6 DE FEBRERO DEL 2012. .. QUISIMOS SABER LA VERDAD

febrero 4, 2013

6 DE FEBRERO DEL 2012. .. QUISIMOS SABER LA VERDAD

Autor: Rafael Espino Navarro

“ … el día 6 de febrero, se cumplirá un año de uno de los días más importantes de mi vida. Un día que jamás olvidare y en el que por primera vez después de tres cuartos de siglo de espera, recayó en mí el honor de contar a la mas alta instancia judicial de este país, el Tribunal Supremo, en calidad de testigo de la defensa del juez Baltasar Garzón, los crímenes y atrocidades cometidos en Aguilar de la Frontera como consecuencia de la represión desatada tras el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 .”

El Tribunal Supremo comenzó el día 24 de enero a juzgar a Baltasar Garzón, por un supuesto délito de prevaricación, por intentar investigar los crímenes y desapariciones forzadas de cientos de miles de personas que el franquismo y todos sus secuaces llevaron a cabo.

El juicio termino y el juez fue absuelto. Ha transcurrido desde entonces ya un año y la petición masiva de los familiares de las víctimas aún sigue sin tener respuesta. Seguimos sin conocer la verdad,… toda la verdad. La justicia sigue sin hacer acto de presencia y aún menos la reparación.

Los familiares de las victimas seguimos aún, reclamando justicia. Una justicia que vergonzosamente hemos tenido que ir a buscar fuera de de nuestras fronteras. Para vergüenza una vez mas de este “democrático y justo” país.

Una petición que durante muchos años ha correspondido … solo a las víctimas, a las que de forma sistemática se les ha negado , una y otra vez el derecho a conocer la verdad. Un derecho intrínsicamente unido a la obligación del Estado de investigar y facilitar precisamente “… ese derecho…“en cumplimiento de sus obligaciones prescritas por el derecho internacional de los Derechos Humanos, así como en la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los mismos.

El estado Español no ha cumplido nunca con la obligación de investigar los crímenes contra el derecho internacional perpetrados durante la guerra civil española y el régimen franquista, ni ha tutelado judicialmente jamás los derechos de las víctimas ni antes, ni durante ni después de la transición, aún cuando el Estado tiene la obligación de demostrar su compromiso con los derechos humanos y adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar que hechos parecidos vuelvan a ocurrir en el futuro.

Desafortunadamente, tras más de 75 años de aquellos hechos, las victimas aún hoy continúan siendo objeto del desamparo legal más absoluto en nuestro país, en un estado de derecho que constantemente ha vivido de espaldas a sus responsabilidades, durante mucho tiempo desatendiendo las peticiones de justicia de los familiares de víctimas de la dictadura y la represión

franquista, un estado que continua dejándolos también hoy en la mas cruel de las indefensiones. al

permitir y prolongar de forma consciente la impunidad de los verdugos, desoyendo de esta forma los mandatos de las Naciones Unidas y los Convenios y Protocolos de Ginebra, a pesar de haber sido España un referente mundial en la aplicación de esos mismos convenios para investigar crímenes de lesa humanidad en otros países y el juez al que se separó de la carrera judicial, un ejemplo mundial en la aplicación del principio de jurisdicción universal en la lucha contra la impunidad.

Curiosamente el único juez que ha tenido la valentía histórica de intentar hacer justicia y exigir responsabilidades en este país, el único juez que nos ha tratado a las victimas como personas ante un tribunal de justicia,cuando los familiares hemos solicitado la petición de auxilio de la justicia en la localización del paradero o destino final de nuestros familiares asesinados y desaparecidos.

Ese juez, el único juez en España que se atrevió a iniciar la investigación sobre la responsabilidad del régimen dictatorial franquista, poniendo en marcha para ello los mecanismos del estado en la búsqueda oficial de todos nuestros familiares, incomprensiblemente va a ser juzgado por ello. Mientras los restos de mas de 152.000 personas aún permanecen en cunetas, descampados y cementerios, sin que nadie mueva ni un solo dedo para deshacer esta vergonzosa situación, que nos sitúa a la cabeza mundial de los países donde las desapariciones forzadas permanecen impunes y lo que es peor aún amparadas por el estado.

Y con ello, nuevamente, el deber de conocer la verdad y el derecho a la reparación de los crímenes cometidos por la dictadura, seguirá quedando impune y las victimas, las asociaciones de familiares que hemos aventado este problema y denunciado las desapariciones, hemos tenido que volver a esperar, a armarnos de paciencia una, otra vez mas …

No queremos esperar más, por que esta sociedad no puede defraudar nuevamente a las victimas, por que el Estado tiene la obligación y el derecho interno e internacional que le obliga a investigar hasta sus últimas consecuencias las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales y los crímenes de lesa humanidad, facilitando todas y cada una de las medidas necesarias, para que las victimas en el ejercicio de sus derechos puedan conseguir que en este país de una vez por todas se haga justicia, justicia democrática, por que no sólo la integridad de la legislación española está en juego, sino también el concepto mismo de justicia en España.

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