NOTA DE PRENSA DE AREMEHISA

febrero 22, 2010

NOTA DE PRENSA DE AREMEHISA

EL JUZGADO DE AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA) ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS POR LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA GUERRA CIVIL.

Un año y medio después de que AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba), presentase ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid, una denuncia por las desapariciones forzadas no esclarecidas dentro del marco de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho Internacional pidiendo el auxilio de la justicia en la localización del paradero y destino final de las personas “desaparecidas” en la localidad de Aguilar de la Frontera como consecuencia de los acontecimientos represivos desatados a raíz del golpe militar del 18 de julio de 1936, la jueza del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aguilar de la Frontera, ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa, por resultar extinguida la responsabilidad criminal derivada de los hechos objeto de la misma.

En el auto de resolución se determina que los delitos de homicidio y/o detención ilegal no pueden ser tratados como delitos de lesa humanidad al no encontrase tipificados como tales en los años en los que ocurrieron y por haberse cometido los mismos con anterioridad a la tipificación de delito de lesa humanidad recogido por ver primera en el ordenamiento jurídico español en 1995.

Se declaran además los delitos cometidos como “delitos comunes” prescriptibles ante la irretroactividad de la actual Ley penal y por lo tanto no perseguibles al haberse extinguido la responsabilidad criminal de los mismos y atendiendo al tiempo transcurrido, al mas que probable fallecimiento de los responsables que los cometieron.

Y se reafirma la extinción de la responsabilidad criminal por la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 la cual “… desplegó su efecto de extinción de responsabilidad criminal”.

En el auto la magistrada también argumenta que las victimas de estos delitos, los familiares, tienen suficientemente amparados sus derechos en la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica de diciembre del 2007, mediante la aplicación de la cual el Gobierno y las distintas Administraciones Públicas, en colaboración con los familiares, impulsaran actuaciones precisas para la localización, exhumación e identificación de las víctimas.

Aguilar de la Frontera, 22 de Febrero del 2010

Alicia Torres / León
Más de un año ha transcurrido desde que el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, emitiera un auto en octubre de 2008 para la apertura de fosas comunes, la mayoría de ellas (23) en la provincia de León. Tras la inhibición de Garzón, a finales de noviembre, a favor de los juzgados locales, éstos debían estudiar las diligencias para actuar en consecuencia.
En la actualidad, la exhumación de cinco fosas del franquismo ubicadas dentro del partido judicial leonés continúa pendiente después de que el Juzgado de Instrucción 1 de León –el competente sobre estos enterramientos– haya solicitado a la Audiencia Nacional más detalles para dictaminar con la mayor precisión la apertura o no de las cinco fosas.
Así lo confirma el presidente de la Audiencia Provincial, el reelegido Manuel García Prada, quien indica que en el partido judicial de León las diligencias continúan su curso a la espera de recabar nuevos datos que permitan al titular del juzgado pronunciarse sobre la posibilidad de recuperar a los leoneses que aún esperan a ser rescatados.
Todo lo contrario ha sucedido en el partido judicial de Ponferrada. Tal y como señala García Prada, el polémico auto de Garzón llegó el pasado año a manos del Juzgado de Instrucción 4 de Ponferrada que archivó todas las diligencias al considerar que los delitos habían prescrito. Una vez notificada su decisión judicial a las partes implicadas no se registraron recursos; en esta zona es precisamente donde se encuentra la gran parte de los enterramientos comunes contemplados en el escrito de inhibición del magistrado.
No se han abierto más diligencias en la provincia, concluye García Prada, por lo que los juzgados leoneses sólo trabajan en la actualidad en cinco enterramientos. En mayo de 2009, este mismo proceso se encontraba en manos del Ministerio Público al que también se le había requerido un informe especializado al respecto.
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías, cuyo colectivo está personado en la causa que inició el magistrado Garzón no oculta su malestar por el pronunciamiento del juzgado de Ponferrada. “Los jueces ponen de manifiesto su ‘sensibilidad’ cuando le niegan a una persona la posibilidad de ayudar a un familiar. Si tienen la posibilidad en la mano, deberían apoyar porque un delito prescribe pero no los restos del cuerpo de las víctimas”, argumenta.
Macías aclara que se ha procedido a la apertura de seis de las 23 fosas que se recogían en el auto de Garzón durante los últimos meses (Camponaraya, Toreno, Quintanilla de Combarros, Santalla, Fresnedo y Toral de Merayo), por lo que continúan 17 pendientes –según se recoge en el gráfico adjunto–. Las cinco que se corresponden con el partido judicial leonés están situadas en las localidades de Villaceid (municipio de Soto y Amío), Busdongo (Villamanín), Collada de Cármenes, Santa Lucía de Gordón (La Pola de Gordón) y Algadefe.
“El freno que se puso a Garzón en la Audiencia a favor de los juzgados locales evidenció que no había una intención clara para trabajar sobre estas fosas”, asegura Macías quien también defiende que “lo ideal sería que todos los procesos hubieran estado unificados en un único juzgado”.
Por último, el responsable de la ARMH mantiene que “están hastiados” y denuncia la dejación de funciones de la Justicia en este ámbito; al menos, concluye, para la apertura de una fosa no es necesaria una autorización judicial y es suficiente con el visto bueno de algún familiar.

Distintas asociaciones de derechos humanos y de la memoria histórica así como juristas de toda España impulsarán una iniciativa popular para reparar la memoria de las víctimas del franquismo independientemente de que siga adelante el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la dictadura.

Así lo ha adelantado a nuevatribuna.es el ponente del texto Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional y autor de varios libros, que expone en un documento de diez puntos las razones que sustentan dicha iniciativa.

Rodríguez Arias, en cuyo blog figuran algunos de sus artículos de opinión y de investigación sobre este asunto publicados en medios de comunicación- explica que la iniciativa surge porque la Ley de Memoria Histórica reproduce planteamientos jurídicos franquistas. En concreto, se refiere a la orden de Franco de mayo de 1940 sobre exhumaciones que determinó que la responsabilidad en la apertura de fosas era de los familiares. “La única diferencia –señala- es que Franco daba exenciones fiscales mientras que el Gobierno actual da subvenciones”.

Según este experto, la Ley que aprobó el Ejecutivo de Zapatero en 2007 vulnera algunos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre ellos el relativo a la obligación del Estado de hacerse cargo de las exhumaciones y acabar con el trato “inhumano y degradante” a los familiares de las víctimas tal y como explica en otro de sus estudios a los que también ha tenido acceso este periódico.

En julio de 2009, 65 asociaciones de derechos humanos (a las que luego se unieron 15 más) llevaron al Palacio de La Moncloa un escrito solicitando que se modificara la Ley de Memoria Histórica y “a fecha de hoy aún no hemos recibido una respuesta”, señala Rodríguez Arias.

El anteproyecto consta de 103 artículos y se prevé pueda ser presentado en la Mesa del Congreso de los Diputados entre mayo o junio próximos. Antes, se hará una campaña explicativa del proyecto en varias ciudades españolas, pasando por Madrid donde el próximo 27 de febrero se celebrará un acto en el Ateneo; el 6 de marzo en el Colegio de Abogados en Barcelona; siguiendo en Sevilla y Valencia. La recogida de firmas (se necesitan 500.000) comenzará previsiblemente en agosto o septiembre y podría prolongarse durante un año.

El anteproyecto propone, entre otras cosas, la creación de una Fiscalía Especial para los crímenes y violaciones de los derechos humanos del franquismo y una Policía judicial que los investigue. Según recuerda Rodríguez Arias, en España sigue habiendo alrededor de 150.000 desaparecidos, siendo el país con más víctimas de desaparición forzosa de toda Hispanoamérica y el segundo del mundo, detrás de Camboya durante el régimen de Pol Pot.

TODOS LOS NOMBRES…

febrero 12, 2010

Todos los Nombres:
Exposición y actos públicos

19-28 febrero 2010
10:00 a 14:00 – 18:00 a 21:00 (lunes cerrado)
Casa de la Provincia
Plaza del Triunfo, Sevilla

Viernes 19

11:30h. Inauguración de la Exposición y presentación a los medios de comunicación.
Preside: Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación de Sevilla y de la Casa de la Provincia, acompañado de representantes de las entidades promotoras.

19:30h. Presentación de Todos los Nombres: Web, Exposición y publicación nº 2.
Rafael López, presidente de AMHyJA; Cecilio Gordillo, coordinador RMHSA de CGT.A; y Francisco Espinosa, director científico TLN.

Sábado 20

19:30h. Mesa Redonda: El movimiento memorialista en la provincia de Sevilla: proyectos, dificultades, horizontes…
Mª Carmen España (La Puebla Cazalla); Ana Rivas (Marchena); Mª Dolores Nepomuceno (Castillo de las Guardas); Jesús Rivero (Coria del Río); J. Gabriel Rodríguez (Guillena).
Presenta: Carmen Rangel, periodista de El Correo de Andalucía.

Martes 23

9:30h. Otto Engelhart, el Cónsul alemán asesinado en Sevilla.
Karl Heisel, historiador (Universidad Pablo de Olavide) y Ruth Engelhart Pintiado, documentalista y biznieta de víctima.
Presenta: Rafael Guerrero, periodista de Canal Sur Radio.

Miércoles 24

19:30h. Estado de la investigación de la represión en la provincia de Sevilla.
José Mª García Márquez, investigador.

20:15h. Mesa Redonda con la participación de investigadores locales:
Eva Ruiz (Alcalá del Río), Ramón Barragán Reina (Vega del Guadalquivir), y Leonardo Alanís (Gerena).
Presenta: Ángel Munárriz, periodista de Público.

Jueves 25

19:30h. El Mapa de Fosas de la provincia de Sevilla.
Ángel del Río Sánchez, antropólogo, coordinador del equipo de investigación.

20:15h. Proyección del documental Mª Carmen España, el final del silencio, de Martin Jönsson y Pontus Hjorthén (2008).
Presenta: Juan Tortosa, periodista de Cuatro TV.

Organiza:
Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía
Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA)

El próximo día 20 de febrero hará 8 años que, los “utopicos” levantamos la ira de muchos y la admiración de MUCHOS MAS en Sevilla y otros lugares de la provincia y de fuera de ella. Celebramos en el Centro Cultural El Monte las “Jornadas sobre el Canal de los Presos” que puso sobre la mesa, pública, la existencia en nuestra ciudad de campos de concentracion (la primera vez que se hacía, pues hasta entonces se denominaron Colonias o Campamentos) donde miles de presos políticos ¿redimieron penas por el trabajo? como verdaderos exclavos de la dictadura franquista. Solamente 8 años, y parece que han pasado …… dado los pasos que hacía la normalidad democrática se han producido (Debates sociales, políticos y mediáticos, leyes, decretos y normas específicas, etc..) aunque aún no se ha reconocido juridicamente la figura del “preso político en trabajos forzados” , la construcción de el Memorial Merinales está bloqueado por algunas instituciones públicas que en su momento se retrataron a favor de ello y nos queda por hacer el estudio de investigación sobre las repercusiones económicas que ha tenido esa obra para la provincia.

Fueron 4 días para no olvidar, una sala llena a rebosar, escuchando e interviniendo. La plantación de un olivo -en la UPO- con el claro objetivo de dejar constacia de nuestro respeto y admiración a todos aquellos que aguantaron “el chaparrón” (represión, explotación y exlusión), pero pusieron las bases políticas e ideológicas, para que resurgieran, o se crearan otras nuevas, las organizaciones políticas, sindicales y sociales, que dieran cuerpo a lo que más tarde, tras la muerte -en la cama- del dictador, se produjo; un proceso de “normalización democrática” que nunca los tuvo en cuenta a la hora de saldar esas deudas pendientes que se tenían -y aún se tiene- con ellos, hombres y mujeres.

8 años después, los PRESOS DEL CANAL vuelven a lugar desde donde se dió a conocer a las actuales generaciones, aunque ahora el Centro Cultural se denomine Cajasol, y la formula no sea mediante Conferencias, Mesas Redondas, Exposiciones, Documentales, Chirigotas, sino a través del teatro, de una obra de teatro que se ha venido representando en muchos barrios de nuestra ciudad, en pueblos de la provincia, en capitales de España y, también de Europa.

La obra de teatro “El Canal” de Antonio Morilla (CTV de Dos Hermanas) retrata la situación de aquellos presos que padecieron en Los Merinales y los diferentes campos de concentración y “depositos” que rodearon Sevilla hasta 1962.

“El Canal” se representa en el Centro Cultural Cajasol (Laraña, 4. Sala Joaquín Turina) los días 20 y 21 de Febrero a las 20,30 horas.

COMUNICADO DE LA CCVF ANTE EL AUTO DE PROCESAMIENTO DEL MAGISTRADO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL
 
La Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo (CCVF) quiere hacer público su frontal rechazo a la decisión adoptada por el magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, plasmada en un auto del día 3 de febrero, de procesar al magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional por prevaricación supuestamente cometida al incoar las Diligencias Previas 399/2006, transformadas posteriormente en Sumario 53/2008 E.
 
La instrucción llevada a cabo por la Audiencia Nacional respondía a las denuncias por desapariciones forzadas, en el marco de crímenes contra la humanidad, que habían sido presentadas por una serie de colectivos que, en diciembre de 2006, iniciamos el camino para exigir Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo.
 
El fascismo español, violando la legalidad nacional e internacional, se sublevó contra el Gobierno de la República para arrasar hasta los cimientos su obra de modernización de la estructura social y económica de España. Para llevar a cabo su propósito, los sublevados, actuando como una banda armada de elementos terroristas, llevaron a cabo un plan perfectamente sistematizado de destrucción física de sus adversarios políticos, ya que éstos iban a suponer un obstáculo para la consecución de su objetivo de atentar contra las altas instancias de la Nación, al objeto de subvertir el orden establecido.
 
El golpe de Estado fracasó a nivel estatal como consecuencia de la encarnizada resistencia popular, pero provocó una guerra que se convirtió en el primer acto del asalto a la democracia por parte del fascismo internacional. Por primera vez, las aviaciones nazi-fascistas bombardearon a la población civil. Desde el mismo momento del golpe de Estado, primero en los territorios en los que triunfó y a continuación en todos aquellos que iban cayendo en su poder, los golpistas cumplieron escrupulosamente su plan de exterminio, asesinando a cientos de miles de hombres y mujeres, valedores de la legalidad republicana.
 
Entre la documentación que los colectivos denunciantes aportamos al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, se encontraban los listados que recogían los nombres y apellidos de todos esos hombres y mujeres, ilegalmente detenidos y asesinados, mediante ejecuciones extrajudiciales o después de consejos de guerra sumarísimos, y muchos de ellos hechos desaparecer sin dejar rastro de su paradero hasta el día de hoy. Estos listados recogían la escalofriante cifra de 152.237 personas.
 
El fascismo triunfante continuó su obra criminal, una vez ganada la guerra gracias al concurso de la Alemania nazi y la Italia fascista y al abandono vergonzante de las atemorizadas democracias occidentales. Destruyó cualquier foco de resistencia mediante la tortura, el trabajo esclavo, el robo de niños para separarlos de la influencia de sus padres rojos, y el asesinato. Trescientas mil personas encarceladas, quinientas mil personas forzadas a abandonar su patria y cincuenta mil niños robados a sus madres en las cárceles y secuestrados en el extranjero, dan fe de ello.
 
El fascismo español continuó aplastando con mano férrea cualquier intento de recuperación de la libertad y de la legalidad democrática destruida, contando con la inapreciable cobertura del contexto internacional de guerra fría. A pesar de su brutalidad, miles de españoles y españolas se atrevieron a luchar en la clandestinidad para devolvernos a todos nuestros derechos vulnerados y pisoteados. Muchos de ellos lo pagaron con largos años de cárcel y otros muchos, con su vida. Los últimos asesinatos del fascismo español tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975, tan solo dos meses antes de la muerte de Franco.
 
El sucesor directo del régimen fascista, Juan Carlos de Borbón, medió en un pacto entre élites que permitió mantener intactas las estructuras de poder político y económico para cuya construcción se había subvertido el orden constitucional cuarenta años antes. Unas estructuras de poder, por eso mismo, no solo profundamente injustas sino ilegales por estar asentadas sobre un acto delictivo fundacional: el asalto al poder por parte de una banda armada de elementos terroristas.
 
Necesariamente el fascismo travestido a demócrata tenía que perdonarse a si mismo. A ese siniestro objetivo sirvió la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, ley anticonstitucional puesto que en ese momento la única Constitución jurídicamente válida era la de 1931 que no podía amparar una norma que atentaba contra la legalidad internacional, acatada por ella en su articulado. Esta ley de punto final venía a perdonar a los asesinos y a santificar la jurisdicción represiva de la dictadura, dejando intacto su aparato policial y jurisdiccional, ambos cómplices de los crímenes cometidos.  
 
El pacto de silencio de la transición se extendió como un sudario sobre la sociedad española, impidiendo que ésta recordara o conociera la verdad acerca de la feroz represión ejercida por el fascismo. Se reelaboró una versión de los acontecimientos según la cual Juan Carlos de Borbón, designado por Franco como sucesor a título de rey, y Adolfo Suárez, Ministro Secretario General del Movimiento en el último gobierno de Franco, desafiando valientemente oscuros poderes en la sombra, habían otorgado la democracia a los españoles. Había que olvidar a los cientos de miles de hombres y mujeres asesinados por defender la libertad y la legalidad republicana. No tenían cabida en esta España en la que algo había cambiado para que todo siguiera igual.
 
En este contexto de impunidad de los crímenes del fascismo, cuando los colectivos de víctimas presentamos las denuncias por crímenes contra la humanidad, amparándonos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, todos los poderes de este estado fallido se pusieron en guardia y se aprestaron a la defensa del statu quo. La Fiscalía, incumpliendo el mandato del artículo 124 de la Constitución de 1978 que le conmina a promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como su propio estatuto orgánico que le obliga a la protección de la víctimas, con enorme virulencia defendió la falta de competencia de la Audiencia Nacional para la investigación de esas denuncias.
 
Por su parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin entrar al fondo del asunto, aceptó la argumentación del Ministerio Fiscal, vulneradora ella misma de la legalidad internacional.
 
Sin embargo, dos magistrados de esta sala, así como otros dos de los juzgados territoriales de Granada y San Lorenzo de El Escorial, no solo han compartido los argumentos del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, para aceptar la competencia, sino que han ido más lejos al razonar la inconveniencia de su inhibición.
 
Finalmente, para que quede meridianamente claro que el estado español no va a permitir que se haga justicia con las víctimas del fascismo criminal, del que se declara heredero jurídico, el Tribunal Supremo ha llegado al escándalo de admitir a trámite una denuncia por prevaricación contra el titular del juzgado que inició la investigación de los crímenes del franquismo, presentada por la extrema derecha, a la que le ha hecho entrega de los listados de víctimas que constaban en el Sumario 53/2008 E y de los datos personales de los denunciantes. ¡Cabe mayor desprecio hacia las víctimas! En el colmo de la desvergüenza, por boca del instructor Luciano Varela, el Tribunal Supremo ha dictado, contra aquel magistrado, un auto de procesamiento.
  
Los colectivos de víctimas del franquismo queremos romper el silencio y la farsa y denunciamos públicamente a la Fiscalía General del Estado, que ha propiciado y coadyuvado a este estado de cosas, a la Judicatura que, salvo honrosas excepciones hace dejación de su fundamental función cual es la de procurar a los ciudadanos el ejercicio de la tutela judicial efectiva, al Gobierno de España, que elaboró una ley miserable alejada del Derecho Internacional y de la conciencia de los pueblos, y al Parlamento de la Nación, que dio carta de naturaleza legal a la vergüenza.
 
Madrid, 5 de febrero de 2009.
 
 
 
COORDINADORA DE COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO: Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Asociación  Memoria Histórica de Cataluña, Asociación Mèmoria de Mallorca, Asociación Memoria Histórica de Palencia, AREMEHISA (Asociación Recuperación Memoria Histórica Aguilar de la Frontera), Asociación Recuperación Memoria Histórica de Aragón, Asociación Recuperación Memoria Histórica Valladolid, CGT y Forum per la Mèmoria del País Valenciá.
 

Junta de Andalucía y asociaciones llegaron ayer a un acuerdo de mínimos de lo que ya ha sido bautizado como el primer Pacto por la Memoria Histórica, que persigue coordinar todas las actuaciones sobre lo sucedido durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La titular de Justicia, Begoña Álvarez, que presidió el encuentro, celebrado en Granada, informó de que se ha decidido crear un grupo de trabajo, con reuniones trimestrales, en el que están representadas hasta 18 colectivos. El grupo tendrá carácter “consultivo” y no “decisorio”, para establecer la forma de dar a conocer lo que se está haciendo en cada provincia. Álvarez explicó a las asociaciones el protocolo y la política que se sigue en esta materia, mientras que los colectivos expresaron sus demandas y expectativas.
Las asociaciones de Memoria Histórica y la Junta de Andalucía suscribieron ayer el primer Pacto por la Memoria Histórica, que pretende reparar moralmente a las víctimas, coordinar todas las actuaciones y divulgar lo acontecido durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. A partir de estos mínimos alcanzados ayer en un primer encuentro en Granada, las asociaciones y la Junta se comprometen a avanzar con reuniones periódicas para “tener todos una misma voz”.

La consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, explicó que en ese encuentro se decidió también crear un grupo de trabajo que se reunirá trimestralmente y en el que estarán representadas las asociaciones de Memoria Histórica de Andalucía, así como otros foros presentes ayer, en total 18 colectivos. El grupo tendrá carácter “consultivo” y no “decisorio”, aclaró, para establecer la forma de dar a conocer lo que se está haciendo en cada provincia.

“Buen entendimiento”
El encuentro persigue coordinar todas las actuaciones que en materia de Memoria Histórica se realicen en Andalucía. Por eso la Junta informó a las asociaciones de los avances normativos impulsados por la Administración autonómica en los últimos meses y destacó el “buen entendimiento” que, según Álvarez, marca las actuaciones de todos los organismos, asociaciones y entidades implicadas en la reparación de las personas que sufrieron persecución por defender los idearios democráticos.

Pese a lo positivo del encuentro, no todos los colectivos mostraron su conformidad con lo acordado. El Foro por la Memoria de Andalucía se mostró mucho más “ambicioso” y exige, además de la reparación moral consensuada, que “se cumpla el derecho penal internacional”. Su portavoz, Carlos Castellano, agregó: “Exigimos una reparación tanto judicial como moral, pero sobre todo judicial y económica para las víctimas que sufrieron expolio de sus bienes”.

La presidenta de la asociación granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Maribel Brenes, aplaudió la unificación que promueve la Junta para seguir avanzando de forma coordinada en una misma dirección, puesto que hasta la fecha cada grupo empleaba una metodología. “Es nuestro deber hacer una política global en Andalucía para decirle a las nuevas generaciones lo que pasó, que es horrible y no debe volver a pasar”, abundó la consejera.