DERIVA E INSTITUCIONALIZACIóN DE LA MEMORIA. POR ÁNGEL DEL RíO Y CECILIO GORDILLO.
Deriva e institucionalización de la memoria.
Ángel del Río Sánchez y Cecilio Gordillo Giraldo

VIENTO SUR Número 113 / Diciembre 2010

“Son los riesgos de un creciente proceso de institucionalización que, más o menos intencionadamente, puede llegar a desplazar, controlar, e incluso sustituir las iniciativas de la sociedad civil”

La irrupción social del fenómeno que hemos denominado de Recuperación de la Memoria Histórica (RMH), que hace referencia al descubrimiento de realidades históricas negadas y olvidadas y a la dignificación de las víctimas de la guerra civil y la represión franquista en todas sus dimensiones, ha supuesto un paso de gigante para la progresiva desfranquistización de un Estado y una sociedad con evidentes déficits democráticos por esta causa. A la incuestionable conquista que supone que se haya destapado un pasado ominoso que, para buena parte de la ciudadanía, especialmente para amplios sectores de la juventud, parecía impensable que hubiera tenido lugar en su propio país, hay que sumar el creciente cuestionamiento –por primera vez de manera abierta– a una transición política que había sido sacralizada por la mayoría de fuerzas políticas y elevada a categoría de mito fundacional de la democracia española.

La RMH ha posibilitado la creación de un novedoso movimiento social con una extraordinaria capacidad de movilización de colectivos muy heterogéneos: familiares de víctimas de distintas generaciones y gentes procedentes de los más diversos ámbitos de la ciencia, la política y la creación artística. La demanda social ha ido adquiriendo en estos años una dimensión tal que los gobiernos no han tenido más remedio que tomar medidas de carácter jurídico-administrativo con relación a la documentación y archivos, al reconocimiento de derechos profesionales, de la nacionalidad para los descendientes del exilio, de reconocimientos e indemnizaciones a determinados colectivos de víctimas, etc.

No obstante, desde nuestra posición crítica, pensamos que se ha perdido una gran oportunidad para avanzar más en esta línea. La actitud timorata y oportunista de determinadas organizaciones con mayor capacidad de decisión, que han ido asumiendo, muchas veces de manera acrítica e, incluso, entusiasta, las políticas de la memoria implementadas en estos años y que tiene como corolario la aprobación de la conocida como Ley de Memoria Histórica de 31/10/2007, está en la base de lo que, entendemos, ha derivado en una memoria pública e institucional de baja intensidad con respecto a las víctimas del franquismo. Desde luego, muy lejos de las expectativas generadas y de los objetivos mínimos planteados por el movimiento memorialista.

Nuestra reflexión nace desde la experiencia colectiva en el grupo de trabajo RMHSA de CGT.A, que viene funcionando desde 1998 y ha desarrollado desde entonces una intensa actividad memorialista en Andalucía en materia de investigación, de dinamización social y divulgación, pero principalmente de denuncia pública. /13 En cualquier caso, nuestra labor en este campo la entendemos siempre desde una perspectiva plural y creativa que entiende la memoria de los vencidos de la guerra civil como patrimonio colectivo y no partidista y como recurso esencial para la identidad y dignidad de la sociedad.

Posiciones frente al movimiento memorialista
Conviene recordar que el movimiento social por la RMH se ha ido fraguando a partir de iniciativas, fundamentalmente de carácter familiar y local, y aunque poco sistemáticas no por ello menos valiosas, como se ha demostrado en estos escasos diez años a pesar de las zancadillas. En un primer momento, las izquierdas mostraron cierta simpatía por este incipiente movimiento urdido entre familiares de víctimas e investigadores independientes –ajenos a la Academia, aunque su implicación en esta tarea, en tanto que organizaciones con recursos, fue muy escasa. La derecha, en cambio, pasó de una actitud inicial de indiferencia a otra de acerada oposición cuando el asunto fue tomando carta de naturaleza institucional, sobre todo, tras la victoria electoral del PSOE en marzo de 2004 con la creación, meses después, de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, que generaría grandes expectativas y sin embargo acabaría siendo una enorme decepción. El PP y la derecha mediática han utilizado desde entonces la MH como argumento recurrente de oposición frontal al gobierno del PSOE, bajo el discurso insistente y simplificador de “reabrir viejas heridas”, “dividir a la ciudadanía con un tema que había sido superado con la Transición” ó “gastar dinero público en cosas inútiles en tiempos de crisis”. A esta operación de descrédito hacia la MH se han unido, también, una serie de intelectuales y políticos que gozan de gran predicamento en las filas del PSOE y que cuentan con grandes tribunas en los medios del grupo PRISA para difundir su pensamiento de hartazgo con respecto a la memoria. Nos referimos a los historiadores Santos Juliá y Álvarez Junco, a los periodistas Javier Pradera y Miguel Ángel Aguilar o los políticos Joaquín Leguina o José Bono, entre otros. Sin duda, la férrea oposición de los primeros y la presión de éstos están imponiendo una línea política hasta ahora inexistente en el gobierno, pero también en el partido que lo sustenta.

Riesgos de la institucionalización
Con el año de la memoria histórica declarado por el parlamento en 2006 se alcanza un cénit materializado en una enorme producción científica, divulgativa y cultural sobre el pasado reciente y en la presentación ante la justicia de una demanda por desapariciones forzosas por parte de algunas asociaciones y organizaciones (ninguna histórica) que traería posteriormente una enorme repercusión. Las instituciones oficiales intentan abanderar el proceso asumiendo ciertas políticas para dar satisfacción a las crecientes demandas sociales. Tanto el gobierno central, a través del Ministerio de la Presidencia, como el de algunas comunidades autónomas, han dispuesto, entre otras medidas, de programas de subvenciones. En principio, este marco abría un abanico de posibilidades para canalizar numerosos procesos, proyectos e iniciativas a través de una política pública de la memoria, pero la realidad ha ido cambiando rápidamente en otra dirección, pues hace que aumente espectacularmente el número de entidades, asociaciones y fundaciones, dando como resultado un movimiento sumamente atomizado, heterogéneo y, en ocasiones, enfrentado, reproduciendo las divisiones político-ideológicas que se manifiestan en la arena sociopolítica. Si en un primer momento las asociaciones surgían desde abajo por iniciativa fundamentalmente de los familiares y se definían por un pluralismo interno –no exento de conflictividad–, ahora, desde instancias políticas superiores, se crean nuevas entidades, muchas veces, al albur de las subvenciones y cuya actividad, principal, se centra en la administración de los dineros públicos y en el control de los proyectos realizados por personas/empresas a modo de subcontratas.

A esta dinámica han sido empujados (casi como única salida) buena parte de las asociaciones originarias cuyo músculo militante ha ido perdiendo volumen con la tediosa actividad de gestoría burocrática, aunque, también, se ha disparado el protagonismo mediático con la asunción de proyectos de gran impacto y espectacularidad (mapa de fosas, exhumaciones, ediciones de libros y documentales…).

Es sintomático, por ejemplo, que el gobierno de Andalucía posponga todo tipo de actuación sobre las fosas, hasta que no quede resuelto el mapa de fosas que él mismo ha financiado. La Junta de Andalucía no ha apostado nunca por las exhumaciones que son la columna vertebral de la RMH y crea confusión para aplazar sine die la intervención generando una gran inquietud entre los familiares. En este sentido, se produce una situación paradójica puesto que son las instituciones (Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades…) las que imprimen el ritmo de trabajo de las asociaciones a través de las subvenciones y/o autorizaciones a determinados proyectos que absorben muchas energías. Son los riesgos de un creciente proceso de institucionalización que, más o menos intencionadamente, puede llegar a desplazar, controlar, e incluso sustituir las iniciativas de la sociedad civil.

Todo por hacer: Necesidad de un movimiento social independiente Aún queda todo por hacer: anulación de las sentencias franquistas, inscripción de los desaparecidos en los registros civiles, localización y exhumación de las fosas comunes, acceso a los archivos, reconocimiento de los presos esclavos del franquismo, devolución de los patrimonios expoliados y de las “multas” de responsabilidades políticas, elaboración definitiva de un censo oficial de represaliados del franquismo –1936-1978–, etc. Para ello es indispensable la presencia de un movimiento social independiente, con iniciativa propia, que evite a toda costa funcionar a rebufo de las instituciones y que acabe consolidándose como una referencia de máxima importancia para que las políticas de la memoria den satisfacción a problemas no resueltos y a las demandas sociales que asocian Memoria y Justicia.
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13/ Para más información sobre la composición, pensamiento y la actividad desarrollada por este colectivo puede
consultarse el dossier Balance de Iniciativas. 1998-2007. Grupo de Trabajo RMHSA. CGT.A, disponible en:

Haz clic para acceder a documento68.pdf

CóRDOBA: LA AUDIENCIA QUIERE ARCHIVAR `..A LOS DESAPARECIDOS (ASESINADOS)´ COMO MUERTOS COMUNES.
“La Audiencia de Córdoba quiere archivar los desaparecidos como muertos comunes”

diariocordoba.com/16/12/2010
FOTO: FAMILIARES DE FUSILADOS EN EL CEMENTERIO DE LA SALUD.
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=604348

La representante de la Plataforma cordobesa por una justicia democrática, Florentina Rodríguez, afirma que la Audiencia provincial de Córdoba “quiere archivar los crímenes del franquismo como muertos comunes” y asegura que cuando su familia intentó buscar el cadáver de su abuela “en la audiencia nos dijeron que queremos reavivar las heridas y la confrontación civil”. En este sentido, Florentina Rodríguez señala que las familias de los desaparecidos forzosamente durante el franquismo se encuentran “en un situación de indefensión”, porque los ayuntamientos se niegan a abrir las fosas y las audiencias archivan estas causas. Así, la representante asegura que “nos sorprende que sienten a Garzón en un banquillo por investigar el genocidio. El lo pagará con su carrera judicial y nosotros sin recuperar a las víctimas”.

Nueva arremetida de Jiménez Villarejo contra el Supremo, en solidaridad con Garzón
En la presentación de un libro en defensa del suspendido juez, el ex fiscal jefe Anticorrupción acusa al alto tribunal de ser “cómplice” de Falange y Manos Limpias y “prepotente” con las víctimas.

REDACCION HO / EUROPA PRESS.-El ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha señalado el “nivel de prepotencia y arrogancia” que, a su juicio, muestra el Tribunal Supremo con las víctimas del franquismo mientras que, por el contrario, mantiene “una enorme benevolencia y complicidad” con Falange Española de las Jons y Manos Limpias.

En la presentación del libro ‘La solidaridad con el juez Garzón’, obra que él mismo ha coordinado, ha censurado la “dilación” que está sufriendo la causa abierta contra el suspendido juez Baltasar Garzón -con tres causas abiertas por prevaricación, entre otras imputaciones, ante el TS- por investigar los crímenes del franquismo.

A su parecer, el alto tribunal tiene el proceso “deliberadamente” detenido en una “estrategia meditada y conjunta” para que avance el resto de causas abiertas contra el juez y el caso de la memoria histórica tenga cada vez menos repercusión nacional e internacional.

En su opinión, es “muy grave” que el Supremo no haya señalado aún la fecha del juicio oral ya que está “obligado por ley” a actuar con “mayor energía”, teniendo en cuenta que Garzón “está cumpliendo anticipadamente la pena que pudiera imponerle”. “Ha cumplido parte de la pena sin haber sido juzgado, enjuiciado y declarado inocente o culpable”, ha advertido, para recordar que Garzón está suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde hace siete meses.

Ha calificado la actuación del Tribunal Supremo como “un abuso de derecho y de poder” mientras ha dicho que a sus magistrados “les avergüenza señalar el juicio del único juez” que “se ha atrevido” a “calificar como criminales a los golpistas” y a la “política de exterminio y represión sistemática ocurrida hasta 1975”. “El proceso contra Garzón debe ser analizado como un juicio político”, ha añadido.

“Sesgo franquista en el TS”

“Llevamos ya camino de los dos años con un proceso que no debería haber comenzado pero que comenzó y debería haberse concluido al cabo de unas horas o unos días, si los magistrados hubieran atendido a criterios de razón y derecho”, ha remachado.

De igual modo, ha propuesto abrir una fiscalía especializada en la investigación de los crímenes y desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo y ha argumentado que para las asociaciones es “imposible” soportar la carga que representa llevar adelante las exhumaciones y demás actuaciones.

“Mientras tanto, la Guerra Civil y la dictadura seguirá entre nosotros viva, le guste o no le guste a Cándido Conde Pumpido -fiscal general del Estado-” y a varios miembros del Tribunal Supremo, ha añadido Jiménez Villarejo, quien considera que existe “un sesgo franquista” en el alto tribunal.

En el coloquio final participó la abogada y ex diputada Cristina Almeida, que censuró la “afrenta” que ha efectuado el Tribunal Supremo al rechazar a más de la mitad de los testigos solicitados por el juez Baltasar Garzón para declarar en el juicio que se celebrará contra él por un delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas. “Nos están haciendo un ataque a la democracia que no nos había hecho ni el señor Tejero con todos los guardias civiles que entraron en el Congreso”, ha exclamado.

Coordinado por Carlos Jiménez Villarejo y editado por Páramo, este libro es una obra colectiva que expresa la solidaridad cívica nacional e internacional con el juez Baltasar Garzón.

Desde la Plataforma se ha colaborado activamente en la elaboración de la obra, junto con numerosas asociaciones y profesionales.
Los autores y colaboradores ceden sus derechos para financiar el movimiento de apoyo al Juez Baltasar Garzón.

Lo presentaremos en el miércoles 15 de Diciembre a las 19:30 h. en el Centro Cultural Blanquerna (C/Alcalá 44, Madrid)

Intervienen:
Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal y coordinador del libro
Baltasar Garzón, magistrado
Jaime Ruiz (Asociación de la Memoria Social y Democrática)
Fanny Rubio, catedrática en la Universidad Complutense de Madrid
Florentina Rodríguez, ( Plataforma Córdobesa por una Justicia Democrática)
Ricardo González Mestre, Editorial El Páramo
El libro saldrá a la venta ese mismo día

Estamos ante una obra colectiva excepcional, que demuestra el apoyo nacional e internacional recibido por el Juez Garzón, ante la persecución penal a la que está sometido por el Tribunal Supremo de España. Una obra que reúne escritos, comunicados, acuerdos, artículos, los Autos, cronología de los acontecimientos, fotografías… Una obra posible gracias al apoyo desinteresado de jueces y fiscales, catedráticos, magistrados, periodistas, fotógrafos, escritores, etc.; organizaciones nacionales e internacionales; organismos públicos; sindicatos; organizaciones cívicas, plataformas ciudadanas y foros de recuperación de la Memoria Histórica; medios de comunicación… Estas páginas reúnen a hombres y mujeres que han dado su voz en defensa pública del Juez Baltasar Garzón.

SILENCIO Y OLVIDO EN LAS FOSAS COMUNES DE LA ZONA 5

Desde 1929 a 1940 casi 1500 personas sin recursos fueron enterradas en Aguilar de la Frontera en fosas comunes de beneficencia. Hoy, nadie se acuerda de ellos, nadie recuerda sus nombres, nadie les puede llevar flores.

“Uno sobrevive sólo como recuerdo en los demás. Cuando éstos desaparecen se hadesaparecido definitivamente. No hay inmortalidad, hay memoria.”

Carlos Castilla del Pino.

Todos ellos tienen nombre pero este no figura en ninguna placa ni lápida. En algunos casos sólo un número o una breve inscripción en el libro de enterramientos de la época les diferencia. Fueron personas con nombre y apellidos y hoy son los últimos olvidados. Su pecado capital, morir sin recursos económicos. Muertos de enfermedades comunes y de hambre, fueron las victimas de un

tiempo no muy lejano marcado por la desigualdad social y económica. Personas olvidadas durante mas de ochenta años en la fosa común de la Zona 5 del cementerio municipal de Aguilar de la Frontera.

Bajo tierra, en el interior de humildes (cajas de madera en el mejor de los casos) yacen sus cuerpos en la austeridad de una fosa común no conocida, sin decoración, sin flores, bajo la tierra seca y polvorienta que un día sepulto sus cuerpos sin vida. Nada protege sus débiles restos, expuestos durante décadas a la interperie y el temporal.

Fueron enterrados de beneficencia o caridad. Personas vecinas de esta localidad, de familias sin recursos o los que nadie reclama. A los que el lento paso del tiempo engulló en el cruento olvido.

Entre los más de 26000 metros cuadrados de cementerio se estuvo enterrando de esta forma durante mas de 40 años (desde 1929 a 1976) y son muchas las fosas comunes de este tipo que se habilitaron para tal efecto (Solo en la década que va de 1929 a 1940, fueron enterradas por la caridad casi 1500 personas en 8 fosas comunes. Su ubicación se encuentra en zona más alejada de la entrada principal. Al final del cementerio, alejados de todo y de todos. Por que siempre fue asi …como en el mundo de los vivos, en el de los muertos, también existieron clases. Tras su clausura fueron semi abandonadas y abandonadas después. Nunca se identificaron si se señalizo su ubicación. Sobre ellas el tiempo y el olvido hicieron que crecieran esos jardines naturales llenos de yerba seca y hojarasca, entre la suciedad y los escombros que sobre ellas se depositaron.

Nadie jamas se empeño en evitarlo: ningun nombre pintados a mano en la lápida, una cruz improvisada , una placa de madera con un nombre tallado o flores en un tarro de cristal con agua alegran las tumbas de los olvidados.

Las hojas escritas a mano del libro de enterramientos del cementerio, desgarran al leerlas, al leer sus nombres, sus edades, la causa de la muerte que les arrebato un día la vida, el nombre de sus padres, de sus hijos, de sus mujeres y de la calle donde vivieron han quedado a si como únicos testigos documentales de la vida que un día tuvieron .

Junto a ellos, casi en el mismo espacio, se delimitan nichos normales, con inscripciones normales, de gente normal. A los cuales el recuerdo les permitirá prolongar su existencia. Sus familias no saben que a muy escasos metros casi comparten área con los no reclamados, los que yacen en fosas sin nombre, los enterrados de beneficencia. Son cientos, miles de cadáveres con identidad conocida, cuyos nombres no aparecen en ninguna inscripción. Sus efímeras e inexistentes lápidas no tienen color. Solo silencio. Olvido. En la zona 5.

Y frente al silencio y al olvido, la constante injusticia perpetuada en el tiempo. Ante la austeridad de los olvidados, la opulencia de los demás. Panteones, tumbas de mármol, relieves de cruces y cristos incrustados en lápidas y relieves, fotografias y demás figuras religiosas. Flores y recuerdo.

Silencio, olvido en las fosas comunes de la Zona 5