AGUILAR DE LA FRONTERA. (1873) LA LLEGADA DE LA I REPÚBLICA.

Autor: Rafael Espino Navarro

“… se ha olvidado toda la historia del proletariado andaluz , … el proletariado andaluz y el catalán han sido los dos ejes de la evolución obrera española, el levantamiento de los campesinos y los sucesos de Aguilar y Montilla de 1873”.

La llegada de la I República, puso de manifiesto las vacilaciones iniciales, de un monarca, Amadeo de Saboya, cuando la situación, cada vez más difícil de controlar, forzó su abdicación. Tras la revolución de 1868, España comenzó a vivir un periodo histórico, marcado por la creación de las Juntas Revolucionarias y conocido como el “sexenio revolucionario”. Seis años marcados por las agitaciones políticas, fomento del paro y el hambre. El día once de febrero de 1873, tras la renuncia a la corona del efímero rey Amadeo I, fue proclamada la Primera República Española, que resultaría aún más efímera que la estancia en España del rey saboyano.
Ese día, el once de febrero es una fecha que suele pasar desapercibida, y sobre la cual se ha extendido un manto pesado y oscuro de olvido. El Diario de Sesiones de Cortes correspondiente a esa fecha recoge la comunicación de renuncia del rey Amadeo I, devolviendo la Corona a la Nación.

NÚMERO 108
DIARIO DE SESIONES DE CORTES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
SESION DEL LUNES 10, MARTES 11 Y MIÉRCOLES 12 DE FEBRER0 DE 1873.

Al Congreso:

Grande fue la honra que merecí a la Nación española eligiéndome para ocupar su trono, honra tanto más por mi apreciada, cuanto quo se me ofrecía rodeada de las dificultades y peligros quo lleva, consigo la empresa de gobernar un país tan hondamente perturbado.
Alentado , sin embargo , por la resolución propia de mi raza, que antes busca que esquiva el peligro; decidido a inspirarme únicamente en el bien del país y a colocarme por cima de todos los partidos; resuelto a cumplir religiosamente el juramento por mi prestado ante las Cortes Constituyentes, y pronto a hacer todo linaje de sacrificios por dar a este valeroso pueblo la paz que necesita, la libertad que merece y la grandeza a que su gloriosa historia y la virtud y constancia de sus hijos le dan derecho, Creí que la corta experiencia de mi vida en el arte de mandar seria suplida por la lealtad de mi carácter, y que hallaría poderosa ayuda para conjurar los peligros y vencer las dificultades que no se ocultaban a mi vista, en las simpatías de todos los españoles amantes de su Patria, deseosos ya de poner término filas sangrientas y estériles luchas que hace tanto tiempo desgarran sus entrañas.
Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos hace que ciño la Corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados, tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos ; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles, todos invocan el dulce nombre de la Patria, todos pelean y se agitan por su bien ; y entre el fragor del combate, entre el confuso atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cual es la verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males.
Lo he buscado ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla.
Nadie achacara a flaqueza de ánimo mi resolución. No habría peligro que me moviera a desceñirme la Corona si creyera que la llevaba en mis sienes para bien de los españoles: ni causó mella en mi ánimo el que corrió la vida de mi augusta esposa, que en este solemne momento manifiesta, como yo, el vivo deseo de que en su día se indulte a los autores de aquel atentado.
Pero tengo hoy la firmísima convicción de que serían estériles mis esfuerzos e irrealizables mis propósitos.
Estas son, Sres. Diputados, las razones que me mueven a devolver a la Nación, y en su nombre a vosotros, la Corona que me ofreció el voto nacional, haciendo de ella renuncia por mí, por mis hijos y sucesores.
Estad seguros de que al desprenderme de la Corona no me desprendo del amor de esta España, tan noble como desgraciada, y de que no llevo otro pesar que el de no haberme sido posible procurarla todo el bien que mi leal corazón para ella apetecía.
Amadeo.
Palacio de Madrid 11 de Febrero de 1873.

I República Española, que a pesar de los proyectos y promesas que suscitó, no consiguió cambiar las reglas del juego del poder existente que permaneció en manos de las clases más pudientes y acomodadas. La Republica, que por defecto sucedió el breve reinado de Amadeo de Saboya, fue incapaz de controlar las rencillas acumuladas a lo largo de medio siglo de antagonismo, provocando el caos. Los carlistas, en el norte, pretendieron implantar un régimen absolutista y clerical. En toda Andalucía, el movimiento federalista dio paso a una larga lista de insurrecciones cantonalistas, cuando varias ciudades proclamaron su independencia del gobierno de Madrid. En todo el país el proletario comenzó rápidamente a organizarse. Pero toda esta serie de acontecimientos se verían truncados rápidamente por que el ejército acabó interviniendo.
Tras la abdicación de Amadeo de Saboya, el 11 de febrero de 1873, se permitió la reincorporación de las corporaciones municipales elegidas por sufragio universal en las elecciones de 1871, restituyendo en las mismas, a los concejales y alcaldes elegidos. Esto permitió en el año 1873, devolver la alcaldía al progresista Manuel Maldonado González, el cual se mantendría al frente de la alcaldía, hasta el golpe de estado del General Pavía, el 3 de enero de 1874, fecha en la que se da por terminada la primera experiencia republicana española.
El mismo día de la proclamación de la I República española, diversos episodios sangrientos, fruto del espíritu revolucionario se dieron en distintas localidades españolas. Entre las que más eco provocó a nivel nacional se encontró la vecina localidad de Montilla, donde al parecer en los primeros días se originaron diversos desordenes que produjeron la quema de algunas casas y derramamientos de sangre al producirse fuertes enfrentamientos entre las gentes del pueblo y la guardia civil, resultando como consecuencia de ello varias personas muertas por disparos y otros tantos heridos por arma de fuego.
Aguilar de la Frontera, también se impregno en esos primeros días del espíritu libertador e insurreccional de Montilla y fruto de ello llegaron también a producirse algunos altercados y enfrentamientos con la guardia civil, que había sido reforzada por los miembros de varias compañías de la capital, para contener las perturbaciones y desordenes civiles producto del cambio de gobierno.
Fruto de esos desordenes en Aguilar, en plena madrugada del día 13 al 14 de febrero del año 1873 dos o tres personas prendieron fuego a la casa de D. Rafael Luque. La casa no estaba habitada para en ella se guardaba el grano y los aperos para la labranza que fueron destruidos por el fuego, a pesar de la extenuante labor de las autoridades y muchos vecinos durante toda la noche para intentar apagar el fuego.
El propio ministro de gracia y justicia, el señor Salmerón, ante la gravedad de las revueltas en Montilla, Castro del Río y Aguilar de la Frontera tomo parte en el asunto ordenando inmediatamente una rápida investigación … “sin levantar la mano y con mucha energía” -decía-, encargando a los jueces que reclamasen de las autoridades locales, la guardia civil y voluntarios republicanos el auxilio necesario para restablecer e imponer en estos pueblos el imperio de la ley e imponer a los culpables el castigo que el código señale.

Dedicado a Artur Mas

octubre 15, 2013

Dedicado a Artur Mas

Con motivo de su asistencia al acto de beatificación en Tarragona de los “mártires de 1936”

Después de haber disuelto el Memorial Democratic- que siempre honró a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura-, como ha hecho el Gobierno del Partido Popular con la Ley de la Memoria Histórica, tiene la desfachatez y la absoluta falta de respeto a las victimas republicanas y de la dictadura de respaldar con su presencia un acto de exaltación de la Iglesia que apoyó el golpe militar de 1936 y la feroz dictadura que luego fue implantada.
Queremos hacerlo con algunas muestras del comportamiento de la Jerarquía y sacerdotes de la provincia de Córdoba llamando de forma fratricida a la violencia contra los republicanos . Y, precisamente, de ese pueblo cordobés de quien el President y sus aliados ahora quieren separarse. ¡Qué ausencia de memoria y de solidaridad¡.
Pastoral del Obispo de Córdoba de Octubre de 1936:”Mis saludos y la mas efusiva enhorabuena al bravo salvador(se refería al Coronel Cascajo, principal impulsor del golpe en aquella provincia)…que, con certero pulso y en momentos decisivos para el cautiverio o para la liberación del pueblo que le vio nacer, tuvo misión providencial y, respondiendo decididamente a ella, derribó, cual otro David, audaz y valeroso, al Goliat rojo en Córdoba, gesto que le valió ser paseado en triunfo por las calles y plazas con delirante entusiasmo y enloquecedor alborozo de cuantos se sentían redimidos por él de las satánicas hordas marxistas…Le bendigo de todo corazón y le abrazo con devoto y paternal afecto”. Estaba bendiciendo el asesinato de 10.000 personas en dicha provincia.
El órgano católico de la prensa cordobesa, El Defensor de Córdoba, el 10 de Agosto de 1936 llamaba al derramamiento de sangre: ”Los malvados marxistas. ¡Muera la canalla¡”. Y continuaba: ”Cordobeses, devotos de la Virgen de la Fuensanta, declarad guerra a muerte a los laicos, a los masones, a sus hijuelas y a todos sus adeptos…”.Y, el 2 de Octubre, decía” Pero el triunfo no será completo, definido ni estable, mientras subsista la Masonería en nuestra España. Y para que aquella desaparezca, ?qué hacer ¿.Preguntad a Mussolini”.
O las llamadas del capuchino Jacinto de Chucena a través de las ondas de Radio Córdoba: ”Es preciso, de toda precisión, que a esta degenerada y venenosa semilla del marxismo se la quebrante y desarraigue del patrio suelo, hasta que no quede ni rastro de ella. Poco nos parece el destierro; Hay que extinguirla, supuesto que su ideal, si es que merece este nombre, no solo es inhumano, sino que trasciende en la crueldad refinada a los extremos diabólicos…que los hacen mucho peores y sanguinarios que a las mismas fieras, y es muy natural que a las fieras se las expulse y destierre de la sociedad de los hombres y, si es posible, se extingan”.
O los llamamientos del jesuita Bernabé Copado, capellán en una Columna de requetés contra “la infame y blasfema República”, que dejó testimonios como éste. En Ronda (Málaga),”La catedral la encontré convertida en dormitorio de la chusma de milicianos….los dirigentes del maldito Frente Popular”. O, en la carretera de Bujalance a Villa del Rio, el 24 de Diciembre de 1936:”Un Capitán de Carabineros recibió su merecido: el cadáver, con otros cuarenta mas, quedó entre aquellos olivares”.
O los comentarios de seminaristas de Córdoba:”¡Cómo está nuestra querida España¡. Cada vez me convenzo de que esto no lo arreglará nadie mas que la Falange Española…Así ha ocurrido en Italia y Alemania…No seamos cobardes. Me gusta la F.E., porque es la única que está haciendo frente al “enemigo” que amenaza a España y a la Iglesia….Ese debe ser el ideal de todo español y católico creyente: la salvación de la Iglesia y de su Patria “de esos canallas y bandidos”.
“En Lucena, el compromiso del clero con el franquismo llegó a la apoteosis. El Coadjutor de Santo Domingo, Federico Romero Fustegueras, se hizo capellán de las milicias nacionales lucentinas y las acompañaba, pistolón al cinto, en sus expediciones de castigo. Además, colaboraba con los falangistas en los controles callejeros”.
“La Iglesia Católica fue la que dio contenido y cohesión al gran huracán franquista de 1936”.
(Textos contenidos en la obra “1936: El genocidio franquista en Córdoba” de Francisco Moreno Gómez)
Las muestras expuestas podrían extenderse a todas las provincias españolas en las que antes de 1939 impusieron los facciosos su régimen de terror..
Ante esta incuestionable realidad, el President Mas y quienes de su Govern asistan al acto de Tarragona, cuando aún permanecen sin localizar ni identificar los restos de más de 114.000 personas desaparecidas, deberían dimitir y abandonar sus cargos. A partir de mañana, no merecen ningún respeto ni, por supuesto, ninguna credibilidad. A ver si así lo entienden partidos como ICV-EUA que, pese a sus discrepancias puntuales, siguen la senda marcada por un Gobierno tan reaccionario, insolidario y enemigo de los verdaderos intereses de las clases populares.

Carlos Jiménez Villarejo

Aremehisa acusa la crisis y el olvido de la memoria histórica

Diario Córdoba JOSE SIERRA 07/10/2013

La asociación para la recuperación de la memoria histórica de Aguilar está acusando la crisis y la falta de apoyo de las administraciones, sobre todo la central, después de 3 años consecutivos en los que ha desarrollado una intensa actividad. La tarea de Aremehisa se ha centrado especialmente en el cementerio local, donde se han exhumado 67 cuerpos de represaliados, de los que casi la mitad han sido ya identificados. Sin embargo, este año la asociación ha visto minimizadas sus actividades y ha tenido que realizar solo intervenciones puntuales con voluntarios y los recursos que han podido reunir con las cuotas de los socios, donaciones particulares y el mercadillo solidario. Son ya 30 las personas identificadas con las pruebas de ADN y están a la espera de conseguir financiación para que otras tres familias las puedan realizar. A finales de octubre, una vez incoados los respectivos expedientes, se comenzarán a inhumar los cuerpos en los 30 columbarios cedidos por el Ayuntamiento. En este lugar serán inhumados los cuerpos de las familias que no tienen propiedades en este cementerio, los no identificados y los de aquellas familias que lo han pedido expresamente.
Aremehisa prepara ya dos proyectos para la próxima primavera. Por una parte, intervendrá en Adamuz donde espera exhumar los cuerpos de los últimos maquis, unas 11 o 12 personas asesinadas entre 1943 y 1949. Ya han realizado una cata previa que ha confirmado los enterramientos y recibirá una subvención de la Dirección General de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía de 7.000 euros. Por otra parte, actuará en la entrada del cementerio de Aguilar donde exhumará una fosa que está debajo de un panteón familiar, posiblemente con tres cuerpos de vecinos de Montilla. Según Rafael Espino, presidente de Aremehisa, en las dos fosas comunes del cementerio no se actuará hasta que no cuenten con suficiente financiación (80.000 euros para exhumaciones e identificaciones). El 25 de octubre, a propuesta de IU, tendrá lugar un reconocimiento institucional a José María León y a los 4 concejales asesinados, nombrándolos alcalde y concejales honoríficos a título póstumo.

Observaciones preliminares del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al concluir su visita a España
Madrid – 30 de septiembre de 2013: El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias visitó España del 23 al 30 de septiembre de 2013. La visita estuvo integrada por dos miembros del Grupo de Trabajo: la Sra. Jasminka Dzumhur y el Sr. Ariel Dulitzky. El objetivo de la visita fue examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas, y analizar en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de desapariciones forzadas. Todo ello a la luz de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (la Declaración). La Declaración refleja, codifica y consolida el derecho consuetudinario internacional que es jurídicamente vinculante para todos los Estados, incluido el español.
Los expertos se reunieron con diversas autoridades incluyendo: En Madrid, el Secretario de Estado de Justicia; el Secretario de Estado de Seguridad; el Secretario de Estado de Asuntos de Cooperación Internacional y para Iberoamérica; el Sub Secretario a la Presidencia; el Sub Secretario de Defensa; el Director General de Política Exterior, Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad y la Directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores; Jueces del Consejo Nacional del Poder Judicial y Fiscales de la Fiscalía General del Estado. El Grupo de Trabajo se reunió también con el Presidente del Senado y la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados así como con la Defensora del Pueblo. En Cataluña, los expertos se reunieron con: la Delegada de Gobierno en Cataluña; el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) y los directivos del Memorial Democràtic y del Institut Català Internacional per la Pau. En el País Vasco: con el Consejero de Justicia y portavoz del Gobierno Vasco; la Directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco; la Presidenta y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco; el Presidente del Tribunal Superior y el Fiscal Superior de Justicia del País Vasco; y el Secretario General del Ararteko (Defensor del Pueblo). En Andalucía: la Vicepresidente de la Junta de Andalucía; el Director General de Memoria Democrática; el Parlamento y el Defensor Adjunto del Pueblo.
El Grupo de Trabajo quisiera agradecer al Gobierno de España por haberle extendido una invitación para visitar el país, por su amplia y positiva cooperación antes y durante la visita, así como por la franqueza y apertura al diálogo. Asimismo, agradece la información proporcionada durante la visita. También extiende su agradecimiento a las autoridades de las tres Comunidades Autónomas que tuvo oportunidad de visitar.
El Grupo de Trabajo se reunió con cientos de familiares y organizaciones de familiares de personas desaparecidas, así como con otras organizaciones de la sociedad civil, abogados, historiadores, médicos, arqueólogos, antropólogos forenses y académicos. También recibió información directa de algunos testigos de desapariciones forzadas. El Grupo de Trabajo agradece a los familiares, las organizaciones de la sociedad civil, en particular las de familiares de personas desaparecidas y todos los sectores de la sociedad con los que se reunió. Dada la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura resulta esencial que el Estado actúe con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas.
Durante la visita, el Grupo de Trabajo visitó el Valle de los Caídos en Madrid, el Fossar de la Pedrera en Barcelona y las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla. Los expertos se reunieron además con el Secretario General de la Conferencia Episcopal.
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En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975). De acuerdo con la instrucción penal llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Penal n° 5 de la Audiencia Nacional, el número de víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascendería a 114.226.
El auto también se refirió al secuestro sistemático de niños – se mencionan en el auto 30.960 niños – de los detenidos republicanos que habrían sido entregados a las familias que apoyaban el régimen de Franco después de que sus identidades fueran supuestamente cambiadas en el Registro Nacional. El Grupo de Trabajo ha recibido información en varias reuniones sobre “robos” o “secuestros” de bebés y niños que habrían ocurrido incluso hasta después del retorno a la democracia.
El Grupo de Trabajo también ha recibido información sobre casos aislados de desapariciones que habrían ocurridos en los años 70 y 80 en el contexto de la lucha anti-terrorista.
Marco Legislativo
España ha ratificado la gran mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos. En particular, el Grupo de Trabajo felicita España por la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas así como la aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones según los artículos 31 y 32 de la Convención. El Grupo de Trabajo considera de fundamental importancia que España ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
La Constitución española de 1978 incorpora y tutela todos los derechos fundamentales de una manera amplia y generalmente consistente con el derecho internacional. El apartado segundo de su artículo 10 requiere una interpretación conforme de los derechos con los tratados ratificados por España. Sin perjuicio de ello, en muchos casos de desapariciones forzadas el Grupo de Trabajo ha notado una ausencia o insuficiente análisis de la compatibilidad de la normativa y práctica interna española con las obligaciones internacionales del Estado. El Grupo de Trabajo hace un llamado a la judicatura a realizar un uso consistente de la Declaración y de otros instrumentos internacionales relevantes. También insta al Estado a desarrollar una capacitación mayor a jueces y fiscales sobre la Declaración y otros instrumentos internacionales.
El Grupo de Trabajo ha analizado las disposiciones del Código Penal español indicadas por diferentes autoridades que regularían la desaparición forzada (artículos 163-168 y 530). El análisis individual de estos artículos o la conjunción de todos o algunos de ellos, demuestra que el Código español no contiene un delito autónomo de desaparición forzada ya que los delitos mencionados carecen de todos los elementos constitutivos de una desaparición forzada. No requieren la participación de un agente estatal ni la posibilidad de la tolerancia, aquiescencia, o cooperación estatal en el caso de comisión de una desaparición forzada por un particular o grupo de particulares. Solo cubren el supuesto de detención ilegal o secuestro cuando la Declaración se refiere a otras posibilidades como el arresto, el traslado contra su voluntad a las personas, o “que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma”. Además, la fórmula utilizada por el Código Penal “no dar razón del paradero de la víctima” no es lo suficientemente amplia para abarcar el tercer elemento constitutivo de una desaparición forzada de personas, a saber “la negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la protección de la víctima”. Por último, el Código Penal omite estipular que la consecuencia de la desaparición es sustraer a la persona de la protección de la ley. De modo que la tipificación española no es suficiente en materia de desapariciones forzadas.
El Proyecto de Ley Reforma del Código Penal (aprobado en Consejo de Ministros el pasado 20 de septiembre), no reforma dichos artículos ni incluye la tipificación de la desaparición forzada. Sin embargo, este proyecto de ley representa un avance importante pues eleva las penalidades de los delitos mencionados equiparándolos al homicidio. El Grupo de Trabajo considera que la revisión del Código Penal es una oportunidad para incluir el delito autónomo de desaparición forzada, de acuerdo a la definición de la Declaración.
Las autoridades han informado que el artículo 607 bis del Código Penal bajo la rúbrica “De los delitos de lesa humanidad” recoge la tipificación de los crímenes contra la humanidad tal y como están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta inclusión en el Código Penal es bienvenida por el Grupo de Trabajo aunque resulte insuficiente a los efectos de la obligación internacional de tipificar como delito autónomo la desaparición forzada.
Verdad y memoria
Las familias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. Se han creado varias asociaciones de víctimas y hay una vibrante sociedad civil en España que trabaja con ese objetivo. El Grupo de Trabajo ha constatado en varios casos una falta de vínculos y comunicación entre los grupos de víctimas y las autoridades estatales. Los grupos de víctimas, en particular las asociaciones de familiares, no han sido debidamente consultadas ni tenidas en cuenta en el proceso de creación de mecanismos de justicia de transición, lo que resultó en que los mecanismos establecidos no hayan sido suficientes y eficaces. El Grupo de Trabajo insta al Estado español a establecer un proceso regular de consulta con los familiares y las asociaciones de familiares así como a proporcionarles un mayor apoyo institucional y financiero para que puedan jugar un papel fundamental en las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas.
En España no existe una entidad estatal con la responsabilidad de ocuparse de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones. El Grupo de Trabajo observa que existe una fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Esta información no está centralizada y produce confusión, entre otros, sobre el número de desapariciones forzadas. Una base de datos central es crucial para promover la transparencia, la precisión y certeza sobre la persona desaparecida. Se necesita disponer de datos estadísticos, en particular con el objetivo de aclarar y distinguir entre víctimas de ejecuciones y desapariciones forzadas. Los datos deben desglosarse por sexo, edad, zona geográfica, y el tipo y la ubicación del lugar de desaparición. Estos datos también deben incluir información sobre la fecha y el lugar de enterramiento y eventual exhumación e identificación y la información sobre los miembros de la familia. El Grupo de Trabajo considera que es imprescindible crear una entidad estatal con pleno apoyo institucional encargada de ocuparse de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones y reagrupe la información generada por distintas asociaciones de memoria histórica y grupos de investigación. El Grupo de Trabajo entiende que la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal n° 5, que contiene información sobre más de 114.000 victimas, debería ponerse a disposición del publico de manera inmediata.
El Grupo de Trabajo ha recibido información sobre la capacidad desarrollada en el campo de la ciencia forense y en los historiadores, la cual se ha utilizado parcialmente y en forma no coordinada. Por lo tanto, la responsabilidad de esta entidad debería fomentar la adopción de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, la coordinación de las actividades de exhumación e identificación y actualización de los mapas de fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. La creación de este mecanismo institucional debería mejorar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y promover una mejor comprensión de la naturaleza, las causas y el impacto de las desapariciones forzadas, promover una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas, y el respeto del estado de derecho.
El Grupo de Trabajo reconoce la relevancia de la Ley 52/2007, del 26 de diciembre, denominada “Ley de Memoria Histórica” que procura sentar las bases para el desarrollo de políticas en materia de reconocimiento y ampliación de derechos a las víctimas, la promoción de reparaciones y la recuperación de la memoria. Esta Ley reconoce la memoria como un elemento central de reparación de las víctimas. También establece disposiciones para el reconocimiento moral de las víctimas, la provisión de subvenciones, la prohibición de los símbolos conmemorativos franquistas, y la creación de un centro de documentación. Los artículos 11 a 14 de la Ley, referidos a la localización e identificación de personas desaparecidas, procuran responder a la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos. Sin embargo, las medidas previstas por la Ley dependen de la iniciativa de los familiares que las soliciten lo que ha creado varias dificultades en el disfrute de los derechos contenidos en la Ley. Según el artículo 11 de la Ley, las administraciones públicas solo tienen la obligación de cooperar con los particulares y facilitar las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas, transfiriendo de hecho la responsabilidad de estas actividades desde el Estado hacia los familiares. El Grupo de Trabajo subraya que la búsqueda de los desaparecidos no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado. El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa.

Si bien la Ley de Memoria Histórica establece la obligación de elaborar un protocolo de actuación científica y multidisciplinar para las exhumaciones y la creación de un mapa nacional de fosas comunes, omite regular el procedimiento y responsabilidad institucional de este trabajo. Ello ha dado como resultado que las familias deban llevar a cabo muchos trámites judiciales y administrativos para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas sin una claridad del marco legislativo ni administrativo correspondiente. El “Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura” se ha adoptado en septiembre de 2011 – es decir casi cuatro años después de la adopción de la Ley durante los cuales se realizaron un número importante de exhumaciones. Este Protocolo es importante para proveer de mínimos estándares a todos aquellos equipos científicos que realizan exhumaciones y debería desarrollarse ulteriormente prestando atención a la necesidad de reforzar un enfoque multidisciplinario, que incluya antropólogos, forenses, genetistas y arqueólogos, lo que las víctimas no son capaces de proporcionar y estableciendo claramente las autoridades responsables en cada etapa. El Grupo de Trabajo reconoce que los aspectos forenses son relevantes para la verdad y la justicia y recuerda en su Observación General sobre el Derecho a la Verdad en relación con la desaparición forzada en donde se observa que “los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para solicitar los servicios de expertos forenses y utilizar métodos científicos de identificación hasta donde permitan los recursos disponibles”.
El proceso para determinar el paradero de las personas que desaparecieron en España ha tenido un éxito limitado, con el descubrimiento de varias fosas comunes. Algunos de los factores que contribuyen a este limitado éxito son el tiempo transcurrido desde que las desapariciones tuvieron su comienzo de ejecución, la ausencia o casi nula participación estatal, la carencia de un procedimiento claro, detallado y específico en relación con las exhumaciones e identificaciones, la inexistencia de una base de datos genéticos de familiares de personas desaparecidas. No hay ningún reglamento específico a nivel nacional concerniente a los restos mortales, después de su exhumación.
El Grupo de Trabajo observa que el apoyo que brindan las distintas Comunidades Autónomas depende altamente del partido político gobernante en cada lugar. En algunas comunidades autónomas, de hecho, las autoridades locales han asumido la plena responsabilidad de la exhumación. Mientras que en otras, las administraciones han permanecido completamente ajenas a este proceso. Ello provoca un trato diferente de las víctimas dependiendo del lugar de la fosa y no ofrece igualdad de aplicación de los derechos establecidos en la Ley de Memoria Histórica.
Según la información recibida, desde el año 2006, el Gobierno de España ha destinado más de 25 millones de euros a las diferentes asociaciones de Memoria Histórica, para la ejecución de actividades para la recuperación de la memoria histórica, tales como la localización y exhumación de fosas, organización de actos de homenaje y labores de investigación. La implementación de este aspecto de la Ley de Memoria Histórica ha permitido que se produzca valiosa y cuantiosa información. El Estado español debería compilar, analizar y sistematizar dicha información, para luego ponerla a disposición del público.
Sin embargo, en los dos últimos ejercicios presupuestarios, no se han abierto líneas de financiación para la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de Justicia, que tiene ahora la responsabilidad de desarrollar y dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Memoria Histórica a nivel nacional. Esta División ha integrado a inicios de 2012 la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Familiares y asociaciones le han expresado al Grupo de Trabajo que, a su entender, el corte de presupuesto, asociado con el cambio de nombre – en donde no se hace referencia alguna a las victimas – no se debería exclusivamente a una reorganización de carácter puramente técnico ni a la crisis económica que afecta el país. El Grupo de Trabajo llama al Estado a proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente.
La Ley de Memoria Histórica también prevé que las Administraciones públicas elaborarán y pondrán a disposición de todos los interesados, dentro de su respectivo ámbito territorial, mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos de las personas. Este Mapa de Fosas es gestionado por el Ministerio de Justicia; según la información recibida, actualmente se recogen en tal Mapa hasta 2.382 Fosas en todo el territorio nacional. Sin embargo, se le ha informado al Grupo de Trabajo que no todas las Comunidades Autónomas han realizado estos mapas y que adicionalmente no se actualiza de manera periódica. El Grupo de Trabajo, por otra parte, recibió detallada información sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en el País Vasco y Andalucía. La información sobre los mapas de fosas debería ser periódica y automáticamente actualizada.
El acceso a la información y a los archivos constituye un problema principal para las víctimas en el proceso de obtención de la verdad. En algunos casos ha habido una destrucción deliberada de documentos. Los archivos de seguridad todavía son de difícil o casi imposible acceso. En general hay una cierta resistencia a desclasificar o permitir el acceso a documentos. Falta una ley integral que regule el acceso a la información y a los archivos, lo que crea una situación por la cual el acceso a los archivos públicos puede estar reglamentado diferentemente en función de las distintas áreas geográficas. Esto crea situaciones en donde es posible que el acceso a la información pueda depender de la buena voluntad y/o la interpretación normativa del particular que atienda la demanda.
El Grupo de Trabajo toma nota de la existencia de una serie de controversias relacionadas con los registros de defunciones así como la veracidad de la información contenida en ellos. Algunos de los libros de registros han sido destruidos, o no se permite el acceso a ellos debido a la protección de datos personales o a otras razones. El Grupo de Trabajo también recibió información sobre el difícil acceso a archivos pertenecientes a la Iglesia Católica.
La legislación sobre la protección de la base de datos de carácter personal es un obstáculo para las víctimas en el acceso a la información. Según la información recibida, las autoridades gubernamentales utilizarían la ley para rechazar el acceso a la información relacionada con la desaparición si la información contiene un dato de carácter personal. La información bajo el control de un organismo público es un valor de bien público y el acceso público a esta información promueve una mayor transparencia y rendición de cuentas. Si la información pública contiene datos personales se tiene que examinar caso por caso para garantizar un equilibrio entre el acceso a la información y la protección de datos de carácter personal. El Grupo de Trabajo en su Observación General sobre el Derecho a la Verdad señaló que, en relación con la desaparición forzada, el derecho a conocer la verdad se refiere “al derecho a conocer los progresos y resultados de una investigación, la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y las circunstancias de la desaparición, así como la identidad del autor o los autores de la desaparición”.
Existen actualmente iniciativas para adoptar una legislación sobre el acceso a la información, aunque el Grupo de Trabajo entiende que el objetivo de estas iniciativas es proporcionar mayor transparencia sobre las actividades gubernamentales – con el enfoque particular de la lucha contra la corrupción – antes que regular el acceso del público a la información. Una ley podría permitir superar los obstáculos reseñados. España debería promulgar una ley de acceso a la información y un marco legislativo apropiado sobre archivos para garantizar el derecho a conocer la verdad.

La Ley de Memoria Histórica también dispone que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha sido informado que esta disposición en varias ocasiones no se ha respetado en la practica. El Grupo de Trabajo recomienda que el Estado vele por el respeto de esta disposición, que es esencial para el respeto de las victimas y el repudio y rechazo social de las violaciones ocurridas, incluidas las desapariciones forzadas.
En materia de memoria y verdad, varias Comunidades autónomas han asumido un importante rol que muchas veces amplían el alcance de la Ley de Memoria Histórica. En las comunidades autónomas visitadas por el Grupo de Trabajo, Cataluña aprobó una Ley (10/2009) sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas, y la dignificación de las fosas comunes. En Cataluña se ha favorecido la dignificación de las fosas antes que la exhumación. Cataluña ha creado el Memorial Democràtic como institución encargada de desarrollar las políticas públicas dirigidas a la acción cívica de recuperación, conmemoración y fomento de la memoria democrática. El Grupo de Trabajo observa con preocupación la reducción del presupuesto destinado a las actividades del Memorial Democràtic. El Gobierno del País Vasco ha firmado un convenio de cooperación con la sociedad de ciencias Aranzadi, que ha permitido la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de víctimas de desapariciones forzadas. Ante cada identificación el Gobierno del País Vasco envía una carta personalizada a las familias con un dossier con toda la información compilada. En Andalucía se llevan a cabo numerosas actividades por la Dirección General de Memoria Democrática tales como concesiones de distinciones honoríficas, subvenciones a ayuntamientos y entidades para realizar construcciones conmemorativas, investigaciones, estudios, jornadas, exposiciones y publicaciones. Ha sido también elaborada una base de datos de represaliados por el franquismo a través del proyecto “Todos los Nombres”.
El derecho a la justicia
La Declaración exige que el Estado español garantice a las víctimas de desapariciones forzadas un recurso efectivo que implique la investigación de oficio seria e imparcial de las desapariciones forzadas a fin de identificar a los presuntos responsables de las mismas e imponerles las sanciones que puedan corresponder. Sin embargo, la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía, han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura. No hay ninguna investigación judicial efectiva en contra de una persona determinada en curso, ni hay persona alguna condenada por las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura.
En diciembre de 2006 un grupo de víctimas presentó una querella colectiva ante la Audiencia Nacional reclamando la investigación judicial de los miles de casos de desapariciones forzadas que se habrían producido en España durante la Guerra Civil y la dictadura. La denuncia fue asignada al Juzgado de Instrucción Penal n º 5 de la Audiencia Nacional. El Juzgado reconoció que los hechos denunciados no habían sido investigados penalmente, calificó a los delitos como crímenes de lesa humanidad e hizo referencia a la existencia de un plan sistemático de ataque para eliminar a los opositores políticos desde el 1936, durante la Guerra Civil y los años posteriores. El juez se inhibió por considerarse incompetente y remitió las actuaciones a los juzgados territoriales pertinentes. Ante una acusación de prevaricato por haber abierto y promovido dicha investigación, el titular del Juzgado de Instrucción Penal n º 5 fue procesado y finalmente absuelto el 27 de febrero de 2012 mediante sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal consideró que el titular del Juzgado de Instrucción Penal n º 5 cometió un error al realizar dichas investigaciones pero que actuó sin el dolo requerido para configurar el delito de prevaricato. Un mes después, el mismo Tribunal Supremo decidió una contienda de competencia en la que determinó que los juzgados territoriales y no la Audiencia Nacional eran los competentes para atender los casos de desapariciones forzadas de la Guerra Civil.
El Tribunal Supremo en sus sentencias de absolución y competencia estableció expresamente que no procede la investigación penal por casos de desapariciones forzadas dado que los casos estarían prescriptos, los presuntos responsables estarían muertos, el carácter continuado de las desapariciones sería una ficción inaceptable jurídicamente y, de todas maneras, sería aplicable a ellos la Ley de Amnistía de 1997. A criterio del Grupo de Trabajo, esta combinación de factores es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración.
El Grupo de Trabajo se encuentra especialmente preocupado por el efecto del juicio al Juez de la Audiencia Nacional, la sentencia del Tribunal Supremo así como la subsecuente decisión del Tribunal Supremo en materia de competencia de los juzgados. La combinación de estos hechos, ha significado en la práctica el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar los miles de casos de desapariciones forzadas cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura. Con posterioridad a las decisiones del Tribunal Supremo, prácticamente ningún juez inició, continuó o profundizó ni ningún fiscal impulsó investigación alguna sobre desapariciones forzadas.
La desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos mientras no se hayan esclarecido la suerte y el paradero de las víctimas (articulo 17 de la Declaración). Una desaparición forzada es un acto único y consolidado y no una combinación de actos aislados e inconexos. Aun cuando varios aspectos de la desaparición forzada puedan haberse completado años o décadas atrás, si otras partes de la desaparición persisten, especialmente si no se determina la suerte o el paradero de la víctima, deberá considerarse el caso por parte de los tribunales penales y no deberá fragmentarse el acto de la desaparición forzada.
Adicionalmente, no se ha tenido en cuenta que el carácter de delito de lesa humanidad de las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación. El Grupo de Trabajo insta al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada.
En octubre de 1977, España aprobó una Ley de Amnistía con un amplio apoyo parlamentario. Según la información recibida por el Grupo de Trabajo, las autoridades españolas y gran parte de la sociedad ven a esta Ley de Amnistía como una pieza fundamental que permitió una transición pacifica de la dictadura a un Estado de Derecho. Se le explicó al Grupo de Trabajo que la ley de amnistía española no es una “ley de punto final”. Al respecto, el artículo 18 de la Declaración es categórico en indicar que los autores o presuntos autores de actos de desaparición forzada no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal. Una ley de amnistía no debe permitir el término de la obligación del Estado de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de las desapariciones. El Grupo de Trabajo insta al Estado a adoptar todas las medidas necesarias legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977, como ya ha sido recomendado por distintos organismos internacionales.
De acuerdo a la información recibida, cuando se procura proceder a realizar una excavación y exhumación de una presunta fosa común o de algún lugar donde presuntamente podrían estar enterradas personas desaparecidas, los jueces, fiscales o policías no se apersonan bajo el argumento que ello no sería parte de una investigación penal. Esta decisión constituye una omisión grave de parte de las autoridades judiciales y de procuración de justicia de investigar de oficio la potencial comisión de cualquier delito y especialmente una desaparición forzada. Hasta tanto y en cuanto, no se realice la apropiada identificación científica de los restos, fechas y causas de las muertes y no haya una determinación judicial de la configuración de un delito, de los posibles responsables y si operan causas de extinción de la acción o la pena, los jueces no pueden a priori prejuzgar sobre las mismas a riesgo de violar principios fundamentales del derecho. En otros casos, los juzgados se remiten a la Ley de Memoria Histórica debido a que la jurisdicción penal no sería el cauce adecuado para la determinación de la verdad sobre la persona desaparecida. El Grupo de Trabajo llama a que los responsables de la administración y procuración de justicia se apersonen en el momento de las realizaciones de las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojan.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en su Articulo 23 recogía una amplia concepción de la jurisdicción universal. Gracias a ello, la justicia española realizó importantísimas contribuciones al desarrollo de la jurisdicción universal mediante la investigación judicial y juzgamiento de casos de crímenes internacionales incluidas las desapariciones forzadas. Esta intervención de la judicatura española fue asimismo esencial para fortalecer procesos judiciales domésticos en los países sobre los cuales se había ejercido la jurisdicción universal, permitiendo que se reabrieran o iniciaran causas por desapariciones forzadas. Ello demuestra la capacidad de la judicatura española de investigar seria y sancionar cabalmente las graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas.
Sin embargo, la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, ha restringido de manera considerable la competencia de los tribunales españoles y la aplicación del principio de jurisdicción universal. En aplicación de esta Ley por lo menos dos querellas que incluían alegaciones de desapariciones forzadas han sido archivadas. El Grupo de Trabajo llama a los tribunales españoles a asegurar que esta reforma no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción universal sobre actos de desaparición forzada.
Frente a la referida situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura, víctimas españolas han solicitado a los tribunales de Argentina ejercer la jurisdicción universal. El Grupo de Trabajo insta al Estado español a prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España.
Concienciación pública, educación en derechos humanos y otras medidas preventivas
Un elemento esencial para evitar que las desapariciones forzadas vuelvan a cometerse en el futuro es que se garantice una profunda conciencia pública de lo que sucedió, que se eduque adecuadamente a las futuras generaciones sobre el pasado y que la sociedad y en particular los funcionarios públicos reciban suficiente capacitación en materia de derechos humanos. En este sentido, el Grupo de Trabajo recibió con beneplácito la información de que las capacitaciones destinadas a las Fuerzas Armadas incluyen las asignaturas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El Grupo de Trabajo destaca la importancia de que en la formación del personal militar y de policía, así como del personal médico, los funcionarios y otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad, se incluya la enseñanza y la información necesarias sobre las disposiciones pertinentes de la Declaración.
Como importante medida preventiva, la Declaración, en sus artículos 10 a 12, requiere que las privaciones de la libertad de las personas se realicen con el más estricto apego a la normativa nacional e internacional relativa a los derechos humanos. Al respecto, los Artículos 509 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen un régimen de incomunicación. De acuerdo a la legislación española el juez de instrucción pueda ordenar que una persona detenida permanezca incomunicada hasta cinco días en cualquier caso y hasta 13 días si el detenido es sospechoso de integrar o estar relacionado con bandas armadas o de delitos de terrorismo. Durante ese plazo el detenido no tiene derecho a contar con un abogado de su elección ni consultar con un abogado en privado, ni a comunicarse con un familiar u otra persona de su elección el hecho y lugar de su detención ni a ser examinado por un médico de su elección. El Grupo de Trabajo recomienda que se deroguen los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen el régimen de incomunicación.
Instituciones nacionales de derechos humanos
La Constitución prevé la creación de un Defensor del Pueblo, mientras que los estatutos de las comunidades autónomas disponen el establecimiento de defensores del pueblo. El artículo 54 de la Constitución define el Defensor del Pueblo como alto comisionado del Parlamento, designado por el Parlamento, con la responsabilidad de defender los derechos contenidos en la Constitución. En cumplimiento de este mandato, el Defensor del Pueblo está facultado para supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta al Parlamento. Además, el Defensor del Pueblo, como defensor de los derechos individuales, puede solicitar el amparo de la persona y tiene poder especial para solicitar la revisión judicial de inconstitucionalidad. El Defensor del Pueblo de España tiene mandato para hacer frente a todas las violaciones de derechos humanos cometidas por la administración del Estado o de la administración de un gobierno autonómico, mientras que el mandato de un Defensor provincial es tratar exclusivamente la violación a los derechos humanos de un gobierno autonómico. En la práctica, no existe claridad de cómo se resuelve un potencial conflicto de responsabilidad en el caso de violación de derechos humanos cometida a nivel autonómico donde ambos Defensores podrían intervenir.
Las instituciones de Defensoría han registrado casos relacionados sobre desapariciones forzadas, en particular los casos de niños robados. El Defensor del Pueblo del País Vasco ha producido importantes estudios en esta materia. Algunas también han procurado resolver los problemas de comunicación entre la administración y las víctimas y sus representantes.
Existe poca coordinación entre el Defensor del Pueblo de España y los defensores de las comunidades autónomas. Los defensores del pueblo estatal y de las comunidades se eligen mediante votaciones por mayoría cualificada por los respectivos Parlamentos, sobre la base de la nominación de los partidos políticos. No existe un procedimiento transparente o de participación de la sociedad civil en el proceso de selección ni garantías de la independencia del Defensor del Pueblo elegido. El Grupo de Trabajo recuerda la necesidad de que la elección del Defensor del Pueblo a nivel estatal y autonómico debe ser realizada de conformidad con los Principios de París.
Plan Nacional de Acción
En España se ha adoptado el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos para el período 2008-2012, mientras que el nuevo Plan Nacional de Acción se encuentra todavía en el proceso de redacción. Según la información recibida, el proyecto de Plan Nacional de Acción no incluye medidas relacionadas con los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas. El Grupo de Trabajo recomienda que el proceso de incorporación del Plan Nacional de Acción incluya plena participación de los diferentes Defensores del Pueblo y de la sociedad civil. Asimismo, el Plan Nacional de Acción debe establecer medidas concretas con claros objetivos en tema de desapariciones forzadas.

Observaciones finales
El Grupo de Trabajo aprecia la información sustantiva que diversas autoridades, organizaciones de la sociedad civil, familiares y víctimas le brindaron con el fin de comprender mejor el fenómeno de las desapariciones forzadas en España.
Desde el retorno a la democracia se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. La adopción de la Ley de Memoria Histórica, los cientos de exhumaciones, el mapa identificando la ubicación de fosas comunes, las subvenciones a víctimas, el proceso penal iniciado por el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, los memoriales construidos, las leyes y protocolos adoptados e instituciones creadas por Comunidades Autonómicas como Cataluña, el País Vasco, Andalucía, representan avances concretos y valorables.
Estos avances se han logrado gracias a iniciativas, muchas de las cuales han sido impulsadas o llevadas a cabo principal o exclusivamente por familiares de las víctimas o por la sociedad civil y algunos sectores estatales, principalmente en algunas comunidades autónomas. El Estado debería asumir su responsabilidad y un rol de liderazgo para asegurar que estas iniciativas son parte de una política de Estado comprensiva, coherente y permanente, cooperativa y colaborativa. Todas las actividades en materia de desapariciones forzadas deben tener en cuenta la perspectiva de género.
En todos los sitios visitados durante esta semana el Grupo de Trabajo se ha reunido con centenares de familiares. Prácticamente todos han manifestado una profunda frustración frente a los obstáculos administrativos y las dificultades a acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos. Dado el trascurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares es urgente que el Estado ponga como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. El Grupo de Trabajo reitera que “Existe una obligación absoluta de tomar todas las medidas necesarias para encontrar a la persona, pero no existe una obligación absoluta de obtener resultados. De hecho, en determinados casos, el esclarecimiento es difícil o imposible […] Con todo, el Estado tiene la obligación de investigar hasta que pueda determinar, por presunción, la suerte o el paradero de la persona.”
Otros importantes desafíos persisten en España. El Grupo de Trabajo desea llamar la atención especialmente sobre el limitado alcance de la Ley de Memoria Histórica y la carencia de presupuesto para su implementación, la vigencia de la Ley de Amnistía, la impunidad para todos los casos de desapariciones forzadas, la ausencia de un delito autónomo de desaparición forzada, la falta de una ley de acceso a la información y la dificultad para acceder a los archivos, la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, entre otros.
El Grupo de Trabajo subraya que los derechos procesales a una investigación, a la verdad y a la justicia son igualmente fundamentales para la percepción de reparación de las víctimas. Incluso, en algunos casos, el proceso de verdad y justicia puede constituir en sí mismo una forma de reparación.
El Grupo de Trabajo reitera su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y sus familias. Su constante sufrimiento es la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito continuado y una permanente violación de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima se hayan esclarecido.
El Grupo de Trabajo insiste que estas son observaciones preliminares. El análisis de la información recibida durante y con posterioridad a la visita, así como la valoración relativa a los lugares visitados, serán considerados en la elaboración del informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo manifiesta su disposición para continuar el diálogo constructivo con el Estado español y expresa su ofrecimiento para brindar su asistencia en la plena aplicación de la Declaración.

LA VOZ DE LA MEMORIA

septiembre 27, 2013

LA VOZ DE LA MEMORIA
Autor: Rafael Espino Navarro.

“ España se ha convertido en un país de asesinos y asesinados, un país donde se detiene a la gente por capricho, y se la tortura después de detenerla, y luego, se la mata … Un país donde ya no hay tribunales que merezcan ese nombre, ni jueces imparciales, ni abogados que defiendan a los procesados, ni derechos, ni garantías, nada, solo fosas abiertas en las tapias de los cementerios.”
Almudena Grandes.

En España, se oyen, de nuevo voces que claman justicia. Voces y gritos que resuenan más allá de nuestras fronteras. Después de muchos años de silencio y mentiras, los familiares de los “desaparecidos” del franquismos, reclaman la verdad, sin recurrir a la venganza. Verdad y justicia. Nada más, pero nada menos.

Sin abandonar jamás, sin rendirnos, durante muchas décadas imploramos esa justicia y esa verdad en este país. Pero jamás la obtuvimos. Nuestras demandas legales, nuestras voces, nuestros gritos …, se perdieron al igual que los quejidos de nuestros familiares en el largo y oscuro silencio de la noche de este país, demostrándonos una vez más que la ley, que la justicia poco o nada tiene que ver con la verdad, porque cuando la ley toma partido por una postura determinada e intransigente, hablar de igualdad es poco menos que una quimera. Es poco menos que un gran engaño.

Ya hemos aprendido que las detenciones en el trabajo, en el campo ,en la fábrica, en el dormitorio de sus casas … de las detenciones en plena calle a las frías y sucias paredes de un lúgubre calabozo…, de los ultrajes, de los golpes y humillaciones … antes de ser despojados de todas sus pertenencias, objetos personales y documentos que acreditasen su identidad,… el miedo, el horror, el terror, son hechos ciertos. Todo lo demás, el paredón, los disparos, la oscura fosa común.. la ocultación de sus cuerpos, la desaparición física y documental , … es la verdad.

Una verdad que comienzan a conocer en primera persona, en Argentina y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de los testimonios y la aportación de pruebas de familiares y Asociaciones memoralistas, para vergüenza de este país. Allí , la voz de la memoria, … nuestra memoria … ha comenzado a pronunciar nombres, ha comenzado a contar historias, ha comenzado a mostrar los rostros … a gritar y pedir justicia. ¡¡ Justicia universal¡¡ . Una justicia, que antes o después, sin ningún lugar a dudas llegara. Aquí o allí. Porque estamos decididos a romper el silencio y con la voz de la memoria … salir de él. Para que de una vez por todas se conozca la verdad.

1. Fosas con miles de cadáveres sin nombre, más de130.000 desaparecidos, niños robados…. los crímenes del franquismo siguen sin resolverse.

La plataforma por la Co…misión de la Verdad denunciara ante la ONU esta deuda pendiente de la democracia española con las víctimas.
Ayúdanos a denunciar ante la ONU la indefensión de las víctimas. Que escuchen un clamor democrático desde la sociedad
Con motivo de la visita oficial a España del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI), la Plataforma por la Comisión de la Verdad convoca, del 23 al 30 de septiembre, una semana de movilización de la opinión pública y la sociedad para denunciar ante la ONU el desamparo jurídico y político que sufren en nuestro país los desparecidos y niños robados del franquismo.

La Plataforma denunciará en la entrevista con este organismo de la ONU que en España siguen sin resolverse miles de delitos de desapariciones forzosas. Unos crímenes sin resolver, a los que se suman los casos de decenas de miles de niños robados durante la dictadura, cuya identidad también ha desaparecido.

Los cálculos más moderados hablan de 130.000 personas desaparecidas. Mientras miles de víctimas de la represión franquista siguen sepultadas en más de dos mil fosas comunes que estando localizadas no se han abierto todavía. Son víctimas ejecutadas sin nombre cuyos familiares, todavía hoy, siguen sin poder recuperar sus restos porque ni el gobierno, ni la justicia ni el parlamento lo permiten.

La entrevista se celebrará en el marco de las reuniones que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) mantendrá con asociaciones y representantes de la sociedad civil para obtener información sobre cómo nuestro país ha abordado el tema de sus desaparecidos. Los representantes de la ONU también se reunirán con las autoridades españolas.
Por eso, la plataforma por la Comisión de la Verdad invita a expresar durante la visita de los representantes de la ONU la solidaridad con las víctimas y sus familias y para que el gobierno de España cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Se trata de levantar un verdadero clamor democrático ante la ONU y de apoyo a las víctimas y sus familiares para lograr que el gobierno y las Instituciones reconozcan a las víctimas su derecho a la verdad, justicia y reparación.
La Plataforma se dirige a todas aquellas personas comprometidas con las libertades democráticas, los derechos humanos, la justicia y la solidaridad, y a todos los que sufrieron la represión de la dictadura franquista para invitarles a participar en esta denuncia ante la ONU.

Personalidades de la vida pública como Baltasar Garzón, Federico Mayor Zaragoza, Iñaki Gabilondo, Ruben Ochandiano, Carlos Jiménez Villarejo, Almudena Grandes, Manuel Rivas, Luis García Montero, Pilar Bardém, María Barranco, Mamen Mendizábal entre otras muchas han expresado su compromiso y su apoyo a esta iniciativa.
La Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo es una iniciativa que impulsan más de cien asociaciones memorialistas y víctimas del franquismo, así otras muchas entidades cívicas y organizaciones sociales y sindicales.
Persigue la creación de una Comisión de la Verdad independiente que establezca la verdad histórica sobre los crímenes de la dictadura franquista, tal como recomiendan la ONU, el Consejo de Europa y Amnistía internacional, entre otras instituciones y que esa verdad sobre los crímenes de la dictadura franquista pase a formar parte de la historia oficial de España.
El GTDFI (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas) estará en España del 23 al 30 de septiembre para celebrar reuniones con la sociedad civil (asociaciones, víctimas, ONGs, abogados, etc).

En Sevilla, el programa previsto es:
27/09/2013. 17 Horas.
Recepción de familiares y asociaciones de Sevilla:
Asociaciones de Coria del Río, Marchena, Guillena, Fuentes de Andalucia, AMHyJA, RMHSA de CGT.A y a diferentes familares.

27/09/2013. 18,30 Horas
Recepción de asociaciones y entidades de fuera de Sevilla:
AREMEHISA (Asociación de Aguilar de la Frontera) (Córdoba), La Palma del Condado (Huelva), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Plataforma Comisión Verdad (Córdoba), PSOE-A y familiares de Córdoba, Huelva y Badajoz.

27/09/2013. 19,30 Horas
Recepción a juristas.

28/09/2013.
Reciben a los historiadores Francisco Espinosa Maestre y José Luis Gutiérrez Molina y visitaran las murallas de la Macarena y las fosas del cementerio de Sevilla.

El objeto de la visita es obtener información de primera mano sobre la situación en relación con las `desapariciones forzadas´ y los factores (institucionales, legales, administrativos, etc.) que contribuyen a tales prácticas o que impiden el acceso a justicia, a reparación, verdad, etc… Es decir, el GTDFI necesita que cada uno cuente su experiencia relativa a, por ejemplo, cómo se comportan las autoridades; qué hacen los juzgados, qué se investiga, cómo y si se exhuma, etc

Andalucía, la historia enterrada
M.J.A.

La Guerra Civil de 1936 a 1939 sembró Andalucía con más de 600 fosas comunes con unos 60.000 muertos, según la Dirección General de Memoria Democrática. Y eso, son solo las catalogadas. La contienda del sur de España no se caracterizó por las grandes batallas, pero sí por una represión feroz y profunda que se prolongó también durante la posguerra. Ejemplos de enterramientos masivos como los cementerios de Málaga, con más de 4.000 represaliados amontonados, o Córdoba, con más de 2.000, no se dieron en muchos más puntos de la geografía española.
La dimensión de la tragedia ha hecho que, 65 años después del fin de los fusilamientos masivos (estos se prolongaron los diez años posteriores a la guerra), la gestión de estos espacios, su desenterramiento, estudio e identificación sea una labor extremadamente complicada, lenta y costosa, tanto por su dimensión económica como emocional. Un caso especial fue el de la familia del diputado socialista Luis Dorado Luque, fusilado en Córdoba en 1936 y cuya demanda de identificación al Ayuntamiento de Córdoba —entonces gobernada por IU— llegó al Tribunal de Estrasburgo. La corte europea, finalmente, rechazó la demanda el año pasado.
En Málaga, por el contrario, se hizo una profunda excavación en el Cementerio de San Rafael, donde se constató la fiereza de la represión después de que la capital, que se había mantenido fiel a la República, cayese bajo las tropas franquistas. Inusitadamente, todos los grupos políticos de izquierdas y derechas (el PP gobierna el Consistorio) convinieron en la necesidad de reabrir y estudiar la fosa, huella última de la matanza.
Las excavaciones se han dado en toda Andalucía. Aremehisa, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aguilar de la Frontera, logró hace tres años reabrir las fosas del cementerio municipal que dan fe de la escabechina que también sufrieron los pueblos. Solo en este municipio cordobés, que durante la guerra contaba con unos 13.000 habitantes, se calcula que fueron fusilados unos 200.

Córdoba busca a los últimos guerrilleros de Sierra Morena
Manuel J. Albert Córdoba 24 AGO 2013

Todos le conocían como El Aparato. El campesino Bernabé Sánchez Torralbo solía recorrer Adamuz (Córdoba) con un artilugio montado en una carretilla, vendiendo y rifando chucherías. “Así se quedó con el apodo”, recuerda su nieto, Juan Sánchez. El Aparato era también enlace de la guerrilla que se movía por Sierra Morena combatiendo al franquismo en los años cuarenta. Hasta que el 20 de septiembre, al buhonero se le aplicó la ley de fugas junto al arroyo Valdelaguerra, en Adamuz. Tiroteado hasta morir, su familia está convencida de que fue enterrado en una fosa anónima del cementerio municipal, junto con más de 40 represaliados entre combatientes, colaboradores y víctimas ajenas a la lucha armada. Su tesón por encontrarlo, como hacen otras familias de guerrilleros, enlaces y vecinos, revivió hace unas semanas cuando se practicaron las primeras catas en el camposanto para buscar a las víctimas.
En los cuarenta, Adamuz vivía asolado por la miseria de la posguerra que dejó la contienda civil. La guerra fue atroz en la provincia de Córdoba, pero la década que siguió al final de los combates no lo fue menos. Las partidas de maquis estuvieron activas en los cerros de la provincia durante 10 largos años. Dos lustros en los que se prolongaron las ejecuciones sumarias y los fusilamientos, junto a la cárcel y la tortura de los familiares, a los que apremiaban con sadismo para delatar el paradero de los guerrilleros.
Las últimas columnas de combatientes republicanos resistieron en esos parajes agrestes, diezmadas por la represión y el agotamiento. La más famosa de ellas fue la partida de Romera, liderada por el socialista Claudio Romera Bernal, asesinado el 11 septiembre de 1949. Los Romera tuvieron bastante contacto con otra partida muy activa en Adamuz, la de los Jubiles. Todos ellos desaparecieron a finales de los cuarenta, y con ellos terminó la actividad guerrillera en Sierra Morena. Pero su memoria sigue viva, en buena medida, por la labor que durante años han realizado sus nietos.

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Francisco Cebrián Fernández, fusilado en Adamuz.

Una de las descendientes es Guadalupe Martín Gómez, nieta de Antonio Gómez Soto, acusado de ser enlace de la guerrilla, aunque la familia lo niega, y asesinado el 3 de septiembre de 1947 en el arroyo Tamujoso de Adamuz. La otra mujer que ha liderado la búsqueda es Araceli Pena Sanz, nieta de Alfonso Sanz Martín, combatiente granadino muerto en una emboscada en la sierra de Adamuz el 24 de agosto de 1947. Guadalupe y Araceli han recorrido archivos, registros, buceado en libros de historia y hablado con ancianos que todavía recordaban hechos, nombres y lugares para reconstruir la suerte que corrieron aquellos grupos de guerrilleros y quienes les ayudaron.
Y no es nada fácil, 74 años después del final de la Guerra Civil, la ley del silencio que reinó las cuatro décadas de Franco sigue pesando. Juan Sánchez siempre supo que a su abuelo lo habían matado, pero poco más. “En mi familia no se hablaba. Mi padre nunca dijo nada. Él era muy pequeño cuando pasó, pero tampoco preguntaba”, comenta en el cementerio, junto a la zona en la que se sospecha que está su abuelo enterrado con otras decenas de resistentes. Su tía Rafaela Sánchez Torres, otra de las hijas de Bernabé, le acompaña. A sus 84 años, recuerda aquel periodo terrible. Rafaela terminó emigrando a Cataluña con su familia, en parte por razones económicas, en parte por dejar atrás el recuerdo.
A diferencia de otros enterramientos múltiples de la guerra y la represión posterior, en el cementerio de Adamuz no se excavó una gran fosa común donde arrojar los cadáveres. Como el ritmo de la cacería a la que la Guardia Civil y el Ejército sometieron a los guerrilleros fue implacable pero lento, se optó por fosas individuales que se iban abriendo a medida que los iban asesinando. Pero todo con un orden y una pauta que se repetía: en filas de a dos y con un tercera persona en medio, a lo largo de todo el muro del fondo del camposanto. Este rasgo sistemático lleva a pensar a Guadalupe “que puede existir algún registro o archivo de la Guardia Civil que recoja cuántas personas hay enterradas, quiénes eran y dónde están”. Porque la nieta de Antonio Gómez Soto sospecha que bajo la tierra puede haber muchos más restos.
También hubo gente que fue enterrada allí pero cuyos cadáveres se pudieron recuperar. Es el caso de Francisco Cebrián, otro enlace de los guerrilleros que fue asesinado por la Guardia Civil en Arroyo Perojil, en Adamuz, en 1949. La familia de este comunista, que había logrado sobrevivir a la guerra y a la represión, pero que terminó pasado por las armas, pudo colarse una noche en el cementerio y desenterrar su cadáver. Su nieta Dolores cuenta que la familia averiguó dónde se encontraba la fosa. “Apenas si estaba excavada, era bastante superficial. Solo apartando un poco de tierra ya asomó. Comprobaron que era él por lo calcetines rojos que llevaba, los zapatos y por la dentadura. Tenía los dientes igual que un hijo suyo”, explica bajo uno de los cipreses del cementerio.

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Antonio Gómez, fusilado en Adamuz.

La cata arqueológica que los familiares efectuaron los pasados 10 y 11 de agosto removió la historia más negra de Adamuz. Bajo el cemento de uno de los caminos que surca el cementerio asomó medio cuerpo, constatando la presencia de enterramientos anónimos. Parece que se resuelve así uno de los principales enigmas que asustaba a las familias: si seguían allí los restos de los asesinados o habían desaparecido del todo, durante unas obras de canalización acometidas en los años ochenta sobre las fosas, tal y como afirmó uno de los sepultureros. Basándose en las excavaciones preliminares, los familiares están convencidos de que los represaliados siguen allí enterrados.
Pero la búsqueda, cuando se lleve a cabo de forma completa, va a ser muy complicada. Como ha ocurrido en toda España, el tiempo ha ido modelando el paisaje de las fosas originales. En el caso del pueblo cordobés, además de la instalación de tuberías, se construyeron hileras de nichos en los muros del cementerio y se levantaron nuevas estructuras. Todo ello ha hecho variar las localizaciones que tenían establecidas en un escueto croquis, dibujado por el sepulturero en los 40 y que, en el caso del abuelo de Guadalupe, señalaba exactamente la zona en la que se encontraba. “Nos hemos dado cuenta de que los metros y distancias que indica el dibujo han podido variar porque se construyeron los nichos en los muros laterales con una profundidad de unos ocho metros”, apunta la nieta del fusilado.
El primer trabajo sobre el terreno no se podría haber hecho sin la colaboración de Aremehisa, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera. Este grupo, con amplia experiencia en la excavación de fosas en la provincia de Córdoba, recibió el apoyo de voluntarios de media España para realizar la cata. Rafael Espino, su portavoz, espera que la campaña se reanude con la participación de un georradar que ayude a determinar la ubicación exacta de las víctimas. Así, 64 años después de que asesinasen a los últimos resistentes de la guerrilla, sigue la lucha por su memoria.

Los últimos guerrilleros de Andalucía
Rafaela, Dolores y Guadalupe son, respectivamente, hija y nietas de tres guerrilleros andaluces. Sus cuerpos están en una fosa del cementerio de Adamuz. Desde allí contaron la historia de sus abuelos, tres maquis de Sierra Morena.

REPORTAJE: ALFONSO ALBA / FOTOGRAFÍAS: ENRIQUE GÓMEZ /

Los nietos de los últimos maquis de Sierra Morena buscan sus restos en Adamuz

El 11 de septiembre de 1949, diez años después del final de la Guerra Civil, murió en una finca de Adamuz (Córdoba) Claudio Romera Bernal, considerado como el último maquis de Sierra Morena. Romera vivió diez años entre Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Adamuz, al mando del 32ª División de la 3ª Agrupación Guerrillera de Córdoba. Durante esa década, perdió a casi todos los hombres que dirigía. Finalmente, también perdió la vida. Claudio Romero Bernal murió a manos de la Guardia Civil en la finca Moradillas del Cuadrado. Su cadáver fue expuesto durante dos días en la plaza de Adamuz, para que la población local supiese qué pasaba con los guerrilleros que desafiaban al régimen franquista. Después, su cuerpo fue arrojado a la fosa común del cementerio de Adamuz, junto a los restos de unas 50 personas más, entre guerrilleros, enlaces de los maquis y otras víctimas que no tenían vinculación con la resistencia.

Araceli Pena Sanz, de Girona, y Guadalupe Martín Gómez, de Córdoba, son nietas de dos de los fusilados que, según han podido saber después de una intensa investigación conjunta, reposan en la fosa común de Adamuz junto al último maquis de Sierra Morena. Araceli Pena es la nieta de Antonio Sanz Martín, alias El Corneta, nacido en Trevelez (Granada) y muerto en agosto de 1947 en Adamuz, cuando formaba parte de la partida de guerrilleros. Guadalupe Martín es la nieta de Antonio Gómez Soto, capturado por la Guardia Civil en Alcolea (Córdoba) acusado de ser un enlace de la guerrilla y enterrado en Adamuz en septiembre de 1948. Ahora, después de una amistad forjada a base de correos electrónicos y una casi interminable investigación buscan los restos de sus abuelos para poder enterrarlos con dignidad y también para conocer mejor su historia y, sobre todo, cómo murieron.

Estas dos nietas se conocieron hace dos años. Araceli Pena había leído un reportaje publicado ocho años antes en Diario Córdoba sobre la historia de Guadalupe y su madre, que buscaban a su abuelo y padre. Querían saber dónde estaba enterrado y conocer la verdad. Su madre murió en 2005 sin poder saberla. Guadalupe y Araceli se hicieron cómplices. Se recorrieron los archivos de todo tipo (militares y civiles), hablaron con otros familiares, con testigos y supervivientes, con el alcalde de Adamuz, que siempre se mostró colaborador, y con asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. Este fin de semana, y gracias principalmente a la Asociación por la Recuperación de la Memoria de Aguilar de la Frontera (Aremehisa), ya saben mucho más de lo que han conocido en los últimos años: que en el cementerio de Adamuz pueden estar enterrados sus abuelos.

La nieta de uno de los maquis consiguió hacerse con un croquis de la última gran fosa de Andalucía, dibujado por el sepulturero

La fosa común de Adamuz era un misterio. A pesar de ser la última gran fosa común de Andalucía (acogió la llegada de los cadáveres de maquis asesinados entre 1942 y 1949 en Sierra Morena) su ubicación y, sobre todo, el estado de los cadáveres era confuso. Guadalupe Gómez logró hacerse ya en 2003 con un croquis dibujado por el sepulturero que enterró el cadáver de su abuelo. El documento señalaba la distancia del enterramiento hasta los muros del cementerio. Guadalupe pidió ayuda a la Junta de Andalucía y un arqueólogo investigó la zona delimitada en 2003. Pero no se encontró nada en esa primera investigación. El cementerio había sido ampliado años después y las medidas no eran exactas.

El testimonio del sepulturero, una vez que consiguieron hablar con él, también fue confuso. Y surgió una terrible duda: en los años 80 el Ayuntamiento había instalado una tubería de agua que hacía pensar que afectó al enterramiento de los maquis. Se sospechaba que en la instalación de la tubería (que se calculaba en dos metros de diámetro) se mutilaron o directamente se sacaron los cadáveres de las entre 45 y 50 personas que reposan en la fosa.

Por eso, Aremehisa, los familiares y el Ayuntamiento decidieron realizar una cata de dos metros por dos metros para saber si los restos de los últimos maquis de Andalucía seguían todavía en el cementerio de Adamuz. Aremehisa hizo un llamamiento a través de internet para buscar voluntarios para esta pequeña excavación. Rápidamente, completó el cupo. Recibió ofrecimientos de arqueólogos y voluntarios de toda España. El Ayuntamiento también facilitó las cosas y el fin de semana pasado, aprovechando las vacaciones, realizaron la cata que rápidamente dio un resultado mucho mejor del esperado.

La temida tubería era mucho más pequeña y estaba mucho más lejos de lo esperado. En su instalación, los operarios cuidaron de dejar los cuerpos de los fusilados abajo de la instalación. Los cadáveres seguían allí y eso era lo más importante para los familiares. La cata arqueológica también ha revelado cómo están enterrados los cuerpos, en un cierto orden.

Ahora, y después de la información que ha arrojado la cata, los familiares se disponen a solicitar los fondos necesarios para seguir adelante con la excavación. Cuentan con el permiso del Ayuntamiento pero ahora necesitan dinero para sufragar los gastos del georradar con el que los responsables de Aremehisa quieren delimitar las dimensiones exactas de la fosa común y el número aproximado de cadáveres que puede acoger. Después, llegará la hora de volver a solicitar voluntarios para la excavación, siguiendo el modelo que Aremehisa ya llevó a cabo en el cementerio de Aguilar de la Frontera, donde hace años lograron exhumar e identificar más de 150 cadáveres repartidos por tres fosas comunes.

LOS JUBILES Y EL GRUPO DE ROMERA

Los maquis enterrados en Adamuz se forjaron una tremenda popularidad en la zona en los años 40. La mayoría había luchado durante la Guerra Civil, alguno, incluso, había sobrevivido al campo de concentración nazi de Mauthasen y, acabada la Segunda Guerra Mundial, había vuelto a España para luchar contra el régimen de Franco. Durante los primeros años, llegaron a poner en jaque a las autoridades franquistas (en Córdoba se les atribuye la colocación de un artefacto explosivo en la misma puerta del cuarte de la Guardia Civil en la capital) y se forjaron una leyenda.

Algunos de los guerrilleros habían sobrevivido al campo de concentración de Mauthasen

Los Jubiles, por ejemplo, era el apodo de tres hermanos anarquistas de Bujalance que una vez acabada la Guerra Civil decidieron echarse al monte. Sus acciones eran bien temidas en Sierra Morena por el régimen franquista, hasta que cayeron víctimas de la traición de uno de los guerrilleros, que había pactado su entrega con la Guardia Civil. Cayeron en el asalto a un cortijo en el que se habían refugiado.

El caso de la partida de Claudio Romera es el último de la resistencia armada contra Franco del que se tiene constancia en Andalucía. Según la investigación realizada por Guadalupe y Araceli, y apoyada en distintos estudios histórico, Claudio Romera fue fugitivo desde el final de la guerra, por su implicación en los sucesos revolucionarios de 1936 en Adamuz. En marzo de 1946 la partida de “Romera” dio muerte al guardia civil Ángel Calleja, del puesto de Alcaracejos (Córdoba). El 11 de febrero de 1946 perdió a tres hombres en el cortijo Venta del Cerezo, donde iban a celebrar una reunión doce guerrilleros, debido a la información facilitada al comandante Machado por José Martínez “Chunga”. Gracias también a la colaboración de este hombre, en la noche del 24 al 25 de abril las fuerzas represivas dieron muerte en el cerro del Quejido, término de Montoro (Córdoba), a Alfonso Nevado “Nevado” y cuatro guerrilleros más. En 1949, Romera y Diego Lindo deambulaban, ya casi en solitario, por la zona de Adamuz. El 12 de julio de 1949 ahorcaron al labrador José Molina Díaz, de Villanueva de Córdoba, porque se había negado a facilitarles ganado y había dado cuenta en el cuartel. Tras captar al enlace que tenían por la Peña del Alcón, Ángel Sánchez, una patrulla de guardias hizo la “espera” en este lugar, detectando la presencia de “Lindo” el 28 de agosto. Cuando se vio perdido, se suicidó.

En busca de los últimos maquis de la Sierra Morena cordobesa
Carmen Reina

Una cata arqueológica en una fosa del cementerio de Adamuz (Córdoba) arrojará luz para buscar los restos de la considerada como última partida de maquis de la provincia.

Los integrantes de la conocida como ‘partida de Romera’ fueron fusilados y sepultados en este cementerio entre 1943 y 1949, en los que ahora se buscan los restos de unas 45 personas.

Guerrilleros, enlaces y personas llevadas a juicio sumarísimo sin pertenecer realmente a los maquis componen este grupo enterrado en una fosa común perfectamente identificada y documentada.

La que está considerada como la última partida de maquis de la Sierra Morena cordobesa, la denominada partida de Romera, desapareció entre los años 1943 y 1949, años en los que sus miembros fueron sometidos a juicios sumarísimos y fusilados en el cementerio de Adamuz (Córdoba). Ahora, setenta años después, se intenta localizar y exhumar sus restos, para lo cual se han iniciado los trabajos de una cata arqueológica en la fosa común, perfectamente identificada y documentada, en la que fueron enterrados en dicho camposanto.

La información y documentación recogida a lo largo de los años por familiares de algunos de los fusilados ubica en esa fosa común a los miembros de la partida Romera, que seguían luchando por un régimen que ya no existía. Se trata de alrededor de 45 personas entre guerrilleros y enlaces a los que se unieron otras personas, acusadas de ser enlaces sin serlo, que fueron llevadas también a juicios sumarísimos y fusiladas en este cementerio entre 1943 y 1949.

Ese trabajo de búsqueda de documentación e información ha servido para identificar a cada uno de los desaparecidos y permite que se haya llegado ahora a este punto en el que la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa), ocupada en este caso y en contacto con los familiares desde hace alrededor de año y medio, lleva a cabo en estos días los trabajos de la cata arqueológica para localizar los restos.

“Cuando no hay respuesta de los organismos oficiales y el dolor y el luto se perpetúan, tristemente son varias generaciones las que mantienen esa lucha y esa búsqueda de sus familiares” señala a eldiario.es/andalucia el presidente de Aremehisa, Rafael Espino.
Es en esa lucha donde los familiares han encontrado la acción de esta asociación para la recuperación de la memoria histórica. En ese tiempo, Aremehisa ha contado también con el “compromiso real” del Ayuntamiento de Adamuz. Y es que, además de poder acceder a la documentación de la época que obraba en poder del consistorio, la asociación ha contado con los permisos municipales oportunos para desarrollar los trabajos de localización de los cuerpos en el cementerio de propiedad municipal.

Una fosa perfectamente ubicada y documentada

Ahora, bajo la dirección técnica de la arqueóloga de Aremehisa, Virginia Barea, se espera que los trabajos que se desarrollan en estos primeros días “arrojen información del contenido de la fosa”, que se encuentra “perfectamente localizada” y a través de la cual se quiere conocer si, efectivamente, los restos de estas personas siguen enterrados allí.

Esa ubicación exacta del enterramiento se ha obtenido “gracias a documentación de los registros civiles y de algunos expedientes de juicios sumarísimos del Tribunal Militar de Sevilla”, cuenta Espino. Así, la cata que se realiza en estos días se practicará justo en el centro de la longitud de la fosa, con una dimensión de dos por dos metros.

“Esperamos que con la realización de esa única cata se puedan obtener respuestas para saber cuál es el contenido exacto de la fosa”, señalan desde Aremehisa, aunque sobre sus cabezas sobrevuela la duda de qué encontrarán en el enterramiento. Y es que hace años, a mediados de los 80, se llevaron a cabo unos trabajos de canalización justo en esa parte del cementerio sobre los que ahora surge la interrogante de “si la fosa se manipuló, sufrió alguna alteración o se extrajeron cuerpos”, apunta Espino.

Trabajo de voluntarios de casi toda España

En estos trabajos van a colaborar una decena de voluntarios “de prácticamente toda España”, indica el presidente de Aremehisa, desde donde se hizo un llamamiento para reunir a personas dispuestas a trabajar en estas investigaciones sobre el terreno. “Si la respuesta que nos dé la cata es afirmativa, procederemos a lo largo de la primavera del año que viene a la exhumación en su totalidad”, anuncia.

“Hay que agradecer el comportamiento de toda esa gente que mantienen la actitud digna y comprometida con la recuperación de la memoria histórica”, señala Espino en alusión a los voluntarios que van a estar estos días en el cementerio de Adamuz.

Y es que el objetivo, el fin último de este trabajo de intervención, es la recuperación de esa memoria y que los familiares puedan saber dónde están sus parientes. “Nuestro fin es la realización del ciclo completo: localizar, exhumar, identificar y entregar los restos a sus familiares”, cuentan desde Aremehisa. El primer paso, ya se ha dado.