Sr. Corcuera, ha señalado que estudiaran las medidas que se
puedan aplicar al caso español.
Adjuntamos para su información el manifiesto presentado por Amnistía
Internacional y suscrito por las organizaciones antes mencionadas y otros. Y
asimismo os entregamos el manifiesto para su posterior difusión y adhesión
(
http://www.es.amnesty.org/paises/espana/victimas-de-la-guerra-civil-y-delfranquismo/
firma-el-manifiesto/
)
Para pasar página, primero hay que leerla
Los abajo firmantes, juristas y organizaciones internacionales nos dirigimos a las autoridades y sociedad
españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la
Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que
podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Mantenemos que:
España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia
de la que han sido objeto las
víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las
investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y
esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.
Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la
materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial
refleja – de manera reiterada – al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes
contra la humanidad.
De acuerdo con el Derecho Internacional,
los crímenes contra la humanidad no son
susceptibles de amnistía, indulto o prescripción
. Las normas convencionales sobre la materia,
adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han
simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma
consuetudinaria.
El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y
debe
poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la
verdad, la justicia y la reparación integral
.
2
No es posible que los Tribunales españoles – en base a sus obligaciones bajo el derecho
internacional – hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más
graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas
han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de
validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.
Los que suscriben el presente manifiesto ya observaron, con motivo de la aprobación de la Ley
52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que en ella
no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones,
exhumaciones y recuperación de cuerpos.
No existe antecedente alguno en que un Estado
haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidades de
dichas acciones.
Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente
que: “
Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las
acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos
en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España
”.
España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que
por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser
constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de
la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y
reparación.
Adhesiones al Manifiesto:
Federico Andreu
Consejero General de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Line Bareiro
Ex integrante de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Nicolas Boeglin
Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y profesor de Derecho Internacional
Público de la Universidad de Costa Rica.
Pilar Coll Torrente
Primera Secretaria General de la Coordinadora Derechos Humanos de Perú
Carlos Iván Degregori
Ex Comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú
Elvira Domínguez-Redondo
Senior Lecturer in Law, Middlesex University, The Burroughs, Hendon, London
Carmelo Faleh Pérez
Secretario general de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(AEDIDH), y profesor de Derecho Internacional Público Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Gustavo Gallon
Presidente de la Comisión de Juristas Colombiana
Ronald Gamarra
Secretario General de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Soledad García Muñoz
Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Roberto Garretón
Ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Pinochet
José Antonio Martín Pallín
Magistrado Emérito del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
3
Julieta Montaño Salvatierra
Presidenta de la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) de Bolivia
Hugo Omar Cañón
Fiscal General, Cámara General de Bahía Blanca de Buenos Aires y Presidente de la Comisión Provincial
por la Memoria
Jorge E. Pan
Miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay
Víctor Manuel Rodríguez Rescia
Vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas
Fabián Salvioli
Catedrático de Derecho Internacional Público y Director del Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad de la Plata, Buenos Aires
Pancho Soberón
Director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú
Silke Studzinsky
Senior Legal Advisor, Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
Alirio Uribe Muñoz
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia
Hernando Valencia
Ex Secretario Adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Carlos Villán Durán
Presidente de la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derechos Internacional de los
Derechos Humanos (AEDIDH)
Susana Villarán
Secretaria y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
José Zeitune
Consejero Jurídico para Latinoamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Perfecto Alonso Tejero
Abogado Colegio de Barcelona
Björn Arp
Secretario Académico del Master sobre Protección de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá
Nemesio Barxa Barxa
Abogado
Rafael Calderón Fochs
Abogado Colegio de Barcelona
José Antonio Díaz Díaz
Presidente de la Ong Movimiento por la Paz en Canarias (MPDLC)
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Catedrático de la Universidad de Jaén
José Luis Galán
Abogado. Colegio de Madrid
Felipe Gómez Isa
Miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto
Francisco Jiménez Bautista
Profesor e investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada
LLORA, PERO NO ME OLVIDES
noviembre 24, 2008
LLORA, PERO NO ME OLVIDES | ||
|
COMUNICADO DE AREMEHISA
noviembre 19, 2008
AREMEHISA: COMUNICADO DE PRENSA
AREMEHISA
(Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba) quiere hacer llegar a los medios de comunicación y a la opinión pública, su valoración del auto del día de ayer, en el que el juez Baltasar Garzón, se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales.
AREMEHISA, manifiesta que esta inhibición vuelve a ser acto de hipocresía jurídica la cual no mantiene titubeo alguno en aplicar el derecho fuera de nuestro país y sí para hacerlo dentro. La Audiencia Nacional investiga crímenes cometidos en el Sahara Occidental, , pero aún no esta preparada para juzgar y conocer los crímenes cometidos por el franquismo.
Este nuevo auto inhibidor vuelve a representar mas desilusión y añade más dolor si cabe a las miles de personas que han dedicado su vida a recuperar la dignidad de sus familiares “desaparecidos”, de sus seres queridos.
En modo alguno restituye la justicia buscada durante más de 72 años, pues solo vuelve a poner de manifiesta la impunidad que la transición impuso en este país.
A pesar de todo nuestras familias seguirán buscando a sus “desaparecidos” de cualquier forma, tal y como lo han venido haciendo hasta ahora. Seguirán buscando la verdad, la justicia y la reparación a pesar de que el Estado siga sin cumplir con su obligación para con las victimas de las desapariciones forzadas del franquismo.
ANTE LA INHIBICIÓN: «MOVILIZACION»
noviembre 19, 2008
Ante la inhibición: movilización
El pasado día 26 de Octubre nos concentramos en la Plaza de la Gavidia (Sevilla) como muestra de repulsa a la actitud negligente y dilatoria de la Junta de Andalucía con respecto a la Recuperación de la Memoria Histórica en general y de las “exhumaciones” de las fosas comunes en particular.
Quedamos en repetir, todos los últimos sábados de fin de mes, esta actividad hasta que cambiaran de actitud.
Los acontecimientos (inhibición de Garzón) hace recomendable SALIR A LA CALLE ¡¡¡YA!!!, al menos para mostrar nuestra repulsa y reafirmarnos públicamente en nuestras reivindicaciones.
Sábado 22 de Noviembre a las 12 de la mañana.
Plaza de la Gavidia (Sevilla).
Garzón se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales
noviembre 18, 2008
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha declarado extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y otros 44 altos mandos tras comprobar su fallecimiento y dice que la causa en la que se investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo corresponde a los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas. Con esta decisión, el magistrado trata de evitar que se le declare incompetente en la investigación. Garzón se adelanta así a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión.
En un auto hecho público hoy, el juez acuerda elevar a la Sala cualquier actividad procesal que afecte a la causa y las peticiones que puedan realizar las partes en el futuro y comunica al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la existencia del grupo de expertos para su conocimiento. Garzón considera que ya no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos no han prescrito, por lo que ratifica «con contundencia» tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, «al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales».
Apertura de fosas
Al admitir a trámite la denuncia de las asociaciones de la Memoria Histórica, Garzón se declaró el pasado 16 de octubre competente para llevar adelante la investigación. Posteriormente ordenó la apertura de 19 fosas, cifra que se elevó a 25. La decisión de que la investigación pase a los juzgados locales de las zonas donde se cometieron los asesinatos y los enterramientos no supone que vayan a poder exhumarse las fosas, puesto que la Sala de lo Penal de la Audiencia las suspendió cautelarmente a instancias de la Fiscalía.
El auto señala que se pretende «evitar solapamientos en la labor de recopilación de datos» y lograr la «formación de un adecuado protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal».
Otras vías para continuar la investigación
Tras conocerse la decisión de Garzón, Santiago Macias, vicepresidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, ha declarado en la Cadena SER que estudiarán otras vías para que la investigación continúe. «No se puede decir casi nunca que sea el final; el equipo de abogados están examinando el auto y viendo qué se puede hacer», ha afirmado Macías.
Los juzgados a los que el juez remite esta causa son los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. También se inhibe en favor de los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.
COMUNICADO DE LAS ASOCIACIONES REUNIDAS AYER EN BARCELONA
noviembre 17, 2008
Reunidas en Barcelona las entidades:
Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón, Associació per a la recuperación de la Memòria Històrica de Mallorca, Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, Fòrum per la Memòria del País Valencià, Confederación General del Trabajo, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Arúcas (representación delegada en ARMH de Catalunya) y Associació per a la recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, han acordado lo siguiente:
1. Manifestar nuestro desacuerdo absoluto con la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y con el posicionamiento de la Fiscalía, que en lugar de perseguir a los criminales lo hace con las víctimas que con estas decisiones vuelven a ser agredidas una vez más.
2. Exigir al Gobierno del Estado que adopte las decisiones oportunas para paralizar la actuación de la Fiscalía y proceder a la exhumación de las fosas comunes, a la identificación de los cuerpos y a la reparación de las víctimas.
Barcelona, 15 de noviembre de 2008
__________________________________________________________________
El nieto de Luis Dorado dice sentirse «ninguneado» por el Ayuntamiento de Córdoba porque se niega a colaborar
noviembre 12, 2008
CÓRDOBA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) –
Antonio Gutiérrez, el nieto del diputado socialista malagueño Luis Dorado, dijo hoy que se siente «ninguneado» por parte del Ayuntamiento de Córdoba al no querer colaborar en los trabajos previos para encontrar los restos de su abuelo en una fosa común del cementerio de la Salud.
En declaraciones a Europa Press, Gutiérrez informó de que mantuvo hoy una reunión con el presidente de la Empresa de Cementerios de Córdoba SA (Cecosam), Alfonso Igualada (IU), para poder desbloquear la situación, ya que no terminaba de comprometerse con esta exhumación, pero al final no ha podido ser así y el Ayuntamiento mantiene su postura.
Según explicó, «Igualada se cierra en banda y asegura que no hace nada sin una orden de un juez», algo que comprende Antonio Gutiérrez, aunque aclaró que el Ayuntamiento tiene que «facilitar los trabajos hasta que se llegue al momento de la exhumación en sí, que es cuando tiene que estar personada una autoridad judicial y para eso ya hay designado un juzgado».
Asimismo subrayó que el gobierno municipal no puede poner la excusa de que existen nichos encima de la fosa «porque esos enterramientos han pasado de los plazos legales para permanecer, que son 25 años, por lo que el Ayuntamiento puede actuar de oficio».
Además, comentó que hace unos días han aparecido unos restos humanos en el aparcamiento que se está realizando junto al cementerio, que se han depositado en la Guardia Civil, «y en este caso el Ayuntamiento no ha puesto impedimento alguno».
«DESPRECIO A LAS VÍCTIMAS»
En definitiva, el nieto del diputado socialista manifestó que se le está originando «un perjuicio porque cuenta con un plazo para su subvención», de 19.600 euros, del Ministerio de Presidencia. De este modo, destacó que si se viera obligado a tener que renunciar a esta ayuda que se le ha concedido en función a la Ley de la Memoria Histórica presentará una denuncia por lo penal y contencioso- administrativo contra Igualada y la alcaldesa, Rosa Aguilar (IU), «que son los responsables últimos de este desprecio a las víctimas y a los familiares».
La subvención con la que cuenta fue concedida para el año 2008, por lo que en diciembre está obligado a hacer una memoria para entregar al Ministerio sobre los trabajos que se han ido haciendo, pero si no puede cumplir con los fines de la misma tendrá que devolverla.
Por su parte el portavoz de la organización Todos los Nombres, Cecilio Gordillo, manifestó que «el problema aquí es de carácter político porque en otros ayuntamientos del PP, incluido el de Málaga, se están haciendo exhumaciones sin ningún tipo de problemas».
Desde su punto de vista, se trata de algo «contradictorio», teniendo en cuenta que en Córdoba el gobierno municipal es de izquierdas, por lo que es «incomprensible» y considera que lo único que pretende el Ayuntamiento de la ciudad es «aburrir a los familiares y que pase el tiempo». Concretó que es «la única capital de provincia en el país donde no se está haciendo absolutamente nada» en este tema.
COMUNICADO DE AREMEHISA
noviembre 10, 2008
ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA
HISTÓRICA DE AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA)
C O M U N I C A D O
AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera ) (Córdoba), quiere hacer llegar a través del presente comunicado a los medios de comunicación y a la opinión pública, su decisión de recurrir el acuerdo adoptado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, alcanzado el pasado día siete de Noviembre, en relación a la paralización de la exhumación de fosas comunes de la guerra civil autorizadas anteriormente en las diligencias avaladas por el juez Garzón y su sustituto, Santiago Pedraz.
Desde esta Asociación creemos, que esta medida no hace sido añadir mas “dolor y sufrimiento”, a las familias que durante más de 72 año, han esperando paciente y tolerantemente la llegada del momento de poder recuperar los restos de sus seres queridos.
72 años, de espera. Una espera larga, agónica y silenciosa. Una espera sin esperanza. Una espera marcada por la ausencia total de justicia. Una larga espera sometida a sufrimiento y parálisis del entorno familiar y social mediante la aplicación no accidental del terror por la desaparición forzada y la violación de los derechos humanos.
No podemos, sino calificar esta medida adoptada, como una nuevo y flagrante atentado moral y legal al sufrimiento padecido durante toda una vida de trato inhumano padecida por los familiares de los desaparecidos, el cual ha sido determinante para que alo largo de estos días, esas familias, vuelvan a vivir en un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor.
Estado, que deriva de la actual situación creada de impotencia, inseguridad y frustración, ante la negativa abstención de las autoridades judiciales de investigar las desapariciones, localizar y exhumar los restos de los desaparecidos. Lo cual lleva a los familiares ante la impunidad imperante a estado de indefensión permanente frente al “todopoderoso” Estado.
Dado que es este el que tiene el deber de hacer investigar las violaciones de los Derechos Humanos y la prevalecía del derecho a la verdad , medidas esenciales en todo país democrático para combatir la impunidad, ligada a la propia realización de la justicia y a la garantía de la no repetición de aquellas violaciones.
“… el intenso sufrimiento causado por la muerte violenta de un ser querido es aún mas agravado por su desaparición forzada, y revela una de las grandes verdades de la condición humana: la de que la suerte de uno encuéntrase ineluctablemente ligada a la suerte de los demás. Y la paz lo debería ser un privilegio de los muertos. La desaparición de una persona, victimiza igualmente a sus familiares ( a veces degradando el propio núcleo familiar), tanto por el intenso sufrimiento y la desesperación causados, cuanto por verse desamparados del manto protector de la justicia”. Esa misma justicia, que hoy por hoy creemos ausente, y que sin duda alguna esta llamada a ocupar su propio lugar en “la memoria histórica” de las personas desaparecidas y de las circunstancias especiales del padecimiento en el cual vivieron numerosas esposas, madres, hermanos y hermanas, hijos, nietos y demás familiares durante muchos más tiempo del deseado.
Esa misma justicia, que niega incomprensiblemente el justo derecho familiar a la petición de información sobre los desaparecidos, su localización, su exhumación y dignificación de sus nombres y su memoria.
Esa misma justicia, que hoy por hoy nos sigue relegando a “ no poder vivir en paz”, agrega más sufrimiento y angustia a nuestros mayores, merecedores de todo nuestro respeto y consideración, haciendo a los mismos merecedores, todavía, del supuesto especifico de tampoco “morir en paz”, sabedores de la definitiva imposibilidad del anhelado reencuentro.
Han sido ellos, siempre ellos, los receptores históricos del (citando es escrito del fiscal) … “ daño esencial, causado a terceros, con perjuicios irreversibles de difícil reparación“.
Ese daño y sus perjuicios irreversibles, les llegó hace más de 72 años y aún hoy les llega con situaciones como la que actualmente vivimos, multiplicadoras del desentendimiento del sufrimiento de estas victimas, hasta una prolongación tal en el tiempo que el margen final es la certeza del fatídico desenlace biológico, muy próximo para muchos de ellos.
Aguilar de la Frontera, 10 de noviembre del 2008
Rafael Espino Navarro.-
Presidente de AREMEHISA