Sin Garzón, pero sigue

noviembre 29, 2008

 

El problema moral que plantean las fosas requiere una respuesta del Estado democrático

Si el asunto de las fosas comunes con restos todavía sin identificar de miles de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo se ha enredado jurídicamente y convertido en apasionado debate actual se debe a la pasividad del Estado en resolverlo. De haberse producido a tiempo la respuesta adecuada en un Estado de derecho, poniendo en marcha los procedimientos administrativos y judiciales ordinarios, el asunto no habría llegado a la Audiencia Nacional ni a las manos del juez Garzón, que es lo que más parece haber preocupado a algunos.

    Ayer, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional negó casi por unanimidad que el tema fuera de su jurisdicción y rechazó, por tanto, la competencia de Garzón para abrir ningún proceso penal al franquismo en relación con las fosas comunes donde yacen restos de víctimas sin identificar esparcidas por toda España. La decisión tiene escasos efectos prácticos. Garzón ya se desentendió del caso al inhibirse a favor de los respectivos juzgados donde se encuentran las fosas, una vez certificada judicialmente la muerte de los presuntos culpables. Pero tiene un incontestable valor jurídico: niega que la rebelión militar contra la República constituyera un delito contra la forma de Gobierno, inexistente en el actual Código Penal, lo que priva al juez del argumento principal para hacerse con el caso e investigar el delito de detención ilegal con desaparición forzosa que, a su juicio, constituyó la ejecución de las miles de víctimas que yacen en las fosas.

El caso queda fuera de la Audiencia Nacional pero sigue vivo. Más allá de su endeblez jurídica, la iniciativa de Garzón ha tenido el mérito de atender a los deudos de las víctimas y de situar en primera línea el problema moral que le plantea a la actual sociedad española tener todavía restos de miles de compatriotas asesinados en la Guerra Civil y en la dictadura enterrados sin identificar en los campos de España. La decisión judicial no paraliza las tareas de identificación y exhumación que puedan corresponder a los juzgados territoriales y que es de esperar que la fiscalía apoye con igual empeño que el desplegado contra la iniciativa de Garzón. Abrir esas fosas, identificar sus restos y entregarlos a sus familias para ser enterrados en lugar civil o sagrado, no es, como dicen algunos con una increíble falta de piedad, reabrir viejas heridas, sino cumplir un deber pendiente.

JUSTICIA COMIENZA A ENTREGAR EN UN MES LOS CERTIFICADOS A LAS VÍCTIMAS DE FRANCO
Ya se han presentado 168 solicitudes – Desde hoy se pueden tramitar por Internet.

EL PAÍS – Madrid – 27/11/2008
El Gobierno entregará antes de un mes las primeras declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las cuales, según establece la Ley de Memoria Histórica, tienen derecho los represaliados del franquismo. El Ministerio de Justicia ha recibido hasta ahora 168 solicitudes. Para facilitar los trámites, Justicia abrió el martes en su página web (www.mjusticia.es) un enlace a través del cual los interesados pueden tramitar sus peticiones.
El artículo 4 de la Ley de Memoria contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron “persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa” a obtener la declaración. Ésta consiste en un título, expedido por el Ministerio de Justicia, que no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración pública, “ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional”.
A través del enlace habilitado en la página web del ministerio, los interesados pueden realizar su solicitud de forma telemática. Para ello deberán acreditar su identidad a través de un certificado digital o por medio del DNI electrónico. En la página web están disponibles los documentos de solicitud.

El interesado deberá aportar una copia impresa del justificante obtenido al realizar la petición y la documentación acreditativa de los hechos. Entre esta última pueden figurar, entre otras, resoluciones de consejos de guerra, del Tribunal de Honor, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Tribunal de Orden Público. Toda la documentación debe ser enviada al Registro General del Ministerio de Justicia.
La declaración puede ser solicitada por los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, por sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y demás parientes colaterales hasta segundo grado, así como por las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante.
También se encuentra disponible en la página web de Justicia la solicitud de nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura, que podrá ser tramitada a partir del 28 de diciembre. La web permite descargar el impreso para que los miembros de las Brigadas Internacionales soliciten la nacionalidad española y establece el acceso a la consulta de los libros de defunciones de los registros civiles.

Requisitos para obtener la declaración

Beneficiarios. La declaración de reparación y reconocimiento personal se entrega a quienes sufrieron represalias durante la Guerra Civil y la dictadura.
Solicitantes. Los directamente afectados. En caso de fallecimiento de éstos, sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado. Si no tuvieran familiares, las instituciones públicas en las que los afectados hubieran desempeñado un cargo relevante.
Documentos. Los solicitantes deben acreditar la identidad del afectado (o de su parentesco con él). En caso de que la solicitud sea formulada por una institución, ésta debe presentar su identificación y la representación del solicitante, entre otras cosas. Además, en todos los casos deben presentarse documentos que acrediten los hechos alegados.
Efectos. La declaración no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas ni da lugar a indemnizaciones.

COMUNICADO DE PRENSA

noviembre 27, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0MUNICADO DE PREMSA

Victimas de Desapariciones Forzadas en España

El día 27 de Noviembre de 2008 una delegación conjunta formada por distintas

ONG –Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones para la Promoción y

Defensa de los Derechos Humanos en España, la Asociación Española para el

Derecho Internacional de los Derechos Humanos-, asociaciones de familiares de

desaparecidos en representación de Arucas (Islas Canarias), Andalucía, Aragón,

Baleares, Cataluña, Valladolid y F. M. del País Valenciano, miembros de la

Plataforma de Victimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo se han

reunido con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de

las Naciones Unidas.

La finalidad de la reunión ha sido exponer la situación critica que se esta viviendo

en España entorno a las victimas de desapariciones forzadas de la guerra civil y el

franquismo. La actitud del Grupo de Trabajo ha sido muy positiva y han afirmado

que están siguiendo muy de cerca el caso de las familias españolas. El Presidente

del Grupo de Trabajo, Sr. Corcuera, ha señalado que estudiaran las medidas que se

puedan aplicar al caso español.

Adjuntamos para su información el manifiesto presentado por Amnistía

Internacional y suscrito por las organizaciones antes mencionadas y otros. Y

asimismo os entregamos el manifiesto para su posterior difusión y adhesión

(

http://www.es.amnesty.org/paises/espana/victimas-de-la-guerra-civil-y-delfranquismo/

firma-el-manifiesto/

)

Para pasar página, primero hay que leerla

Los abajo firmantes, juristas y organizaciones internacionales nos dirigimos a las autoridades y sociedad

españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la

Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que

podrían constituir crímenes contra la humanidad.

Mantenemos que:

España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia

 

de la que han sido objeto las

víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las

investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y

esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.

Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la

materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial

refleja – de manera reiterada – al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes

contra la humanidad.

De acuerdo con el Derecho Internacional,

 

los crímenes contra la humanidad no son

susceptibles de amnistía, indulto o prescripción

 

. Las normas convencionales sobre la materia,

adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han

simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma

consuetudinaria.

El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y

 

debe

poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la

verdad, la justicia y la reparación integral

 

.

2

No es posible que los Tribunales españoles – en base a sus obligaciones bajo el derecho

internacional – hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más

graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas

han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de

validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.

Los que suscriben el presente manifiesto ya observaron, con motivo de la aprobación de la Ley

52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de

quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que en ella

no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones,

exhumaciones y recuperación de cuerpos.

 

No existe antecedente alguno en que un Estado

haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidades de

dichas acciones.

 

Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente

que: “

 

Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las

acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos

en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España

 

”.

España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que

por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser

constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de

la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y

reparación.

Adhesiones al Manifiesto:

Federico Andreu

Consejero General de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)

Line Bareiro

Ex integrante de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

Nicolas Boeglin

Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y profesor de Derecho Internacional

Público de la Universidad de Costa Rica.

Pilar Coll Torrente

Primera Secretaria General de la Coordinadora Derechos Humanos de Perú

Carlos Iván Degregori

Ex Comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú

Elvira Domínguez-Redondo

Senior Lecturer in Law, Middlesex University, The Burroughs, Hendon, London

Carmelo Faleh Pérez

Secretario general de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

(AEDIDH), y profesor de Derecho Internacional Público Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Gustavo Gallon

Presidente de la Comisión de Juristas Colombiana

Ronald Gamarra

Secretario General de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Soledad García Muñoz

Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

Roberto Garretón

Ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Pinochet

José Antonio Martín Pallín

Magistrado Emérito del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)

3

Julieta Montaño Salvatierra

Presidenta de la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) de Bolivia

Hugo Omar Cañón

Fiscal General, Cámara General de Bahía Blanca de Buenos Aires y Presidente de la Comisión Provincial

por la Memoria

Jorge E. Pan

Miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay

Víctor Manuel Rodríguez Rescia

Vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas

Fabián Salvioli

Catedrático de Derecho Internacional Público y Director del Instituto de Derechos Humanos de la

Universidad de la Plata, Buenos Aires

Pancho Soberón

Director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú

Silke Studzinsky

Senior Legal Advisor, Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)

Alirio Uribe Muñoz

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia

Hernando Valencia

Ex Secretario Adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Carlos Villán Durán

Presidente de la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derechos Internacional de los

Derechos Humanos (AEDIDH)

Susana Villarán

Secretaria y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

José Zeitune

Consejero Jurídico para Latinoamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)

Perfecto Alonso Tejero

Abogado Colegio de Barcelona

Björn Arp

Secretario Académico del Master sobre Protección de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá

Nemesio Barxa Barxa

Abogado

Rafael Calderón Fochs

Abogado Colegio de Barcelona

José Antonio Díaz Díaz

Presidente de la Ong Movimiento por la Paz en Canarias (MPDLC)

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert

Catedrático de la Universidad de Jaén

José Luis Galán

Abogado. Colegio de Madrid

Felipe Gómez Isa

Miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto

Francisco Jiménez Bautista

Profesor e investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada

LLORA, PERO NO ME OLVIDES

noviembre 24, 2008

LLORA, PERO NO ME OLVIDES
 

Baltasar Garzón ha hecho que España recupere una memoria que nunca debiera haber perdido. La ‘garzonada’, como ha bautizado la derecha, nos ha regalado la oportunidad de mirarnos al espejo y, por tanto, no es de recibo mirar para otro lado.
El Plural.com/ÍGOR R. IGLESIAS/24/11/2008
Algunos periódicos derechones han querido ridiculizar el auto riéndose en titulares de portada con la petición del certificado médico de Franco. Sin embargo, más allá de hechos que quizá era necesario certificar judicialmente, si no se hizo antes, lo que ha provocado el juez es que España tenga conciencia de que en las cunetas, los cementerios, los campos y quién sabe qué otros lugares, hay personas que fueron asesinadas sin juicio previo, sin pruebas, sin sentido, y a los que se les olvidó porque sus familiares fueron obligados a no hablar, a quedar reducidos a la nada, que es lo mismo que decir el silencio.
En el auto, Garzón señala, y no le falta razón al magistrado, que “no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones de mera represión política”. Las escuelas, lugar único para muchos españoles donde acceder al escaso conocimiento que se adquiere en las enseñanzas obligatorias, han sido cómplices de esta desmemoria colectiva. Es obvio que sus responsables son los políticos, encargados de hacer las leyes y, por tanto, la normativa por la que se rige el sistema educativo de este país. Es escandaloso que gobiernos socialistas, la única izquierda que ha gobernado España en esta nueva democracia de la que gozamos desde que murió el dictador fascista, haya sido cómplice de tal desastre. Porque los únicos que sacan provecho de la desmemoria son todos esos que conforman la derecha, que sigue siendo la misma derecha de siempre. Una derecha que no ha cambiado ni cambiará. 

Hemos tenido que llegar al año 2008 para saber, no digo recordar, sino saber, -y esto increíblemente no se enseña en las escuelas- que hubo niños que fueron robados de sus padres, arrebatados sin más por el único hecho de ser ‘rojos’ o acusados de serlo. Hay libros sobre este asunto, pero es ahora cuando se ha conocido para el gran público gracias al auto de Garzón. No puedo sentir orgullo de un país que se regodea en su nombre y en una bandera, que no son más que dos colores, una arbitrariedad como otra cualquiera. Me da vergüenza esta España, más preocupada en condenar a manifestantes quemando la cara de Juan Carlitos y secuestrando portadas de revistas. Una España que no es capaz de mirar y buscar en las cunetas qué somos, en qué nos hemos convertido y, lo que también es importante, qué fuimos, qué pasó en este país para haber acabado así, siendo la península del olvido. 

El juez Garzón se pregunta que “por qué los posibles represores españoles vivos deben ser de mejor condición que los nazis cuando los hechos son similares”. Es “realmente incomprensible”, tal y como señala el magistrado y quien firma esto suscribe. España cometió un error en la Transición. Es cierto que fue un acto de responsabilidad entonces, pero el perdón que otorgó la izquierda nunca ha sido correspondido por la derecha, desde donde siempre se ha señalado que los dos bandos asesinaron a partes iguales. La asimetría de los hechos es tan desproporcionada que esta falta de memoria le es más útil a la derecha de lo que cree esta ingenua izquierda, en la que sobran muchos infiltrados con vocación de capellanes. En España, durante la Guerra Civil no hubo dos bandos. El bando fascista está claro que fue uno solo, bien unido y fuerte, convencido de que era santa su cruzada contra los múltiples bandos republicanos y rojos de toda ralea. Un uno contra todos y éstos contra sí, esa fue la realidad de una guerra que nos precedió a la mayoría y en la que vivieron y nacieron muchos españoles, ancianos en la actualidad.

Si lo que ha hecho Garzón hubiera salido publicado en un libro o una ley, nadie hablaría de las fosas ni de los desaparecidos ni de los niños robados. Hay quien dice, y son muchos, que Garzón ha fracasado y que no sabe lo que hacía. Considero que la actuación del juez ha sido un total golpe de efecto, inteligentemente planeado por un juez que sabe dar una de cal y otra de arena. El auto, con el que dice la derecha que se “inhibe”, explica que la represión franquista fue una “actividad planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas”.

Responsabilidad de Zapatero. 

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no puede estar por más tiempo sumido en el silencio. Desilusiona ver a un presidente socialista elogiando el olvido. Obviar que Franco y sus compinches fueron unos asesinos fascistas, es ser cómplice por omisión. Si la legislatura pasada estuvo marcada por las grandes reformas sociales, lo que provocó que la ilusión aflorara en este país, esta legislatura no puede ser la de un Partido Socialista que entrega la democracia a manos del fascismo. El presidente del Gobierno tiene que actuar, tiene que poner los puntos sobre las íes, tiene que ser valiente. El PSOE es el único que efectivamente puede hacer posible el cambio desde la enseñanza, con un sistema educativo que cuente a nuestros niños y jóvenes con rigor qué pasó en este país, hasta la apertura de las fosas comunes. No importa que la derecha patalee.

La gente tiene que saber que la Iglesia fue cómplice de los asesinatos, que muchos curas delataron traicionando el secreto de confesión a muchos españoles; que los terratenientes se hicieron con el poder local, estableciendo un sistema caciquil del que todavía hoy quedan rastros; que no hubo juicios, sólo ajusticiados sin delito concreto; que a las madres ‘rojas’ les arrebataron sus hijos, a los que les cambiaron los apellidos y sus nombres, y se llenaron de nuevos inquilinos las casas cuna, los conventos y las casas de los fascistas estériles; que el exterminio del marxismo se hizo no sólo con bombas, sino “combatiendo la propensión degenerativa de los muchachos criados en ambientes republicanos”, por lo que fueron “segregados en centros adecuados”, tal y como indica el auto de Garzón; que sólo México y la URSS, hasta que a ésta última le convino, ayudaron a España porque el resto de países prefirieron la derrota del marxismo, en sus diversas formas, concretadas en los muchos partidos republicanos de izquierda, aunque fuera a manos de un fascista, que ayudado primero por Hitler y Mussolini, supo entenderse después con los Estados Unidos a la perfección; que la legislación franquista impuso que los menores crecieran en un ambiente familiar “irreprochable desde el punto de vista religioso, ético y nacional”, según la legislación de la época; que muchos de los que huyeron a Francia fueron encerrados en campos de concentración a la intemperie y obligados a morir en combate durante la Segunda Guerra Mundial, por no decir de enfermedad o de hambre, como los muchos presos de las cárceles.

El Gobierno, pues, debe pronunciarse con hechos. Es una obligación moral que debe asumir quien ha ostenta el poder, porque de él se espera que lo ejerza con todas las consecuencias. No se trata de rescatar la Segunda República, pues éstos no son los años 30 del siglo XX. De lo que se trata es de restablecer lo que pueda ser enmendado y que el olvido no conceda impunidad a aquellos fascistas asesinos.

*Ígor R. Iglesias es periodista y lingüista
   http://igoriglesias.wordpress.com/

COMUNICADO DE AREMEHISA

noviembre 19, 2008

AREMEHISA: COMUNICADO DE PRENSA

 

 

AREMEHISA

(Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba) quiere hacer llegar a los medios de comunicación y a la opinión pública, su valoración del auto del día de ayer, en el que el juez Baltasar Garzón, se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales.

 

AREMEHISA, manifiesta que esta inhibición vuelve a ser acto de hipocresía jurídica la cual no mantiene titubeo alguno en aplicar el derecho fuera de nuestro país y sí para hacerlo dentro. La Audiencia Nacional investiga crímenes cometidos en el Sahara Occidental, , pero aún no esta preparada para juzgar y conocer los crímenes cometidos por el franquismo.

 

Este nuevo auto inhibidor vuelve a representar mas desilusión y añade más dolor si cabe a las miles de personas que han dedicado su vida a recuperar la dignidad de sus familiares “desaparecidos”, de sus seres queridos.

 

En modo alguno restituye la justicia buscada durante más de 72 años, pues solo vuelve a poner de manifiesta la impunidad que la transición impuso en este país.

 

A pesar de todo nuestras familias seguirán buscando a sus “desaparecidos” de cualquier forma, tal y como lo han venido haciendo hasta ahora. Seguirán buscando la verdad, la justicia y la reparación a pesar de que el Estado siga sin cumplir con su obligación para con las victimas de las desapariciones forzadas del franquismo.

 

 

Ante la inhibición: movilización

LA MEJOR RESPUESTA, TAMBIEN A GARZON, LA MOVILIZACION SOCIAL.
El pasado día 26 de Octubre nos concentramos en la Plaza de la Gavidia (Sevilla) como muestra de repulsa a la actitud negligente y dilatoria de la Junta de Andalucía con respecto a la Recuperación de la Memoria Histórica en general y de las “exhumaciones” de las fosas comunes en particular.

Quedamos en repetir, todos los últimos sábados de fin de mes, esta actividad hasta que cambiaran de actitud.

Los acontecimientos (inhibición de Garzón) hace recomendable SALIR A LA CALLE ¡¡¡YA!!!, al menos para mostrar nuestra repulsa y reafirmarnos públicamente en nuestras reivindicaciones.

Sábado 22 de Noviembre a las 12 de la mañana.
Plaza de la Gavidia (Sevilla).

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha declarado extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y otros 44 altos mandos tras comprobar su fallecimiento y dice que la causa en la que se investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo corresponde a los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas. Con esta decisión, el magistrado trata de evitar que se le declare incompetente en la investigación. Garzón se adelanta así a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión.

En un auto hecho público hoy, el juez acuerda elevar a la Sala cualquier actividad procesal que afecte a la causa y las peticiones que puedan realizar las partes en el futuro y comunica al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la existencia del grupo de expertos para su conocimiento. Garzón considera que ya no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos no han prescrito, por lo que ratifica “con contundencia” tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, “al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales”.

Apertura de fosas

Al admitir a trámite la denuncia de las asociaciones de la Memoria Histórica, Garzón se declaró el pasado 16 de octubre competente para llevar adelante la investigación. Posteriormente ordenó la apertura de 19 fosas, cifra que se elevó a 25. La decisión de que la investigación pase a los juzgados locales de las zonas donde se cometieron los asesinatos y los enterramientos no supone que vayan a poder exhumarse las fosas, puesto que la Sala de lo Penal de la Audiencia las suspendió cautelarmente a instancias de la Fiscalía.

El auto señala que se pretende “evitar solapamientos en la labor de recopilación de datos” y lograr la “formación de un adecuado protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal”.

Otras vías para continuar la investigación

Tras conocerse la decisión de Garzón, Santiago Macias, vicepresidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, ha declarado en la Cadena SER que estudiarán otras vías para que la investigación continúe. “No se puede decir casi nunca que sea el final; el equipo de abogados están examinando el auto y viendo qué se puede hacer”, ha afirmado Macías.

Los juzgados a los que el juez remite esta causa son los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. También se inhibe en favor de los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.

Reunidas en Barcelona las entidades:

Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón, Associació per a la recuperación de la Memòria Històrica de Mallorca, Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, Fòrum per la Memòria del País Valencià, Confederación General del Trabajo, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Arúcas (representación delegada en ARMH de Catalunya) y Associació per a la recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, han acordado lo siguiente:

 

1. Manifestar nuestro desacuerdo absoluto con la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y con el posicionamiento de la Fiscalía, que en lugar de perseguir a los criminales lo hace con las víctimas que con estas decisiones vuelven a ser agredidas una vez más.

 

2. Exigir al Gobierno del Estado que adopte las decisiones oportunas para paralizar la actuación de la Fiscalía y proceder a la exhumación de las fosas comunes, a la identificación de los cuerpos y a la reparación de las víctimas.

 

Barcelona, 15 de noviembre de 2008

__________________________________________________________________

cementerio-de-la-salud-cordoba2CÓRDOBA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) –  

   Antonio Gutiérrez, el nieto del diputado socialista malagueño Luis Dorado, dijo hoy que se siente “ninguneado” por parte del Ayuntamiento de Córdoba al no querer colaborar en los trabajos previos para encontrar los restos de su abuelo en una fosa común del cementerio de la Salud.

   En declaraciones a Europa Press, Gutiérrez informó de que mantuvo hoy una reunión con el presidente de la Empresa de Cementerios de Córdoba SA (Cecosam), Alfonso Igualada (IU), para poder desbloquear la situación, ya que no terminaba de comprometerse con esta exhumación, pero al final no ha podido ser así y el Ayuntamiento mantiene su postura.

   Según explicó, “Igualada se cierra en banda y asegura que no hace nada sin una orden de un juez”, algo que comprende Antonio Gutiérrez, aunque aclaró que el Ayuntamiento tiene que “facilitar los trabajos hasta que se llegue al momento de la exhumación en sí, que es cuando tiene que estar personada una autoridad judicial y para eso ya hay designado un juzgado”.

   Asimismo subrayó que el gobierno municipal no puede poner la excusa de que existen nichos encima de la fosa “porque esos enterramientos han pasado de los plazos legales para permanecer, que son 25 años, por lo que el Ayuntamiento puede actuar de oficio”.

   Además, comentó que hace unos días han aparecido unos restos humanos en el aparcamiento que se está realizando junto al cementerio, que se han depositado en la Guardia Civil, “y en este caso el Ayuntamiento no ha puesto impedimento alguno”.

“DESPRECIO A LAS VÍCTIMAS”

   En definitiva, el nieto del diputado socialista manifestó que se le está originando “un perjuicio porque cuenta con un plazo para su subvención”, de 19.600 euros, del Ministerio de Presidencia. De este modo, destacó que si se viera obligado a tener que renunciar a esta ayuda que se le ha concedido en función a la Ley de la Memoria Histórica presentará una denuncia por lo penal y contencioso- administrativo contra Igualada y la alcaldesa, Rosa Aguilar (IU), “que son los responsables últimos de este desprecio a las víctimas y a los familiares”.

   La subvención con la que cuenta fue concedida para el año 2008, por lo que en diciembre está obligado a hacer una memoria para entregar al Ministerio sobre los trabajos que se han ido haciendo, pero si no puede cumplir con los fines de la misma tendrá que devolverla.

   Por su parte el portavoz de la organización Todos los Nombres, Cecilio Gordillo, manifestó que “el problema aquí es de carácter político porque en otros ayuntamientos del PP, incluido el de Málaga, se están haciendo exhumaciones sin ningún tipo de problemas”.

   Desde su punto de vista, se trata de algo “contradictorio”, teniendo en cuenta que en Córdoba el gobierno municipal es de izquierdas, por lo que es “incomprensible” y considera que lo único que pretende el Ayuntamiento de la ciudad es “aburrir a los familiares y que pase el tiempo”. Concretó que es “la única capital de provincia en el país donde no se está haciendo absolutamente nada” en este tema.

COMUNICADO DE AREMEHISA

noviembre 10, 2008

 

100_1885

 

 

ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA

HISTÓRICA DE AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA)

 

 

C O M U N I C A D O

 

AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera ) (Córdoba), quiere hacer llegar a través del presente comunicado a los medios de comunicación y a la opinión pública, su decisión de recurrir el acuerdo adoptado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, alcanzado el pasado día siete de Noviembre, en relación a la paralización de la exhumación de fosas comunes de la guerra civil autorizadas anteriormente en las diligencias avaladas por el juez Garzón y su sustituto, Santiago Pedraz.

 

 

Desde esta Asociación creemos, que esta medida no hace sido añadir mas “dolor y sufrimiento”, a las familias que durante más de 72 año, han esperando paciente y tolerantemente la llegada del momento de poder recuperar los restos de sus seres queridos.

 

72 años, de espera. Una espera larga, agónica y silenciosa. Una espera sin esperanza. Una espera marcada por la ausencia total de justicia. Una larga espera sometida a sufrimiento y parálisis del entorno familiar y social mediante la aplicación no accidental del terror por la desaparición forzada y la violación de los derechos humanos.

 

No podemos, sino calificar esta medida adoptada, como una nuevo y flagrante atentado moral y legal al sufrimiento padecido durante toda una vida de trato inhumano padecida por los familiares de los desaparecidos, el cual ha sido determinante para que alo largo de estos días, esas familias, vuelvan a vivir en un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor.

 

Estado, que deriva de la actual situación creada de impotencia, inseguridad y frustración, ante la negativa abstención de las autoridades judiciales de investigar las desapariciones, localizar y exhumar los restos de los desaparecidos. Lo cual lleva a los familiares ante la impunidad imperante a estado de indefensión permanente frente al “todopoderoso” Estado.

Dado que es este el que tiene el deber de hacer investigar las violaciones de los Derechos Humanos y la prevalecía del derecho a la verdad , medidas esenciales en todo país democrático para combatir la impunidad, ligada a la propia realización de la justicia y a la garantía de la no repetición de aquellas violaciones.

 

“… el intenso sufrimiento causado por la muerte violenta de un ser querido es aún mas agravado por su desaparición forzada, y revela una de las grandes verdades de la condición humana: la de que la suerte de uno encuéntrase ineluctablemente ligada a la suerte de los demás. Y la paz lo debería ser un privilegio de los muertos. La desaparición de una persona, victimiza igualmente a sus familiares ( a veces degradando el propio núcleo familiar), tanto por el intenso sufrimiento y la desesperación causados, cuanto por verse desamparados del manto protector de la justicia”. Esa misma justicia, que hoy por hoy creemos ausente, y que sin duda alguna esta llamada a ocupar su propio lugar en “la memoria histórica” de las personas desaparecidas y de las circunstancias especiales del padecimiento en el cual vivieron numerosas esposas, madres, hermanos y hermanas, hijos, nietos y demás familiares durante muchos más tiempo del deseado.

 

 

Esa misma justicia, que niega incomprensiblemente el justo derecho familiar a la petición de información sobre los desaparecidos, su localización, su exhumación y dignificación de sus nombres y su memoria.

 

Esa misma justicia, que hoy por hoy nos sigue relegando a “ no poder vivir en paz”, agrega más sufrimiento y angustia a nuestros mayores, merecedores de todo nuestro respeto y consideración, haciendo a los mismos merecedores, todavía, del supuesto especifico de tampoco “morir en paz”, sabedores de la definitiva imposibilidad del anhelado reencuentro.

 

Han sido ellos, siempre ellos, los receptores históricos del (citando es escrito del fiscal) … “ daño esencial, causado a terceros, con perjuicios irreversibles de difícil reparación“.

 

Ese daño y sus perjuicios irreversibles, les llegó hace más de 72 años y aún hoy les llega con situaciones como la que actualmente vivimos, multiplicadoras del desentendimiento del sufrimiento de estas victimas, hasta una prolongación tal en el tiempo que el margen final es la certeza del fatídico desenlace biológico, muy próximo para muchos de ellos.

 

 

 

Aguilar de la Frontera, 10 de noviembre del 2008

 

 

Rafael Espino Navarro.-

Presidente de AREMEHISA