El Gobierno aprueba un protocolo para las exhumaciones y ordena la retirada de símbolos franquistas

noviembre 1, 2008

El Gobierno aprueba un protocolo para las exhumaciones y ordena la retirada de símbolos franquistas

El Gobierno ha aprobado el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. Abre el plazo para que las víctimas de la guerra y el franquismo pidan las indemnizaciones, ordena la retirada de símbolos franquistas en edificios de la Administración del Estado y regula la obtención de la nacionalidad española por parte de los brigadistas internacionales y de hijos y nietos de exiliados.

Además, adoptó un protocolo de actuaciones científicas para las exhumaciones y criterios para la elaboración de un mapa general de lugares donde se localicen restos de víctimas, junto a medidas para facilitar el acceso a libros de defunciones de los registros civiles. Aprobó también el procedimiento para que las víctimas obtengan la “Declaración de reparación y reconocimiento personal”, según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros.De la Vega quiso separar estas medidas del proceso judicial abierto por el juez Garzón para elaborar un censo de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo. Evitó sin embargo valorar si con estas actuaciones pierde relevancia la iniciativa de Garzón, en virtud de la cual comenzaron ayer mismo nuevas aperturas de fosas.

Así, reiteró su “respeto y colaboración” hacia la vía judicial abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional y añadió que lo que pretende el Gobierno con estas medidas es desarrollar la Ley de Memoria Histórica, aprobada hace un año.

En el caso del protocolo sobre exhumaciones, pretende fijar criterios para que estas se hagan “con suficientes garantías para preservar los restos” y “de manera uniforme en todo el territorio nacional”. Explicó que esta medida es independiente de las ayudas y subvenciones que el Gobierno concede a las asociaciones implicadas en su recuperación.

135.000 EUROS PARA BENEFICIARIOS DE LOS FALLECIDOS “EN DEFENSA DE LAS LIBERTADES”

Aunque admitió que quedan pendientes algunas medidas, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto que prevé el derecho a una indemnización de 135.000 euros a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 “en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos y que, hasta la fecha, habían quedado fuera de todas las reparaciones previstas en la normativa vigente”.

Además, fija indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes sufrieran lesiones incapacitantes “por idénticos hechos y circunstancias”, por importe de 35.000 euros para los supuestos de incapacidad permanente absoluta y de 135.000 euros para gran invalidez. El plazo de presentación de solicitudes será de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto de hoy.

No obstante, no tendrán derecho a estas indemnizaciones quienes a causa de estas lesiones ya hayan recibido indemnización con cargo a alguno de los sistemas públicos de protección social, excluida la pensión de invalidez o incapacidad que, en su caso, se estuviera percibiendo.

CULTURA VALORARÁ LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS

El Ejecutivo adoptó un Acuerdo del Ministerio de Cultura en el que dan instrucciones para que se retiren los símbolos franquistas de los edificios de la Administración General del Estado. Se refiere a escudos, insignias, placas o menciones de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, pero se exceptúan los calificados Bien de Interés Cultural.

Según el Gobierno, una Comisión Técnica de expertos creada por el Ministerio de Cultura se encargará de valorar cada caso y concluir si los objetos tienen “significado histórico” –incluido el que estuvieran previstos en el proyecto original– o “valor artístico o artístico-religioso”. La tercera excepción serán los “criterios técnicos”, es decir, que el símbolo constituya un elemento fundamental de la estructura del inmueble cuya retirada pudiera poner en peligro su estabilidad o conservación.

500.000 DEMANDANTES DE DECLARACIONES REHABILITADORAS

Entre las medidas adoptadas hoy se incluye un segundo real decreto para lograr la “Declaración personal de contenido rehabilitador y reparador”, un derecho de todos los perjudicados que, además, pueden ejercer ellos mismos, sus familiares o aquellas instituciones públicas en donde hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante. Según estimaciones del Ejecutivo, los posibles demandantes ascienden a unos 500.000.

Esta medida se basa en que la Ley de Memoria Histórica declara “injustas” todas las formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencias religiosas, durante la guerra civil y la Dictadura. Entre esas razones se incluyen la pertenencia, colaboración con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual.

Los títulos serán expedidos por el Ministerio de Justicia, a petición de los solicitantes y en un plazo máximo de seis meses a partir de la petición. Si ésta es denegada, el Ministerio debe hacer constar que no se cumplen los requisitos.

NACIONALIDAD PARA BRIGADISTAS Y DESCENDIENTES DE EXILIADOS

El tercer real decreto amplía las posibilidades para que los voluntarios de las Brigadas Internacionales puedan acceder a la nacionalidad española, dado que hasta ahora se han rechazado un 68 por ciento de las solicitudes –fueron archivadas 72 de las 104 peticiones presentadas, en su mayoría, por ciudadanos polacos y alemanes, seguidos por holandeses, búlgaros y cubanos–.

A partir de ahora los brigadistas podrán tener nacionalidad española sin perder la suya de origen y, además, podrán ejercer el derecho sin límite de plazo, frente a los tres años que exigía la legislación anterior. La solicitud se hará al Ministerio de Justicia y, además, los solicitantes podrán recabar informes de los organismos que puedan confirmar que son beneficiarios de este derecho. La Dirección General de Registros será la encargada de calificar y declarar este derecho.

Según el Ejecutivo, esta medida no aumenta el gasto público, ya que todas las solicitudes serán atendidas por el Servicio de Nacionalidad de la Dirección General de los Registros y del Notariado, con arreglo a su funcionamiento ordinario.

Junto a estos tres reales decretos, el Gobierno adoptó este viernes un acuerdo con cinco medidas de diferentes ministerios –una de ellas la relativa a los símbolos–, empezando por las medidas para que puedan acceder a la nacionalidad española de origen los hijos de personas que fueron originalmente españolas y los nietos que, a causa del exilio, no la pudieron obtener.

 

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